Armando Esteban Quito

El partido opositor nicaragüense Unamos señaló este jueves a Nicolás Maduro, de aplicar las mismas medidas que adoptó su aliado y presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para reelegirse, sin oposición, en las elecciones generales de noviembre de 2021.

EFE

«En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, pese a compromisos adoptados con la oposición y con la mediación internacional de realizar elecciones libres, está empeñado en impedirlas», indicó la Unión Democrática Renovadora (Unamos) en una declaración.

Para Unamos, que se define como un partido democrático y progresista, y cuyos principales líderes se encuentran en el exilio, la inhibición de María Corina Machado como candidata a la presidencia por la oposición, la ilegalización de cinco partidos políticos y la captura de varios dirigentes democráticos en los últimos días, comprueban que Maduro sigue los pasos de Ortega.

Gobierno de Maduro entregó nota de protesta a Chile por sus críticas a detenciones de opositores
«Maduro, aliado de Daniel Ortega, aplica las mismas medidas que ya conocemos en Nicaragua, y que reducen los eventos electorales a meras farsas: cárcel, persecución e ilegalización de partidos», anotó Unamos, en relación a los comicios celebrados en el país centroamericano en noviembre de 2021 en la que el dirigente sandinista fue reelegido con sus principales contrincantes en prisión o en el exilio.

Unamos expresó su solidaridad con las fuerzas democráticas de Venezuela y demandó «al régimen venezolano el cese de la represión y la realización de elecciones legítimas, libres e inclusivas».

El mismo guion de Nicaragua

La líder opositora venezolana María Corina Machado denunció este jueves que las organizaciones Un Nuevo Tiempo (UNT) y la Mesa de la Unidad (MUD) «no tienen acceso al sistema» del Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo que no han podido inscribir su candidatura a las presidenciales del próximo 28 de julio.

A través de X, la exdiputada antichavista, inhabilitada para ocupar cargos de elección popular, aseguró que la MUD y UNT son las «únicas dos tarjetas» que la respaldan que fueron habilitadas por el CNE para postular aspirantes presidenciales, un proceso que comenzó hoy y que se extenderá hasta el próximo lunes.

Hasta ahora UNT y la MUD -el símbolo electoral de la principal coalición opositora, denominada ahora Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- no se han pronunciado sobre esta denuncia de Machado, quien fue elegida en primarias -en octubre pasado- como la candidata presidencial del bloque antichavista.

Sin embargo, en enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó que la exdiputada está inhabilitada para presentarse a comicios hasta el año 2036, una sanción que ha sido rechazada por la oposición y criticada por varios países y organizaciones internacionales.

Pese a todo, Machado había reiterado que intentará inscribir su nombre para la contienda, sin aclarar si contempla la posibilidad de delegar en otra persona la candidatura.

Entretanto, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, confirmó que buscará una segunda reelección consecutiva, aunque todavía no se sabe qué día acudirá ante el CNE para formalizar su aspiración, que cuenta con el respaldo de numerosas organizaciones, algunas de las cuales ya formalizaron su apoyo al líder chavista.

Los cambios inesperados provocados por la enfermedad del coronavirus y el aislamiento concomitante nos han afectado a todos y en todo el mundo. Pero hay una franja etaria, la de los niños nacidos durante la pandemia a los que se los llama “pandemials” o “cuarentenials” y a los niños pequeños que padecieron la reclusión, que sigue preocupando a los profesionales de la salud, educadores y sobre todo a las familias.

Infobae

Un estudio publicado en la revista Early Childhood Research Quarterly en 2021, ?Impact of the COVID-19 Pandemic on Preschool Children’s Social-Emotional Development: A Review of Evidence and Policy Implications”: revisó el impacto de la pandemia en el desarrollo social y emocional de los niños en edad preescolar.

Se enfocó en cómo el distanciamiento social, la interrupción de rutinas y otros factores relacionados con la pandemia afectaron el desarrollo de habilidades sociales y emocionales de los niños pequeños. Niños que no eran callados se volvieron retraídos, o se transformaron en niños ruidosos e inquietos cuando no lo eran.

Los bebés comienzan a interactuar con el entorno apenas nacen. Sus interacciones dependen principalmente de las observaciones realizadas con los objetos y las personas a su alrededor, de esta forma comienzan a aprehender y conocer el mundo. Cuando estas interacciones se vieron reducidas a unas pocas personas, en algunos casos solo adultos, el impacto en el desarrollo se hizo sentir.

Las consultas durante la pandemia y luego de ella estuvieron enfocadas en un alerta de los padres en el comportamiento de sus hijos.

Una vez terminado el aislamiento preventivo, cuando las familias querían ir de pasear o visitar a alguien, por ejemplo, comenzaron a notar que sus hijos tenían miedo. Algo en torno a lo desconocido se volvió inquietante. Al contrario de aquello que se espera de los deambuladores, que es que se libren a inspeccionar cualquier territorio sin gran conciencia de los peligros, aquí aparecía el miedo y la sensación de inseguridad y de no querer separarse de los papás.

La forma en que los niños pequeños procesan la información es textual y durante la pandemia desde la televisión o en las frases que se escuchaban al interior de las casas como “Es peligroso salir a la calle”, “El enemigo invisible nos ataca”, entre tantas otras, dejó a los niños bastantes asustados y solos. A muchos los embargó el miedo, preocupación, tristeza y el enojo sin saber a ciencia cierta qué estaba pasando.

Estos mensajes y frases también los preocuparon mucho por su propia seguridad y la de sus seres queridos, además que muchos perdieron a sus seres queridos. “Fue el COVID”, era lo que escuchaba. Diferentes estudios sobre desastres naturales indican que las niñas y los niños pequeños son más vulnerables que los adultos al impacto emocional referido a situaciones o eventos traumáticos que invaden su cotidianidad.

La percepción acerca de la seguridad, los rituales de cuidado como ponerse alcohol, no abrazarse, no besarse o saludar a los papás luego de que se daban un baño dejó una huella en su percepción de seguridad, de previsibilidad y de estructura.

En las situaciones de alta vulnerabilidad social esto fue aún más grave, además de todas estas preocupaciones no tener la posibilidad de satisfacer necesidades básicas como, alimentos, vivienda, ropa y acceso a la atención médica, provocó aún más fragilidad e incertidumbre en su desarrollo.

Una cotidianidad atravesada por el cambio y la modificación constante y la incertidumbre genera una búsqueda ansiosa de recuperar la situación original, con fuerte miedo a la pérdida de lo conocido, la estabilidad, la salud y la sensación que todo lo exogámico es hostil y peligroso.

Fue inevitable para los niños y niñas pequeños que se transformaran sus vínculos interpersonales, familiares y sociales. La tercera ronda de la Encuesta Rápida realizada por UNICEF relevó información sobre los efectos emocionales en la primera infancia.

El 21 de marzo estaba marcado en el calendario para los seguidores de la opositora María Corina Machado. Era el día en que comenzaba el plazo para inscribirse como candidatos para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela, y muchos de sus simpatizantes esperaban acompañarla en este trámite.

Por: Ludmila Vinogradoff – ABC

Poco duró la expectación. A media jornada, la líder de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), María Corina Machado, denunciaba a través de su cuenta en la red social X que no había podido inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) porque los dos partidos opositores que apoyan su candidatura no figuran en el sistema informático que soporta el proceso electoral.

“Alerta. A esta hora, 5pm del 21 de marzo de 2024 –escribió Machado-, casi 12 horas después de iniciado el proceso, les informo de que las únicas dos tarjetas de la unidad democrática hábiles para postularme ante el CNE (MUD y UNT), no tienen acceso al sistema para hacerlo”.

Ninguna explicación

Simplemente, la principal líder opositora a Nicolás Maduro y esperanza de los demócratas venezolanos no podía inscribirse como candidata a las elecciones porque el sistema informático no admite el acceso de las tarjetas de los dos partidos que la apoyan: la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y Un Nuevo Tiempo (UNT). En definitiva, el sistema informático no contempla partidos opositores. Las autoridades electorales, al cierre de esta crónica, no habían dado ninguna explicación sobre lo sucedido.

No todos los candidatos tuvieron el mismo problema. Quienes sí se inscribieron, sin embargo, fueron dos de los postulados leales y cómplices del régimen de Nicolás Maduro, que formalizaron sin ningún obstáculo el trámite. Son Luis Eduardo Martínez, apodado ‘el Burro’, en representación del partido Acción Democrática (AD); y Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal del Táchira, por Arepa Digital.

El primero de ellos invitó a todos los candidatos de la oposición a dejar atrás las diferencias e ir unidos a las elecciones presidenciales para que el triunfo sea una realidad; mientras que Ceballos, un opositor que se ha aliado al régimen chavista y que fue habilitado para ejercer cargos públicos el pasado mes de enero por el Tribunal Superior de Justicia (el mismo que confirmó la inhabilitación de Machado), no tiene escrúpulos para coquetear con la oposición tras traicionarla

Los seguidores de Machado, por su parte, vieron su gozo en un pozo. “Estoy esperando la convocatoria para acompañar a María Corina a la inscripción de su candidatura en el CNE“, declaraba por la mañana a ABC una de sus partidarias, Beatriz Campos.

“Dejo mi trabajo a la hora que sea para ir a la manifestación“, añadía con gran convicción. Lilian Hernández, que dirige a las Mujeres con María Corina, estaba también lista con sus pancartas para acompañar a la líder de la unidad a inscribir su candidatura en el CNE -controlado por el chavismo, como casi todo en Venezuela-, cuando abrieron el registro ayer y “también para acompañar al que ella designe para sustituirla“, subrayaba Hernández. No hay que olvidar que Corina Machado está inhabilitada para ejercer cargo público hasta 2036.

La intensificación de la represión hacia María Corina Machado, candidata presidencial de la Plataforma Unitaria de la oposición democrática, ha generado la condena y la preocupación de países de la región y del mundo. Las detenciones contra miembros de su organización política Vente Venezuela y de su comando de campaña tensaron más el clima político del país: se acerca una elección presidencial que ya da luces de que no contará con las garantías democráticas, mientras la comunidad internacional, incluso algunos gobiernos alineados con el chavismo, abogan por el cumplimiento del Acuerdo de Barbados.

El Nacional

Uno de los primeros países que se manifestó en rechazo a esta persecución fue Estados Unidos. Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, afirmó que los crecientes ataques de Maduro contra la sociedad civil y los actores políticos son «totalmente inconsistentes» con los compromisos del Acuerdo de Barbados. Aun así, enfatizó que las acciones del régimen chavista no sofocarán las aspiraciones democráticas de los venezolanos.

«Pedimos la liberación inmediata de estas personas y de todos los detenidos injustamente», manifestó Nichols en la red social X.

Siete detenidos, siete órdenes de captura

Hasta la fecha, siete miembros del equipo de María Corina Machado están detenidos: Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo López, jefes del comando de campaña de la exparlamentaria en los estados Yaracuy, La Guaira y Trujillo; Emill Brandt Ulloa, encargado del partido Vente Venezuela en Barinas; Joe Villamizar, coordinador de Vente Venezuela del municipio Girardot del estado Aragua; Henry Alviarez y Dignora Hernández, coordinador nacional de organización y secretaria política nacional del movimiento político, respectivamente.

Además, hay siete órdenes de arresto activas contra Magalli Meda, jefa nacional del comando de campaña; Pedro Urruchurtu, coordinador de la Central de Relaciones Internacionales; Omar González, jefe del comando de campaña en Anzoátegui; Humberto Villalobos, coordinador de la Central Electoral; Claudia Macero, coordinadora de la Central de Comunicaciones; Fernando Martínez Mottola, miembro y asesor de la Plataforma Unitaria, y Oswaldo Bracho.

«Perú expresa su preocupación»

El gobierno de Perú manifestó su preocupación por la situación en un comunicado difundido por la Cancillería del país.

«Perú expresa su preocupación ante la creciente limitación al ejercicio del derecho de participación ciudadana de todos los sectores políticos en Venezuela, que ha conllevado, entre otras medidas restrictivas, a la detención de dirigentes de la oposición», señaló el gobierno de Dina Boluarte.

Reiteró asimismo su llamado a que se cumplan «de buena fe» los acuerdos que se suscribieron en octubre pasado para garantizar unas elecciones libres en Venezuela.

La «firme condena» de Chile

El gobierno chileno de Gabriel Boric expresó su «firme condena» a la detención arbitraria de los dirigentes opositores y advirtió que estos hechos afectarán seriamente la realización de una presidencial democrática, transparente y libre.

«El gobierno de Chile se suma a los llamados formulados por instancias multilaterales de derechos humanos para que Venezuela ponga fin al hostigamiento contra los opositores políticos», expresó la Cancillería chilena en un comunicado, en el que agregó que constituyen «una acción contraria al espíritu democrático» que debe predominar en todo el proceso y a los acuerdos de Barbados, validados por la comunidad internacional.

La posición del Ejecutivo de Gabriel Boric tuvo una respuesta de las autoridades chavistas. Rander Peña, viceministro para América Latina, entregó el jueves una nota de protesta al embajador chileno en Caracas, Jaime Gazmuri, por la condena que hicieron por las detenciones de los dirigentes opositores.

«Resulta inaceptable que obcecadamente insistan en inmiscuirse en asuntos internos de un país soberano, colaborando con una sistemática campaña de desprestigio contra Venezuela», dijo el funcionario chavista en su cuenta de X.

Colombia, también preocupado

El gobierno colombiano de Gustavo Petro, cercano aliado de Nicolás Maduro, también hizo saber su preocupación por la situación en Venezuela, que ha sido justificada por el régimen chavista por supuestos planes conspirativos contra Nicolás Maduro.

«Colombia expresa su preocupación por los efectos que los últimos acontecimientos puedan tener en la ruta del proceso político en Venezuela en el marco de los acuerdos alcanzados en Barbados», dijo el canciller Luis Gilberto Murillo en un comunicado, en el que no mencionó la persecución contra María Corina Machado.

El gobierno de Petro aseguró asimismo que su país ha tenido un papel constructivo y subrayó que apoya el cumplimiento de los acuerdos de Barbados y los avances «que se están dando» en torno a esas conversaciones.

«Hemos estado en contacto tanto con nuestro embajador en Venezuela como con el canciller Yvan Gil, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, y representantes de la oposición para evaluar la situación, la coyuntura que tenemos», agregó Murillo.

Canadá exige la liberación

El gobierno de Canadá exigió la liberación inmediata de los opositores del equipo de María Corina Machado detenidos por el régimen de Maduro y reclamó la implementación del Acuerdo de Barbados para garantizar elecciones libres y justas.

«Canadá condena las órdenes de arresto emitidas y la detención arbitraria de miembros de la oposición en Venezuela, así como la actual represión de la sociedad civil. Pedimos su liberación inmediata en el espíritu de la plena implementación del Acuerdo de Barbados y para garantizar elecciones libres y justas», señaló la Cancillería en X.

Reino Unido instó a cumplir los acuerdos

David Rutley, vicecanciller para América Latina y el Caribe de Reino Unido, denunció asimismo las órdenes de arresto emitidas contra miembros de la oposición democrática en Venezuela y exigió la liberación de todos los detenidos arbitrariamente.

Además, instó a que se implementen garantías electorales en línea con el Acuerdo de Barbados. «Los venezolanos merecen algo mejor», manifestó el funcionario británico.

Argentina pide elección democrática en Venezuela

El gobierno de Argentina condenó la detención de dirigentes políticos opositores a Maduro y abogó por la celebración de elecciones democráticas y transparentes en ese país.

«El gobierno de la República Argentina condena firmemente y expresa su absoluto repudio a la detención arbitraria por parte de las autoridades venezolanas de Henry Alviarez y Dignora Hernández, dirigentes de Vente Venezuela», dijo la Cancillería argentina en un comunicado.

Afirmó que rechaza la emisión de órdenes de detención contra otros dirigentes de la organización Vente Venezuela, que lidera María Corina Machado.

«Argentina se suma al llamado de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para que Venezuela ponga fin al hostigamiento contra los opositores políticos, al tiempo que reafirma su compromiso con la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos y aboga por la celebración de elecciones presidenciales democráticas, transparentes, competitivas, con participación plena de todos los candidatos políticos y con presencia de observación electoral externa», añadió.

Uruguay advierte sobre el deterioro de la situación política

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay manifestó su rechazo a las detenciones y advirtió sobre el deterioro progresivo de la situación política con los acontecimientos de los últimos días. «Una escalada que corrobora el alejamiento definitivo de los Acuerdos de Barbados por parte del gobierno venezolano», expresó.

«Uruguay condena estas acciones arbitrarias y sigue con preocupación y solidaridad estos acontecimientos en que, desde las estructuras del Estado, se avasallan los derechos humanos de los opositores al régimen», agregó el Ejecutivo uruguayo.

El Informe de la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas sobre el caso Venezuela resaltó lo que ocurre en el país caribeño con la violación de derechos humanos, la persecución y la criminalización de voces críticas al régimen venezolano. El embajador de Venezuela respondió con descalificaciones y pidió ocuparse de los crímenes contra los indígenas hace más de 500 años, de lo que ocurre en África, en Gaza, pero no respondió ni uno solo de los señalamientos de la Misión. Lo que sí es relevante fue lo que dijeron las delegaciones, siendo Ecuador y Argentina de las más enfáticas.

Por: Sebastiana Barráez – Infobae

La delegación de Ecuador destacó la preocupación por el “recrudecimiento de la represión gubernamental a los opositores, las inhabilitaciones a líderes políticos para ejercer cargos públicos y las detenciones de militantes de partidos y de defensores de los derechos humanos en Venezuela”. No sabía el representante ecuatoriano que horas después dos miembros del equipo de María Corina Machado serían detenidos y están en desaparición forzada.

En su participación, el país ubicado en la línea ecuatorial, instó “a que se establezcan garantías legales y efectivas para la protección de los derechos humanos, y para la celebración de elecciones libres, con la presencia de observadores internacionales”.

Aseveró que “es imperativo que Venezuela cumpla con sus obligaciones en materia de DDHH y del derecho internacional penal, absteniéndose, por ejemplo, de silenciar las voces críticas y aprobar leyes restrictivas que limiten el trabajo de las organizaciones no gubernamentales”.

Calificó de esencial “el restablecimiento de la plena libertad de opinión y expresión en Venezuela”, instando a las autoridades venezolanas a colaborar con la Oficina del Alto Comisionado (OACDDHH) y de la Misión de Determinación de los Hechos, permitiendo “su ingreso al país y poner en práctica sus recomendaciones”.

Finalizó con la urgencia de “un diálogo en Venezuela entre los diversos actores de la vida nacional con miras a restablecer condiciones de convivencia fraterna, en el marco de una genuina democracia y el absoluto respeto a los derechos humanos”.

Conclusión propia

Argentina por su parte reconoció el “trabajo independiente, imparcial, objetivo y riguroso” de la Misión, considerando que su labor y la de la OACDDHH “son complementarios y se refuerzan mutuamente, ya que mientras la Oficina se focaliza en vigilar la situación de derechos humanos en el terreno, informar al respecto y brindar cooperación técnica, la labor de la Misión se centra en la rendición de cuentas, que es esencial para prevenir y disuadir la comisión de futuras violaciones”, por lo que pidió a Venezuela a cooperar con ellas y permitirles acceso al país.

Transmitieron su “más profunda preocupación por las conclusiones de la Misión en sus sucesivos informes, en los cuales sostiene que hay motivos razonables para creer que algunas de las violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad; que los actores del sistema de justicia han jugado un papel importante en la represión del Estado contra opositores del gobierno”.

Además, “que las fuerzas del orden y los organismos de inteligencia del Estado han estado involucrados en graves violaciones de DDHH, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y de género, acoso y amenazas a familiares de opositores políticos, censura a la prensa, restricciones a las ONGs, entre otras”.

No es solo el Informe, dice la delegación, sino motivos razonables propios “son más que creíbles y se basan en los testimonios de los miles de ciudadanos venezolanos trabajadores que residen en la Argentina. Mientras que Rocío San Miguel fue objeto de una detención arbitraria, María Corina Machado fue objeto de una detención política, a través de una injusta inhabilitación arbitraria”.

Para el país sureño “esgrimir el principio de no injerencia para amparar violaciones de los derechos humanos no lo vamos a consentir. Por eso propiciamos el Principio de No Indiferencia entre los Estados. No somos indiferentes ante un Estado que no dejó ningún casillero vacío en el catálogo completo de la violación de los DDHH más elementales”.

“Muchos de los venezolanos que residen en nuestro país han seguido el consejo de un lider: Huid del país donde uno solo ejerce todos los poderes. Simón Bolivar”.

UE y Nueva Zelanda

“Seguimos preocupados por la compleja situación en Venezuela, donde las autoridades continúan llevando a cabo acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en los últimos meses”, inicia su intervención la representante de la Unión Europea.

“Nos preocupa especialmente el aumento de las amenazas y restricciones contra los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil, los recientes incidentes de detenciones arbitrarias de opositores políticos y la reactivación del proceso legislativo para aprobar una ley dirigida contra las ONG”.

Insisten en que “unas elecciones creíbles, inclusivas y competitivas, que garanticen un proceso electoral que refleje las aspiraciones del pueblo de Venezuela y asegure su participación activa, son la clave para establecer una sociedad pacífica y democrática”.

Piden “fin a la impunidad, de que los autores de violaciones y abusos de los derechos humanos rindan cuentas de sus actos mediante investigaciones eficaces e imparciales, y de que se libere a todos los presos políticos”.

Hacen un llamado “a las autoridades para que cooperen y apliquen plenamente todas las recomendaciones de todos los mecanismos de derechos humanos de la ONU y cooperen plenamente con el FFM”, dijo finalmente la UE.

Por otra parte, la delegación de Nueva Zelanda, manifestó profunda preocupación “por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela, en vísperas de las elecciones de este año”, por lo que instó al gobierno de Venezuela “a que ponga fin a la represión política, la persecución selectiva y los ataques contra el espacio cívico”.

“La suspensión de las actividades de la OACDH en el país y la reintroducción del proyecto de ley de ONG, cuyo objetivo es restringir el libre funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, son motivo de profunda preocupación”.

Solicitó que “se aplique el Acuerdo de Barbados y que se celebren elecciones libres y justas en 2024″, dice al considerar que en dicho Acuerdo está el mecanismo para lograr elecciones competitivas e inclusivas en Venezuela, abordando así la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela.

Reiteramos la importancia del FFM (Fact Finding Mission), Misión de Determinación de los Hechos, y la significativa labor que realiza al poner de relieve las cuestiones de DDHH en Venezuela. Pedimos la renovación completa del mandato del FFM en septiembre de 2024, además de la renovación de los mandatos de supervisión y presentación de informes de la OACDH, y el restablecimiento de la presencia de la OACDH en el país”.

Solo los intereses del Gobierno

El delegado de Paraguay dijo en su intervención: “Seguimos con suma preocupación la situación en Venezuela en estos meses previos a las elecciones. Son inquietantes las limitaciones al espacio cívico, las detenciones arbitrarias de defensores de derechos, militantes políticos y sociales, así como las represiones para silenciar críticas a quienes son percibidos como opositores”.

“Da la sensación de que, sin importar lo que se diga o lo que se haga, ningún mecanismo, sea caro, barato o gratis, funciona en Venezuela, si sus objetivos no están alineados con los intereses del gobierno”.

“Cuando integramos el sistema internacional, nos sometemos voluntariamente al juicio y a las críticas y aceptamos recibir recomendaciones, dijo abogando por la restitución del “dialogo político genuino -también hoy suspendido por quienes detentan el poder- como vía para el entendimiento, y porque se respete el derecho a la participación y se garanticen las condiciones mínimas para unas elecciones justas, libres y transparentes”, dijo para finalizar.

Portugal se sumó a la declaración de la UE, destacando que en septiembre pasado vieron una serie de pasos positivos, como el Memorando de Entendimiento con la Corte Penal Internacional, la mayor colaboración con la OADCDD, la disminución de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y violencia de género, así como los acuerdos de Barbados, que podría conducir a unas elecciones creíbles y transparentes.

“Medio año después, las acciones de las autoridades parecen ir en dirección contraria. Se ha cerrado la presencia de la Oficina sobre el terreno y se ha dado a su personal 72 horas para abandonar el país. Una sentencia del Tribunal Supremo confirmó la prohibición que impide al principal candidato presidencial de la oposición ejercer su cargo. La Asamblea Nacional estudia la adopción de una ley contra las ONG y los actores de la sociedad civil”.

“Portugal pide a Venezuela que invierta el rumbo y recorra el camino acordado en Barbados. Pedimos a las autoridades venezolanas que den acceso al país a la Misión de Investigación y que cooperen plenamente con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, entre otras cosas aplicando sus recomendaciones”.

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El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó anoche con los votos de legisladores republicanos y demócratas un proyecto de ley para imponer nuevamente sanciones al Gobierno de Venezuela, que ahora debe seguir el trámite parlamentario regular.

El Nacional

El objetivo del proyecto HR6831, introducido en diciembre de 2023 por la republicana María Elvira Salazar y otros siete congresistas, entre ellos republicanos y demócratas, es reactivar y extender hasta el 31 de diciembre de 2025 la vigencia de la Ley de Ayuda de Emergencia, Asistencia a la Democracia y Desarrollo (Verdad) para Venezuela.

En un comunicado publicado, tras la aprobación del proyecto en el comité, por la congresista María Elvira Salazar y el senador Marco Rubio, ambos republicanos y de origen cubano, se mencionan las recientes detenciones de colaboradores de la opositora María Corina Machado, ganadora de las primarias de la oposición para las elecciones presidenciales convocadas en Venezuela para el 28 de julio de 2024.

Machado, quien está inhabilitada para ejercer cargos públicos hasta 2036 por una decisión administrativa, ratificada en enero pasado por el Tribunal Supremo de Venezuela, ha seguido adelante con su campaña pese a ese obstáculo legal que ha sido rechazado por la oposición y criticado por varios países y organizaciones internacionales.

El Gobierno venezolano ha «violado descaradamente los términos del Acuerdo de Barbados», suscritos en 2023 por el Gobierno y la oposición de Venezuela de cara a garantizar unas elecciones libres y justas, «al prohibirle participar en las próximas elecciones a María Corina Machado», subrayaron Salazar y Rubio.

«Reautorizar la Ley Verdad, que expiró en 2019, es de vital importancia para garantizar que el narcorégimen de Maduro rinda cuentas por sus crímenes», agregaron.

La ley Verdad se adoptó para apoyar los esfuerzos para restablecer la democracia en Venezuela mediante sanciones a funcionarios clave del régimen y al mismo tiempo salvaguardando los derechos y libertades de quienes escapan de la persecución en ese país, según reza el comunicado de Salazar y Rubio, los cuales instaron a sus colegas en las dos cámaras a apoyar la iniciativa para reactivarla.

El gobierno de Estados Unidos, que en 2023 alivió en parte y temporalmente las sanciones a Venezuela aunque ha advertido que puede no renovar esa medida cuando expire en abril si el gobierno de Maduro no cumple con lo acordado en Barbados, condenó este miércoles las detenciones de opositores venezolanos.

«Los crecientes ataques de Maduro contra la sociedad civil y los actores políticos son totalmente inconsistentes con los compromisos del Acuerdo de Barbados, pero no sofocarán las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. Pedimos la liberación inmediata de estas personas y de todos los detenidos injustamente», señaló en X el encargado del Departamento de Estado de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols.

El 6 de marzo pasado el presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, prorrogó por un año más la declaración de «emergencia nacional» respecto a Venezuela dictada en 2015, por considerar que la situación en ese país representa «una amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional estadounidense.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) activó en Venezuela 315 puntos fijos distribuidos en todos los estados del país para llevar a cabo una jornada de inscripción y actualización en el Registro Electoral Permanente (REP) como uno de los pasos previos a las elecciones presidenciales pautadas para el 28 de julio. Aunque en cada región hay una particularidad, abundan las denuncias, pero las más preocupantes son la instalación de máquinas para favorecer al Psuv.

La Patilla

En los estados Bolívar, Zulia, Barinas, Táchira y Nueva Esparta, se reportó la instalación de los puntos del REP en casas de líderes de la Unidad Bolívar Chávez (Ubch), así como en sitios estratégicos que benefician al Psuv, lo que evidencia un descarado ventajismo.

En Bolívar, al sur del país, habitantes han denunciado que se enteran por grupos de WhatsApp de su comunidad, creados por representantes de las Ubch, donde estarán las máquinas del RE. Estas son instaladas en la casa de alguno de estos líderes y solo permiten que participen personas del sector, todo manejado bajo “clandestinidad y misterio”.

“Buenos días vecinos se les informa que la máquina del CNE acaba de llegar. La jornada se realizará en la manzana, casa de la señora jefe de UBCH”, es parte del mensaje que reciben. La máquina presuntamente es manejada por un representante del CNE, pero a su alrededor están representantes del oficialismo monitoreando todo el proceso.

En Zulia fueron secuestradas tres máquinas en Lagunillas, así lo denunció el concejal de Primero Justicia, Luis Augusto Martínez, ya que se desconoce el paradero de las mismas. Solo se sabe de una máquina que está en la parroquia rural de Campo Lara, lugar con poco acceso al transporte público.

En Barinas, parte del llano venezolano, los puntos de inscripción están en sitios estratégicos para el chavismo como la Base de Misiones “El Negro” Ramón Urquiola, donde funciona el Inces de la parroquia Santa Rosa, municipio Rojas. También se conoció que la información de la operatividad de este equipo estaba siendo difundida exclusivamente entre los chavistas.

En el liceo de Dolores del mismo municipio Rojas, la máquina de inscripción está siendo operada por el jefe parroquial de la Ubch y el director de la institución educativa. En el municipio Pedraza, instalaron una máquina en la chavista Base de Misiones Rosa Mística, en el municipio Sosa.

Territorios chavistas

En Nueva Esparta, se obviaron los principales municipios, pero gracias a la presión de sus habitantes lograron instalar los puntos. El principal centro fue ubicado en la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela, mientras que en el municipio Maneiro abrieron el punto en la Base de Misiones Hugo Chávez, sector Los Chacos, donde el acceso no es nada fácil.

Mientras que en Táchira, el coordinador regional de la organización #HolaTúInscríbeteRE, Jesús Salcedo, denunció que en el municipio fronterizo Bolívar fue instalada una máquina itinerante del CNE en una Casa Comunal, la cual es dirigida por miembros del Psuv, situación que se repitió con un seguidor del chavismo en la oficina del mercado en el sector de La Ermita de San Cristóbal.

En los municipios Junín, Capacho Nuevo, Michelena, Seboruco, San Judas Tadeo y García de Hevia, también se presentaron irregularidades con las máquinas que terminaron siendo manejadas por adeptos al chavismo, quienes estarían inscribiendo y haciendo cambios de residencia de manera clandestina.

Sin cronogramas de jornadas itinerantes

En la mayoría de los estados del país, las jornadas itinerantes, que son las que se mueven de un lugar a otro diariamente, superan el número de máquinas fijas, lo que sería de suma importancia que se informe con anterioridad para que los electores puedan acceder a estos puntos del RE. Sin embargo, la historia se repite en todas las regiones: no hay un cronograma público ni se ha dado información al respecto.

También es notable la gran afluencia de electores interesados en hacer cambios de residencia e inscribirse. Según Vanessa Flores, dirigente de Encuentro Ciudadano en Falcón, son 3 millones de venezolanos que no están inscritos en el REP, más los que recientemente cumplen la mayoría de edad que deben llevar a cabo este proceso. “Me parece que es una jornada muy corta, apenas un mes para cumplir con todo”.

La falta de información de las jornadas itinerantes se repite en Lara, Carabobo, Nueva Esparta, Apure, Guárico, Zulia, Bolívar, Barinas, Mérida, La Guaira, Mérida, Táchira y Falcón. Es decir, es una anomalía que cubre todo el territorio nacional.

Las jornadas también están afectadas por los constantes cortes eléctricos, que a su vez perjudican la conectividad, no solo de las máquinas que trabajan con internet, sino también de los ciudadanos para que puedan acceder a las informaciones que se publican a través de las redes sociales y los medios de comunicación, que han emprendido campañas para mantener al venezolano enterado sobre las jornadas electorales, ya que la información difundida por el CNE es muy escasa. Omitir la información de los puntos itinerantes es violatorio del artículo 33 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

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La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el oficialismo, aprobó este jueves por unanimidad una ley que crea el estado Guayana Esequiba, una nueva región que se suma al mapa nacional, delimitada sobre el territorio en disputa con Guyana, que controla el área.

EFE

La ‘Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba’ “crea” el nuevo estado “dentro de la organización político territorial” de Venezuela, cuya superficie limita, por el este, con Guyana, según el texto aprobado, que no precisa la extensión del área que conforma esta región.

La ley establece que el estado Guayana Esequiba será regido por un gobernador elegido en comicios, sin aclarar el censo de votantes que se tomará en cuenta, pero deja claro que hasta que se celebren estas votaciones el jefe de Estado designará una autoridad para el lugar.

Asimismo, hasta que Venezuela “alcance una solución práctica y mutuamente aceptable con Guyana” sobre este territorio, habitado casi exclusivamente por comunidades indígenas, “el asiento de poderes públicos será la ciudad de Tumeremo”, ubicada en el estado Bolívar, en territorio venezolano fuera de la controversia.

Este marco legal determina también que no podrán optar a los cargos de elección popular las personas que, en cualquier momento, “hayan adoptado conductas que directa o indirectamente favorezcan o respalden la posición de Guyana respecto de las reclamaciones de la Venezuela sobre el territorio”.

Además, se crea un sistema de multas, de hasta 108.611 dólares, para castigar a quienes publiquen o distribuyan mapas de Venezuela que no muestren esta zona bajo litigio como parte íntegra de su territorio.

Del mismo modo, serán sancionados con multas de más de 10.800 dólares quienes se nieguen a proveer al Estado información que se considere histórica o necesaria para la defensa de este territorio, en el que Georgetown explota sus riquezas petroleras pese a los reclamos de Caracas.

Esta ley, aseguró el Parlamento, cumple con el mandato expresado el pasado 3 de diciembre, cuando Venezuela celebró un referendo unilateral en el que casi la totalidad de los participantes aprobó anexionarse la zona bajo pleito.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo el viernes que su país responderá “proporcionalmente” ante cualquier provocación que detecte la Fuerza Armada chavista en aguas cercanas al Esequibo.

“Nosotros vamos a estar con presencia firme en nuestro espacio soberano marítimo, con despliegue militar y actuando proporcionalmente (ante) cualquier provocación que se pretenda hacer en ese territorio marítimo”, sostuvo el ministro durante un acto con militares en Caracas.

Padrino declaró que Estados Unidos pretende “involucrarse de manera irresponsable” en la disputa territorial que mantienen Guyana y Venezuela por el Esequibo, una zona de casi 160.000 kilómetros cuadrados, rica en petróleo, que es controlada por Georgetown desde 1899.

Criticó que Washington promueva la realización de ejercicios militares en las aguas que Venezuela considera pendientes por delimitar, y que Guyana ve como parte íntegra de su geografía, así como en la fachada atlántica del país, cuya soberanía -remarcó- es “incontrovertible”.

Estas acciones, dijo, amenazan la paz regional, por lo que recordó que su jefe de Estado, Nicolás Maduro, ordenó mantener un despliegue militar en estas aguas del mar Caribe y “defender centímetro a centímetro” el territorio que reclaman como soberano.

En medio de la incertidumbre sobre la candidatura de la opositora María Corina Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos, se abrió el jueves en Venezuela el proceso de inscripción de los candidatos para las elecciones presidenciales del 28 de julio, y ya hay dos candidatos inscriptos: Luis Eduardo Martínez y Daniel Ceballos.

AP

Por ahora el dictador Nicolás Maduro es el único postulante que parece tener garantizada su presencia en los comicios. El mandatario fue proclamado el 16 de marzo como el aspirante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Maduro asumió como presidente encargado en marzo de 2013 tras la muerte de su mentor Hugo Chávez, pero poco más de un mes después fue elegido en comicios para el periodo 2013-2019 y reelecto en 2018 para otro mandato en unas polémicas elecciones que fueron desconocidas por la oposición y gobiernos extranjeros, entre ellos el de Estados Unidos, que las consideraron fraudulentas. Su mandato concluye a principios de 2025.

El resto de los candidatos, que tienen plazo para inscribirse en forma electrónica hasta el 25 de marzo, deberán esperar si su postulación es aceptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a cargo de organizar los comicios nacionales, estatales y municipales en el país.

La constitución venezolana contempla cinco poderes del Estado, incluido el Poder Electoral en el que los aliados del oficialismo son mayoría desde hace más de dos décadas.

Luis Eduardo Martínez y Daniel Ceballos, en representación del partido Acción Democrática (AD) y Voluntad Popular (VP), se convirtieron en los primeros en registrar sus candidaturas a los comicios presidenciales. El certificado de registro de ambos fue consignado ante el CNE.

AD y VP están ahora dirigidos por disidentes de la oposición, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo, les entregó la dirección, símbolos, colores y tarjetas de los partidos. Además de esas dos grandes fuerzas opositoras hay otras organizaciones políticas minoritarias y el Partido Comunista de Venezuela, el más antiguo del país.

Poco después, la nueva directiva del Partido Comunista formalizó ante la autoridad electoral su respaldo a la candidatura de Maduro. El partido Podemos, uno de los 10 miembros de la coalición de partidos de izquierda denominada Gran Polo Patriótico, también registró su apoyo al mandatario.

Se espera que la inscripción de Machado, ganadora de las primarias de la oposición por más de 90% de los votos, sea bloqueada por el sistema automatizado de la autoridad electoral y no está claro si las organizaciones políticas que representa tendrán tiempo suficiente para apelar la decisión debido el estrecho calendario electoral.

Pese a la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años que pesa sobre Machado, la ingeniera industrial de 56 años no ha dejado de recorrer el país para promocionar su candidatura, mientras la Fiscalía General ordenó la aprehensión de varios opositores, entre ellos su jefa de campaña y mano derecha, por sus supuestos vínculos con una conspiración para desestabilizar al gobierno.

En Venezuela la inhabilitación política es una pena accesoria que se aplica cuando existe una sentencia judicial firme. Los críticos de Chávez y Maduro, entre ellos Machado, denuncian que la inhabilitación ha sido usada por años como un arma política. Sobre la ex legisladora no pesa ninguna condena judicial.

Machado ha prometido que oportunamente tomará la decisión correcta en medio de las presiones de líderes locales e internacionales que le piden que formalice su renuncia a la candidatura y le brinde su apoyo a un sustituto.

“Todo parece indicar que en efecto habrá una sustitución de candidaturas, es decir, no hay otra manera de encarar la coyuntura de la elección presidencial si la oposición no decide posibles sustitutos porque se elige a uno solo y, si eventualmente es inhabilitado, se queda sin una opción política”, dijo a la agencia AP el politólogo John Magdaleno, director y fundador de Polity, una consultora en asuntos públicos. “Creo que la dirección opositora está consciente de esto”.

La oposición “se está paseando por varias opciones que pueden inscribirse simultáneamente en el entendido de que una de ellas a la postre sería la candidatura por la cual se llamaría a votar”, agregó el también titular de la Sociedad Venezolana de Consultores Políticos.

Benigno Alarcón, politólogo y profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, dijo a AP que “esta no es propiamente una elección, se está cumpliendo con una formalidad para decir que se fue a una elección sin cumplir las condiciones mínimas que debe tener una elección” libre, justa y competitiva.

Añadió que “evidentemente aquí la principal preocupación del gobierno es quitarse del medio a la candidata opositora que fue elegida en la primaria, y reducir cualquier tiempo para continuar con el debate sobre su habilitación”.

Por años misiones internacionales de observadores han denunciado irregularidades que afectan la igualdad de condiciones para competir en los procesos electorales de Venezuela, como la inhabilitación de candidatos de la oposición, el uso de recursos del Estado en la campaña y un acceso desigual a los medios de comunicación.

Países de América Latina y la ONU manifestaron este jueves su preocupación por la situación en Venezuela tras la detención de dos de los colaboradores de la opositora María Corina Machado, principal rival del mandatario Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

AFP

Chile, Perú, Canadá, Argentina y Uruguay condenaron las detenciones y las órdenes de aprehensión contra el equipo de la opositora, acusada en la víspera de planes desestabilizadores, y quien figura como favorita en las encuestas para las presidenciales, pese a su inhabilitación por 15 años.

Las detenciones constituyen “una acción contraria al espíritu democrático que debe imperar en todo proceso electoral”, dijo la Cancillería de Chile en un comunicado al pedir el fin del “hostigamiento” contra opositores.

En una línea similar se pronunció Argentina al señalar que esto “atenta contra el surgimiento de nuevos liderazgos”, mientras Perú habló de una “creciente limitación al ejercicio del derecho de participación ciudadana de todos los sectores políticos en Venezuela”.

Las detenciones ocurridas un día antes del inicio del proceso de postulación para las presidenciales en las que Maduro busca un tercer período de seis años, también fueron objeto de preocupación para Canadá, Colombia y la ONU.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lamentó “cualquier acontecimiento que pueda obstaculizar” el proceso electoral de Venezuela, según el portavoz Farhan Haq.

Colombia también se dijo preocupada por los “efectos” que puedan tener los “últimos acontecimientos” en la “ruta del proceso político en Venezuela”.

Los dos detenidos el miércoles, Henry Alviárez y Dignora Hernández, aún no han tenido comunicación con sus abogados, según denunciaron los representantes legales del partido de Machado (Vente Venezuela) en la red social X.

En total, son siete los colaboradores de Machado detenidos por supuestos planes “desestabilizadores”, mientras que otras siete personas están solicitadas por la justicia, entre ellas la mano derecha de la opositora, Magalli Meda, quien sonaba como alternativa a ser postulada en su lugar.

Las detenciones también fueron rechazadas el miércoles por Estados Unidos, que al igual que Canadá y Uruguay exigieron la liberación de los opositores.

“Nuestro país se une al llamado de la comunidad democrática internacional para la liberación inmediata de todos los detenidos por motivos políticos”, dijo Uruguay.

La Cancillería venezolana rechazó algunos de los pronunciamientos de estos países, entre ellos EEUU, Uruguay y Chile, al que entregó una nota de protesta por “inmiscuirse en asuntos internos”.

“Resulta inaceptable que obcecadamente insistan en inmiscuirse en asuntos internos de un país soberano, colaborando con una sistemática campaña de desprestigio contra Venezuela”, dijo el viceministro para América Latina, Rander Peña, en X.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, también había lamentado más temprano en X que Guterres “desdeñe las amenazas internas y externas contra el pueblo venezolano”.

Los países y la ONU abogaron por el cumplimiento del acuerdo de Barbados firmado entre el gobierno y la oposición en octubre pasado para la celebración de elecciones.

La oposición, que ha denunciado una violación de este acuerdo, debe decidir antes del lunes a quién inscribirá como candidato, debido a que Machado en la práctica no podrá serlo.

Dirigentes distanciados de la oposición tradicional, muchos tachados de colaboradores del chavismo, inscribieron sus candidaturas ante el oficialista Consejo Nacional Electoral (CNE).

Luis Eduardo Martínez, de un ala del tradicional partido Acción Democrática, y Daniel Ceballos, un ex alcalde que fue preso político, presentaron el acta de postulación ante las autoridades.

“Nosotros no podemos esperar de nuevo una coyuntura para ver qué se le ocurre cada día a alguien cuando este país lo que quiere es cambio”, dijo Ceballos a periodistas tras presentar su postulación, en medio de la espera de la decisión de Machado.

La opositora Machado denunció por su parte que los partidos que la apoyan no han podido ingresar al sistema de postulación.

La jefa de campaña de Machado, en tanto, insistió en afirmar en X que “viene la libertad de Venezuela en unas elecciones libres con María Corina Machado guiándonos” y reiteró que su acusación contra el gobierno de que “actúa desde la mentira y represión”.

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