Un total de 406 policías y 61 manifestantes resultaron heridos durante los altercados que se produjeron en diferentes ciudades de toda Francia en el marco de las protestas contra la reforma de las pensiones el 1º de mayo, según un nuevo balance del ministro del Interior, Gérald Darmanin.

AFP

Según su versión, detrás de los disturbios en la capital, que se desarrollaron durante toda la duración de la manifestación entre la plaza de la República y la de la Nación y durante varias horas más en torno a esta última, había unos dos mil miembros de la ultraizquierda.

El ministro, en una entrevista con el canal BFMTV, anunció además la detención de 540 personas, 305 de ellas en París, y atribuyó los incidentes a estos grupos de extrema izquierda, conocidos como «bloques negros». En la entrevista Darmanin cargó con fuerza contra el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, al que recriminó que no haya condenado los ataques contra las fuerzas del orden. Y habló de «complicidad» de los responsables políticos o sindicales que no condenan la violencia.

Los manifestantes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad en toda Francia el lunes cuando cientos de miles de personas salieron a las calles por el Día del Trabajo para expresar su ira contra la reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron. Darmanin criticó ya ayer a los manifestantes violentos organizados y dijo que sumaban alrededor de dos mil en París y otros mil en la ciudad de Lyon, en el sureste del país. E instó a que quienes «ataquen a la policía o la propiedad pública sean severamente castigados».

Darmanin dijo ya ayer, al ofrecer un balance provisional, que un número tan alto de policías heridos era «extremadamente raro» para un día de protesta del Primero de Mayo. Unas 782.000 personas protestaron en toda Francia, incluidas 112.000 sólo en París, contabilizó ayer el Ministerio del Interior. El sindicato CGT dijo que las movilizaciones contaron con 2,3 millones de manifestantes en toda Francia, incluidos 550.000 en la capital.

El fiscal Tarek William Saab, designado por la extinta Constituyente, afirmó este domingo 30 de abril que los implicados en la trama de corrupción que involucra a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y otras instituciones públicas buscaban generar una «implosión» en la economía venezolana para provocar un «saldo político» desfavorable para el Estado.

EFE

«La conclusión es clara, generar una implosión de la economía venezolana para buscar un saldo desfavorable al Estado venezolano, porque todo ese dinero para donde y para qué, obviamente, obedecía a un plan político nefasto que ha sido, no solamente judicializado y proceso, sino ha sido descubierto y sus responsables detenidos», señaló en una entrevista en el canal privado Globovisión.

Saab señaló que desde mediados de marzo, cuando empezó la operación anticorrupción en Venezuela, hasta la fecha, hay 61 detenidos, la mayoría vinculados a Pdvsa.

Asimismo, dijo que todos los arrestados han sido imputados por el delito de «traición a la patria».

Según él, los funcionarios «valiéndose de los cargos que tenían» procedían a ejecutar operaciones de compra-venta de petróleo con «la modalidad» de los buques. «Muchos de esos buques se perdieron, no aparecía el dinero», añadió.

El fiscal sostuvo que no había «ningún tipo de control» administrativo o de la tesorería sobre la entrada del dinero de estas operaciones, «incumpliendo, obviamente, la normativa de contratación».

«Luego que comercializaban el crudo asignado en los buques, ilegalmente, se incumplía con los pagos correspondientes a quién, a Pdvsa, yo creo que buscan desfalcar la economía nacional», apostilló.

Saab señaló también que el monto de estas operaciones es «importante»,pero no precisó la cifra.

El viernes 28 de abril Nicolás Maduro afirmó que desde que empezó la operación anticorrupción en el país, a mediados de marzo, las autoridades han incautado un total de 1.007 bienes, entre casas, vehículos, oficinas y empresas.

Desde hace más de cinco años, jubilados, profesores, médicos, enfermeras y, en general, trabajadores del sector público, han tomado incesantemente las calles para exigir reivindicaciones laborales y salariales, pero denuncian que siguen sin obtener respuestas por parte del Estado.

Por: Carolina Alcalde – La Voz de América

El último aumento salarial decretado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro fue en marzo de 2022. En ese entonces, el sueldo mínimo se ubicó en 130 bolívares, el equivalente a unos 30 dólares mensuales a tasa oficial. Hoy, tras la abrupta devaluación del bolívar a finales del año pasado e inicios del 2023, escasamente sobrepasa los 5$.

En marzo, solo para adquirir la canasta alimentaria familiar, se necesitaban 98 salarios mínimos, es decir, unos 510,88 dólares de acuerdo a datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

Estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) ubican la inflación acumulada en 67,7 %, mientras que la inflación interanual en 501 %.

Desde que comenzó el año profesores del sector público han protagonizado masivas protestas en todo el país exigiendo salarios “dignos”. De acuerdo al más reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), de las 2.814 protestas documentadas durante el primer trimestre del año, 2.165 estuvieron orientadas a exigir derechos laborales.

“Trabajadores del sector educación realizaron al menos 1.714 protestas denunciando las precarias condiciones para trabajar en las instituciones educativas, lo cual incluye salarios insuficientes, infraestructuras deterioradas y violación de sus derechos básicos”, resalta un informe del OVCS divulgado la semana pasada.

A mediados de enero, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que en “pocas horas” el presidente Nicolás Maduro haría anuncios respecto a la recuperación del poder adquisitivo, pero quedó en promesa.

La semana pasada, el dirigente sindical y diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el partido de gobierno, Oswaldo Vera, en declaraciones a la emisora de radio local, Unión Radio, dijo estar convencido de que este 1 de mayo habrá “anuncios importantes” como ha sido tradición en el país y anunció que también estarán en las calles conmemorando la fecha.

Bajas expectativas

Las expectativas de lideres sindicales, trabajadores, pensionados y jubilados ante un posible aumento salarial este 1 de mayo son bajas.

“El gobierno se ha encargado de matar cualquier expectativa que podamos tener. Esto no es una lucha de un día, es una lucha de años y siempre se han burlado de nosotros”, afirma Mauro Zambrano, coordinador de Red Sindical y dirigente sindical de Clínicas y Hospitales de Caracas, quien recuerda que persisten las fallas en cuanto a la dotación de suministros y medicinas en los centros hospitalarios públicos.

Luis Cano, miembro del Frente de Pensionados y Jubilados de Venezuela, añade que, en los últimos años, el gobierno no ha implementado una política que garantice a los trabajadores activos y jubilados poder “vivir dignamente” a pesar de estar consagrado en la Constitución.

“Es poco lo que esperamos. Es un gobierno que se ha dedicado de manera sistemática y continua a pulverizar el salario. En 2018, a través de una resolución pulverizó las conquistas que no habían costado 30 y 40 años de lucha”, manifiesta.

Griselda Sánchez, docente y presidenta de Fordisi, una organización dedicada a la formación del nuevo liderazgo sindical emergente, considera que la situación forma parte de un plan del gobierno para “acabar” con el sistema educativo del país.

“Quedó evidenciado que no son las sanciones lo que mantiene a este país así, es una política de Estado de crimen, que se pretende implementar una esclavitud moderna en Venezuela. Se robaron el dinero de los ciudadanos y se quedaron con las prestaciones sociales y el dinero de los trabajadores”, expone Sánchez a VOA.

El panorama está marcado por el escándalo de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) desvelado hace casi dos meses y del que aún se desconocen cifras precisas, pero, según la agencia Reuters, PDVSA ha dejado de cobrar al menos 21 mil millones de dólares por la comercialización de petróleo a través de intermediarios.

Además, de acuerdo al OVF, durante el primer trimestre del año la actividad económica del país registró una caída de 8,3% en comparación con el mismo período del año pasado.

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La relación de la administración de Nicolás Maduro con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y sus procedimientos especiales ha sido más que tirante en los últimos años. Eso se demuestra en la falta de interés en responder a requerimientos de información o justificar las situaciones que han sido calificadas como violaciones a los derechos humanos.

Por: Luisa Quintero – Tal Cual

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Además de la poca colaboración del gobierno venezolano con el propio Consejo y mandatos como la Misión de Determinación de Hechos Sobre Venezuela, la rendición de cuentas con los Grupos de Trabajo, en este caso el correspondiente a detenciones arbitrarias, ha sido casi nula.

Al menos desde 2018, la administración de Nicolás Maduro no ha respondido las 23 opiniones del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, que abarcan al menos a 119 venezolanos con o sin afiliaciones políticas claras, y cuyos arrestos fueron dictaminados como arbitrarios.

Este Grupo de Trabajo, según señala su página, tiene el mandato de «investigar los casos de privación de libertad impuesta arbitrariamente o de manera incompatible con los estándares internacionales establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, o los instrumentos jurídicos internacionales aceptados por los Estados involucrados».

Esta instancia no solo investiga presuntas detenciones arbitrarias por motivación propia y hace requerimientos de información o llamamientos urgentes, sino que también examina denuncias individuales que pueden conducir «a la adopción de opiniones sobre la arbitrariedad de la detención».

En particular, según denuncias diversas ONG nacionales e internacionales, las detenciones arbitrarias en Venezuela forman parte de un patrón de violaciones a los derechos humanos, ordenados y sostenidos a través de las estructuras de cuerpos de seguridad del Estado y organizaciones afines, conocidas como «colectivos».

El Foro Penal ha documentado 12.016 detenciones y encarcelaciones arbitrarias entre el mes de abril de 2013 —cuando Nicolás Maduro llegó al poder— hasta el 28 de enero de 2018.

Solo entre marzo de 2020 —cuando se declaró la pandemia de covid-19— hasta enero de 2021, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) registró 628 detenciones arbitrarias, un promedio de casi 63 privaciones de libertad durante esos meses.

Tan solo el año pasado, el Grupo envió cuatro cartas de denuncia al gobierno venezolano, para atender casos particulares y que respete las opiniones dictaminadas por este.

Entre esas opiniones destacan los casos particulares de Lorent Saleh y Gabriel Vallés, el exconcejal José Vicente García, el diputado Juan Requesens, el tuitero Pedro Jaimes Criollo, la señora Antonia Turbay o Carlos Marrón, exdueño de la página DolarPro.

También resaltan los casos colectivos como los «gerentes de Banesco», acusados de «contribuir a la distorsión del sistema económico»; la «operación Armagedón», que involucra a siete oficiales de la Armada; el «magnicidio» contra Nicolás Maduro, que involucra a civiles como Emirlendris Benítez y militares como el general Héctor Hernández da Costa; el asesinato del fiscal Danilo Anderson, por el cual están presos los primos Guevara; así como el caso PNB La Yaguara, que se refiere a la detención de 59 colombianos sin ninguna orden de aprehensión.

El Grupo también espera la respuesta a su solicitud de visita al país, formalizada por tercera ocasión en octubre de 2019. La Alta Comisionada Michelle Bachelet, tras su visita al país ese año, dijo que la administración de Nicolás Maduro se había comprometido a recibir la visita de por lo menos cuatro mecanismos especiales, entre ellos el de Detención Arbitraria.

Durante el mandato de Bachelet, solo se permitió en 2021 la visita a Venezuela de Alena Douhan, relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este lunes 1 de mayo de 2023 la Licencia General N° 42 que autoriza a negociar con la Asamblea Nacional electa en 2015 o su Comisión Delegada cualquier deuda del régimen de Nicolás Maduro o PDVSA.

Monitoreamos

Sin embargo, el Tesoro explicó que esta licencia “no autoriza la celebración de acuerdos de liquidación, contingentes o de otro tipo”, por ejemplo la liquidación de CITGO para pagar a los tenedores de bonos; sino que “las partes que hayan negociado un acuerdo de conciliación deberán buscar una licencia específica” que les permita concretar dicho acuerdo.

El Gobierno estadounidense indicó que la OFAC tiene “la intención de implementar una política de otorgamiento de licencias favorable en relación con la negociación de un acuerdo de conciliación”, pero aclaró que estas licencias específicas “solo se otorgarán después de la debida diligencia en cuanto a las partes y la transacción”.

En su comunicado el Departamento del Tesoro aclaró que la Licencia General N° 42 “no autoriza transacciones que involucren a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela convocada por Nicolás Maduro o la Asamblea Nacional de 2021”.