El 19 de enero de 2024, un día después de que Nicolás Maduro ordenara la activación del plan «Furia Bolivariana”, amanecieron vandalizadas 20 sedes de partidos y organizaciones civiles. El 26 del mismo mes, el TSJ chavista ratificó la inhabilitación inconstitucional de la candidata de la oposición María Corina Machado. Ese mismo día, cuerpos de seguridad estatal detuvieron y desparecieron de forma forzada y arbitraria a tres dirigentes del partido de Machado. El 4 de febrero, Nicolás Maduro anunció en un acto público que ganará las elecciones presidenciales «por las buenas o por las malas». También ese día, un grupo colectivo armado afín al régimen obstruyó una vía pública del Área Metropolitana de Caracas y forzó la liberación inmediata de 14 de sus miembros detenidos por cometer actos delictivos. El 7 de febrero, otro colectivo oficialista atacó de forma brutal e impune a los asistentes a un acto de campaña de Machado. El viernes 9 de febrero, el régimen detuvo y desapareció de manera forzada a la abogada Rocío San Miguel, reconocida activista de derechos humanos y presidenta de la oenegé Control Ciudadano.

Por: Ramón Cardozo – DW

En su conjunto, estos hechos respaldan lo señalado por Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, en cuanto a que la prioridad de Nicolás Maduro en 2024 es «aferrarse al poder y celebrar elecciones falsas [para lo cual] necesitará todas las herramientas a su disposición, incluyendo el acceso a las rentas criminales para financiar su régimen cada vez más aislado”. Según McDermott, esta estrategia consolidará el «Régimen híbrido criminal” que el chavismo ha instaurado en el país.

Venezuela lidera en América el ranking de integración de actores criminales en el Estado

Venezuela está catalogada como un país con alta criminalidad y baja resiliencia. El Índice 2023 de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) ubica al país en el octavo lugar entre los Estados del continente con mayor nivel de criminalidad organizada (puntaje de 6,72/10) y el último lugar en cuanto a la capacidad estatal para combatirla (puntaje de 1,88/10 en resiliencia).

La postración de Venezuela ante el crimen organizado se explica fundamentalmente por la fuerte presencia de actores criminales dentro del aparato estatal.  El Índice GI-TOC 2023 ubica a Venezuela en el primer lugar entre los países de América con mayores niveles de integración de actores criminales en el Estado (puntaje 9,00 /10).

El Estado gansteril venezolano combina gobernanza con criminalidad

La convergencia del Estado venezolano con la criminalidad ha sido tan profunda que investigadores como Paola Bautista de Alemán, presidenta del instituto de estudios políticos y sociales FORMA, no dudan en catalogar al Estado venezolano como un «Estado gansteril”. En el mismo sentido, el centro de investigación InSight Crime sostiene que en el «Estado hibrido criminal” que caracteriza a Venezuela, se «combina la gobernanza con la criminalidad, en donde grupos armados ilegales actúan al servicio del Estado, mientras que en su interior se conforman redes criminales de actores estatales corruptos”.

Esta convergencia criminal no ha sido un hecho fortuito, sino ha sido el resultado de las estrategias implementadas tanto por Hugo Chávez como por Nicolás Maduro para preservar su poder político, según lo destaca InSight Crime en su informe «El ascenso del Estado criminal híbrido en Venezuela” (julio 2023). En ese informe, se sostiene que «Chávez se aseguró el respaldo de las fuerzas de seguridad y de poderosos actores políticos otorgándoles cargos estratégicos a los partidarios del régimen. Muchos de estos individuos se aprovecharon de sus posiciones en el Estado para establecer redes de corrupción dedicadas a malversar recursos públicos y a participar en economías criminales como el narcotráfico transnacional». 

Grupos armados ilegales al servicio del Estado gansteril

A principios de la década del 2000, como parte de esta estrategia de preservación del poder, Chávez integró en sus «Círculos bolivarianos” a una variada red de organizaciones políticas populares de izquierda, conocidas como «Colectivos”. Estos grupos recibieron entrenamiento, financiación y armas del Estado, transformándose en grupos paramilitares utilizados por el Estado para imponer control social y político sobre las comunidades y para reprimir a la oposición política. Desde el 2019, muchos de los «colectivos” han sido absorbidos por las «Cuadrillas Defensoras de la Paz” (Cupaz), presentes en 10 estados del país. Según señala GI-TOC 2023, el régimen de Maduro le entregó a las Cupaz el control de los mercados negros de alimentos subsidiados, del gas de uso doméstico y de la gasolina.

La instrumentalización estatal de grupos armados irregulares se extendió también a las guerrillas insurgentes de Colombia y Venezuela. La afinidad ideológica de Chávez con las FARC, el ELN y las FBL se tradujo, «en una estrecha relación que incluía coordinación sistemática e intercambio de recursos y servicios, como armas, suministros y lavado de dinero”. Actualmente estos grupos armados están presentes en, al menos, 22 de los 24 estados del país, ejerciendo control social y territorial, sobre todo en las zonas fronterizas. Por su parte GI-TOC, sostiene que estos grupos son uno de los actores dominantes en los principales mercados criminales de Venezuela: narcotráfico, oro y trata de personas.

Las relaciones instrumentales del Estado venezolano con grupos armados ilegales se han extendido incluso a bandas delincuenciales. Con el objetivo de disminuir la violencia en las cárceles, el gobierno de Chávez cedió subrepticiamente a los «pranes» (jefes de bandas) el control interno de los centros penitenciarios, permitiéndoles obtener beneficios económicos dentro y fuera de ellos. Con la llegada de Maduro, esta estrategia se aplicó también a algunas zonas populares (Zonas de Paz), donde las bandas locales recibieron además tareas de control social y territorial. La abdicación del Estado al uso legítimo de la fuerza fortaleció a estas organizaciones y generó algunas de las «megabandas» actuales, como es el caso del Tren de Aragua. Estas organizaciones delincuenciales participan en los mercados criminales del narcotráfico, tráfico oro, trata de personas, extorsión, secuestros y sicariato.

Más de nueve mil millones de dólares produjeron en 2022 los mercados criminales en Venezuela

La creciente relación simbiótica entre agentes delictivos y las instituciones del Estado venezolano se manifiesta no solo en las dimensiones astronómicas que ha alcanzado la corrupción en el país, sino también en el significativo crecimiento de los mercados criminales en Venezuela. Según el informe de Transparencia Venezuela «Economías Ilícitas en Venezuela” (2023), se estima que las rentas de los mercados criminales en Venezuela durante 2022 ascendieron a USD 9.402 millones, equivalente al 15,67% del PIB nacional. Este monto proviene principalmente del narcotráfico (USD 5.115 millones), la explotación y comercio ilegal de oro, coltán y rodio (USD 2.133 millones), la extorsión en puertos (USD 1.394 millones) y el contrabando de combustible (USD 760 millones).

La magnitud de estas economías ilícitas indica que, en este año electoral, tal como lo han hecho en oportunidades anteriores, las redes criminales que controlan dichos mercados movilizarán todos sus recursos para respaldar al régimen de Maduro y preservar sus intereses criminales. En este sentido, expertos como Ligia Bolívar, de la oenegé Alerta Venezuela, y Roberto Briceño León, del Observatorio venezolano de la violencia, anticipan un marcado recrudecimiento de la violencia en el país durante este año electoral. Este incremento se manifestaría a través de acciones de acoso, intimidación y ataques especialmente dirigidos contra activistas y líderes políticos, periodistas y miembros de oenegés, focalizándose en territorios donde las redes del crimen organizado venezolano ejercen un fuerte control social, como las barriadas populares, áreas del interior del país y zonas fronterizas.

En un mundo globalizado, el crimen organizado busca trascender las fronteras nacionales. La posible consolidación de un Estado gansteril en Venezuela no solo amenaza la recuperación de la democracia en el país, sino que representa un peligro para toda la región, que se verá aún más afectada por las acciones de las redes criminales enquistadas en el Estado venezolano.

Por estar presuntamente vinculada a la operación “Brazalete Blanco”, una de las cinco tramas de conspiración develadas por el Fiscal General de la República Tarek Willian Saab, fue detenida la ciudadana Rocío San Miguel.

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La información fue suministrada por Saab en su cuenta de la red social X, precisando que la detención obedecía a “una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada “Brazalete Blanco”, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del Jefe de Estado Nicolás Maduro y otros altos funcionarios; así como el ataque a varias unidades militares en San Cristóbal ( Táchira ) y otras entidades del país”.

Cabe recordar, que la denominada Operación Brazalete Blanco, fue denunciada por el Fiscal y se realizaría el 1 de enero de 2024, la misma se iniciaría en Táchira y tras asesinar al gobernador de la entidad proseguirían hasta Caracas, atacarían varios puesto militares en el trayecto, creando un caos y concluyendo con un Magnicidio, según dijo el máximo representante del Ministerio Público.

En la oportunidad de presentar la denuncia al país, Saab, mostró un video en donde un ex oficial de nombre Ángelo Julio Heredia, quien habría escapado de la cárcel de Ramo Verde y habría sido contactado por sectores colombianos para hacer la denominada operación, otorgaría detalles y confesaría los planes.

El mismo Heredia señalaría que al irse a Estados Unidos posteriormente, según detalló en el video, planificaría con otras personas la toma del Táchira, que tenía como objetivo en primer término tomar como rehén al Gobernador Freddy Bernal, asesinarlo , para luego hacer pronunciamientos diversos sectores militares desertores, algunos periodistas, unidades tácticas y, al final se esperaba un pronunciamiento de civiles.

Por este hecho, están detenidas varias personas y existen órdenes de captura contra María Sebastiana Barráez y Tamara Suju, por presunta vinculación con supuestos planes conspirativos y órdenes de captura contra Wender Villalobos, Norbey Marín; y contra los militares retirados Mario Carratú Molina y José Antonio Colin, entre otros.

En el caso de Rocío San Miguel, no se había informado de su solicitud de aprehensión y según sectores civiles vinculados con la misma, ésta había sido detenida en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía.

Por lo pronto, el Fiscal en su cuenta X señaló: “Dichas investigaciones continúan su curso recabando elementos de convicción de personas relacionadas a estos graves hechos dentro y fuera del país: como siempre apegados a lo establecido en nuestra Constitución, las leyes de la República y las normas nacionales e internacionales de protección a los Derechos Humanos”.

Cuando se cumplen 10 años del comienzo de las protestas de 2014 en Venezuela, en las que perdieron la vida 43 personas, Derek Redman lamenta que no se haya hecho justicia por el asesinato de su único hijo, Robert, quien recibió un balazo aquel 12 de febrero, primer día de ‘La Salida’, como se llamó a la oleada antigubernamental, que duró tres meses.

EFE

“No hay nadie preso por el asesinato de mi hijo y yo lo he aceptado, no puedo hacer nada para que capturen a los que mataron a mi hijo”, comenta con resignación -como muchos otros familiares de víctimas- el hombre, a sus 87 años de edad.

La víctima, piloto de avión de 31 años y abiertamente opositor a la administración de Nicolás Maduro, fue testigo de los dos primeros asesinatos de ‘La Salida’, en una manifestación en Caracas, convocada por líderes estudiantiles y representantes del antichavismo.

En las primeras horas de la revuelta, Robert ayudó a cargar al joven Bassil Da Costa, herido de muerte, hasta el punto de atención médica, donde no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Fue la primera víctima mortal.

Más tarde, ya en casa, su padre lo vio manchado con sangre del fallecido y con heridas causadas por los perdigones que disparó la Policía, lo que no impidió que volviera a salir, de noche, a otra manifestación.

La protesta nocturna en la que participó fue disuadida a disparos por un grupo de hombres que no fueron identificados, pese a que múltiples medios coincidieron en asegurar que eran policías.

La siguiente vez que Derek Redman vio a su hijo fue en la morgue, con la cabeza atravesada por una bala que, 10 años después, la Justicia asegura no saber quién disparó.

El piloto se convirtió en la tercera víctima letal -después de Da Costa y Juan Montoya- de la represión ese día, que cerró con 66 heridos graves -17 policías o militares y 49 civiles-, una mecha que encendió el país por las siguientes doce semanas.

Una muerte impune

Por el caso de Redman fueron detenidos unos policías pero ninguno fue sentenciado, según explica su padre a EFE.

“He podido aceptar el caso, porque a él no lo voy a revivir (…) conociendo la Justicia en este país, cómo funciona, es un poco difícil lograr una investigación tan profunda”, dice el octogenario, que repite sin cesar su resignación.

Padre e hijo habían participado juntos en numerosas manifestaciones antichavistas y, cuando se extendió el llamado a conmemorar el Día de la Juventud en una movilización, ninguno de los dos dudó en lanzarse a la calle, como miles de venezolanos.

Derek Redman está “cansado” de hablar con los medios sobre “lo mismo”. El recuerdo de su hijo sigue vivo en su mente, en las fotografías y en una placa de reconocimiento que fue develada en una cancha deportiva de Caracas.

Contando los días

Jhony Montoya, de 59 años, denunció en innumerables ocasiones que su hermano Juan -simpatizante oficialista convertido en opositor- cayó muerto producto de una confabulación entre miembros de un colectivo chavista el 12 de febrero.

El hombre, que explicó a EFE que uno de ellos fue condenado a 26 años solo como un “parapeto de justicia”, lleva la cuenta de los días transcurridos desde el “asesinato impune” de Juan, cuya última tarea, como parte de la “Inteligencia de la Policía de Caracas”, fue comprobar que los estudiantes no tenían armas en la manifestación, último mensaje que transmitió por radio.

“No hubo ninguna investigación, no hubo ningún allanamiento, no hubo ninguna retención de armas, no hubo ninguna detención, no hubo nada”, repite Jhony al referirse a la libertad de la que gozan “los otros cuatro cómplices”.

Igual que Redman, cree que “no puede haber” justicia “mientras siga esta situación política y este régimen”, en alusión al Gobierno.

Aunque la vida continuó para casi todos, los familiares de los 43 venezolanos que murieron en 2014 son el testimonio indeleble de la violencia que se desató entonces y que se repitió en 2017, cuando el saldo mortal se triplicó, así como las denuncias de impunidad.

El fiscal general, Tarek William Saab, en el cargo desde 2017, asegura que no el Estado no ha dejado de investigar los asesinatos perpetrados en las protestas y que los responsables identificados cumplen condena.

Saab rechaza los señalamientos de organismos internacionales que aseguran que se cometieron crímenes de lesa humanidad que no fueron atendidos por la Justicia, y reitera que el Estado no ha dejado de investigar los hechos, con el objetivo de identificar y juzgar a los culpables.

Aunque una larga tradición en Venezuela marca que diciembre es el mes para la celebración de elecciones en el país, el chavismo ha hecho de su propia agenda un recurso para beneficiarse estratégicamente en cada consulta.

Por: Mariano Martínez – Infobae

“Al paso que vamos las elecciones van a ser en marzo”, dijo el segundo del chavismo, Diosdado Cabello, sobre el tema cuando el asunto del cronograma electoral tomó protagonismo debido al insistente reclamo de la oposición y al plazo establecido hasta el mes de abril por Estados Unidos para retomar la “ruta electoral” establecida en Barbados.

Fechas en abril, mayo, junio y julio también sonaron como propuestas en el hemiciclo del Parlamento, controlado por el chavismo, donde esta semana se celebró un proceso de consulta sobre el tema.

En medio de la incertidumbre electoral que ya reina en el país caribeño, el ex rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) Vicente Díaz, explicó que el acto de dilatar la fecha para celebrar la elección presidencial “no es un tema técnico, ni logístico, ni constitucional, sino que es un tema político” que pone en “desventaja tremenda” al sector opositor que no tiene acceso al poder y desconoce detalles que sí maneja el chavismo.

Una pieza que se suma al engranaje del régimen para debilitar a la oposición en las elecciones de Venezuela.

En declaraciones recogidas por la agencia EFE, Díaz señaló que aunque no existe ninguna norma que obligue a anunciar la fecha de los comicios en un determinado momento, la incertidumbre podría generar un “agotamiento” de las fuerzas políticas opositoras para su campaña o, por el contrario, la falta de preparación para la contienda.

“Quienes adversan al Gobierno (…) no saben exactamente cómo va a ser el proceso, si se van a cumplir las garantías requeridas (…) y no pueden prepararse para el combate electoral”, insistió.

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La organización Una Ventana a la Libertad describe a los Centros de Detención Preventiva con una palabra: deshumanizados. Y agrega: “Venezuela no se arregló. Y, para la población que se mantiene encerrada en los Centros de Detención Preventiva (CDP), la situación se complicó más, debido a la no disponibilidad de presupuesto para cubrir sus necesidades dentro de los mismos, por las terribles condiciones para su salud y mínimas condiciones de vida, por el hacinamiento que, a pesar de las acciones de la Comisión para la Reforma del Poder Judicial, Plan de Justicia Inmediata, creada en junio 2021 y la Misión Cayapa desarrollada por los CDP”.

Por: Sebastiana Barráez – Infobae

Así lo refleja el informe “Situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en los Centros de Detención Preventiva de Venezuela 2023″ que recientemente presentó Una Ventana a la Libertad, dirigida por Carlos Nieto Palma; la coordinadora de investigación, Magaly Huggins Castañeda; además de Nohely Marín, Carol Carrero Marrero, junto a un equipo de investigadores regionales.

En los Alertas de la organización hay evidencia clara de que en Venezuela se criminaliza la protesta. Una Ventana a la Libertad dice que se contaron por participar en alguna protesta 525 detenidos (45.03%); en protestas pacíficas, 300 participantes (25.73%); por protestas a gritos, 200 participantes (17.15%) y en motines, 104 detenidos implicados (8.92%).

La ONG incluye como problema “un sistema educativo que permanece sin funcionar tres de los cinco días de la semana, pues su personal docente debe realizar actividades de sobrevivencia para poder pagar pasaje y alimentar a su familia; miles de niños que por falta de alimentos no pueden asistir a la escuela”.

Aunado a la “escasez de los servicios públicos de agua potable, energía eléctrica, gas, gasolina y diésel lo cual afecta a todo el país, a la red hospitalaria y al sistema educativo y a todos los venezolanos. Una economía dolarizada informalmente, que ha desaparecido al Bolívar como moneda nacional y que no puede controlar la subida constante del costo de alimentos, remedios y demás insumos fundamentales”.

“Y, una administración pública que no ha sido capaz de garantizar a todas las personas que se desempeñan en ella y que son la mayoría de la población, un salario mínimo equiparable a un ingreso que permita llevar una vida digna”.

“Son casi 25 años con todo un país y su población sometidos a un discurso violento que ha construido un mundo simbólico en el cual se ha instrumentalizado la manipulación, para excluir a unos por diferencias fundamentalmente políticas, independientemente de la posición social; un control social que es una guerra psicológica que, estimula el odio cuando se utiliza la violencia física, paramilitar o policial, para mandar el mensaje de que la violencia física aún al extremo -asesina- es aceptada dependiendo de quien la cometa: si estás de mi lado estas seguro, si no lo estas, mejor te vas o mueres”.

“En las muertes por homicidio el 71% de las víctimas no tenían antecedentes policiales, mientras que entre los fallecidos en las intervenciones policiales el 64% sí tenía antecedentes policiales. Podríamos decir que, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad pues, en Venezuela, no existe la pena de muerte y, así es como podemos llamar estas acciones que cuentan con el apoyo gubernamental”.

Solo propaganda

“Otro año sin lograr cambios importantes en las condiciones de vida, la dignidad y en general, el respeto de los derechos humanos de las personas que se encuentran detenidas en los casi mil Centros de Detención Preventiva (CDP) en Venezuela. Se ofrecen reformas que sólo terminan siendo propaganda, y al final los problemas siguen igual o continúan empeorando”, se asevera en el informe.

“Es un régimen absoluto sin equilibrio de poderes, que nos ha llevado a una crisis terrible que se asocia al caos y la mala administración económica del país, y a un manejo no claro de los ingresos nacionales y de la administración pública”.

“Sobrevivir es un reto cada vez más difícil. Un sistema de salud en crisis total; un sistema educativo caótico. Control absoluto de los medios de comunicación social; una economía dolarizada informalmente que, ha desaparecido al Bolívar como moneda nacional, y una migración forzosa de casi 8 millones de venezolanos”.

“Niños y adultos desnutridos, comiendo de la basura y ofertas de solución de problemas que son sólo propaganda para decir que Venezuela se arregló”.

Señalan “la cada vez mayor participación de venezolanos en el tráfico de drogas, la trata de blancas y la corrupción, no sólo en el país sino también en muchos otros países Latinoamericanos”.

“En Venezuela no existe la democracia, ahora vivimos rodeados de incertidumbre. Son casi 25 años con todo un país y su población sometidos a un discurso violento que ha construido un mundo simbólico en el cual se ha instrumentalizado la manipulación, para excluir a unos por diferencias fundamentalmente políticas, independientemente de la posición social; un control social que es una guerra psicológica que, estimula el odio particularmente cuando se utiliza la violencia física, paramilitar o policial, para mandar el mensaje de que la violencia aún al extremo -asesina- es aceptada dependiendo de quien la cometa: si estás de mi lado estas seguro, si no lo estas, mejor te vas o mueres”.

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