Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

Panamá es el gran referente de América Latina en lo referente a la economía. El pequeño país centro americano, con apenas 4,2 millones de habitantes, ha vivido las últimas dos décadas una auténtica historia de éxito. Con un crecimiento medio del 6% en su PIB, ningún otro país de la región ha conseguido superarle y de camino, ha alcanzado objetivos clave como el pleno empleo. Tras la fuerte caída durante el covid, volvió por todo lo grande a los titulares del mundo con un despertar económico inusitado, creciendo un 15% en 2021 y 10,81% en 2022. Sin embargo, diversos problemas están aquejando a la joven república caribeña y, lejos de suponer un golpe temporal, los expertos creen que este país se encuentra a las puertas de perder su estatus. A partir de 2024 panamá podría dejar de ser la estrella de Latinoamérica e incluso ver como la deuda la calificación de su deuda cae hasta ‘bono basura’.

Por: Álvaro Moreno – El Economista

Todas las alertas han saltado con la última revisión del PIB. A pesar de que las cifras anticipadas por parte del Gobierno apuntaban a otro crecimiento del 7% en 2023, el ministro de Economía, Héctor Alexander, habló abiertamente de que esperaban que su PIB sea inferior al 2% en 2024, lo que rompe con su tendencia histórica y con las cifras que manejaba el propio ejecutivo hace escasas semanas, que hablaban de un crecimiento siempre superior al 5%. Quitando la pandemia, donde su economía retrocedió un 20%, el país no vivía un crecimiento inferior al 2% desde 2009, cuando la crisis financiera mundial sacudió a todo el mundo.

Panamá está siendo completamente asediado por dos grandes problemas que están poniendo patas arriba todas sus perspectivas en el corto plazo. La primera es la sucesión de problemas en el canal que lleva su nombre y que une el océano Atlántico con el Pacífico. Cerca del 10% de toda la economía del país depende de este paso que utiliza el comercio mundial para acortar su travesía. No solo es que sea una importante fuente de liquidez para el gobierno, que recibe ingresos por los peajes de cada embarcación, sino que es un verdadero motor económico a varios niveles, generando empleo y siendo una atracción turística que atrae 1 millón de visitantes al año.

Ahora el canal de Panamá está viviendo uno de sus peores momentos con una «sequía sin precedentes», según explica el propio Gobierno del país, que ha reducido a la mitad el tránsito a través del mismo. Wyatt Scott, analista de S&P Global, explica que «proyectamos que el tránsito se reducirá casi a la mitad y existe la preocupación de que en momentos puntuales del año estos bajen a cero». Este paso, que supone el 3,5% de todo el comercio mundial, está amenazado por un fenómeno atmosférico conocido como El Niño, que ha disparado las temperaturas y ha provocado «una disminución de lluvias que golpean a toda la actividad agrícola con un aumento de temperatura de entre uno y dos grados».

Esto ha desencadenado que el Lago Gatún, principal suministrador de agua para el canal pierda metros de agua hasta situarse en niveles mínimos y obligue a dosificar el uso del paso artificial. De momento, la autoridad portuaria del país ha establecido un límite en los 24 navíos diarios. En promedio, durante el año 2022, cruzaron 13.489 buques a través del canal, es decir, un promedio de 38 por día. Además, el experto explica que, al margen de la potente caída de ingresos que sufrirá el país, que ve como apenas pasarán la mitad de barcos, se encuentra con que tiene que realizar «un gasto extra de entre 8000 y 900 millones de dólares en infraestructura ante la sequía».

Los expertos de JP Morgan dejaban claro en su último informe que este supone un factor clave que ha hundido el PIB de Panamá. «La situación del canal plantea claros riesgos a la baja para nuestra previsión de crecimiento (que era del 5%)». Sin embargo, los expertos de Capital Economics afirmaban que el gobierno local ha capeado correctamente el temporal y «esta situación terminará afectando solo modestamente al país». Esto se debería a una subida de precios que compensaría la actividad perdida en parte, pero advierte de que esta situación puede no ser algo excepcional de cara a los próximos años y que «el cambio hará más probable que se den sequías similares en el futuro y que los ingresos del canal sean algo menos estable y propenso a perturbaciones».

Pero los problemas nunca vienen solos y este golpe histórico a su principal fuente de ingresos se ha mezclado con otra industria clave en horas bajas, la minería. Este sector ha sido uno de los grandes argumentos del país, siendo el que había vivido un auge más elevado en los últimos años. Esta actividad supone cerca del 7% de toda su economía, siendo el cobre su gran producto. Este gran impulso se debió en buena medida a una mina en concreto, la más grande del país y una de las mayores de toda Latinoamérica: Minera Panamá.

Este yacimiento de cobre a cielo abierto de más de 13.600 hectáreas se levantó con una inversión total de 6.200 millones de dólares y ahora se encontraba en su punto álgido de producción, con cerca de 300.000 toneladas de esta materia prima al año. Es decir, solo esta mina es la responsable del 1,5% de la producción mundial de cobre en todo el mundo. El problema es que desde el 28 de noviembre de este año el contrato del Gobierno y First Quantum Mineral, la empresa a cargo de la mina, ha sido declarado inconstitucional tras masivas protestas.

Estas quejas tenían dos vertientes, las que aseguraban que una concesión de 20 años prorrogables a 40 para la firma canadiense suponían una fuerte pérdida de soberanía y, la gente que oponía, afirmaba que el acuerdo se había alcanzado sin transparencia. En resumen, que el acuerdo alcanzado rápidamente no correspondía al valor real del proyecto y no se habían seguido los cauces correctos para su adjudicación. Por otro lado, el proyecto podría afectar tanto a los ciudadanos que viven allí como al medio ambiente, pues esa zona de bosques está calificada como de ‘alta biodiversidad’ con 650 especies de flora y fauna amenazadas», según Panama Wildlife Conservation.

Laurentino Cortizo, presidente del país, anunció inmediatamente que respetaría el fallo y que la mina quedaría paralizada por el momento. Sin embargo, no es solo que este lucrativo yacimiento deje de funcionar, sino que la propia empresa ya ha anunciado que llevará este caso ante las cortes internacionales. Dada la inversión emprendida por la canadiense, la empresa reclama 50.000 millones de dólares. En caso de ganar, esto supondría un golpe económico que equivale al 70% del PIB del país.

El golpe económico de este revés se dejará sentir inmediatamente. Según el gobierno del propio país, la mina representa el 5% de todo el PIB del país, siendo la práctica totalidad de sus ingresos mineros. Además, la sentencia ha impedido por ahora la concesión de nuevos proyectos y ya hay decenas de cancelaciones em marcha. Los expertos de Capital Economics señalan que, además, esto dañará al resto de la inversión sobre el país, incluídos otros sectores porque «una situación como está dañará tanto el sentimiento como la confianza empresarial en los años venideros».

El fin de la ‘estrella panameña’

Esto ha obligado sin duda a rebajar tanto las calificaciones como las perspectivas del país, que ya estaba en una situación comprometida por los problemas del canal y por la desaceleración económica mundial. Tras la subida de tipos de interés por los principales bancos centrales de Occidente, se espera que el comercio mundial se contraiga de forma sensible, atacando aún más los ingresos de un punto logístico clave para el comercio mundial y que está fuertemente enfocado en este negocio. Sin embargo, estos duros reveses no serían más que el pistoletazo de salida que facilite y golpe mucho más duro, la pérdida de su gran etapa de crecimiento.

Desde Capital Economics señalan que «la economía del país tiene vientos en contra mucho más profundos» niñas allá de estos problemas. De hecho, explican que el gran problema de Panamá ha sido que el crecimiento de su productividad «no ha logrado mantenerse a la par con el de sus salarios», lo que ha «erosionado por completo su competitividad». Además, el país está dolarizado por lo que, según los expertos «no tiene ninguna herramienta para solucionar esta situación, como podría ser una devaluación del tipo de cambio».

En ese sentido, ante esta situación dan por hecho que Panamá debe encomendarse a un periodo de crecimiento salarial débil para revertir esa situación, y el crecimiento del país se verá fuertemente ralentizado en años posteriores. Según el informe de la consultora, esperan que el crecimiento del PIB sea de un escaso 1% para 2024 y del 2% en 2025, incluso con problemas como el Canal solucionado. Es decir, la era de grandes crecimientos que lo ponían como el gran ejemplo de América Latina, habría tocado a su fin.

Además, un PIB más moderado podría provocar que el Gobierno tenga que cambiar por completo sus planes fiscales. El modelo panameño se basaba, en buena medida, sobre un cierto control fiscal. Durante la última década el déficit fiscal del país apenas ha superado el 1,6% y, aunque ahora la hoja de ruta del gobierno pasa por tener un 2% de déficit en los próximos tres años, unos menores ingresos podrían cambiarlo todo.

En cualquier caso, este fin anticipado de su gran época de crecimiento llegaría en un momento muy negativo, pues Panamá ha visto como la calificación de su deuda ha caído en los últimos meses ante el cierre de la mina y los problemas en el canal. Esta situación ha dejado su calificación solo un nivel por encima de ‘bono basura’. El último en cambiar fue Moody’s bajando a Baa3 sus bonos, es decir, se queda a las puertas de perder el grado de inversión. Fitch también rebajó su nota en el segundo semestre por estos motivos, al igual que S&P, que además situó su perspectiva en negativa hablando de «riesgos potenciales para la confianza».

Además, la joven república tiene que enfrentarse a otro problema añadido que preocupa especialmente a los analistas: la Caja del Seguro Social (CSS). Esta institución pública que gestiona todo el sistema de seguridad social del país está siendo una fuente de preocupación desde 2020, cuando mostró su primer déficit y, se estima que 2024, el programa de pensiones se agotará. Desde Moody’s señalaban que, el gobierno llegará a un acuerdo finalmente y que el CSS se convertirá de ahora en adelante en una «fuente de presión para sus finanzas públicas», debido a que requerirá un mayor gasto y mayores emisiones de deuda.

Con cuatro anotaciones en la segunda entrada y tres más en la tercera, los Federales de Chiriquí de Panamá doblegaron el lunes por 9-7 a los Criollos de Caguas de Puerto Rico para ganar su cuarto juego consecutivo y firmar su pase a las semifinales de la Serie del Caribe 2024.

Las Mayores

El estelar receptor de los Cardenales de San Luis Iván Herrera volvió a destacar a la ofensiva por Panamá al batear de 4-2 con un doble y tres carreras producidas, mientras que Joshwan Wright se fue de 4-3 con un doble, dos anotadas y tres empujadas.

“Muy contento de sacar la victoria y meter al equipo en las semifinales. Yo le doy todo el crédito a los muchachos, son un grupo que trabaja muy fuerte, son muy profesionales y el deseo que tenemos de representar dignamente a Panamá nos mantiene unidos”, dijo el manager de Panamá, José Agustín Mayorga.

Nelson Velázquez bateó de 4-2 con un jonrón y tres producidas y Heliot Ramos añadió un cuadrangular y dos remolcadas para la causa de Puerto Rico, que ahora tiene registro de 3-2.

“Esto es parte del béisbol, tuvimos un día malo, dimos muchas bases por bolas, pero nosotros sabemos que somos mejores que esto. Le damos crédito a Panamá que hizo lo suyo y aprovechó sus oportunidades. Ahora a tratar de olvidar este juego y regresar el miércoles a ganar”, afirmó el responsable de los Criollos, Yadier Molina.

En una asombrosa hazaña temporal, la icónica canción “I’m Only Sleeping” de The Beatles ha sido galardonada con el premio Grammy al Mejor Vídeo Musical, casi seis décadas después de su lanzamiento original en el álbum Revolver de 1966. Esta joya musical, conocida por sus hermosas armonías, métodos de grabación experimentales y composición vanguardista, ha sido reconocida en la era moderna por su visualización única y evocativa.

El Imparcial

La artista y directora Em Cooper, en una audaz exploración del espacio entre el sueño y la vigilia, ha trabajado en una animación excepcional utilizando un atril sobre hojas de celuloide. Cada cuadro de este cautivador vídeo fue pintado individualmente con pintura al óleo, en un proceso laborioso que llevó muchos meses. La meticulosidad y dedicación de Cooper se traducen en una experiencia visual que complementa a la perfección la atmósfera onírica de la canción.

Para conmemorar este logro, se han lanzado nuevas mezclas y ediciones especiales de Revolver, el álbum que albergó la canción ganadora, disponible en diversos formatos, desde Super Deluxe de 5CD/4LP hasta opciones como Picture Disk, 1LP, 1CD, descarga y transmisión. Las mezclas Dolby Atmos y la mezcla mono original acompañan grabaciones de sesiones y demos nunca antes publicadas, ofreciendo a los fanáticos una experiencia auditiva única.

En esta ocasión especial, la GRAMMY-winning obra de arte original del álbum, creada por Klaus Voormann, se presenta en el Super Deluxe CD y vinilo junto con un hermoso libro que cuenta con el prólogo de Paul McCartney, una introducción de Giles Martin, un ensayo esclarecedor de Questlove y capítulos informativos de Kevin Howlett.

El premio Grammy al Mejor Vídeo Musical para “I’m Only Sleeping” no solo celebra la excelencia artística de The Beatles, sino que también resalta la capacidad única de su música para trascender el tiempo y seguir resonando en el corazón de las generaciones actuales. Un merecido reconocimiento para una obra maestra que ha despertado una vez más para reclamar su lugar en el centro de la escena musical.

Una ex reclusa ha demandado a la ciudad de Nueva York después de haber sido “agredida sexualmente en repetidas ocasiones” por un recluso que había sido alojado en la sección de mujeres de Rikers Island. Conocida solo como Rose Doe, la reclusa dice que fue sometida a repetidos abusos por parte de un hombre al que se le permitió permanecer en custodia protectora en el módulo de mujeres tras afirmar que era “transgénero”.

Por: Anna Slatz – Reduxx

La demanda fue presentada en el Tribunal Supremo del Bronx en noviembre de 2023, y en ella se detalla el alcance de las violaciones de derechos humanos que Rose Doe alega haber sufrido.

Rose Doe fue enviada al Rose M. Singer Center, el único centro para mujeres en Rikers Island, en diciembre de 2021. Poco después, trasladaron al módulo de Doe a un recluso varón sobre la base de su “identidad de género” autodeclarada. El Departamento Penitenciario de la Ciudad de Nueva York (DOC) adoptó una política sobre los reclusos transgénero en 2018, en la que los reclusos son alojados en función de su identidad de género autoidentificada, a menos que el resultado de una evaluación de seguridad requerida por el gobierno federal o las preferencias del recluso requieran un alojamiento alternativo.

Según la demanda, los documentos del DOC muestran que en el momento en que el hombre ingresó al módulo de mujeres, estaba siendo investigado por su posible participación en una red de prostitución que operaba dentro de Rikers Island. La red involucraba a personal y a reclusos, y el DOC estaba al tanto de que probablemente lo habían trasladado al módulo femenino para facilitar la captación de reclusas para prostituirlas a los reclusos y al personal masculino.

De manera inquietante, la demanda alega que varios funcionarios dentro del DOC aprovecharon la orientación liberal de reclusos transgénero de la Ciudad para garantizar que el recluso varón pudiera permanecer en el módulo femenino.

Según la denuncia, el recluso recibió “instrucciones” para que afirmara ser transgénero y así poder quedarse en el módulo femenino, donde tenía fácil acceso a las reclusas.

Rose Doe fue agredida sexualmente por el recluso el 6 de abril de 2022, pocos meses después de llegar al Centro Rose M. Singer. Apenas dos días antes de su propia agresión, Rose Doe fue testigo de cómo el prisionero coaccionaba a una reclusa con una enfermedad mental para que realizara actos sexuales.

En la denuncia también se detalla que el recluso tenía una “barba completa” cuando fue trasladado al módulo de mujeres, y con frecuencia admitía que no era transgénero. Según la denuncia, a las pocas horas de su llegada, el recluso comenzó a decirles abiertamente a todos en el módulo que era “heterosexual y no trans y que estaba allí para tener relaciones sexuales con mujeres”.

Tras la agresión sexual, Rose Doe afirma que no se le ofreció ningún tipo de asistencia, tratamiento médico, servicios de salud mental, ni siquiera profilaxis postexposición al VIH. Tampoco se le facilitó a tiempo un kit de violación, y las pruebas forenses se retrasaron 10 horas tras la denuncia de su agresión.

Se alega que estas violaciones de la Ley de Salud Pública del Estado de Nueva York “nacieron de un deseo y/o conspiración para encubrir y destruir pruebas de las agresiones sexuales que [el personal] sabía que habían tenido lugar”.

Si bien la denuncia de Rose Doe se basa en diferenciar a su agresor de las personas transgénero “verdaderas”, esta no es la primera vez que el Centro Rose M. Singer ha sido objeto de escrutinio por albergar a hombres entre reclusas vulnerables.

En abril de 2022, un recluso varón que se dice trans fue condenado por violar a una reclusa mientras estaba en el módulo de mujeres de la prisión de Nueva York. Ramel Blount, de 33 años, que usa el alias de Diamond Blount, fue condenado a siete años después de aceptar un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía por un cargo menor de intento de violación.

Mientras estaba alojado en el centro para mujeres, Blount se acercó a una mujer de 33 años en el baño del Centro Rose M. Singer del complejo de Rikers el 8 de febrero de 2021. La víctima acababa de ducharse cuando Blount la agarró por el cuello, la tiró al suelo, la sujetó y la agredió sexualmente.

Otros reclusos violentos que se dicen trans que actualmente se encuentran en el Centro incluyen a Harvey Marcelin, un asesino en serie que asesinó y descuartizó a varias mujeres.

Desde el 30 de enero, los medios políticos españoles están ocupados con el debate sobre la ley de amnistía. Junts, el partido del prófugo Carles Puigdemont, votó en contra de la ley de amnistía, calificándola de insuficiente y provocando la primera derrota del partido socialista en el Parlamento. Fue a la vez una humillación y una señal inequívoca de quién controla el futuro del gobierno de Pedro Sánchez. Apenas cuatro días antes, VOX celebró una asamblea general extraordinaria en Madrid. La reunión fue tanto más importante cuanto que VOX es la oposición más contundente al gobierno de Sánchez y sus pactos con los separatistas, mientras que el Partido Popular vacila, manifestándose contra Sánchez un día y pactando con él al día siguiente.

Por: Álvaro Peñas – The European Conservative

En la asamblea general no hubo sorpresas, ya que Santiago Abascal, único candidato, fue reelegido como presidente de VOX para los próximos cuatro años. También se aprobó la propuesta de ampliar el Comité Ejecutivo Nacional –dirección del partido– de 5 a 17 miembros. A veteranos como Javier Ortega Smith, Jorge Buxadé o Ignacio Garriga, que se mantiene como vicepresidente único, se suman caras nuevas como Pepa Millán, portavoz en el Congreso, y José María Figaredo. También hay una clara apuesta por los dirigentes de VOX que forman parte de gobiernos regionales en coalición con el PP, y la nueva dirección incorpora a los vicepresidentes de Aragón, Alejandro Nolasco; Castilla y León, Juan García-Gallardo; Murcia, José Ángel Antelo; y la Comunidad Valenciana, Vicente Barrero. Los vicepresidentes señalaron todo lo que se está consiguiendo en los gobiernos regionales y por qué VOX marca la diferencia: “Somos el único partido que no venimos a apaciguar, venimos a luchar”, afirmó Barrero.

También estuvieron presentes aliados internacionales, junto con mensajes en video de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y del presidente argentino, Javier Milei. Meloni animó a Abascal a «relanzar VOX de cara a las próximas elecciones europeas, para darle por fin a la UE el cambio de rumbo que llevamos mucho tiempo esperando». Milei exhortó a los asistentes “a no rendirnos y a seguir luchando, porque somos pocos, pero buenos, los que luchamos por la vida, la libertad y la propiedad”.

Santiago Abascal hizo un llamamiento a la unidad y a que la gente no “se rinda”, destacando lo que hace único a VOX, que es nada menos que la defensa de causas que preocupan a millones de españoles, como la unidad nacional, la defensa de la historia de España, la la igualdad de los españoles ante la ley, las fronteras fuertes ante la inmigración masiva e ilegal, y la libertad de los padres ante el adoctrinamiento de género y los lobbys LGBT. Abascal afirmó que VOX «va a seguir aquí» porque el proyecto es «muy necesario para España», y planteó los próximos retos del partido: las elecciones gallegas, el 18 de febrero, seguidas de las europeas de junio.

Galicia es el principal feudo del Partido Popular —gobierna la región desde 1981— y donde Núñez Feijóo ha ejercido como presidente desde 2009 hasta 2020 (cuando dejó la presidencia para liderar el PP), obteniendo siempre mayorías absolutas. Hasta ahora, VOX no ha logrado entrar en el parlamento regional; pero, por primera vez, las encuestas indican que podría hacerlo. Esto no ha sentado nada bien al PP, que incluso ha pedido a VOX que no se presente a las elecciones. Por su parte, la televisión gallega ha impedido la participación de VOX en el debate electoral del próximo 5 de febrero. Sin embargo, tanto Sumar como Podemos fueron invitados, pese a que no tienen representación parlamentaria. La entrada de VOX, con independencia de que sus escaños fueran necesarios o no para formar el gobierno gallego, sería una victoria importante para el partido de Abascal y supondría un aviso para Núñez Feijóo y la dirección del Partido Popular.

Las encuestas de cara a las elecciones de junio prevén un aumento de la presencia de VOX en el Parlamento Europeo, de 4 a 9 eurodiputados, y seguir siendo la tercera fuerza política por detrás del PSOE y el PP, que se prevé que este último pase de 13 a 25 asientos. La tendencia en Europa sugiere un fuerte crecimiento de los partidos conservadores y pro soberanía, y VOX podría beneficiarse de ello. La pregunta aquí no es si VOX mejorará, sino en qué medida.

Las futuras contiendas electorales son cruciales para que VOX recupere impulso y vuelva a convertirse en el “único partido que está creciendo”. Pese al liderazgo indiscutible de Santiago Abascal, algunos de los rostros más conocidos de VOX han abandonado la escena por diversos motivos, y eso les ha pasado factura. Crear líderes nuevos e inspiradores es un trabajo duro y lleva tiempo; y, en la actual vorágine de la política española, el tiempo es un bien escaso. La principal virtud de VOX ha sido el entusiasmo que ha logrado generar en millones de españoles que se sentían políticamente huérfanos, pero el entusiasmo, como el mostrado por el público asistente a la asamblea, necesita de quien sepa canalizarlo hacia el éxito político. Sacar a millones de españoles de la abstención, o recuperar los votos perdidos, sólo es posible si se canaliza su entusiasmo.

El otro factor necesario es la unidad, que también ha señalado Abascal durante la asamblea. Sin embargo, dos días después, estalló una crisis interna en las Islas Baleares. En las elecciones de mayo, VOX consiguió ocho diputados autonómicos y, aunque no formó parte del Gobierno balear, firmó un acuerdo con el PP para permitir que el Partido Popular gobernara desde fuera. El resultado de este acuerdo fue la aprobación del presupuesto del PP a cambio de un plan de libre elección de lengua –garantizando que los estudiantes puedan estudiar en español– y el fin de las subvenciones a sindicatos y patronales. Durante el verano, uno de los diputados abandonó el partido y se unió al grupo de no abonados. Y luego, el 29 de enero, cinco diputados se rebelaron y expulsaron a los otros dos que cuentan con el respaldo de la dirección nacional. Esta situación demuestra cómo todo el buen trabajo que se ha realizado puede arruinarse tan fácilmente por la discordia interna.

VOX es necesario, pero la necesidad no es garantía de éxito. Recuperar la ilusión y reforzar la organización interna son los mayores retos a los que se enfrenta VOX. Sólo después de que se alcancen esos objetivos se obtendrán los mejores resultados electorales.

Los drones, tanto militares como comerciales, se convirtieron en un arma fundamental en los conflictos actuales dado su cada vez más bajo costo y sus buenos resultados sin tener que poner combatientes en peligro. Ucrania primero, Gaza después y ahora la crisis en el mar Rojo han expuesto la necesidad acuciante de buscar soluciones igual de económicas para afrontar este desafío.

Europa Press

El uso de drones en el campo de batalla no es nuevo, si bien durante mucho tiempo la capacidad había estado limitada a las grandes potencias militares, como Estados Unidos o Israel, debido a su alto costo. Sin embargo, en los últimos años, gracias a su uso también con otros fines principalmente comerciales y recreativos, los costos se han abaratado, democratizando su acceso.

Inicialmente, este tipo de aparatos se empleaban para recabar información de Inteligencia, como las posiciones del enemigo, mediante cámaras rudimentarias y sistemas de radio, pero sus capacidades han evolucionado a medida que lo ha hecho la tecnología. Ahora, los aparatos militares pueden lanzar ataques de precisión, como el realizado por la CIA en el verano de 2022 en el que presuntamente murió el líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, en Kabul.

El salto cualitativo se produjo en los últimos años, a medida que fue creciendo el mercado de los drones comerciales con aparatos de precios asequibles y manejables mediante un simple teléfono móvil. Como consecuencia de ello, pequeños grupos insurgentes que no cuentan con presupuestos multimillonarios como los de los estados tienen acceso a estos drones, que pueden usarse como misiles guiados para realizar ataques.

Ataques de Hamas y de los Hutíes

Así ocurrió por ejemplo durante el ataque terrorista perpetrado por Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre. El grupo terrorista lanzó en un primer momento vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) para destruir las torres de observación y las cámaras en la frontera de Gaza y también interrumpir las comunicaciones, dejando así a Israel a ‘ciegas’.

Asimismo, el grupo terrorista también empleó drones para lanzar munición contra tanques, así como contra soldados y otros efectivos, y envió ‘enjambres’ de drones contra buques e infraestructuras energéticas. A esto se sumaron miles de cohetes y los llamados ‘drones suicidas’, vehículos aéreos armados capaces de deambular hasta que localizan un objetivo y que en su caso han bautizado como Zuari, por un antiguo piloto de drones del grupo llamado Mohamed Zuari.

Los drones también están siendo una de las armas clave en la ofensiva de los hutíes yemeníes contra la navegación en el mar Rojo y en respaldo a los palestinos de Gaza. Este grupo insurgente apoyado por Irán, que también respalda a Hamas, ha empleado drones así como misiles en sus ataques contra los barcos que transitan por estas aguas, obligando a las grandes navieras a obviar el estrecho de Bab el Mandeb y optar por dar toda la vuelta a África.

No obstante, ni Hamás ni los hutíes están siendo pioneros en esta materia, aunque puedan haber perfeccionado sus capacidades, sino que otros grupos terroristas e insurgentes, desde Estado Islámico a Al Qaeda pasando por el partido-milicia chií libanés Hezbollah, los talibanes, los grupos rebeldes sirios o las milicias pro-iraníes en Siria e Irak también los emplean en sus acciones.

Claves para frenar a Rusia en Ucrania

Sin duda, el punto de inflexión lo ha representado Ucrania. Kiev no solo consiguió resistir el primer envite de las tropas rusas tras la invasión de febrero de 2022 sino hacer retroceder a Rusia, pese a que sus capacidades militares eran inferiores, gracias al uso extensivo de los drones en su respuesta. Aunque tanto Moscú como Kiev disponían de un buen arsenal de UAV, los cuales tienen mayor alcance y precisión pero también son mucho más costosos, han sido los drones comerciales los que han marcado la diferencia.

El prolífico uso de drones por parte de Ucrania ha supuesto todo un cambio puesto que los combatientes pueden observar las posiciones y movimientos de tropas rusas y mejorar la definición de objetivos a atacar con armamento convencional, además de acosar y presionar al enemigo sin necesidad de poner a efectivos en peligro. El empleo de drones comerciales para estas actividades se ha convertido en algo tan habitual que el Ejército ucraniano perdería unos 10.000 de estos aparatos al mes.

No obstante, aunque a Rusia en un primer momento fue tomada por sorpresa por esta nueva amenaza, supo adaptar su estrategia e incorporar a su arsenal nuevos UAV. Así, ha desarrollado el ‘Orlan-10′, un dron de espionaje que se encarga de recabar información de la situación en tierra, y el ‘Lancet’, un dron de ataque con capacidad para merodear en el aire hasta que encuentra el objetivo que alcanzar.

Los sistemas antiaéreos, muy caros

En estos tres casos, la respuesta frente a esta amenaza ha sido en general el recurso a los sistemas antiaéreos tradicionales o los misiles tierra aire, pero aunque puedan ser efectivos en algunos casos no resultan la solución ideal, tal y como explica el teniente coronel retirado Paul Maxwell, director del Army Cyber Institute de la Academia Militar estadounidense.

“Golpear un objetivo muy pequeño y rápido con proyectiles de calibre relativamente grande es un desafío”, reconoce Maxwell en un reciente artículo publicado por el Instituto de Guerra Moderna. Al mismo tiempo, “gastar muchos miles, sino millones de dólares, en cada misil para eliminar un UAV que no cuesta nada es económicamente un derroche”.

También existe la opción, según este experto, de emplear artefactos que usan el espectro electromagnético y que pueden ir desde los sistemas de interferencias (denegación de GPS, denegación de enlace de comunicación) a armas de energía dirigida como láser o microondas. El problema en este caso, incide, es que estos mecanismos también pueden interferir con los sistemas propios y atraer la atención de la artillería enemiga una vez detectados.

En ambos casos, según el teniente coronel Maxwell, “no hay suficientes sistemas para ofrecer una protección adecuada frente a los enjambres de UAV”. Por ello, este experto militar defiende que igual que los aviones evolucionaron pasando de una labor de reconocimiento a convertirse en un arma más en el combate con el desarrollo de los cazas, ahora los drones deben evolucionar y se deben crear “UAV de combate”.

Hacen falta drones de combate

“Lo que los ejércitos necesitan rápidamente son plataformas pequeñas y baratas (y por tanto desechables) que puedan defender contra los numerosos drones comerciales y recreativos que ensombrecen el campo de batalla”, subraya en su artículo, subrayando la importancia de que estos aparatos sean a su vez igualmente económicos dado que las fuerzas regulares no pueden gastar mucho frente a una “amenaza barata y efectiva”.

Estos drones de combate deberían tener una “autonomía significativa” que les permita pautas de vuelo sin necesidad de intervención del usuario, detectar amenazas y calcular recorridos de intercepción, así como también capacidad para cooperar con otros aparatos similares. Maxwell resalta la ventaja de que el objetivo a combatir también es un aparato no tripulado las cuestiones éticas se simplifican.

Asimismo, sostiene que es importante que se puedan usar mediante ‘smartphone’ y tablets con vistas a que los soldados que los tengan que emplear en el campo de batalla no requieran semanas de entrenamiento para el empleo de estos sistemas, y que estén disponible para las unidades terrestres que los requieran, sin reservarlo solo a los tradicionales servicios de superioridad aérea. “Ha llegado el momento para el desarrollo y despliegue de UAV de combate aéreo”, reivindica.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que el año comenzó en Cuba con al menos 320 acciones represivas contra la población civil, de las cuales 64 fueron detenciones arbitrarias y 256 otros abusos.

Por: Gastón Calvo – Infobae

“Al menos se registraron 109 abusos contra personas encarceladas, en su gran mayoría presos políticos (94). Sitios de viviendas, amenazas, juicios, citaciones policiales, hostigamientos, multas y sentencias, entre otras violaciones, aparecen en la lista de enero”, informó el observatorio; al tiempo que consignó que La Habana, Matanzas y Camagüey fueron las provincias más afectadas.

“El OCDH constata no solo la falta de voluntad del régimen cubano para liberar a los cientos de presos políticos que hay en el país, sino la política de abusos en las cárceles, que incluye a los familiares”, remarcó.

Un ejemplo de todos estos abusos es el del preso político Adel de la Torre Hernández, quien se encuentra en una grave condición de salud mental debido a que no recibe el tratamiento correspondiente y a las frecuentes golpizas propinadas por sus carceleros, destacó el OCDH en un informe previo.

El joven fue detenido en el marco de las masivas protestas de 11 de julio de 2021, más conocidas como 11J, en las que miles de personas salieron a las calles para manifestar su descontento con el régimen de Miguel Díaz-Canel.

Su madre, Anayl Hernández Collado, pidió solidaridad de manera urgente. En 2017, Adel fue diagnosticado de un padecimiento de salud mental, situación que se ha agravado en la cárcel. Tras ser detenido el 11J, fue excarcelado en septiembre de ese año pero enjuiciado y condenado a prisión un año más tarde.

Cuando estaba a la espera del juicio, participó como rescatista en el desastre del Saratoga. El 6 de mayo de 2022, el hotel de lujo ubicado en el municipio de La Habana Vieja sufrió una explosión de gas que dañó gran parte del edificio, así como la infraestructura circundante: 47 personas murieron y 52 resultaron heridas.

“Mi hijo es esquizofrénico desde 2017. En este preciso momento ha sido golpeado por la policía de la prisión y lo metieron en un hueco. Él es cristiano, como yo. A mí me han dado tres infartos cerebrovasculares debido a esta misma situación. Su papá era enfermo esquizofrénico, paranoico y falleció debido a esta situación de sufrimiento”, narró Anayl Hernández Collado al OCDH.

Luego afirmó que su hijo “es inocente y en la cárcel están abusando de él por ser cristiano”; al tiempo que acotó: “Llegan y le preguntan: ‘¿Tú eres el cristiano?’. Y mandan a darle golpes, tres y cuatro personas. Incluso, querían que mi hijo se quitara la vida. Le decían: ‘¿Tú eres cristiano? Mátate a ver si tu Dios te salva’, todas esas barbaridades”, completó.

Grave situación económica

El informe del OCDH también indicó que, “a todo esto, se suma una gravísima situación económica, con categoría de hambruna en las zonas más empobrecidas del país, que también golpea a los recluidos en las cárceles”.

El régimen de Miguel Díaz-Canel pospuso indefinidamente el aumento del precio de los combustibles, previamente fijado en un 400%, así como la suba de las tarifas en el transporte interprovincial, medidas que habían generado descontento entre la población. Esta decisión siguió al cese del ministro de Economía, Alejandro Gil, marcando un momento crítico en la implementación del plan de ajuste económico del país.

El aplazamiento se anunció justo antes de la implementación prevista, citando como motivo un ataque informático al sistema de pagos digitales de una empresa estatal, lo cual impidió el inicio de la aplicación de la subida en los precios de los combustibles.

Antes de esta suspensión, llenar un tanque de 40 litros habría costado 5.280 CUP (44 dólares), una suma considerable cuando el salario promedio estatal se ubica ligeramente por encima de los 4.200 CUP (35 dólares al cambio oficial, pero solo 14,5 dólares en el mercado informal).

Además del impacto económico directo sobre la población, estas medidas formaban parte de un paquete más amplio destinado a la reestructuración económica del país.

La salida de Gil del Ministerio de Economía se produjo en un momento clave, y reveló posibles tensiones internas y desacuerdos sobre el camino a seguir para abordar la crisis que enfrenta la isla.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) analizará este martes, 6 de febrero, las irregularidades ocurridas en las elecciones presidenciales de Venezuela del año 2013.

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De acuerdo con Suprema Injusticia, iniciativa de Transparencia Venezuela, la actividad se realizará en la sala de audiencias de la sede de la Corte en la ciudad de San José (Costa Rica), a través de una audiencia oral y pública.

Durante la audiencia, los magistrados escucharán una declaración de Henrique Capriles, quien fue candidato presidencial de ese año por la oposición, sobre el desarrollo de la campaña electoral y otros temas relacionados con la elección.

También, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en calidad de demandante, presentará el testimonio del abogado Pedro Salazar Ugarte, que como perito declarará sobre “las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos políticos».

«En particular, respecto a los estándares aplicables en el marco de contiendas electorales para garantizar el acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas en el contexto de procesos electorales y el pluralismo en el ejercicio de los derechos políticos”, dijo.

El perito también “se referirá a los recursos que deben brindar los Estados frente a violaciones a los derechos políticos, particularmente respecto de garantizar de manera efectiva la imparcialidad de las autoridades que participan del control electoral de las elecciones”.

Por último, el abogado hablará sobre otros sistemas internacionales de protección de derechos humanos y el derecho comparado.

Elecciones cerradas en falso

Las presidenciales del 14 de abril de 2013 se celebraron luego de que el 5 de marzo de ese año se informara de la muerte de Hugo Chávez, quien fue reelecto en los anteriores comicios de octubre de 2012.

De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), este proceso fue ganado por el Nicolás Maduro con una diferencia de 1,49%.

Sin embargo, Capriles cuestionó dichos resultados y denunció una serie de irregularidades (ventajismo, presiones a testigos y abusos en el voto asistido) que, según él, inclinaron la balanza a favor de su rival.

Aunque en un principio Maduro aceptó realizar una auditoría para verificar sus resultados, el CNE le cerró las puertas a esta posibilidad y el TSJ rechazó todos los recursos que presentó el opositor.

El año 2024 arrancó con 74 conflictos laborales, de los cuales 67,57% fueron protagonizados por trabajadores del sector educación, identificó el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical. Por su parte, el personal sanitario ocupó el segundo lugar al participar en 9,46% de las protestas registradas en enero.

Nota de prensa

Si bien el número total de reclamos y denuncias laborales es 58,42% menor a las 178 contabilizadas en enero de 2023, la actuación de empleados de la educación fue mayor en términos porcentuales: en enero de 2023 fue de 38,76%.

Distrito Capital concentró 26,76% del total de las manifestaciones de inconformidad, seguido por Bolívar y Lara con 9,86% cada uno y Carabobo con 5,63%, en un mes en el que se sumaron más estados a las protestas.

En el primer mes del año el descontento de los trabajadores aumentó tras el anuncio presidencial de dejar en Bs 130 (3,58 dólares) el salario mínimo —en los que se mantiene desde marzo de 2022 — e incrementar el monto del bono de guerra económica de $30 a $60 —pagaderos en bolívares y perciben solo los empleados de la administración pública—, sin incidencia en el cálculo de prestaciones sociales, vacaciones y aguinaldos.

De hecho, las protestas de empleados del sector público representaron 94,6% del total. Y el acompañamiento sindical estuvo presente en 83,43% de los reclamos, indica el Observatorio de Conflictividad Laboral del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).

Las marchas apenas abarcaron 1,41% de los conflictos en enero, siendo las denuncias las que concentraron el grueso con 63,38% del total y 21,13% se materializó a través de concentraciones.

Venezuela, uno de los países de América Latina con mayor cantidad de conflictos laborales, inició el año con los trabajadores exigiendo reivindicaciones salariales (76,06%), el cumplimiento de convenciones colectivas (11,27%) y mejores condiciones laborales (5,63%).

Los fiscales de lo penal del Tribunal Supremo han decidido acusar de terrorismo a Carles Puigdemont por el caso Tsunami Democràtic. Después de varias horas de reunión, la mayor parte de la junta ha rechazado la ponencia del fiscal Álvaro Redondo, que apostaba por no abrir una causa contra el expresidente catalán, y han acordado sacar adelante un nuevo informe que sí apoye la exposición razonada del juez Manuel García Castellón, aunque el caso queda ahora en manos de la teniente fiscal.

Por: Elena Herrera y Alberto Pozas – El Diario

Según fuentes fiscales, ahora será la teniente fiscal del Supremo la que elabore el informe. En total, 12 de los 15 fiscales entienden que hay terrorismo y, por otra parte, 11 de los 15 apuestan por dirigir las investigación contra Puigdemont. El caso queda ahora en manos de la teniente fiscal porque los dos jefes de las dos secciones tienen criterios distintos. Esta decisión también va en contra del criterio desplegado hasta ahora por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Los fiscales de sala del Tribunal Supremo se han reunido este martes a las diez de la mañana en la sede del Ministerio Público de la calle Fortuny de Madrid para estudiar la propuesta del juez Manuel García Castellón: imputar por terrorismo al expresident Carles Puigdemont y a otros diez acusados más, entre ellos Marta Rovira y Rubén Wagensberg (ERC), por tener un papel supuestamente protagonista en las protestas masivas contra la sentencia del procés de Tsunami Democràti en 2019. Según el magistrado de la Audiencia Nacional, la muerte de un turista de un infarto en el aeropuerto de Barcelona es suficiente para conducir la causa por posible terrorismo.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso sin éxito a esta exposición razonada y, una vez elevado el caso al Supremo, el fiscal Álvaro Redondo fue de la misma opinión. Su ponencia, estudiada hoy por los 12 fiscales de lo penal, rechazaba imputar al expresident por terrorismo y apostaba por dejar el caso en manos de García Castellón por entender que los indicios contra los acusados eran “demasiado abiertos”.

Las deliberaciones de los fiscales, generalmente tranquilas y de escasa trascendencia pública, han venido marcadas por la filtración de un primer borrador elaborado y descartado por el propio Redondo en el que, en un primer momento, sí avalaba la apertura de una causa por terrorismo contra Puigdemont. También por el hecho de que, antes de presentar su informe definitivo pero después de elaborarlo, se reunira con el fiscal general del Estado. Redondo, fiscal del Supremo desde hace 19 años, tuvo que emitir ayer un comunicado para defender que ese primer borrador no tenía carácter oficial y que el fiscal general no le dio ningún tipo de instrucción al respecto.

El caso Tsunami y la amnistía

El caso Tsunami Democràtic investiga si las manifestaciones masivas en Catalunya en 2019 en protesta contra la sentencia del procés tuvieron detrás no solo una organización sino un grupo con fines terroristas. El mismo día en que el Supremo dictó su sentencia e impuso condenas de hasta 13 años de cárcel por sedición, malversación y desobediencia a los líderes del procés, las protestas anegaron las calles de Catalunya: protestas en el centro de Barcelona que terminaron en cargas policiales y miles de manifestantes que, durante horas, bloquearon los accesos del aeropuerto de la capital catalana.

Esos días, buena parte de las convocatorias se difundían a través de un canal de Telegram bautizado como Tsunami Democràtic, el mismo que desconvocó las protestas de El Prat esa misma noche. “Hoy hemos sido un tsunami, ha empezado un ciclo de desobediencia civil no violento”, afirmó ese mensaje. Un turista de 62 años sufrió una parada cardiorrespiratoria en la Terminal 2 y fue trasladado de forma inmediata al Hospital de Bellvitge, donde falleció.

La causa de Tsunami llevaba varios años abierta en la Audiencia Nacional pero tanto el juez García Castellón como la Guardia Civil pisaron el acelerador en paralelo a las negociaciones entre PSOE, Junts y ERC para una ley de amnistía y la investidura de Pedro Sánchez. El instituo armado entregó varias semanas antes de lo previsto el informe en el que apunta a Marta Rovira (ERC) como una de las cabecillas de Tsunami. Poco después, el instructor anunciaba que su investigación se dirigía contra Rovira pero también contra Carles Puigdemont y ofrecía al expresident catalán declarar voluntariamente, aunque está aforado ante el Supremo por ser eurodiputado.

Los argumentos del juez viraron entonces hacia un posible terrorismo que terminó atribuyendo al propio Puigdemont en una exposición razonada enviada al Supremo. Su argumento principal: la muerte por infarto de un turista permitía explorar la acusación por ese delito. Un delito que, más allá del proceso judicial, tenía una incidencia directa en las negociaciones para la ley de amnistía, con los partidos políticos buscando desde entonces el encaje del terrorismo en esa norma de perdón.

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