El Tribunal Supremo de España anuló un informe de su Junta de Fiscales después de que un miembro de la sala de lo penal propusiera retirar los cargos de terrorismo contra el fugitivo y eurodiputado separatista catalán Carles Puigdemont.

The European Conservative

El informe de Álvaro Redondo se opuso a una investigación del Tribunal Supremo sobre los cargos de terrorismo presentados contra Puigdemont a finales del año pasado por un tribunal inferior. Estos cargos forman parte de una investigación sobre los disturbios liderados por el grupo separatista catalán Tsunami Democràtic.

Cualquier amnistía ha sido controvertida social, política y legalmente, ya que el primer ministro socialista, Pedro Sánchez, está desesperado por apaciguar a los catalanes, principalmente a los del partido de Puigdemont. Pocos expertos jurídicos han dado su apoyo al proyecto de amnistía claramente político, y fallos recientes que incluyen cargos de terrorismo contra Puigdemont y otros separatistas sólo han complicado el asunto.

Puigdemont, un fugitivo que continúa liderando el partido separatista Junts Per Cat, también es expresidente regional de Cataluña y en ese cargo dirigió el referéndum ilegal de 2017 sobre la independencia catalana. Luego huyó de España y desde entonces permanece en Bélgica. Otros líderes del referéndum unilateral fueron juzgados y declarados culpables de diversos delitos en 2019. Los disturbios, vistos como una reacción al veredicto de culpabilidad contra los organizadores del referéndum , en el presente caso siguen siendo la base de una acusación que se abre paso en los tribunales. . Puigdemont está acusado de haber ayudado a instigar estos disturbios, provocando un caos generalizado y daños materiales en Barcelona. 

Según medios españoles, se armó furor entre el grupo de fiscales que debía evaluar y aprobar el informe al conocer que Redondo había propuesto inicialmente procesar a Puigdemont pero cambió su informe tras una reunión con el fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz. Ortiz fue designado para ese puesto en 2022 por Sánchez, quien ahora está tratando de forzar una amnistía para los separatistas catalanes como parte de su acuerdo con los catalanes a cambio de su tan necesario apoyo a su gobierno.

Tras una reunión de cuatro horas , la fiscalía puso otro obstáculo a la amnistía, al coincidir con el juez que llevaba inicialmente el caso y su decisión de acusar a Puigdemont de terrorismo. 

En una medida sin precedentes, Ortiz emitió un comunicado negando haber influido indebidamente en Redondo y diciendo que habría dado al fiscal meras “instrucciones” o “sugerencias” para defender la posición de retirar los cargos contra Puigdemont. De hecho, Redondo había sido el encargado de defender esa posición, aunque inicialmente había decidido que era indefendible. 

El mismo caso también resultó en cargos de terrorismo contra el diputado Rubén Wagensberg, quien desde entonces huyó a Suiza, y la secretaria general de Esqerra Republicana Catalana, Marta Rovira.

Ahora en tramitación del ordenamiento jurídico español, el informe al Tribunal Supremo lo hará la número dos de Ortiz, Ángeles Sánchez Conde, que también es designada por Sánchez. Una preocupación clave para los españoles respetuosos de la ley es hasta qué punto Sánchez tendrá que hacer concesiones para gobernar apaciguando a los ahora acusados ​​de delitos terroristas.

Durante una hora, la defensa de Donald Trump expuso este jueves ante la Corte Suprema de Estados Unidos sus argumentos para sostener que los nueve magistrados deberían anular la sentencia de Colorado que quitó al ex presidente de las hojas de votación de ese estado, medida que si queda firme podría extenderse al resto del país. Sin embargo los abogados, al igual que los jueces en sus preguntas, apenas dedicaron un minuto para discutir si el ex mandatario cometió o no “insurrección” en los episodios del 6 de enero de 2021, que es de lo que se lo acusa para sacarlo de las boletas.

Por: Gonzalo Ferreira – Infobae

“Fueron disturbios, pero no insurrección”, dijo Jonathan Mitchell, el abogado de Trump, ante la pregunta concreta de la magistrada Ketanji Brown Jackson. Esa fue la última consulta a la defensa de Trump y recién allí apareció ese argumento. El centro de la discusión no estuvo allí, sino en quién debe ejecutar la prohibición a un ciudadano para ser presidente y además en cuándo esa se debe aplicar.

En su discurso de apertura, Mitchell centró su defensa en que Trump no puede ser descalificado porque no era un funcionario “designado” sino un ciudadano “electo”. Según la defensa, la cláusula de descalificación no aplica a los presidentes porque “no son funcionarios de Estados Unidos”.

El otro gran argumento en el que abundó la defensa de Trump es que la decisión de descalificar a un ciudadano no puede ser ejecutada ni por un estado -como lo hizo Colorado- ni por la Corte Suprema de los Estados Unidos, sino que debe ser el Congreso quien lo decida.

Luego de que un defensor presenta sus argumentos, los jueces empiezan a realizarles preguntas sobre los conceptos que expusieron. Comienza preguntando siempre el magistrado con más años en el cargo. El juez Clarence Thomas, nominado por George H. W. Bush en 1991, fue el primero en hacerlo y con su pregunta le permitió abundar en su consideración por qué cree que no es autoejecutable la decisión de descalificar a alguien luego de cometer insurrección.

Mitchell fue más allá y dijo que si un candidato admitiera públicamente haber cometido insurrección, incluso así no se lo podría descalificar previo a las elecciones, sino que se lo debería dejar participar. La norma a la que apela para eso es la que permite al Congreso levantar, por dos tercios de los votos, cualquier inhabilitación. Esa habilitación, entiende la defensa de Trump, podría darse luego de la elección y antes de que tome posesión del cargo.

Otro argumento manejado por Mitchell es que no hay ninguna sentencia que afirme que Trump cometió insurrección y que no podría haberlo porque, según entienden, él tenía inmunidad por ser presidente en ese momento. Ese argumento fue presentado en la causa que investiga los incidentes del 6 de enero en Washington y un Tribunal de Apelaciones esta semana lo descartó, aunque la defensa de Trump apelará ese fallo ante esta misma Corte Suprema.

La audiencia de este jueves fue solamente para escuchar los argumentos de ambas partes.

Sin embargo, a través de las preguntas que hacen los jueces se pueden empezar a observar algunas de sus opiniones. Algunos de los magistrados, especialmente algunos de los considerados conservadores y nominados por presidentes republicanos, se mostraron más favorables a los argumentos de la defensa de Trump.

También dos juezas consideradas liberales y nominadas por presidentes demócratas como Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan, dejaron entrever a través de sus preguntas que les genera dudas la idea de que Trump pueda ser descalificado en este escenario. La jueza liberal Sonia Sotomayor, por el contrario, hizo preguntas más duras a la defensa de Trump.

Tanto el juez Brett Kavanaugh, que fue nominado por Trump, como Samuel Alito, nominado por George W. Bush, manifestaron sus dudas sobre la idea de que un estado por sí solo pueda definir la descalificación de un candidato federal, dado que eso podría generar decisiones diferentes en cada territorio.

Neil Gorsuch, otro de los jueces nominados por Trump, acorraló al abogado de los demandantes de Colorado con preguntas sobre la diferencia entre “oficina” y “oficial”, argumento central de la defensa del ex presidente para considerar que, al ser presidente, no es un funcionario de Estados Unidos y por tanto no está sometido a la posibilidad de ser descalificado por insurrección.

Seis de los nueve jueces son considerados conservadores y fueron nominados por presidentes republicanos.

La decisión de la Corte Suprema llegará en otra audiencia, que todavía no tiene fecha. En general los fallos demoran en promedio unos tres meses luego de escuchar los alegatos.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, definió este viernes al ex mandatario Sebastián Piñera durante su funeral de Estado como un líder que “abrió camino a una derecha moderna y democrática” y aseguró que el ex jefe de Estado fallecido en un accidente de helicóptero “jamás se restó a brindar consejo, a pesar de las públicas diferencias que hayamos tenido en el pasado”.

Infobae

“Hoy despedimos a un presidente de Chile como corresponde, despedimos a un político que sirvió con amor a la patria”, destacó Boric.

“Reconozco que nunca se restó de prestar ayuda”, remarcó; al tiempo que dijo “apreciar su consejo y colaboración” respecto a distintas tragedias que afectaron al país en los últimos tiempos.

“Como se hizo público, el lunes a la noche conversamos y puso a su disposición a sus colaboradores para ayudar a Viña del Mar (por los incendios). Esto me hace afirmar que Sebastián Piñera siempre puso a Chile adelante, nunca se dejó llevar por el fanatismo”, expresó.

El funeral de Estado comenzó este viernes con una gran ovación y con la entonación del himno nacional en la antigua sede del Congreso Nacional, en Santiago.

”Aquietadas las pasiones y mirados los hechos con la perspectiva del tiempo, la figura del ex presidente Piñera crecerá hasta ocupar un lugar entre los grandes gobernantes que ha tenido nuestro país”, dijo el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, el primero de las autoridades en tomar la palabra.

”Más allá de su excepcional capacidad de gestión, de sus sólidas ideas de libertad, de su coraje a toda prueba y de su dedicación incansable a Chile, es imposible no valorar su vocación por el diálogo”, añadió Coloma, de la misma coalición conservadora que Piñera.

Después hablaron el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco; y los ex presidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Michelle Bachelet, quienes destacaron el legado de Piñera.

El ex presidente Ricargo Lagos (2000-2006), que la semana pasada anunció su retiro de la vida pública, informó a primera hora de este viernes que finalmente no podrá participar en el funeral.

“Por las razones que compartí la semana pasada con el país, no resulta aconsejable mi asistencia de la manera que yo hubiera querido”, dijo en una carta enviada a la familia Piñera.

Tras la ceremonia, a la que asistieron todos los ministros del gabinete de Boric, así como el resto de poderes de Estado y representantes de todo el espectro político, el cortejo partirá hasta la Catedral Metropolitana, donde el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, oficiará una misa.

Posteriormente, el cortejo pasará por La Moneda (sede del Gobierno), donde la guardia de Palacio y el propio Boric le harán un último homenaje a Piñera.

Finalmente el cuerpo del ex mandatario, una de las mayores fortunas de la región, será enterrado en el cementerio Parque del Recuerdo, en la cripta familiar.

El director de producción de Exxon Mobil en Guyana -la mayor petrolera estadounidense-, Huzefa Ali, afirmó este miércoles que la producción de petróleo aumentó a 640.000 barriles diarios, en el Bloque Stabroek.

Banca y Negocios

Ali precisó en una rueda de prensa que en el proyecto de Liza I, el buque ‘Liza Destiny Floating Production Storage and Offloading’ (FPSO) produce unos 160.000 barriles de petróleo al día.

Del mismo modo, en el proyecto Liza II, el ‘FPSO Liza Unity’ obtiene unos 250.000 barriles de petróleo.

Mientras que el proyecto Payara, donde se encuentra el ‘FPSO Prosperity’, alcanza unos 230.000 barriles de petróleo al día.

En total, eso equivale a unos 640.000 barriles de petróleo, aunque se trata de cifras aproximadas.

Es decir, en el último año la producción de petróleo en la zona incrementó de 380.000 barriles al día a 640.000.

Costa de Guyana

Por su parte, el presidente de ExxonMobil, Alistair Routledge, explicó que el aumento de la producción ha sido posible gracias a un proceso de desatascamiento.

Routledge indicó que este método consiste en identificar las áreas específicas en las que puede modificarse la configuración de los equipos para aumentar la producción.

Un consorcio integrado por Exxon, Hess Corporation y CNOOC Ltd controlan la producción de petróleo en las afueras de la costa de Guyana, en el Bloque Stabroek.

En el Bloque Stabroek, al momento, se han descubierto más de 11.000 millones de barriles de petróleo y gas.

Esa área está a más de 200 kilómetros de la costa de Guyana y su zona se expande a más de 6,6 millones de acres (13.354 kilómetros cuadrados).

Exxon espera producir más de 1,2 millones de barriles de petróleo y gas en el Bloque Stabroek para 2027.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rechazó este jueves el informe del fiscal especial Robert Hur que señala que el mandatario demócrata retuvo y compartió intencionalmente información altamente clasificada de su época como vicepresidente, incluyendo detalles sobre la política militar y extranjera de Washington en Afganistán.

EFE

En el documento emitido por el fiscal tras la investigación, éste aseguró que Biden mostró una “memoria significativamente limitada” durante los interrogatorios que se le hicieron en 2023.

A lo que Biden contestó en una rueda de prensa desde la Casa Blanca que su memoria se encuentra en buenas condiciones, consciente de que el factor de su edad (81 años) y sus lapsus en público podrían lastrar su reelección en los comicios presidenciales de noviembre.

“No, mira, mi memoria está bien. Echa un vistazo a lo que he hecho desde que soy presidente. Ninguno de ustedes pensó que podría superar ninguna de las cosas que conseguí sacar adelante”, declaró Biden.

“Tengo buenas intenciones, y soy un hombre mayor, y sé qué demonios estoy haciendo”, añadió el mandatario demócrata ante la pregunta de un periodista de Fox News al respecto.

Pero al final del discurso tuvo un desliz cuando hablaba del presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, y dijo que era el de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Creo que, como saben, inicialmente el presidente de México, Sisi, no quería abrir la puerta para permitir la entrada de ayuda humanitaria”, declaró refiriéndose al puesto fronterizo de Rafah, que separa Egipto de Gaza.

Es la tercera vez que le ocurre en pocos días.

El miércoles por la noche mencionó en un mitin que mantuvo una conversación en 2021 con el ex canciller alemán Helmut Kohl, fallecido en 2017.

Biden ha sido objeto de investigación desde que hace un año se encontraron en su domicilio de Delaware y en una oficina privada documentos clasificados de la época en la que fue vicepresidente de Barack Obama (2009-2017).

Los documentos fueron encontrados por los abogados de Biden en noviembre y diciembre de 2022, y entregados inmediatamente a los Archivos Nacionales, el organismo que tiene que resguardarlos, tras lo cual el Departamento de Justicia abrió una investigación.

Nuestra investigación descubrió pruebas de que el presidente Biden retuvo y divulgó voluntariamente material clasificado después de su vicepresidencia, cuando era un ciudadano privado”, se especifica en el documento.

Sin embargo, en la comparecencia de este jueves, Biden insistió en su inocencia: “No infringí la ley. Y punto”.

Aunque reconoció: “Asumo la responsabilidad por no haber revisado exactamente lo que mi personal estaba haciendo. Entraban y salían. Algunas cosas aparecieron en mi garaje, otras salieron…”.

Hur había esgrimido que procesar a Biden debido a este caso era “injustificado según nuestra consideración de los factores agravantes y atenuantes” y detalló que las pruebas “no establecen la culpabilidad” del presidente “más allá de toda duda razonable”.

Fue entonces cuando fiscal especial hizo hincapié en la “memoria” del mandatario e incluso reveló que no recordó las fechas en las que ocupó la vicepresidencia y tuvo dificultades para recordar la fecha de la muerte de su hijo Beau en 2015.

“¿Cómo demonios se atreve a plantear eso?”, sentenció Biden.

El ex presidente Donald Trump (2017-2021), precandidato republicano a las elecciones del próximo noviembre, también fue investigado por retener documentos oficiales en su mansión de Florida y fue imputado de 40 cargos ya que durante meses se negó a entregarlos.