Armando Esteban Quito, Author at Morfema Press

La Fiscalía pidió sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, y de no menos de 19 años y 5 meses para su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, declarados culpables de lavado de dinero en EE.UU.

EFE

Así lo indica el hasta ahora último documento judicial del caso de los dos ciudadanos venezolanos, que fueron extraditados a EE.UU. desde España en 2022 y juzgados ese mismo año en los tribunales de Fort Lauderdale (sur de Florida) y recibirán sus sentencias este miércoles 19 de abril si no hay otro nuevo aplazamiento.

En el documento firmado, entre otros, por Glenn S. Leon Markenzy Lapointe, jefe de la sección de fraudes de la Fiscalía General de EE.UU., se exponen las razones por las que, a su juicio, Díaz Guillén y Velásquez Figueroa deberían ser castigados con una sentencia severa por el juez William P. Dimitrouleas.

“La naturaleza y las circunstancias de su participación en un inmenso esquema de lavado y soborno que involucra más de mil millones de dólares en bonos y más de cien millones de dólares en pagos de sobornos merecen una sentencia significativa”, dice el documento de 23 páginas.

La Fiscalía dice que no menos de 283 meses de cárcel para ella y no menos de 235 meses para él “serían lo suficiente y no más de lo necesario” dada la gravedad de los delitos cometidos.

Díaz Guillén y Velásquez Figueroa fueron personas de confianza de Hugo Chávez -son conocidos como la “enfermera” y el “guardaespaldas” del presidente de Venezuela fallecido en 2013- y se radicaron en España en 2016, según alegan, porque eran perseguidos por el actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Ambos tienen doble nacionalidad venezolano-española.

La Fiscalía calcula que obtuvieron al menos 136 millones de beneficio como resultado de su participación en el plan de corrupción basado en el sistema de control de cambios de Venezuela.

“EN EL CORAZÓN” DE LA CORRUPCIÓN EN VENEZUELA

El pasado 13 de diciembre el jurado del juicio halló culpable a Díaz Guillén de dos de los tres cargos que se le imputaban y a Velásquez Figueroa culpable de tres cargos.

Los abogados del matrimonio trataron sin éxito de que el juez Dimitrouleas aceptara el argumento de que el Gobierno estadounidense carecía de “jurisdicción extraterritorial” en este caso.

Ella formó parte del equipo de salud de Chávez antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció de 2011 a 2013, y él fue el jefe de seguridad de quien fue jefe de Estado de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013.

El empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, es buscado por la Justicia estadounidense en relación con los mismos hechos.

Según su ficha, Gorrín fue acusado el 16 de agosto de 2017 en el distrito sur de Florida de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), otro de conspiración para cometer lavado de dinero y nueve más de lavado de dinero.

El pliego acusatorio alega que Gorrín Belisario pagó millones de dólares en sobornos a dos altos funcionarios venezolanos -Díaz Guillén y Alejandro Andrade Cedeño, que también fue tesorero nacional- para obtener los derechos de efectuar transacciones de cambio de divisas con tasas favorables.

Además de realizar transferencias de dinero a los funcionarios, Gorrín Belisario presuntamente les pagó gastos relacionados con jets privados, yates, residencias, caballos de campeonato, relojes de lujo y una línea de moda.

Andrade Cedeño, que fijó su residencia en EE.UU. después de la muerte de Chávez, se declaró culpable y fue sentenciado a 10 años de prisión en 2018, como parte de un acuerdo que incluyó el decomiso de 1.000 millones de dólares y la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema de corrupción.

Para ocultar los sobornos, Gorrín Belisario realizó pagos mediante múltiples empresas fantasma y presuntamente se asoció con otras personas para adquirir el Banco Peravia, en República Dominicana, con el fin de blanquear los sobornos pagados a funcionarios venezolanos y las ganancias del esquema.

Al pedir sentencias duras para el matrimonio, la Fiscalía subraya que han tratado de “ignorar, minimizar y distraer la atención” sobre lo que hicieron y demostrado “una falta de remordimiento por los crímenes que cometieron y el daño causado como resultado de su codicia y abuso de poder”.

La petrolera estatal venezolana PDVSA ha pedido a los operadores de gasolineras que paguen de inmediato las facturas pendientes, según fuentes y un documento de la empresa al que tuvo acceso Reuters el lunes, mientras la firma enfrenta un desafío anticorrupción. investigar y ampliar una auditoría de cuentas por cobrar.

Reuters

Desde el año pasado, el gobierno ha estado investigando a PDVSA, donde las cuentas comerciales por cobrar ascendieron a más de $20 mil millones. La investigación ha llevado a una amplia revisión de los contratos, el arresto de decenas de personas y una reorganización de los principales funcionarios petroleros.

PDVSA ha dejado en suspenso muchos contratos de suministro de petróleo y combustible, llamado a clientes para liquidar cuentas y agregado nuevos clientes a su registro de empresas aprobadas.

“Le solicitamos que cumpla de inmediato con cualquier obligación de pago pendiente de las ventas de combustible”, escribió a los operadores de la estación la semana pasada. “PDVSA necesita que sus ingresos sean fluidos para sostener la estructura de producción, almacenamiento, transporte y suministro de combustibles”.

La solicitud de liquidación de saldos pendientes se ha centrado en las estaciones que venden en dólares estadounidenses y no han pagado en su totalidad a PDVSA, dijeron las fuentes. La falta de pago podría poner en peligro el suministro de combustible, advirtió PDVSA.

PDVSA y la Federación de Empresarios de Venta de Combustible para Motores de Venezuela no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Bajo estrictos controles de cambio de moneda, Venezuela había vendido su combustible nacional a precios fuertemente subsidiados en moneda local. Pero la escasez de combustible y la necesidad de divisas lo llevaron a permitir que algunas estaciones administradas por dueños independientes recibieran pagos en dólares en los últimos años.

Los ingresos denominados en dólares de esas ventas nacionales se han vuelto clave para el flujo de efectivo de la compañía en medio de las sanciones de Estados Unidos que limitan las exportaciones de petróleo del país de la OPEP.

El presidente ejecutivo de PDVSA, Pedro Tellechea, quien se convirtió en ministro de Petróleo el mes pasado, quiere saldar las cuentas pendientes antes de aprobar nuevos contratos. Suspender las entregas de combustible podría empeorar una escasez intermitente a partir de 2020.

En la carta a los operadores, el jefe de la división de mercado interno de PDVSA, Gustavo Bravo, recordó a las estaciones la necesidad de mantener cuentas y dijo que PDVSA tomaría «acciones administrativas y legales» contra los pagos incumplidos.

Un número desconocido de operadores de estaciones en las últimas semanas ha recibido saldos de cuentas de PDVSA, dijo una de las fuentes.

“Si los saldos pendientes no se pagan en 72 horas, activan una retención de crédito y se suspende el suministro de combustible a las estaciones”, dijo el propietario de una estación.

Las elecciones de 1998 fueron claves para Venezuela y tal cuál como señaló Henrique Salas Römer el curso del país quedó definido. Hoy, Henrique Salas Römer: 24 años después nos cuenta cómo vivió ese proceso crucial y su visión histórica y política sobre las posibilidades que se dibujan para el país en torno a las venideras elecciones.

Luis Olavarrieta

Importante conclusión: «Habrá un cambio en Venezuela, no por factores internos sino producto del juego geopolítico mundial, ya que nuestro país no es en éste momento parte de Occidente ( está secuestrado por factores antioccidentales). Será consecuencia de una negociación entre USA y Cuba y de ahí saldrá un gobierno de transición. Maduro es incómodo para los secuestradores».

Estas son las 13 propiedades que pertenecían al excongresista David Rivera y su socia Esther Nuhfer, que pasaron a ser controladas por el gobierno de EEUU.

Por: Maibort Petit – Venezuela Política

En una comunicación enviada por el fiscal federal, Markenzy Lapointe a la Corte del Distrito Sur de la Florida, se informa que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado control de 13 propiedades pertenecientes a el excongresista, David Rivera y Esther Nuhfer, acusados de delitos de conspiración para cabildear para el régimen de Nicolás Maduro y lavado de dinero.

Las propiedades que están ubicadas en los estados de la Florida y Georgia y habrían sido adquiridas presuntamente con dinero proveniente de la trama de corrupción que encabezó Rivera y que involucra a su socia y pareja sentimental, Nuhfer.

La fiscalía presentó una moción con “Lis pendens” que significa que los costosos inmuebles involucrados en el juicio contra Rivera y Nuhfer, pasan al poder o control del tribunal en espera de la continuación de la acción legal contra los acusados hasta la sentencia final.

La acusación contra David Rivera y la exconsultora Esther Nuhfer alega que ambos conspiraron al trabajar para un gobierno extranjero sin haberse registrado ante el gobierno de EE. UU, como cabilderos, y además realizaron transacciones financieras, incluyendo lavado de dinero, violando las leyes federales estadounidenses.

Según la acusación, Rivera y Neufer conspiraron con el propósito de enriquecerse ilegalmente, acordando con un gobierno extranjero (Venezuela) y participando en su nombre, en actividades de consultoría políticas en los Estados Unidos, representando intereses del gobierno de Venezuela ante funcionarios norteamericanos, en un esfuerzo por influir en la política exterior estadounidense.

Los fiscales indicaron en la acusación que Rivera «no cumplió con el requerimiento de registrarse como consultor de un gobierno extranjero», cuando acordó, bajo contrato, trabajar para Petróleos de Venezuela, representando al régimen de Nicolás Maduro. Cualquier trabajo que Rivera hiciera para PDVSA requeriría que se registrara como agente extranjero, tal cual lo establece la Ley FARA, ( por sus siglas en inglés The Foreign Agents Registration Act).

La ley FARA, aprobada en 1938 en Estados Unidos, exige que los agentes que trabajan para un gobierno extranjero, que participan en actividades políticas, divulguen públicamente su relación con el mandante extranjero.

La acusación establece que a partir de 2017, PDVSA contrató a la empresa de David Rivera, Interamerican Consulting Inc y a su asociada Esther Nuhfer, para cabildear ante el gobierno federal, el Congreso y agencias de Estados Unidos, en nombre de Venezuela y obtener apoyo político para normalizar las relaciones entre EE. UU. y el régimen de Nicolás Maduro.

En la acusación aparecen involucradas dos empresas de consultorías: Interamerican Consulting Inc y Communication Solutions.

Asimismo, la demanda señala que Rivera, «en su interés por mejorar la imagen de Venezuela», estableció reuniones con un 1 Senador del estado de la Florida, un representante al Congreso de Texas, y un asesor de la Casa Blanca. Los encuentros se realizaron en Washington DC.

En el documento se menciona a Nicolás Maduro, a la vicepresidente del régimen venezolano, Delcy Eloina Rodríguez, un empresario (Raúl Gorrín), a una empresa de servicios de yates de lujo del sur de la Florida, un abogado y dos miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela.

La acusación dice que se celebraron dos reuniones con el senador de Florida en Washington D.C. en julio de 2017 para discutir un posible acuerdo con el régimen de Maduro en el que aceptaría un acuerdo para celebrar elecciones libres y justas en Venezuela.

Estas son las propiedades de Rivera y Nuhfer que pasaron a control del gobierno de EE. UU.

1) 1673 Pink Dogwood Way, Oviedo 32765

2) 21 Sadowski Causeway, Key Colony Beach, Florida.

3) 2665 SW 37 Ave. Unit 504, Miami Florida

4) 10925 NT, 43 Lane, Doral, Florida 33178

5) 82 Tingles Lane, marathon, Florida 33050

6) 237 Coke Street, NE, Marieta, Georgia.

7) 549 Bethesda Court, Oviedo, Florida, 32765

8) 2188 Ellis Mountain Drive SW, Marieta GA, 30064

9) 3060 Fleet St. Marieta, GA, 30064

10) 3663 S. Atlantic Av. Unit 20-C, New Smyrna Beach, Florida, 32169

11) 9425 SW 38 St. Miami, Florida 33165

12) 13604 SW 83 Court, Palmeto Bay 33158

13)237 Cole St. NE, Marieta GA, 30066.

Lea la nota completa siguiendo este enlace a Venezuela Política

Ya van semanas de la revelación públicas de varias tramas de corrupción en Venezuela.

Aún no es serio mencionar una cifra aproximada de lo que se ha esquilmado si bien todo indica que son miles de millones de dólares, vale afirmar muchísimo dinero que en un país asediado por sanciones económicas extranjeras hubiese servido tanto para atacar al sin fin de problemas que afectan a nuestros pueblos.

Hemos visto la acción decidida de los órganos jurisdiccionales y para ser justos del propio gobierno nacional que al margen del costo político que inevitablemente conllevará este escandalo ha actuado sin contemplaciones.

En reciente intervención en plenaria de la Asamblea Nacional, en ocasión de discutirse en primera discusión, la Ley de Extinción de Dominio, recordé el decreto de El Libertador del 12 de Enero de 1824, suscrito en Pativilca, en el cual en solo 4 artículos procuraba ponerle freno a la creciente corrupción en la naciente nación.

“Todo funcionario público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos arriba, queda sujeto a la pena capital” rezaba el primer artículo, terrible pero vistos los resultados poco efectivo en el combate del mal que como recordamos en nuestras palabras, frente a los parlamentarios y el país, es tan viejo como la República. Reclamamos de seguida extremar las medidas de control en la gestión pública y potenciar el control ciudadano, así como promover y sembrar una cultura de valores.

En lo que se refiere al control en la gestión pública es urgente otorgar mayor autonomía, poder y recursos a las instancias contraloras a cualquier nivel, asegurar el estricto cumplimiento de la legalidad en el manejo de recursos que son del común, volver al control previo, limitar y normar rigurosamente el uso de las “emergencias” que se ha generalizado en contrataciones y adquisiciones, asegurar que salvo casos excepcionales el uso de los dineros del Estado se corresponda con una rigurosa planificación, que lo usual sean las licitaciones abiertas, que se erradique de una vez la práctica de asignar obras a realizar y adquirir bienes y servicios sin disponibilidad presupuestaria y algunas veces hasta sin que medie contrato alguno.

Es obligante también asegurar la mejor formación de los funcionarios responsables de manejar la cosa pública. Es cierto que mucho de lo que ahora se conoce solo se puede calificar como actos de mala fe, pero existen infinidad, seguro que en montos mucho más reducidos pero igual afectan, que el origen de lo irregular nace del desconocimiento y la carencia de adecuada preparación, incluso de querer resolver, con lo que están teñidos de buena fe.

En lo que corresponde a los legisladores, es deber nuestro apurar la revisión y actualización de leyes, muchas de ellas preconstitucionales, relacionadas con la administración pública y junto con la ya citada Ley de Extinción de Dominio considerar a la par de esta una Ley del Impuesto al Patrimonio, que entiendo la Procuraduría de la Nación tiene bastante adelantada y una Ley de Simplificación de Trámites que varios diputados opositores preparamos ahora para su presentación por iniciativa parlamentaria.

Recordando una vieja figura: la corrupción es una hidra de mil cabezas, pero si nos empeñamos como sociedad seguro que podemos abatirla y será posible la mayor transparencia en la gestión pública.

«Nunca convencerás a un ratón de que un gato negro trae buena suerte». La frase atribuida al escritor británico Graham Greene ilustra el ambiente que hay en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) respecto a los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela, pues a medida que el Estado presenta más documentos e informes con el propósito de frenar el proceso, lejos de conseguir este objetivo parece estarlo reforzando.

Acceso a la Justicia

Al menos este es el sabor de boca que dejó el informe de 22 páginas que el fiscal Karim Khan presentó el pasado 30 de marzo a la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado internacional y en el cual respondió a las «observaciones» que las autoridades venezolanas consignaron respecto a su actuación.

El Estado venezolano aseguró que la CPI carece de competencia para analizar lo ocurrido en Venezuela, entre otras razones porque no se produjeron crímenes de lesa humanidad «ni siquiera superficialmente», sino algunos «hechos individuales y aislados de abuso policial», y que los mismos ya están siendo conocidos por los tribunales nacionales. Por último, acusó a la Fiscalía de esa instancia no garantizarle el debido proceso.

Khan refutó las afirmaciones de las autoridades venezolanas; para ello empleó las afirmaciones e informaciones que ellas suministraron al juzgado.

«Las alegaciones del Gobierno de Venezuela de que “no se cometieron crímenes de lesa humanidad […], ni siquiera superficialmente” y que “no se cumple el criterio de gravedad” porque “solo se registraron incidentes individuales y aislados de abuso policial” respaldan la conclusión de que las autoridades de hecho no están investigando ni enjuiciando los presuntos delitos».

En noviembre de 2021 la Fiscalía de la CPI consideró tener una «base razonable» para creer que desde 2017 en Venezuela se cometieron «de manera sistemática y generalizada» crímenes de lesa humanidad castigados en el Estatuto de Roma, tales como detenciones ilegales y arbitrarias, torturas y malos tratos, violaciones y persecución por motivos políticos. Dichos crímenes dejaron miles de víctimas.

Puras palabras, pocas pruebas

Otro de los motivos por los cuales Khan considera infundados los señalamientos de las autoridades venezolanas es que estas han sido incapaces de probar que en realidad están castigando a los responsables de los hechos.

Khan denunció lo siguiente:

«La Fiscalía sostiene respetuosamente que el Gobierno de Venezuela no ha satisfecho esta carga ya que la totalidad del material proporcionado no corrobora la existencia de investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía».

Además, puntualizó:

«Los patrones y políticas que subrayan los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad no están siendo investigados, los procesos internos se concentran exclusivamente en miembros de bajo rango de las fuerzas de seguridad del Estado (aparentemente autores materiales o directos), y una parte sustancial de la criminalidad relevante no está siendo investigada en absoluto».

El Estatuto de Roma deja en claro que las investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos no deben limitarse a los autores materiales, sino que han de incluir las presuntas responsabilidades en las que han podido incurrir altos mandos y superiores jerárquicos.

Sin embargo, en el caso venezolano esto no ha ocurrido hasta ahora, a pesar de que instancias como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela recabó información que apunta a que altas autoridades ordenaron o permitieron la comisión de los crímenes constatados por la Fiscalía.

Si lo anterior no fuera suficiente, Khan denunció que los datos aportados por las autoridades no aportan información contrastable y verificable.

«La Fiscalía no puede evaluar adecuadamente si ha habido un cambio procesal relevante en los casos individuales porque la terminología empleada por el Gobierno de Venezuela para referirse a su estado es ambigua e inconsistente. Por ejemplo, el Gobierno emplea términos tales como casos que están siendo “enjuiciados” o procedimientos “instituidos” sin más especificación de la acción investigativa o procesal precisa que implican estos términos bajo la ley aplicable. En otros casos, los términos se usan indistintamente, aunque no necesariamente son sinónimos, como “acusación” y “cargos” o “condena” y “condenado”».

Asimismo, consideró que el número de casos abiertos no reflejan la gravedad de la situación.

«La Fiscalía encontró que había una base razonable para creer que, al menos, miles de opositores percibidos o reales fueron arrestados y detenidos sin base legal; varios cientos fueron sometidos a actos de tortura; más de un centenar fueron objeto de diferentes formas de violencia sexual y de género, y que dichas víctimas también fueron perseguidas por motivos políticos».

Las autoridades han informado que tienen 893 investigaciones abiertas por hechos ocurridos desde 2017. No obstante, la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones de la CPI recibió más de 2.000 documentos y videos de presuntas víctimas y sus familiares.

Guerra de dimes y diretes

Khan también defendió la actuación de su despacho y negó que haya incurrido en alguna violación al debido proceso, tal y como lo sostiene el Gobierno venezolano. Recordó que ha mantenido constante contacto con distintos funcionarios, lo cual «involucró extensas comunicaciones escritas y personales».

De la misma manera, explicó que su decisión de abrir una investigación sobre lo ocurrido en Venezuela no solo fue producto de la denuncia de un grupo de países que remitieron el caso en 2018, sino de un «extenso y exhaustivo» estudio de casi tres años y para el cual se revisaron cientos de informaciones y documentos remitidos por gobiernos, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.

La respuesta no sentó bien al Gobierno, que a través de la Cancillería emitió un comunicado el 3 de abril pasado, en el que acusó a Khan de «instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos».

Aunque, por un lado, el Estado fustigó la actuación de la Fiscalía, por el otro le solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares tiempo para contrarreplicar el informe de Khan. La instancia aceptó la solicitud y le dio hasta el 20 de abril para presentar sus nuevas observaciones en un documento que no debe superar las 10 páginas. Se trata de la misma fecha en la que la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones de la CPI debe presentar su informe sobre lo presentado por las presuntas víctimas en relación a si consideran que el caso debe continuar o no ante la Fiscalía de la CPI.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

La respuesta del fiscal de la CPI muestra por un lado que los intentos del Estado venezolano por desvirtuar la gravedad de los crímenes ocurridos en el país en los últimos años, al pretender rebajarlos a «casos aislados», no han rendido los frutos deseados; y, por el otro, ratifica la insuficiencia de las medidas adoptadas para investigar dichos hechos y, sobre todo, para evitar que se repitan.

Ello en buena medida es atribuible a la valentía de las víctimas, que no han dejado de luchar por la justicia, y a la labor de documentación realizada por las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

Además, la respuesta de las autoridades venezolanas al jurista británico revela que no hay aún una voluntad genuina de investigar lo ocurrido hasta sus últimas consecuencias; su postura es más bien la de retardar el proceso ante la CPI. Con esto, al final, le dan la razón al fiscal Khan.

Un jugador de ajedrez masculino usó un niqab para ocultar su sexo para ingresar a la división femenina de un torneo en Kenia, citando el deseo de ganar el premio en efectivo asignado a las competidoras.

Reduxx

Stanley Omondi, de 25 años, ingresó al torneo de ajedrez Abierto de Kenia con el nombre de Millicent Awour, supuestamente en un intento por mejorar sus posibilidades de obtener un premio en efectivo. El campeonato, que se llevó a cabo la semana pasada en la capital de la nación, es una competencia anual que atrae a los mejores jugadores de ajedrez de toda África.

Omondi disfrazó su sexo usando un niqab, una prenda que cubre todo el rostro que usan algunas mujeres musulmanas y que deja solo una pequeña abertura para los ojos. Combinando el velo con una túnica holgada, Omondi intentó hacerse pasar por una mujer musulmana devotamente religiosa.

Al principio, los oficiales del torneo no sospecharon que algo andaba mal. El Islam es la segunda religión más grande en la nación africana, con más del 10% de la población identificándose como musulmana. Pero el presidente de Chess Kenia, Bernard Wanjala, dijo que comenzaron a identificar discrepancias en su desempeño, y señaló que estaba jugando demasiado fuerte para un participante previamente desconocido.

Después de que Omondi venciera a la ex campeona nacional de Kenia Gloria Jumba y a la mejor jugadora de la Federación Internacional de Ajedrez de Uganda, Ampaire Shakira, los funcionarios intervinieron para cuestionar su identidad.

“Al principio no teníamos ninguna sospecha, porque usar hiyab es normal”, dijo Wanjala a BBC Sudáfrica . “Pero en el camino, notamos que ganó contra jugadores muy fuertes… y es poco probable que tenga una persona nueva que nunca haya jugado un torneo [siendo muy fuerte]”.

Wanjala explicó que el calzado de Omondi, junto con el hecho de que se negó a hablar con nadie, finalmente lo delató.

“Una de las banderas rojas que también notamos [fue] los zapatos, llevaba más zapatos masculinos que femeninos”, dijo Wanjala, y continuó en su declaración: “También notamos que no hablaba, incluso cuando vino a recoger su tag, no podía hablar, ordinariamente, cuando estás jugando, le hablas a tu oponente… porque jugar una partida de ajedrez no es guerra, es amistad.”

Después de ser confrontado , Omondi admitió la artimaña y explicó que se encontraba en una situación financiera difícil y necesitaba el dinero del premio. Omondi también declaró que estaba “listo para aceptar todas las consecuencias”.

Los funcionarios del Abierto de Kenia especulan que Omondi, quien es un hábil jugador de ajedrez, creía que tendría mejores probabilidades de ganar una competencia femenina que si simplemente hubiera participado en la división masculina.

Había casi 100 mujeres inscritas en el campeonato femenino, y el bote de la ganadora ascendía a unos considerables 500.000 chelines kenianos (aproximadamente 3.700 dólares estadounidenses).

Omondi ha sido remitido al comité disciplinario de Chess Kenya, que se espera que emita un fallo la próxima semana. Si el comité lo declara culpable, Omondi se enfrenta a una posible prohibición de competir en competiciones durante varios años, si no de por vida, entre otras posibles sanciones.

Los estoicos de la antigüedad creían que en muchos casos era posible controlar el dolor solo con el pensamiento. Para lograrlo, aceptaban estoicamente, por así decirlo, las sensaciones dolorosas o desagradables, viéndolas con estudiada indiferencia. Como tal, el dolor a menudo desaparecía por sí solo, aunque para ser justos usaban un analgésico conocido como triaca, que contenía opio.

Por: Liz Hodgkinson – The Conservative Woman

Lo contrario también es cierto, ya que puedes inducir dolor o enfermedad solo con el pensamiento, causando síntomas físicos agudos y, a veces, duraderos. Aunque las sociedades antiguas y tribales entendieron que el poder de la sugestión puede ser tan fuerte que puede hacer que las personas se sientan bien o enfermas, esto parece haber sido olvidado en la medicina mecanicista moderna con su insistencia en pruebas, escaneos, pantallas, etc.

Debido a esto, ahora me pregunto si tanta gente se habría contagiado de covid (o qué pasaría por eso) si, en lugar de que una enfermedad similar a la gripe se convirtiera en la peor y más peligrosa enfermedad que jamás haya afectado a la humanidad, había sido ignorado.

Tal como estaban las cosas, alrededor del 80 por ciento, y puede haber sido más, de la población mundial se apoderó de tal miedo al insecto que realmente pensaron que estaban enfermos. Una vez que se introdujo la prueba PCR, las personas comenzaron a hacerse la prueba, a veces cada hora, y si la prueba daba positivo, esperaban a que aparecieran los síntomas. La mayoría de las veces, lo obligaron.

Entonces la gente se aterrorizaba de salir de casa sin mascarilla, a pesar de que todas las evidencias mostraban que estos bozales eran más o menos ineficaces y que incluso los de calidad quirúrgica duraban solo un par de horas, como máximo. La gente también estaba nerviosa por acercarse a alguien más, alejándose si alguien se acercaba a unos pocos pies de ellos. Recién el otro día, cuando estaba en una cola esperando para pagar un artículo, una mujer enmascarada frente a mí se dio la vuelta y me dijo enojada: ‘¿Te importa no pararte tan cerca de mí?’ Pensé en hacer una respuesta rápida, pero decidí que no había forma de que pudiera penetrar este tipo de estupidez.

También estaba el ritual del lavado de manos en el que las tiendas, los consultorios médicos, las oficinas de los abogados y los agentes inmobiliarios, por ejemplo, te obligaban a usar desinfectante de manos y, a veces, te tomaban la temperatura al entrar.

La tontería de la limpieza fue aún más lejos, con hoteles, gimnasios y otros lugares donde la gente se reunía anunciando ‘limpieza mejorada’. Esto puede o no haber detenido el virus en seco, pero ciertamente aumentó el miedo. Todavía veo gente en el gimnasio fregando furiosamente bicicletas, cintas de correr y otros equipos en caso de que un germen de un usuario anterior haya tenido la audacia de permanecer en la máquina.

También recuerdo que, durante el primer confinamiento, una amiga me invitó a tomar una copa e insistió en que nos sentáramos en el pasillo de su apartamento, con los vasos en la mano y guantes quirúrgicos. No me dejaba entrar a su casa y también le pagaba a su limpiadora para que se mantuviera alejada. Por supuesto, no tenía tales temores, pero pude persuadir a muy pocas personas para que cruzaran mi umbral mientras los bloqueos estaban vigentes. Los repartidores tocaron el timbre y se alejaron bruscamente para permanecer ‘a salvo de Covid’. Nunca, en mi vida, ha habido nada que se compare con el miedo y el terror que se ha apoderado del mundo, y todo por una amenaza en gran parte inofensiva.

Cuando se introdujeron las vacunas, la gente hacía cola ansiosamente para las inyecciones, pero ¿hizo esto que el miedo desapareciera? No, lo aumentó a tal punto que se alinearon para cada vez más golpes. Conozco personas que recibieron cinco inyecciones y terminaron en el hospital con neumonía grave. Pero aun así elogiaron las vacunas, diciéndose a sí mismos y a otros que, de no haber sido por las muchas inyecciones, sus síntomas habrían sido mucho peores. No importa que, en general, los no vacunados, por lo que leer sin miedo, permanecieron perfectamente bien en todo momento. En mi opinión, el miedo creó el medio que permitió que la infección se apoderara de los vacunados.

Ahora, por supuesto, sabemos por muchos estudios que las vacunas en sí mismas son dañinas, pero intente decirle eso a los pinchazos múltiples. Su miedo es tal que se niegan a escuchar, y estas mismas personas ahora están reservando su ‘refuerzo’ de primavera y verano, por lo que habrán recibido quizás seis o siete pinchazos para fin de año.

La amiga que me hizo sentarme en el pasillo para tomar una copa ha tenido todas las vacunas de Covid más la vacuna contra la gripe y adivina qué, ha estado guardada durante varios días con una infección bastante desagradable. Después de recibir todos los golpes, me dijo: ‘Ahora estoy protegida’. Sí, tan protegida que languidece en la cama sin poder levantarse.

¿Por qué la gente no está sumando dos y dos? Creo que es porque no se atreven a creer en el poder de la mente para crear enfermedad o bienestar. El poeta William Blake escribió en 1794 sobre «esposas forjadas por la mente» con lo que quería decir que nosotros mismos fabricamos estas esposas y creamos una prisión en nuestras propias mentes que luego se convierte en una realidad. Una vez que las esposas forjadas por la mente se agarran, la enfermedad puede resultar.

Durante los últimos tres años, hemos creado grilletes, prisiones, miseria y dolor para nosotros mismos, con la ayuda y la complicidad, por supuesto, de los principales medios de comunicación. Y el alarmismo está lejos de terminar. Colgando sobre nosotros todo el tiempo hay amenazas de más bloqueos, más restricciones, más mandatos de máscaras, más pinchazos, más restricciones a nuestra libertad, todo diseñado para mantenernos acobardados y asustados.

Desde 2020, cuando se introdujeron los primeros confinamientos, ha quedado claro que aquellos de nosotros que no tuvimos miedo, que resistimos todas las pruebas, enmascaramientos, distanciamientos, pinchazos y otras intervenciones, somos los que hemos permanecido bien. Nuestras mentes fuertes actuaron para fortalecer el sistema inmunológico y permitirnos resistir la infección, como en la frase latina Mens sana in corpore sano: Una mente sana en un cuerpo sano.

Los dos van juntos y la medicina moderna ignora el poder de la mente a su propio riesgo. ¡Tenemos que aprender de los estoicos!

Dos organismos humanitarios de las Naciones Unidas alertaron el jueves sobre el “preocupante” incremento de migrantes que han cruzado la peligrosa jungla del Darién en lo que va del 2023 y señalaron que, según Panamá, de continuar esa tendencia, ese flujo irregular podría superar los 400.000 tránsitos al cierre del año.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicaron en un comunicado conjunto que más 100.000 migrantes utilizaron esa ruta en los primeros meses en camino hacia Norteamérica, una cantidad seis veces mayor a la registrada en igual periodo del 2022, el cual terminó con un récord histórico de casi 250.000 tránsitos.

“Panamá enfrenta una de las crisis de movimientos mixtos más desafiantes de la última década, como parte de un desplazamiento sin precedentes a través de las Américas”, advirtieron esos organismos.

El martes, Estados Unidos, Colombia y Panamá anunciaron que impulsarán una campaña de 60 días destinada a detener esa masiva migración ilegal a través de la peligrosa selva del Darién, en el marco de una reunión en la capital panameña del secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, y los titulares de Relaciones Exteriores y Seguridad colombianos y panameños.

Aunque no ahondaron en detalles sobre cómo alcanzar ese objetivo, el ministro de Seguridad de Panamá, Juan Pino, dijo después del encuentro que el plan busca, entre otras metas, contener mediante operaciones policiales en la porosa frontera a los grupos del crimen organizado que amasan ganancias ilícitas con ese tráfico humano. Confirmó que implicarían acciones conjuntas entre los tres países.

De acuerdo con las estadísticas del Servicio Nacional de Migración hasta marzo, el tránsito por la selva darienita fue principalmente de venezolanos con 30.250 nacionales de ese país, seguido de 23.640 haitianos, 14.327 ecuatorianos y 3.855 personas procedentes de China. Entre las demás nacionalidades, hay migrantes de Colombia, Perú, la India, Somalia o Camerún.

Los últimos informes mensuales de monitoreo del ACNUR y de la OIM reportan que las personas abandonan sus países de origen, frecuentemente, por motivaciones económicas y por falta de empleo. Más de la mitad de los migrantes señala haber huido de sus países también debido a los niveles generales de inseguridad o amenazas, así como ataques específicos contra ellos y sus familiares.

“Los peligros y niveles de violencia a los que se enfrentan las personas que cruzan el Darién son altamente preocupantes”, dijo Philippa Candler, representante de la Oficina Multipaís de ACNUR en Panamá. “Es urgente trabajar en una solución regional basada en la protección para responder a esta crisis humanitaria sin precedentes en las Américas”

Por su parte, Giuseppe Loprete, jefe del Centro Administrativo Global y Misión OIM Panamá destacó que muchos migrantes “han perdido la vida o han desaparecido” en el intento de cruzar la jungla de Darién. Otros, recalca, han logrado atravesarlo, pero “ahora tienen problemas de salud importantes”. “Nos preocupa que las personas que están pensando hacer esta travesía no estén al tanto de los peligros asociados a esta ruta”, agregó.

Panamá se encamina hacia un crecimiento económico sostenido durante los próximo años, lo que hace preveer una perspesctivas optimistas, en función a la recuperación de la actividad económica a través del Producto Interno Bruto (PIB) que mostro buenos indicadores desde el tercer trimestre del 2020, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

ANPanamá

Sgún un reporte del ministerio, para el año 2021 el PIB real de Panamá registró un crecimiento de 15.8%, el más alto de América Latina. Durante el transcurso del 2022 se completó la normalización de las actividades y el crecimiento económico durante ese año alcanzó la cifra de fue de 10.8%, debido a la resiliencia y diversificación de la economía nacional, detalló el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC).

Agrega que recientemente, el Banco Mundial (BM) consideró que Panamá liderará el crecimiento económico regional al mejorar las proyecciones de crecimiento económico de 4.5% a 5.7% para este 2023, según el informe actualizado de Análisis y Previsiones Económicas presentado por el economista jefe del BM para América Latina y el Caribe, William Maloney.

Maloney expresó que “Para Panamá se espera un crecimiento de 5.7% para este año, 5.8% y 5.9% para los próximos dos años, por lo cual el desempeño de este país comparado con los de la región son buenos”.

El informe del BM, evidencia que las decisiones económicas, de finanzas públicas y fiscales adoptadas por el presidente de la República Laurentino Cortizo y liderada por el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, colocan nuevamente al país, como la nación con mayor recuperación económica, tras la pandemia Covid-19 donde se priorizó salvaguardar la vida de los panameños, indica el MEF.

El nuevo informe del BM, intitulado “El potencial de la integración. Oportunidades en una economía global cambiante”, refleja que “los países deben preservar la resiliencia que tanto les costó ganar y aprovechar las oportunidades únicas que ofrecen las tendencias de la economía mundial hacia la relocalización de empresas (nearshoring) y la industria verde”.

En esa línea, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, afirmó que “Panamá ha sido un ejemplo de cómo podemos superar situaciones difíciles, el desempeño económico de este país a lo largo del tiempo ha sido impresionante, estamos hablando de un promedio de crecimiento de 6%, es de los más rápido de América Latina. Ha sido el más rápido”.

Recalcó que Panamá ha adoptado un enfoque inteligente y no partidista con la gestión del Canal, su infraestructura, su ampliación para recibir buques más grandes, enfocados en la eficiencia por encima de la política.

El Gobierno Central alcanzó una ejecución presupuestaria, tanto para funcionamiento como inversión, del 94% para la vigencia fiscal 2022, lo que sigue reflejando altos niveles de desempeño en la ejecución presupuestaria.

Asi mismo destaca el reporte del MF, que el país mantuvo su grado de inversión, de acuerdo con las principales agencias calificadoras riesgo, Standard & Poor´s y Moody´s. En el caso de Fitch Ratings, reafirmó la calificación soberana de Panamá en BBB-, cambiando la perspectiva de negativa a estable.

El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, ha manifestado en diversas ocasiones que los dos años de pandemia del covid-19 fueron “terribles” para la economía del país y de “pérdidas irrecuperables”. Al mismo tiempo recordó que como Panamá no tiene banca central se utilizó una política de estabilizadores automáticos que tiene mucho que ver con el tema de la política anticíclica.

Precisó que eso conllevó a una caída “muy fuerte” en los ingresos corrientes, de alrededor de 25% en 2020, por lo que fue necesario compensarla con un aumento de la deuda, lo que “ayudó” a mantener niveles de actividad económica que de otra manera no se hubieran podido lograr.

“Pasamos de poco más de 10% de déficit fiscal del Sector Público no Financiero (SPNF) en 2020, a un déficit de 3,93% en el 2022, lo que ha contribuido a que el ritmo de crecimiento de la deuda pública sea cada vez menor. Para el año 2023 la Ley de Responsabilidad Social Fiscal estable como tope un déficit de 3%, y pensamos que también lo vamos a cumplir”, afirmó el Ministro Alexander.

Destacó, además, que el peso de la deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto Nominal también se ha reducido de forma importante y ya para el año 2022 estaba en menos del 60%.

Al cierre del año 2023, el desempeño económico en conjunto con el adecuado manejo de las finanzas públicas, permiten vislumbrar que el país se encamina en la senda de la sostenibilidad del crecimiento económico y generación de empleos, consolidando la estabilidad macroeconómica y promoviendo la confianza de los inversionistas, concluye el reporte del MEF.

Morfema Press

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