Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

El régimen de Nicolás Maduro detuvo este martes al dirigente opositor Juan Freites, según informó el Comité de Derechos Humanos del partido opositor Vente Venezuela, de la candidata presidencial María Corina Machado.

Infobae

“Alerta. El régimen detiene a Juan Freites (@juanfreites), coordinador estadal de @VenteVargas y jefe del Comando de Campaña”, indicó DDHH Vente Venezuela su cuenta en la red social X, antes Twitter.

Y agregó: “Funcionarios llegaron a su casa en Vargas y se lo llevaron a la fuerza este 23 de enero. ¡Basta de persecución política!”.

Testigos indicaron que el político, que este martes tenía un evento en Caracas junto a María Corina Machado, fue detenido aparentemente por miembros de la DGCIM (la Dirección General de Contrainteligencia Militar).

Lo subieron a una camioneta y se lo llevaron con destino desconocido hasta el momento, informó desde el lugar de los hechos la cuenta Pitazo Vargas, replicada por Vente Venezuela.

Este hecho sucede luego de que Machado calificara el lunes como “tramas surrealistas y delirantes” los planes conspirativos denunciados por la Fiscalía, que incluían el asesinato del dictador Nicolás Maduro y asaltos a instalaciones militares.

En su cuenta en X, la candidata, sobre la que pesa una inhabilitación para ejercer cargos de elección popular, tildó a Maduro -en el cargo desde 2013- de “represor” y aseguró que el líder chavista usa los “fusiles y las sentencias” como herramienta política ante la falta de apoyo.

“Maduro es un candidato represor y el país lo tiene retratado en lo que es y eso se llama cobardía pura y dura, porque sabe que no tiene gente, entonces apela a los fusiles y a las sentencias”, expresó la ex diputada.

Agregó que la sociedad venezolana “ha perdido el miedo” y lo demostró con su participación en las primarias opositoras del 22 de octubre, en las que ella obtuvo la victoria con el 93,13% de los 2,5 millones de votos registrados.

La candidata presidencial de la Plataforma Unitaria, María Corina Machado se concentró junto a los venezolanos en la Plaza Altamira este martes para conmemorar los 66 años de aquel 23 de enero de 1958, convirtiéndose en el suceso que marcó el inicio de la democracia en Venezuela.

LaPatilla

Pasadas las 11 de la mañana, María Corina Machado hizo acto de presencia en la concentración y comenzó su discurso agradeciendo a los venezolanos que luchan por la democracia del país ante los atropellos de la administración de Nicolás Maduro.

Asimismo, la candidata presidencial manifestó que “nadie nos saca de esta ruta electoral que es en la que vamos a avanzar y con la que vamos a desalojar a esta tiranía, quiera o no quiera, el pueblo de Venezuela lo vamos a obligar a medirse”.

En este sentido, reiteró “nos encontramos en nuestro país llevando esta gesta y vamos juntos hasta el final. Lo que ya arrancó nada ni nadie lo va a parar”.

“Estamos listos para hacer lo que nos corresponde hacer por nuestro país. En este largo desierto muchos se cansan y entregan, pero Dios va abriendo los caminos y vamos de la mano de Dios” agregó.

«El chavismo tiene miedo porque sabe que sus bases están aquí con nosotros. Quiera o no Nicolás Maduro, vamos a obligarlo a medirse, así que ponga fecha…», dijo Machado.

«Maduro habla mucho de elecciones, pero le tiene terror a las #elecciones porque saben que no tienen votos, y se esconden detrás de la amenaza, de la persecución, de la mentira», puntualizó la candidata.

La corrupción, deficiencias en el sistema educativo, la inseguridad, el desempleo y la pobreza son las principales preocupaciones de los panameños camino a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 5 de mayo.

Por: Milagros Valecillos – La Voz de América

De acuerdo a los analistas, las protestas de 2023 despertaron a una población que paralizó el país en rechazo no solo al contrato minero concedido a una empresa canadiense, sino también a la corrupción de la actual administración de gobierno.

Recientemente, el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá CIEPS publicó su tercera encuesta de Ciudadanía y Derechos que señala que de manera consecutiva aparece la corrupción como el problema más reconocido, con un 22,3 %.

La educación y la inseguridad ocupan el segundo y tercer lugar, con 16,3 % y 15,7 % respectivamente, mientras que el desempleo pasó del segundo al cuarto puesto luego de caer casi 6 puntos (12,7 %).

La pobreza es el quinto problema más señalado por los panameños (8,8 %), con casi el mismo porcentaje que en ediciones anteriores, a la vez que la desigualdad desciende cerca de 4 puntos (8,5 %) y también pierde relevancia al pasar de un cuarto lugar en 2022 a un sexto lugar en 2023.

Para Olga De Obaldía, directora de Transparencia Internacional capítulo de Panamá, es claro el nivel de descontento de los ciudadanos que exigen un cambio radical en la conducción del país, ante los reiterados actos de corrupción en la administración pública.

“Panamá lleva 12 años de ser medido en sus niveles de corrupción, y en este tiempo refleja un estancamiento en su lucha efectiva contra la corrupción y la promoción de la transparencia”, advirtió De Obaldía.

Panamá ocupa la posición 101 de 180 países dentro del ranking global del Índice de la Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional.

Por otro lado, un 76,2 % de los encuestados considera que la situación de la economía panameña es mala o muy mala. Este dato es un indicador importante de que el crecimiento económico aún no llega a las mayorías, afirma el CIEPS.

En la encuesta, se destaca el crecimiento económico sostenido de Panamá, que ha sido una historia de éxito que ha captado la atención de inversionistas en todo el mundo, con tasas de crecimiento del PIB que generalmente han superado el 5 % desde el año 2000.

Panamá ha logrado un ascenso económico significativo, sin embargo esta bonanza no ha llegado a toda la sociedad.

Los datos recopilados por la CEPAL en 2023 muestran que, alrededor del 15,6 % de los panameños vive en situación de pobreza, una cifra que, aunque en descenso, resulta preocupante.

Carlos Lee, abogado, docente universitario y activista de organizaciones que promueven una cultura democrática, sostiene que la gran mayoría de los panameños ha desmejorado su condición de vida, y su principal preocupación es saber si habrá alguna mejoría que les garantice un trabajo digno para satisfacer sus necesidades básicas.

“Los jóvenes han tenido que regresar a casa de sus padres, ya que no pueden cubrir los gastos de vivienda y alimentación, porque han perdido su empleo o porque les han desmejorado sus salarios”, afirmó.

Otro tema que destaca en la encuesta es el medio ambiente, un 64,8 % de los panameños considera que “hay que darle prioridad al medio ambiente, sin importar sus consecuencias negativas sobre el crecimiento económico”.

Esta realidad se reflejó en la lucha de los panameños por la eliminación del contrato minero con la empresa canadiense First Quantum Minerals que explotaba la mina de cobre más grande de la región, hasta el 28 de noviembre pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional esa concesión que aportaba al país el 4,8 % del PIB.

Sobre el tema político, más del 60 % de los encuestados manifiesta sentimientos negativos, como desconfianza, indiferencia, aburrimiento o enojo, y la mayoría no se identifica ni con los partidos políticos ni con figuras independientes.

En mayo, serán elegidos el presidente y vicepresidente; 20 diputados del Parlamento Centroamericano; 71 diputados de la Asamblea Nacional; 81 alcaldes; 11 concejales y 701 representantes de corregimiento para el período constitucional del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.

Las organizaciones de la sociedad civil esperan que la población vote a conciencia, y que las próximas elecciones se conviertan en un duro golpe a la corrupción que ha flagelado por décadas a Panamá.

La Ciudad de la Salud, un gran complejo de hospitales y centros especializados con costo de más de 1.000 millones de dólares, fue inaugurada este miércoles en Panamá tras años de retrasos y con la consigna de ser “la obra de salud pública más importante de los últimos 100 años” en el país.

EFE

La Ciudad de la Salud integra cuatro hospitales de alta complejidad, cinco institutos y cuatro centros especializados. Tiene 1.368 camas, 256 unidades de cuidados intensivos (UCI), 67 unidades de semi-intensivos, 24 secciones de recuperación de anestesia, 51 quirófanos para cirugías y 313 consultorios médicos, de acuerdo con la información oficial.

“Hoy, con la Ciudad de la Salud terminada, Panamá tiene un complejo hospitalario de primer mundo, único en el sistema de salud pública de nuestro país”, dijo el presidente panameño, Laurentino Cortizo, en la inauguración de la obra, situada en la capital del país.

El jefe de Estado, que tras el quinquenio constitucional dejará el cargo el próximo 30 de junio para que lo asuma el ganador de las elecciones generales del 5 de mayo, recordó que la obra fue “abandonada” por los dos anteriores gobiernos y retomada por su Administración en noviembre de 2021.

El proyecto de la Ciudad de la Salud fue adjudicado en el 2012 por el Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) a la constructora española FCC por un monto de 587,5 millones de dólares y con fecha de entrega en julio de 2015.

El costo total de obra asciende a unos 1.040,8 millones de dólares, según datos de la Caja del Seguro Social (CSS) citados por la prensa local, debido a una serie de adendas y al traspaso a un nuevo consorcio para su conclusión.

FCC, que llegó a plantear un arbitraje internacional contra Panamá por el proyecto sanitario, cedió finalmente de forma voluntaria el contrato y la obra fue finalizada por un consorcio de empresas panameñas.

El proyecto Ciudad de la Salud es investigado por la Justicia de España en una causa en la que FCC está imputada por haber pagado sobornos que suman 82,7 millones de dólares, como la misma empresa ha admitido según la información judicial española, para obtener este contrato y otros para la construcción de las líneas 1 y 2 del metro de la capital panameña.

FCC presentó en el 2019 dos escritos ante el Ministerio Público de España en los que denunciaba los acuerdos comerciales suscritos por sus filiales con un entramado de sociedades de Mauricio Cort, supuesto testaferro del expresidente Martinelli.

En diciembre de 2021 en una breve declaración como investigado realizada por videoconferencia, Martinelli negó haber recibido dinero procedente de FCC a cambio de contratos y se desmarcó de las supuestas sociedades instrumentales a las que se le vincula por este caso.

De cara a comicios generales este año en Panamá, los ocho candidatos presidenciales comparecerán ante la Comisión de Estado por la Justicia para esbozar sus programas en el controversial sector, trascendió hoy.

Prensa Latina

De acuerdo con el informe oficial, los presidenciables responderán a preguntas y opinarán sobre el actual Pacto de Estado por la Justicia.

Según se conoció, a partir del 29 de enero y hasta el 21 de febrero próximos, según el orden previsto, cada candidato tendrá 30 minutos para junto a su equipo esclarecer dudas de la comisión que encabeza el Procurador de la Administración, Rigoberto González.

El orden de los presidenciables coincidirá con el de la boleta de votación, comenzando con el aspirante por el gobernante Partido Revolucionario Democrático(PRD) y actual vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.

Seguirá el turno a Martín Torrijos, candidato del Partido Popular (PP), el 31 de enero; Rómulo Roux, de la alianza Cambio Democrático y Partido Panameñista, el 1 de febrero; y Ricardo Martinelli, de Realizando Metas (RM), el 5 de febrero.

Luego comparecerán los aspirantes independientes Melitón Arrocha y Ricardo Lombana, del Movimiento Otro camino.

Concluirán las jornadas de entrevistas la diputada Zulay Rodríguez y la economista Maribel Gordón, ambas por libre postulación, el 19 y 21 de febrero, respectivamente.

En Panamá las denuncias por casos de alto perfil incluso demorados en sus sentencias y la corrupción imperante son ejes recurrentes en la postura crítica de la sociedad hacia la justicia y sus principales instituciones.

El 5 de mayo venidero, los panameños decidirán en las urnas al nuevo presidente y vicepresidente del país, a 20 diputados al Parlamento Centroamericano y 71 diputados a la Asamblea Nacional.

Con el voto elegirán además a 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales, todos con sus respectivos suplentes, para el período del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.

Ante la amenaza de que la Asamblea Nacional de Venezuela apruebe el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, dijo:

Amnistía Internacional

“De aprobarse, esta ley tendría consecuencias devastadoras para las poblaciones más vulnerables, afectadas por la crisis humanitaria, los factores de expulsión migratoria, y abusos de poder diarios. Esta ley ilegalizaría a todas las asociaciones civiles y, por ende, a todas las iniciativas ciudadanas que han buscado contener y revertir la gravísima situación de derechos humanos y desafíos institucionales en Venezuela. Exigimos en los términos más contundentes que el proyecto de ley sea frenado inmediatamente.”

De aprobarse, esta ley tendría consecuencias devastadoras para las poblaciones más vulnerables, afectadas por la crisis humanitaria, los factores de expulsión migratoria, y abusos de poder diarios

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
“Los Estados y entes de la comunidad internacional que han propiciado un diálogo entre diversos actores en Venezuela en miras a mejorar la situación de derechos humanos en el país, deben defender a las organizaciones de la sociedad civil dado su rol esencial en acompañar a la población venezolana que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad. Confiamos en que no caerán en el silencio cómplice frente a un ataque al espacio cívico venezolano.”

Se teme que la votación final y apresurada aprobación del proyecto de ley tendrá lugar desde el 23 de enero de 2024.

En la fachada de Fundaredes amaneció este 23 de enero la palabra Furia Bolivariana, el director de esta organización, Javier Tarazona, está detenido desde hace 935 días. A través de su cuenta de X (antes Twitter) publicaron la fotografía y denunciaron esta situación.

Por: Lorena Bornacelly y Carlos Suniaga – El Pitazo

“Durante la madrugada de este 23 de enero de 2024 nuestra sede fue victima de actos vandálicos, amaneciendo con pintas que hacen mención al operativo “Furia Bolivariana” impulsado por Nicolás Maduro con fines intimidatorios y de persecución”, escribieron.

De igual manera la sede de Vente Táchira presentó la misma frase en su pared principal. “Así amanece nuestra Casa de la libertad en Táchira. Rechazamos estas acciones criminales. A pesar de ello seguiremos comprometidos con Venezuela. Exigimos el cese de la persecución política. Estos actos no van a desviarnos de nuestro objetivo: la libertad”, publicaron en la cuenta de X de la organización política.

También en el municipio Panamericano fue marcada la vivienda de la coordinadora municipal de Vente, según informaron también por X. “Hoy 23 de enero nosotros avanzamos cívicamente exigiendo garantías electorales. No más violencia ni represión; nuestra ruta es electoral ¿A qué le temen?”, fue el escrito.

El Colegio de Ingenieros, sitio donde la oposición en Táchira suele hacer reuniones y actos, fue marcado con la misma frase.

Las sedes del partido Primero Justicia y del Colegio de Ingenieros de Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, fueron rayadas con grafitis en los que se lee el mensaje Furia Bolivariana.

Esto ocurre a solo horas de una serie de actividades convocadas por la oposición en la región sur de Venezuela para este 23 de enero. De acuerdo con la agenda de los partidos opositores en la región, se tiene previsto una ofrenda floral en la plaza Bolívar de San Félix, y una concentración en la plaza El Hierro, en Puerto Ordaz. En horas de la tarde se realizará un foro denominado “Democracia y juventud”, en las instalaciones del Colegio de Ingenieros.

El pasado 18 de enero, el gobernante Nicolás Maduro, habló del plan Furia Bolivariana. “Vamos a activarlo barrio por barrio. Debe ser un plan cívico militar policial para enfrentar cualquier intentona terrorista el día que sea, en la madrugada que sea, se presente como se presente”, señaló Maduro.

Sobre el mismo tema, el primer vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que tienen ubicados a quienes calificó como conspiradores. “Pueden acusarnos de lo que quieran, pero nosotros no vamos a esperar que lleguen los marines a poner un pie sobre Venezuela, nosotros sabemos quiénes son los que han pedido invasión para Venezuela. Sabemos quiénes son en cada estado, municipio”, señaló Cabello, según una nota difundida por el partido oficialista.

La ONG Provea considera que el plan Furia Bolivariana es una estrategia de intimidación desde el año 2020. De acuerdo con registros de El Pitazo desde ese año han sido rayadas con grafitis las sedes de partidos políticos o residencias de dirigentes en los estados Táchira, Trujillo, Portuguesa, Cojedes, Barinas y Anzoátegui.

La prestigiosa marca italiana de vehículos, FIAT, anuncia la llegada al mercado venezolano de tres nuevos modelos que prometen revolucionar el sector automotriz. Los modelos Argo Trekking, Cronos Drive y Mobi Trekking han sido introducidos en una flota inicial de aproximadamente 400 unidades, marcando un hito significativo en la presencia de FIAT en Venezuela.

Banca y Negocios

El Argo Trekking, con su diseño deportivo y distintivo sello italiano, incorpora una suspensión de 21 cm en relación al suelo y una pantalla táctil de 7 pulgadas de alta definición en múltiples colores, compatible con las aplicaciones Apple CarPlay y Android Auto.

Por su parte, el Cronos Drive se destaca por ser tipo sedán con un estilo deportivo, equipado con un sistema de frenos ABS + EBD, y un maletero de 525 litros. Mientras tanto, el Mobi Trekking, inspirado en el icónico FIAT Uno, ofrece sensores de retroceso y un diseño compacto ideal para la conducción en entornos urbanos. Además, los modelos Argo Trekking y Mobi Trekking vienen equipados con una transmisión manual, mientras que el Cronos Drive está disponible en dos versiones: caja MT y CVT.

Estos tres vehículos representan lo último en diseño tecnológico e innovación vanguardista, manteniendo la inconfundible calidad y estilo italiano que caracteriza a la marca. La presencia de FIAT en Venezuela ha sido históricamente sinónimo de liderazgo en el sector automotriz, ofreciendo productos que cumplen con los más altos estándares de calidad y siendo una de las marcas más reconocidas y valoradas por los venezolanos, quienes confían en su larga trayectoria y experiencia.

Concesionarios FIAT

En esta fase inicial, se han establecido seis concesionarios autorizados ubicados estratégicamente en Caracas, Valencia, San Cristóbal, Maracay y Barinas. Se prevé que durante el transcurso del año 2024 se expandirá la red de concesionarios a otras ciudades, incluyendo: Maracaibo, Barquisimeto, Valle de la Pascua y Punto Fijo. Este ambicioso proyecto ha estado en desarrollo desde el año 2023.

La comercializadora Todeschini ha sido la responsable de llevar los vehículos FIAT a Venezuela desde 1999. Durante este periodo, se estima que se han comercializado alrededor de 115.000 vehículos FIAT en el país.

La marca promete precios accesibles para que los venezolanos puedan adquirir un vehículo de alta gama que incluya servicios de posventa, una garantía de 2 años o 50.000 km, una póliza de seguro por un año y la disponibilidad de repuestos originales para cada modelo.

Para obtener más información sobre los vehículos y la marca FIAT, los interesados pueden visitar el sitio web www.fiat.com.ve, donde podrán consultar la ficha técnica de cada vehículo, solicitar cotizaciones y seguir la cuenta oficial en todas las redes sociales @fiatve.

La mayor amenaza a la Constitución en 2024 es la “guerra legal” que se está librando contra Donald Trump , y la Corte Suprema es su objetivo tanto como lo es Trump.

Por: Daniel McCarthy – The New York Post

Consideremos los intentos en Colorado, Maine y otros lugares de excluir a Trump de las urnas.

Los arquitectos de estos esfuerzos cuentan con que la mayoría de los estadounidenses no sepan cómo funcionan realmente las primarias presidenciales y las elecciones generales.

¿Qué sucede si una corte suprema de un estado azul o un secretario de estado demócrata dictamina que Trump no es elegible para ser presidente?

Si la cuestión se mantuviera a nivel estatal, muy poco cambiaría.

Esto se debe a que los votantes no eligen directamente ni al candidato ni al presidente de un partido.

Las primarias y los caucus son sólo los primeros pasos de un proceso, que difiere de un estado a otro, que en última instancia selecciona a los delegados para la convención nacional del partido.

Esos delegados, a su vez, eligen al candidato.

Colorado requiere que los delegados apoyen al candidato con el que están comprometidos, incluso si ese candidato abandona la carrera.

Pero un candidato que se retira puede liberar a sus delegados con una simple carta, y después de la primera ronda de votación en la convención, los delegados a menudo quedan automáticamente liberados.

Si Colorado mantuvo a Trump fuera de la boleta, pero necesitaba los delegados del estado (un escenario poco probable en este momento), podría conseguirlos haciendo que sus votantes apoyen a uno de los candidatos que está en la boleta pero que ya se retiró y respaldó a Trump. : Ron DeSantis o Vivek Ramaswamy serían suficientes.

Sí, sería complicado, pero si el Partido Republicano está decidido a nominar a Trump, un puñado de estados demócratas no lo detendrán con prohibiciones de votación.

Las elecciones generales también son indirectas.

Cuando los votantes eligen un presidente y un vicepresidente, en realidad están votando por una lista de electores comprometidos con esos candidatos.

Descalificar a Trump de la boleta no descalificaría a los electores comprometidos con él y su compañero de fórmula, y el candidato republicano a vicepresidente aparecería en la boleta incluso si Trump no apareciera.

En los estados demócratas o en los campos de batalla, es incluso concebible que esto pueda ayudar a la candidatura republicana, si a los votantes moderados rechazados por Trump les resultara más fácil votar por el Partido Republicano con solo su compañero de fórmula en la boleta.

Sin embargo, la misma lista de electores representa tanto a los candidatos presidenciales como a los vicepresidentes: Trump conseguiría que los electores se comprometieran con la boleta incluso si su nombre no estuviera en las boletas de los votantes.

Un estado que prohibiera a Trump podría intentar descalificar a sus electores, pero esto correría el riesgo de una crisis constitucional tanto a nivel estatal como federal.

Colorado, por ejemplo, tiene una ley que reemplaza a los “electores infieles” que no votan por el ganador de las elecciones populares del estado, pero ¿qué sucede si gana la lista republicana pero no figura ningún candidato presidencial en ella?

Reemplazar a los electores republicanos por electores demócratas difícilmente tendría sentido si la candidatura del Partido Republicano, con sólo un vicepresidente en la lista, ganara la contienda popular.

Con tantas reglas diferentes en diferentes estados, los resultados estarían abiertos a cuestionamientos cuando el Congreso cuente los votos del Colegio Electoral.

Disfrute de la ironía: si Trump ganara la votación del Colegio Electoral a pesar de los intentos estatales de prohibirlo, la vicepresidenta Kamala Harris y los demócratas en el Congreso estarían en la misma posición en la que estaban Mike Pence y los republicanos el 6 de enero de 2021.

¿Harris contaría los votos de los electores de Trump?

Pero no llegará a eso, porque incluso los demócratas que presionan para prohibir a Trump saben que la Corte Suprema de Estados Unidos se adelantará a los estados.

De hecho, esa es la trampa que han tendido.

SCOTUS está listo para hacerse cargo del caso de Colorado, y los demócratas quieren avergonzar al tribunal de mayoría republicana.

Si los jueces fallan en contra de Trump, provocarán confusión en las elecciones y en el Partido Republicano.

Trump y sus partidarios, los gobiernos estatales profundamente rojos y tal vez el Partido Republicano institucional en su conjunto podrían desafiar el fallo, colocando a Trump en las boletas de todos modos y abriendo una crisis constitucional más profunda.

Pero es más probable que los jueces decidan a favor de Trump, en cuyo caso serán los demócratas quienes cuestionen la legitimidad del tribunal.

Y esa es la estrategia: lograr otra decisión que impulse el entusiasmo y la participación demócrata, como lo hizo el fallo Dobbs sobre el aborto.

La reputación de Trump se verá aún más dañada incluso si prevalece, y si lo logra, los demócratas aprovecharán la furia de sus votantes contra la Corte Suprema, de mayoría republicana.

El lawfare subvierte la democracia al quitarle la toma de decisiones a los votantes y entregársela a los tribunales, mientras garantiza que la mitad del país –un partido u otro– esté indignado por las conclusiones del poder judicial.

Los demócratas han llevado a sus partidarios a albergar la fantasía de ganar descalificando a Trump en lugar de vencerlo, pero los escenarios no funcionan y la guerra legal sólo genera conflictos.

Los trabajadores del campo francés se han sumado en los últimos días a las protestas puestas en marcha por los agricultores de otros países europeos, como Holanda, Polonia, Rumanía, y, en los últimos días, Alemania, contra las medidas para luchar contra «el cambio climático», que prevé imponer la Unión Europea, y que afectan a su sector.

La Gaceta de la Iberosfera

En concreto, varios cientos de agricultores han cortado el mediodía de este lunes la autopista A9 que se dirige desde Francia a España a la altura de Perpiñán. El motivo que alegan es que mientras la aplicación de la normativa europea les resta competitividad limitando a veces la producción, se permite la entrada de alimentos de terceros países no comunitarios, por lo que tratarán de impedir la llegada de estas mercancías.

Las protestas no han comenzado este mediodía, sino que se vienen produciendo desde la tarde del pasado jueves, cuando un gran grupo de agricultores galos bloquearon la autopista A64 entre Toulouse y Tarbes, y las carreteras RN124 y RN20, cerca de la frontera con Andorra y España.

El presidente Emmanuel Macron anunció el pasado viernes que los delegados del Gobierno se van a reunir a lo largo de esta semana con los trabajadores del primer sector de todo el país para escuchar sus reivindicaciones. Por su parte, Marc Fesneau, el ministro de Agricultura, asistirá el próximo sábado a una reunión con representantes de sindicatos agrícolas en el centro del país.

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