El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desmintió este viernes 26 de abril desmintió que su gobierno trabajaba en decreto para exigir pasaporte vigente a migrantes venezolanos que quieran entrar, transitar y permanecer en el país.
“Esto no es cierto. Mi gobierno no exigirá pasaporte a los migrantes venezolanos”, escribió en su cuenta en la red social X, a propósito de una noticia difundida por Noticias Caracol.
De hecho, en 2022, migrantes y refugiados venezolanos en Colombia generaron un impacto económico en ese país equivalente a 529,1 millones de dólares, de acuerdo con un nuevo estudio realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
“La migración funciona como un agente impulsor del desarrollo y estos estudios brindan evidencia empírica que fundamenta tal aseveración y demuestran de qué manera la migración puede promover el crecimiento de la fuerza social y económica en los países de acogida”, dijo Diego Beltrán, enviado especial de la OIM para la respuesta regional a los flujos de migrantes y refugiados venezolanos.
El descubrimiento de la pólvora, uno de los grandes inventos chinos que llegó a Europa en la Edad Media, fue algo que llegó por casualidad pues en realidad estaban buscando el elixir de la eterna juventud.
La pólvora es considerada por los chinos como uno de sus Cuatro Grandes Inventos que incluyen la brújula, el papel y la imprenta. Este es el primer explosivo de la historia. No sabemos cuándo fue descubierta, pero parece que hay una primera pista en el libro Cantong qi escrito en 142 por un alquimista taoísta llamado Wei Boyang. Su título puede traducirse como El parentesco de los tres, pues trata de tres grandes temas: cosmología, taoísmo y alquimia. Boyang refiere una mezcla tres polvos que «volarían y bailarían» violentamente, y aunque es imposible estar seguros de que estaba hablando de la pólvora, no tenemos conocimiento de ningún explosivo que se fabrique con tres componentes.
Al parecer el descubrimiento de la pólvora estuvo relacionado con Wu de Han, uno de los grandes emperadores de la historia de China que comenzó su reinado en 141 a.C e hizo del confuncianismo la filosofía del estado. El emperador Wu pidió a sus alquimistas que investigaran los secretos de la vida eterna y, en su búsqueda, un día calentaron una mezcla de un 15% de azufre y un 75% de salitre (nitrato de potasio). Lo que obtuvieron no fue el elixir de la vida eterna sino algo totalmente contrario…
En 318 aparece otro libro, Baopuzi o El libro del maestro que abraza la simplicidad, escrito por un erudito de la dinastía Chin llamado Ge Hong. Allí describe una mezcla que provoca explosiones: dos partes de azufre, tres de carbón y quince de salitre. De los tres compuestos el más fácil de conseguir es el carbón. El azufre se encuentra en forma nativa cerca de aguas termales o zonas volcánicas, y el salitre se puede obtener del estiércol animal dejándolo reposar y descomponerse; así se forman cristales de nitrato de potasio que se extraen lavando el estiércol con agua.
Lechuga y miel para la pólvora
La primera referencia clara a la pólvora la encontramos muchos siglos después, en el Taishang Shengzu Jindan Mijue en 808, donde aparece la siguiente fórmula: seis partes de azufre, seis partes de salitre y una parte de lechuga. Medio siglo más tarde el texto Zhenyuan miaodao yaolüe reúne treinta y cuatro recetas de mezclas y elixires que podían causar daño.
De estos, tres mencionan el salitre como ingrediente. Y no solo eso, sino que advierte de una especialmente peligrosa: “algunos han calentado juntos azufre, realgar [un sulfuro de azufre de color rojo] y salitre con miel; se produce humo (y llamas), de modo que se han quemado las manos y la cara, e incluso se ha quemado toda la casa”. Estamos ante una forma poco potente de pólvora donde la miel se usa como fuente de carbono. Los alquimistas chinos bautizaron este compuesto explosivos como ‘medicina para el fuego’, que es el mismo término que usan para referirse a la pólvora en la China actual.
No se puede guardar secretos
Empleada inicialmente para divertimento de la corte como fuegos de artificio, no tardaron mucho en darse cuenta del valor militar de semejante descubrimiento. En 904 se usaron flechas incendiarias cubiertas de pólvora en el sitio de una ciudad, y de ahí empezaron a aparecer una gran variedad de armas: en 1044 un compendio de armamento militar, Wujing Zongyao, enuncia detalladamente tres fórmulas magistrales para preparar pólvora, que contienen una media de 13 ingredientes. Y no solo eso sino que también enumera sus usos: como flechas incendiarias, bombas, proyectiles y todo tipo de granadas. Los nombres que tiene son, cuando menos, pintorescos: ‘palo volador incendiario para subyugar demonios’, ‘bomba imparable de fuego intenso del cielo ardiente’.
Como siempre sucede cuando se tiene una ventaja estratégica, los emperadores chinos se esforzaron mucho para que este conocimiento no saliera de sus fronteras, declarando secreto de estado la producción de pólvora junto con la práctica de la astronomía (pues interpretar los ‘signos’ del cielo era conocer el futuro del emperador). Pero un secreto no puede guardarse para siempre, y la fórmula de la pólvora acabó llegando al mundo musulmán hacia 1240 y de ahí saltó a Europa, donde encontramos referencia a la pólvora en el Opus Maius del filósofo inglés Roger Bacon en 1267. Desde ese momento este polvo negro dominó los campos de batalla del mundo hasta la invención del algodón explosivo y la nitroglicerina.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó este jueves al régimen de Nicolás Maduro de violar “sistemáticamente” los derechos humanos para, entre otras razones, “desalentar la participación política” en el país, que celebrará elecciones presidenciales el próximo 28 de julio.
“El Estado ha violado sistemáticamente los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión, para facilitar la concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo, desalentar la participación política y minar la independencia de las instituciones”, según indica el capítulo referente a Venezuela del informe anual de la CIDH, correspondiente a 2023.
A juicio de la comisión, las sanciones de inhabilitación para ejercer cargos públicos, entre las que mencionó la que pesa sobre la ex diputada María Corina Machado —ganadora de las primarias antichavistas de octubre— han sido aplicadas “de manera desproporcionada contra personas de la oposición”, lo que “viola estándares interamericanos en relación con los derechos políticos”.
En el documento, el órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aseguró que “el deterioro institucional y la falta de independencia del Poder Judicial ha permitido que, en el país, se instale un clima de impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos”.
En este sentido, aseguró que “ni el Ministerio Público, ni la Defensoría del Pueblo ni el Poder Judicial han actuado con debida diligencia para investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones”, lo que —sostuvo— se debe a la “falta de independencia de estas instituciones frente al Gobierno”.
Por tanto, la comisión instó al régimen de Maduro a “restablecer el orden constitucional, garantizando la independencia y equilibrio de poderes, la participación política sin cualquier tipo de represión o discriminación de toda la población y el efectivo control ciudadano sobre la actuación de los distintos poderes del Estado”.
Además, pidió “dejar sin efecto las medidas administrativas que restrinjan derechos políticos”.
Para estas y otras recomendaciones, ofreció colaborar con el Estado venezolano, y reafirmó su disposición a visitar el país caribeño.
La CIDH forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del que se salió el régimen chavista.
En marzo, la comisión hizo un llamado a la comunidad internacional para que presione a Caracas para la celebración de unas presidenciales justas y competitivas, en las que el actual jefe de Estado, Nicolás Maduro, buscará su segunda reelección.
Lilian Romero, fundadora y directora de Asotránsito, explicó que es la primera vez que se utiliza en Venezuela una plataforma digital para el registro de multas de tránsito, ya que anteriormente se podía revisar si se tenían multas en el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT).
Aseguró que esta iniciativa funcionará a través de una aplicación que tendrán los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con o sin internet en sus teléfonos.
Romero indicó que en la aplicación, el funcionario podrá tomarle foto a la placa, se tomarán evidencias de que se está violando la ley y a la persona se le pedirá su correo electrónico y datos.
Destacó que en la aplicación saldrá desglosado el artículo que el usuario está violando.
También señaló que en Bolivia, Argentina y Chile se utiliza un modelo similar, aunque en el país, la evidencia probatoria en cierto casos será difícil de tomar.
“Cuando vas a exceso de velocidad, es muy difícil saberlo con fotografías, para eso se necesitará otro tipo de tecnología” añadió.
La fundadora de Asotránsito resaltó que esta nueva aplicación permitiría tener un registro nacional de los vehículos que tienen multas, insistiendo en que en Venezuela no había comunicación entre estados o municipios sobre los infractores.
Recalcó que con la aplicación se tienen tres días para apelar a la multa, si el funcionario toma la foto, el usuario tendrá que pagarlo en los próximos 30 días o cobrará intereses.
“También están verificando los certificados médicos viales falsos“, acotó.
Informó que las infracciones más comunes son omitir la luz roja, acelerar en amarillo, no utilizar el cinturón de seguridad y el uso del teléfono mientras se maneja.
“Los municipios cobrarán los impuestos de estas multas de acuerdo con el valor de la moneda. Si se rigen por el INTT, la mayor multa es de 10 unidades tributarias”, agregó
George Soros y sus acólitos de extrema izquierda están pagando a agitadores que están alimentando la explosión de protestas radicales antiisraelíes en universidades de todo el país.
Las protestas, que comenzaron cuando los estudiantes tomaron el césped del campus Morningside de la Universidad de Columbia la semana pasada, se han multiplicado en todo el país.
Se han instalado tiendas de campaña imitadoras en universidades como Harvard , Yale, Berkeley en California, la Universidad Estatal de Ohio y Emory en Georgia, todas ellas organizadas por ramas de los Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP), financiados por Soros, y en algunos , los estudiantes se enfrentaron con la policía.
La organización matriz del SJP ha sido financiada por una red de organizaciones sin fines de lucro financiadas en última instancia, entre otros, por Soros, el inversionista multimillonario de izquierda.
En tres universidades, las protestas están siendo alentadas por radicales pagados que son “compañeros” de un grupo financiado por Soros llamado Campaña Estadounidense por los Derechos de los Palestinos (USCPR).
USCPR proporciona hasta 7.800 dólares a sus becarios comunitarios y entre 2.880 y 3.660 dólares a sus “becarios” universitarios a cambio de dedicar ocho horas a la semana a organizar “campañas dirigidas por organizaciones palestinas”. Están entrenados para “levantarse, hacer la revolución”.
El grupo radical recibió al menos 300.000 dólares de la Open Society Foundations de Soros desde 2017 y también recibió 355.000 dólares del Fondo de los Hermanos Rockefeller desde 2019.
Tiene tres “compañeros” que han sido figuras importantes en el movimiento de protesta a nivel nacional.
Nidaa Lafi, ex presidenta de los Estudiantes por la Justicia en Palestina de la Universidad de Texas, fue vista en un campamento en UT Dallas el miércoles pronunciando un discurso exigiendo el fin de la guerra en Gaza .
Lafi, ex pasante legislativo del difunto congresista demócrata Eddie Bernice Johnson, se graduó de la escuela el año pasado con un título en negocios globales y ahora es estudiante de derecho en la Southern Medthodist University en Dallas.
En enero, fue detenida por bloquear la ruta de la caravana del presidente Biden después de su llegada a Dallas para el funeral de Johnson, su exjefe.
En Yale, Craig Birckhead-Morton, compañero de USCPR, fue arrestado el lunes y acusado de allanamiento de morada en primer grado cuando la filial del SJP, Yalies4Palestine, ocupó la plaza Beinecke de la escuela, informó el Yale Daily News.
Birckhead-Morton, también ex pasante de un representante demócrata de Maryland. John Sarbanes: salió de la custodia para abordar una sentada que bloqueaba el tráfico en New Haven.
El más destacado de los becarios es Malak Afaneh, de Berkeley, copresidente de los Estudiantes de Derecho de Berkeley por la Justicia en Palestina.
Ella ha sido una oradora en serie en una protesta antiisraelí en el campus esta semana, que se produjo después de que saltó a la fama al secuestrar una cena en la casa del decano de la facultad de derecho para gritar consignas antiisraelíes y luego acusó a la esposa del decano de agredirla. cuando le pidió al radical que se fuera.
El dinero en efectivo de Soros y sus acólitos ha sido fundamental para las protestas de Columbia que desencadenaron las manifestaciones nacionales de imitación.
Tres grupos instalaron la ciudad de tiendas de campaña en el césped de Columbia el miércoles pasado: Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP), Voz Judía por la Paz (JVP) y Within Our Lifetime.
En el “Campamento de Solidaridad con Gaza”, los estudiantes duermen en tiendas de campaña aparentemente encargadas en Amazon y disfrutan de pizza a domicilio, café de Dunkin’ , sándwiches gratis por valor de 12,50 dólares de Pret a Manger, chips de tortilla orgánicos y pollos asados de 10 dólares.
Un análisis de The Post muestra que los tres obtuvieron dinero en efectivo de grupos vinculados a los Soros. El Fondo de los Hermanos Rockefeller también entregó dinero en efectivo a JVP.
El fondo está presidido por David Rockefeller Jr., miembro de cuarta generación de la dinastía petrolera, y aporta dinero para el “desarrollo sostenible” y la “construcción de la paz”.
Y una ex banquera de Wall Street, Felice Gelman, una banquera de inversiones jubilada que ha dedicado su fortuna en Wall Street a causas pro palestinas, financió los tres grupos.
Tanto el SJP como el JVP fueron expulsados de la Universidad de Columbia en noviembre por “retórica amenazante e intimidación”. JVP culpó a Israel por el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre que dejó 1.200 israelíes muertos.
«El apartheid y la ocupación israelíes -y la complicidad de Estados Unidos en esa opresión- son la fuente de toda esta violencia», dijo JVP en un comunicado en su sitio web.
El SJP calificó el ataque terrorista contra Israel como “una victoria histórica”.
Un análisis de The Post muestra cómo el dinero de Soros y Gelman llegó a los estudiantes a través de una red de organizaciones sin fines de lucro que ayudan a ocultar sus contribuciones.
Soros ha donado miles de millones a las Open Society Foundations que ahora controla su hijo Alexander, cuyo socio es Huma Abedin, la principal colaboradora de Hillary Clinton y esposa separada del pervertido Anthony Weiner.
A su vez, Open Society ha donado más de 20 millones de dólares a la Fundación Tides, un “patrocinador fiscal” progresista sin fines de lucro que luego envía el dinero en efectivo a grupos más pequeños.
Esos grupos incluyen A Jewish Voice for Peace, que entre 2017 y 2022 recibió 650.000 dólares de la Open Society de Soros. Entre sus asesores se encuentran el académico Noam Chomsky y la autora feminista de izquierda Naomi Klein.
JVP ha sido una parte destacada de las protestas en Columbia y uno de sus estudiantes miembros estuvo entre un grupo expulsado de la universidad por invitar al líder de un grupo terrorista proscrito, Khaled, a la reunión Zoom “Resistencia 101”.
Soros también ha donado 132.000 dólares a WESPAC, denominada en su totalidad Fundación de la Coalición de Acción Popular de Westchester.
La organización sin fines de lucro con sede en White Plains fue fundada en 1974 para movilizarse a favor de los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam, pero ahora es un importante financiador de grupos antiisraelíes, incluidos Within Our Lifetime y Students for Justice in Palestina.
SJP también recibió financiación de la Sparkplug Foundation, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York dirigida por Gelman y su esposo Yoram Gelman.
La pareja canalizó su donación de 20.000 dólares al grupo a través de WESPAC en 2022, según documentos públicos.
Gelman estuvo anteriormente en el comité de Justicia y Paz en Medio Oriente de WESPAC en 2009 cuando fue invitada a Gaza por la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas, según el sitio web del grupo.
El grupo de la ONU ha sido criticado por su apoyo a Hamás .
Gelman forma parte de la junta directiva del Bard Lifetime Learning Institute, una rama de la infame universidad progresista, así como del Jenin Freedom Theatre, ubicado en el campo de refugiados de Jenin en Cisjordania.
El presidente de WESPAC, Howard Horowitz, un ex judío ortodoxo, es miembro del capítulo de Nueva York de JVP, que dice que trabaja para «la defensa y la educación pública de los derechos humanos palestinos».
Horowitz dijo que abrazó la causa palestina después de pasar un tiempo viviendo en Israel, según un informe del Israel Times.
WESPAC también ha donado dinero a Within Our Lifetime, fundada por el omnipresente manifestante antiisraelí Nerdeen Kiswani .
Within our Lifetime utiliza un vacío legal para evitar declarar cuánto recibe de los donantes al no ser una organización sin fines de lucro 501(c)(3), lo que significa que se desconoce cómo se ha beneficiado Kiswani. Sin embargo, WESPAC es nombrado patrocinador fiscal de Within Our Lifetime.
Ninguno de los grupos respondió a las solicitudes de comentarios del Post.
Humza Yousaf está cerca de ser DESPEDIDO como primer ministro escocés tras una revuelta en el parlamento escocés.
Los políticos del Partido Verde dijeron que votarán contra Yousaf en una moción de censura parlamentaria.
La medida para derrocar al político se produce después de que el jueves rescindiera un acuerdo de coalición con el Partido Verde diciendo que la decisión tendrá “efecto inmediato”.
Los diputados del Partido Verde estaban indignados por su decisión y prometieron votar en su contra en una moción de censura.
El Primer Ministro ha estado bajo un gran escrutinio en las últimas semanas, especialmente desde que su nueva ley sobre Incitación al Odio entró en vigor el 1 de abril, lo que dio lugar a que se presentaran miles de denuncias policiales en su contra.
Miles de personas llamaron a la policía para denunciar el racismo y el discurso de odio por el discurso viral de Yousaf, en el que despotricó de que Escocia estaba llena de gente «blanca».
«Tenemos que llegar a todos los hogares. No nos conformamos con que el 80% quiera un cambio. Yo quiero unir al 100% de los venezolanos», proclamó María Corina Machado durante la noche de este jueves 25 de abril en Guanarito, estado Portuguesa.
Ante miles de seguidores que esperaron a la líder venezolana, quienes pudieron dar sus testimonios de la grave situación que les aqueja personalmente, Machado iluminó todo Guanarito.
¡DESBORDADO! Guanarito está clarísimo y listo para salir a arrasar el #28Jul.
«¡Hoy encendimos todas las luces! Guanarito está en la calle con María Corina», tuiteó la cuenta oficial de Vente Venezuela con un grupo de fotos del magnífico momento.
«¡DESBORDADO GUANARITO! Tenemos fecha, tenemos tarjeta y tenemos candidato: un hombre honorable en quien podemos confiar, Edmundo González. El 28 de julio vamos por la Libertad!», tuiteó Machado después de la actividad
¡DESBORDADO GUANARITO!
Tenemos fecha, tenemos tarjeta y tenemos candidato: un hombre honorable en quien podemos confiar, @EdmundoGU.
“Yo era chavista y me cansé. Estoy demasiado arrecho y voy a estar con usted hasta el final porque yo quiero que mi hija que se fue a Estados Unidos vuelva a mi patria”.
Tiene 16 años, es madre y culpa al régimen de Maduro por la separación de su familia y la falta de clases.
“Este gobierno no sirve para nada. Hoy en día dan clases tres veces a la semana y a veces no dan clases porque no hay agua, no hay luz, no hay insumos en las casas de… pic.twitter.com/Mh1cUKLQjK
“Todos los días lloro”. El testimonio de una maestra de #Portuguesa indignada por las fallas educativas y el deterioro del país. pic.twitter.com/MflUAcEgyI
La presidente del partido Encuentro Ciudadano Delsa Solórzano, aseguró a los productores del campo del Municipio Unda del estado Portuguesa, que el cambio ocurrirá de la mano de la unidad y de María Corina Machado.
Nota de prensa
Solórzano, que este jueves acompaña a Machado en una gira por las poblaciones de Chabasquén y Guanarito, aseguró que lo se está viendo en las calles de Venezuela es maravilloso.
«Lo que está ocurriendo no es más que el reflejo de la esperanza de una nación que hoy sabe que el cambio político urge y ocurrirá el 28 de julio, votando en la tarjeta de la manito por Edmundo González Urrutia” puntualizó.
Dijo que desde la unidad, junto a Machado, «no solo se está generando confianza en cada venezolano sino además se promueve el voto y la ruta electoral».
Reiteró que Edmundo González, con el apoyo de María Corina y de todos los venezolanos, logrará el cambio el próximo #28Jul.
Mientras el país y buena parte del mundo tienen sus ojos puestos en los obstáculos que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha puesto para aceptar algunas candidaturas opositoras, otra fase del cronograma para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio se desarrolla con no pocos problemas. Se trata del proceso de inscripción y actualización del registro electoral (RE).
Desde el 18 de marzo, los venezolanos que han cumplido la mayoría de edad o están por cumplirla antes de la fecha prevista para los comicios pueden registrarse en el padrón, mientras que aquellos que ya figuran en él pueden solicitar su cambio de centro de votación.
Sin embargo, en esta fase crucial se han registrado al menos cuatro fallas que amenazan no solo con afectar el derecho constitucional de millones de venezolanos a elegir, sino también la transparencia y confiabilidad de los comicios.
1. Entre la desinformación y los bandazos
El CNE informó que a partir del 18 de marzo y hasta el próximo 16 de abril realizará la «jornada especial de inscripción y actualización del Registro Electoral»; y para ello activó 315 puntos donde se recibirán «las solicitudes de inscripción y actualización de datos de la ciudadanía convocada a participar en los próximos comicios». Así lo informó el árbitro electoral en un comunicado de prensa.
La ubicación de los puntos fue revelada por el organismo comicial el mismo día que se inició el proceso, una improvisación que generó zozobra e impidió desde el inicio aprovechar al máximo el escaso tiempo para incorporar nuevos votantes.
Por si fuera poco, organizaciones como Voto Joven denunciaron que al menos 21 de estos centros han sido trasladados en los últimos días a otras zonas, sin notificación previa.
Precisamente para ayudar a los ciudadanos ubicar los puntos de inscripción más cercanos, la plataforma Toma El Control lanzó un buscador por internet que permite a los electores encontrarlos fácilmente. El CNE, por su parte, se ha limitado a publicar una lista de seis páginas de extensión con las direcciones de los puntos.
2. Menos lugares, recursos y tiempo
Los 315 puntos que el árbitro electoral ha instalado para este proceso contrastan con los 531 que activó para las cuestionadas presidenciales de 2018, o los 1.558 que funcionaron para las parlamentarias de 2015.
En el estado Zulia, la circunscripción electoral más grande del país, se habilitaron solo 26 puntos fijos, y es la entidad que más tiene. En segundo lugar se ubicó el estado Miranda con 24 puntos y en tercero está el Distrito Capital, donde funcionan 22.
En el otro extremo, a los estados Amazonas y Delta Amacuro solo se le asignaron cuatro y dos centros, respectivamente; ambos ubicados en sus capitales (Tucupita y Puerto Ayacucho). Esto a pesar de su gran extensión territorial y accidentes geográficos que dificultan la movilización de sus habitantes.
Asimismo, el plazo de poco más de un mes dado para recibir nuevas inscripciones o realizar cambios de centros de votación es insuficiente para permitir el registro de las más de 3 millones de personas que han cumplido o están por cumplir los 18 años, según cálculos de la organización Voto Joven. Para las parlamentarias de 2015 el plazo fue de poco más de 5 meses.
Como si lo anterior no fuera suficiente, el CNE apenas ha dispuesto de una computadora y de una máquina captahuellas en algunos centros, tal y como denunció el dirigente político Roberto Patiño, quien puso como ejemplo el caso del punto de Plaza Venezuela. La falta de equipos, así como los retrasos en la apertura de los centros por falta de personal, explican por qué en algunos de ellos se han registrado filas de varias horas para poder cumplir con el trámite.
Además, se ha denunciado que los comprobantes de inscripción o actualización en el padrón electoral emitidos en algunos puntos presentan fechas erradas, lo cual hace temer que dichas incorporaciones o ajustes no sean registrados efectivamente para la fecha de la elección presidencial.
3. Sin internet ni luz
La crisis de servicios públicos que atraviesa Venezuela también atenta contra el derecho de los ciudadanos a elegir y a participar en los asuntos públicos. Prueba de ello fue lo ocurrido en el estado Táchira el 18 y 19 de marzo, cuando las fallas en el servicio eléctrico y de internet impidieron a decenas de personas que aguardaban desde tempranas horas ante la sede de la oficina regional del CNE en San Cristóbal poder inscribirse o actualizar sus datos en el RE.
Una situación similar se registró en otros municipios de la entidad andina, de acuerdo con la información registrada por medios locales.
El concejal Jesús Márquez denunció que los empleados del CNE que se instalaron en el municipio Jauregui le informaron que no pudieron realizar ningún trámite durante un día completo debido a que utilizan conexión de Internet móvil de Movilnet y esta operadora no tiene señal en la zona.
4. Electores de primera y de segunda
Problemas aún peores enfrentan los venezolanos que residen en el extranjero y que desean participar en los comicios. Una revisión realizada por Acceso a la Justicia de noticias de medios de comunicación y redes sociales permitió detectar que hasta el 19 de marzo unas 20 embajadas y consulados venezolanos en distintos países de América Latina y Europa no contaban con los equipos necesarios para poder realizar las inscripciones de nuevos electores o actualizaciones.
No obstante, el obstáculo mayor para la diáspora venezolana se encuentra en la Ley Orgánica de Procesos Electoral (Lopre), que en su artículo 124 exige que los venezolanos que están en el extranjero demuestren que «poseen residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela», a fin de registrarse para sufragar.
El mismo texto, sin embargo, solo les exige a los venezolanos que están en el país poseer la cédula laminada, vigente o vencida, para inscribirse en el padrón (artículo 29).
El requisito adicional se antoja como una violación a lo previsto en el artículo 21 de la Constitución, que proscribe cualquier tipo de discriminación que persiga «menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona».
La disposición, en la práctica, deja en manos de autoridades extranjeras la decisión de permitirle a un venezolano poder ejercer su soberanía a través del sufragio.
A esto se añade que el CNE ha impuesto requisitos adicionales a los del país de residencia para que la persona pueda registrarse, lo que contraviene la propia Lopre e incluso la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que en la sentencia n.º 50 de la Sala Electoral del 28 de marzo de 2012 estableció que «la legalidad de dicho estatus migratorio únicamente la pueden certificar los órganos competentes del país donde resida, en aplicación de su ordenamiento jurídico interno en materia migratoria».
Queda así muy claro que, por lo menos conforme a la Lopre, el CNE no puede imponer un estatus de residencia distinto al del país donde vive la persona, como en cambio lo ha estado haciendo.
En este sentido, la ONG Alerta Venezuela denunció:
«El CNE ha decidido violar su propia ley inconstitucional mediante la activación de un instructivo (que no ha sido publicado) que omite la segunda parte del artículo 124 de la LOPE, disponiendo que “sólo podrán sufragar en el exterior los electores que posean residencia”. Seguidamente especifica que esa residencia debe ser “permanente”, y que “la vigencia de ese documento debe ser de por lo menos 3 años a la fecha actual y debe haberse expedido con un año de antelación mínimo”. No queda claro respecto de cuál fecha se computa ese año de expedición y los tres años de vigencia que debe tener la residencia, pero todo parece indicar que una persona con visa permanente aprobada en abril de 2023 no tiene derecho al registro y, por tanto, al voto. El universo de personas con “residencia permanente” y con un documento de esas características es insignificante en relación con los 4,8 millones de electores potenciales». (Paréntesis nuestro).
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El escaso número de centros de inscripción, los pocos recursos con los que cuentan y el breve lapso que estarán operando, así como los requisitos adicionales impuestos a los millones de venezolanos que residen fuera del país, dejan en claro que la intención de las autoridades electorales no es garantizar la mayor participación posible en los próximos comicios presidenciales. Por el contrario, todo parece indicar que el objetivo es desalentar la participación.
Las fallas que aquejan al proceso de actualización del RE no deben sorprender, pues eran de esperar en virtud de lo atropellado de la convocatoria de los comicios.
Al menos cuatro firmas se atribuyen tener los contactos en el gobierno y en la gerencia petrolera para agilizar los envíos de combustibles. Una de ellas estaría relacionada con “Nicolasito” Maduro Guerra, el hijo del Presidente.
A mafias muertas o “detenidas” en Pdvsa, mafias puestas. En el mundo petrolero se han percatado que, luego que Tareck El Aissami fue defenestrado por pérdida de $22 mil millones, ahora se enfrentan a estafadores, bajo el amparo de gerentes de Pdvsa, y a un grupo que se considera “dueño del petróleo venezolano” y, por ende, hay que negociar con ellos, desde un contrato, comisiones y la participación en las operaciones en la estatal venezolana.
En el primer caso, se trata de la nueva modalidad de corrupción en Pdvsa, en la cual, a las empresas se les quita un adelanto sin que, al final, reciban los barriles acordados en contratos, como quedó en evidencia en la investigación se publicó La Razón, el 2 de abril: https://larazon.net/2024/04/corrupcion-en-pdvsa-cobran-por-adelantado-y-barcos-no-entregan-los-barriles/
El expediente mencionado conllevó al segundo caso: a las empresas nuevas, nacidas al calor de la “revolución bolivariana”, y que operan como mamparas o de “maletín”, debido a la inexistencia legal en el sistema de registro de Venezuela.
La clave es que tienen como “jefes máximos” a jerarcas del gobierno, entre ellos altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se amparan en testaferros para no asumir la responsabilidad, en caso de que salga a la opinión pública la nueva trama o presión que ejercen al seno de la Pdvsa para varios objetivos: Uno, tener los mejores contratos; es decir, aquellos de mayor cuantías y que, en consecuencia, generen más comisiones; y dos, garantizarse que los buques contratados puedan surtirse en los muelles de Jose, en el estado Anzoátegui, o en el complejo Paraguaná, en Falcón, explican trabajadores consultados.
Grupo de maletín
Las bitácoras o órdenes de envíos, por ejemplo, a China y Cuba determinan cuáles son las compañías más favorecidas en la industria nacional petrolera: Trident United LTD; Consulting & Services Associate; Vencuris; y Horizontal Global, entre otras.
Trident United recibe despachos de petróleo, desde 2008, según memorando de entrega de la DGMI, Dirección General de Mercado Interno de Pdvsa, hechos en el complejo Amuay.
Por citar uno: Entre el 29 de junio y 3 de julio de 2023, bajo el contrato No.370278, T.U Ltd cargó 6 millones de barriles de crudo y aceite que llevó a Asia, según ficha DECS-DGMI-FOR 003, como se identifica a la Dirección Ejecutiva de Comercio y Suministro, a la Dirección General de Mercado Interno de Pdvsa, y FOR, fuel oil residual. Sin embargo, al indagar sobre su identidad no figura en el Registro Nacional de Contratistas del Estado y la única información pública, corresponde a su página web, que obvia datos importantes, como dirección de oficinas en Caracas; quiénes son sus directivos; sus teléfonos; y la única forma de contactarlos es a través de un correo electrónico: info@tridentunitedltd.com
¿El problema? Al enviar un cuestionario sobre las denuncias acá expuestas, éste rebotó. “No se ha encontrado la dirección. Tu mensaje no se ha entregado a info@tridentunitedltd.com porque no se ha encontrado la dirección o esta no puede recibir correo. Esta es la respuesta del servidor remoto: Error 550. Aquí no existe tal usuario”.
Al indagar más, se determinó que la página web fue creada en 2022.
En Pdvsa, atribuyen esta opacidad a que el verdadero dueño, directivo o “inversor” es Nicolás Maduro Guerra; el hijo único del “presidente” Nicolás Maduro, y quien -a través de testaferros- envía mensajes a los gerentes para que la firma reciba el mejor trato y, por tanto, se le distribuye la carga de combustibles a sus barcos.
En la página oficial, Trident United se define así: “Tu socio estratégico internacional”, pero lo curioso es que su campo de acción es ilimitado, pues se dedica a diversas actividades; desde importación de plásticos, ganadería, alimentos y recursos naturales, como metales y minerales. En el primero, ubican el acero, el cobre y el aluminio; y, en el otro, al petróleo y sus derivados (bitumen, gasolina, asfalto y petróleo crudo).
Trident United ofrece “gestión de proyectos” en aquellos “países de acceso restringido”; es decir, que estén sancionados por EEUU como Venezuela, lo cual abre el abanico de opciones a un sinfín de negocios, como se describe en la web oficial del grupo.
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