La abogada defensora de Derechos Humanos. Directora Ejecutiva de Casla Institute, Tamara Suju, explica algunos tips y consideraciones sobre la Oficina Técnica de la Corte Penal Internacional en Caracas.
Acá van algunas aclaraciones.
- Sí, habrá oficina en Caracas. Pero no es una oficina de la CPI sino de la fiscalía de la CPI. La diferencia es importante por su alcance y acción.
- Sí, Venezuela es objeto de una investigación de la CPI por crímenes de lesa humanidad. No violaciones de derechos humanos sino crímenes de lesa humanidad, que son sistemáticos y generalizados. Es el primer país en América que ha llegado a este punto.
- No. La investigación no está suspendida ni tampoco está esperando a que el Estado venezolano investigue por su cuenta. Ya fue demostrado que no lo hace y la propia CPI ordenó que siguiera la investigación.
- No. El Estado no asegura que está investigando lo ocurrido. Ocurre todo lo contrario, la narrativa del Estado es que no hubo crímenes de lesa humanidad. Al negarlos, demuestra que no hace su trabajo y eso activa a la Corte.
- Ahora viene lo complejo: la investigación de los posibles crímenes es un trabajo que sigue y se hará desde La Haya. Allí la oficina del Fiscal trabaja procesando todo lo que tienen para poder establecer los «casos» con los que harán su acusación. Recuerden que la CPI no juzga países sino personas concretas y establecer las responsabilidad de alguien en crímenes contra la humanidad exige mayores niveles de comprobación. Deben buscar los casos que puedan sustentar mejor. Mientras tanto, la Oficina en Caracas sirve para la «cooperación técnica» con el Estado venezolano, para ayudarlo a revisar y reformar su aparato de justicia. Es decir, es una oficina que servirá para ayudar a Venezuela a cambiar su legislación y su aparato de justicia. Eso es un proceso de muchos años y es independiente a las investigaciones sobre las cosas que ya ocurrieron. En esa Oficina no van a atender víctimas ni recibir casos ni nada que ponga en riesgo a la gente.
- Más bien es una forma novedosa, por lo tanto aún confusa y con mucha incertidumbre, de poder tener interlocución y puentes con el Estado venezolano y hacer «complementariedad dinámica», que es una forma de cooperar con la mejora del Estado a largo plazo, independientemente de quiénes sean las autoridades.
- La idea acá es que el Estado no se cierre ni bloquee las acciones de La Haya, como han hecho otros países donde los posibles perpetradores aún están en el poder.
- Esta oficina no retrasaría la investigación en La Haya ni debería ser engañada por cuentos locales ni estrategias de falsa cooperación. Por el contrario: como estarán en Venezuela y se manejan con estándares técnicos claros, los más firmes del planeta, podrán confirmar en el terreno que muchas cosas se hacen mal. Pero independientemente de eso, deben ayudar a monitorear y recomendar mejores prácticas.
- Último punto y muy importante: debemos exigir que todos los acuerdos suscritos entre la CPI y Venezuela sean públicos, incluido el Plan de Acción anunciado este 22 de abril. En Colombia y otros países lo son. En Venezuela, el gobierno ha exigido que no se publiquen.
