La administración Trump emitió una licencia general que amplía la capacidad de las compañías petroleras para operar en Venezuela, lo que marca un paso significativo para aliviar las sanciones bajo el nuevo liderazgo respaldado por Estados Unidos en Caracas.
La licencia emitida el jueves por el Departamento del Tesoro de EE. UU. abarca diversas actividades que podrían agilizar el transporte de crudo venezolano, como la exportación, la venta, el almacenamiento y la refinación de dicho petróleo, siempre que el trabajo sea realizado por una entidad estadounidense. Según un funcionario de la administración, no cubre la producción de crudo upstream dentro del país, donde actualmente solo una petrolera estadounidense, Chevron Corp., opera con una licencia especial estadounidense.
La autorización se produce después de que los legisladores venezolanos aprobaran una reforma histórica de la política de hidrocarburos del país, que algunos ejecutivos petroleros estadounidenses habían calificado de esencial para el lanzamiento de operaciones en el país. El presidente Donald Trump ha declarado que espera que las compañías energéticas estadounidenses inviertan miles de millones de dólares en la revitalización del sector petrolero del país, cuya infraestructura se ha deteriorado tras años de falta de inversión y corrupción.
La medida refleja el deseo de la Casa Blanca de poner en marcha rápidamente la economía de Venezuela después de la captura por parte de Estados Unidos del expresidente Nicolás Maduro, dijo una persona familiarizada con el asunto.
Sin embargo, el impacto total del cambio podría verse limitado debido a las restricciones incorporadas en la licencia, incluida la prohibición de transacciones con entidades vinculadas a China. China había sido un importante comprador de crudo venezolano sancionado —y, por lo tanto, con grandes descuentos— antes de la captura de Maduro.
“Este parece ser el primer paso obvio y necesario para allanar el camino para que las empresas energéticas hagan negocios en Venezuela”, declaró Clayton Seigle, investigador principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington. “Básicamente, se elimina la prohibición de trabajar con Petróleos de Venezuela S.A., la petrolera estatal del país, para el manejo del crudo del país”, añadió.
Sin embargo, los pagos a PDVSA todavía “tienen que pasar por cuentas controladas por Estados Unidos, y trabajar con empresas venezolanas controladas por China está fuera de los límites”, dijo Seigle.
La licencia también especifica que las leyes estadounidenses rigen los contratos y que las disputas bajo ellas deben resolverse dentro de Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro también exige un “informe detallado” sobre las transacciones en las que el petróleo venezolano se vende o se envía a otros países, otro factor disuasorio potencial.
La licencia abarca diversas operaciones downstream, como la carga de petróleo en buques cisterna, así como la exportación, el transporte y la refinación de dicho crudo, siempre que las realice una entidad estadounidense establecida. También autoriza pagos comercialmente razonables en forma de intercambios físicos de petróleo crudo, diluyentes o productos petrolíferos refinados.
La autorización de swaps de petróleo es particularmente relevante para la española Repsol SA y la italiana Eni SpA, ya que ambas compañías utilizaron anteriormente dichos intercambios para recuperar el pago de PDVSA por la compra de gas que producen en un yacimiento offshore.
Incluso cuando la licencia general excluye algunas transacciones, estas podrían aprobarse posteriormente caso por caso, según declaró Kevin Book, director general de ClearView Energy Partners, con sede en Washington, en una nota. Esto podría ser una vía para autorizaciones específicas de producción de petróleo por parte de empresas estadounidenses, así como, potencialmente, para la venta de crudo a China, añadió.
Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, han dicho anteriormente que a China se le permitiría comprar crudo venezolano.
La administración Trump planea controlar indefinidamente las futuras ventas de petróleo venezolano y mantener las ganancias en cuentas estadounidenses. Los gigantes comerciales Vitol Group y Trafigura Group ya han comenzado a vender crudo venezolano que se encuentra almacenado debido al bloqueo estadounidense que comenzó semanas antes de la captura de Maduro.
Trump ha afirmado que las ventas de petróleo beneficiarán tanto a Estados Unidos como a Venezuela. Las compañías petroleras «devolverán una enorme riqueza a Venezuela y a Estados Unidos», declaró Trump en una reunión de su gabinete el jueves. «Y a las compañías petroleras también les irá bien. Venezuela, de hecho, generará más dinero que nunca, y eso es positivo».
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha estado cortejando a las compañías petroleras extranjeras con ofertas de términos fiscales más generosos, menos burocracia y permitiendo que el sector privado controle gran parte de la industria clave del país.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves por la noche que “Cuba no podrá sobrevivir” tras ordenar la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la isla, durante declaraciones a la prensa en la presentación de un documental de la primera dama estadounidense, Melania Trump.
“Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir”, afirmó el mandatario al responder preguntas de periodistas en ese acto público.
Consultado sobre si su Gobierno intenta “ahogar” a Cuba con estas medidas, Trump sostuvo que esa palabra es “muy dura”, aunque describió al país caribeño como una “nación en decadencia”.
“Hay que compadecerse de Cuba. Han tratado muy mal a la gente. Tenemos muchos cubanoamericanos que fueron tratados muy mal y probablemente les gustaría regresar”, declaró.
Las declaraciones del mandatario se produjeron horas después de la firma de una orden ejecutiva que dispone la imposición de aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, con el objetivo de intensificar la presión económica sobre la isla. La medida apunta a profundizar una crisis que, según el Gobierno estadounidense, se agravó tras el corte en el envío de crudo venezolano.
Ese corte ocurrió luego del derrocamiento del dictador venezolano Nicolás Maduro, un hecho que, de acuerdo con la posición de Washington, alteró de manera significativa el suministro energético hacia Cuba.
En el texto de la orden ejecutiva, Trump fundamentó la decisión en razones de seguridad nacional y política exterior. “Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU, y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza”, argumentó.
Trump sostuvo con anterioridad que el régimen cubano tiene los días contados desde el ataque de Estados Unidos a Venezuela del pasado 3 de noviembre, una operación que concluyó con la captura del dictador venezolano y de su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan cargos por narcotráfico en Nueva York.
Desde la perspectiva de Washington, el fin del envío de crudo venezolano a Cuba provocará un cambio de régimen en la isla. El Gobierno estadounidense considera que la interrupción del suministro energético impacta de manera directa en un país que atraviesa una grave crisis económica y social.
Las autoridades estadounidenses sostienen que la combinación del cese del petróleo venezolano y la imposición de aranceles a terceros países intensifica la presión sobre el Gobierno cubano y limita su capacidad de respuesta frente a la situación interna.
Por su parte, el régimen cubano reaccionó a la intervención estadounidense en Caracas y la calificó como un “acto de terrorismo”, según expresó oficialmente La Habana. Las autoridades cubanas advirtieron a Estados Unidos que no tolerarán intimidaciones ni amenazas y subrayaron que no habrá entendimiento posible ni negociación bajo “coerción”.
No obstante, la dictadura expresó su disposición a mantener un diálogo con Washington, siempre que ese proceso se base en la “igualdad y el respeto”, de acuerdo con su postura oficial.
Cuba depende en gran medida de suministros externos de crudo y combustibles refinados para sostener su sistema eléctrico, el transporte y sectores clave de su economía. Washington considera que ese flujo energético permite a la dictadura de La Habana mantenerse en el poder y financiar actividades que, según la administración estadounidense, afectan la estabilidad regional.
El mecanismo diseñado por la Casa Blanca establece que el secretario de Comercio determine si un país vende o entrega petróleo a Cuba, incluso mediante intermediarios o terceros. Una vez realizada esa determinación, el secretario de Estado evaluará, en consulta con otros organismos, si corresponde imponer un arancel adicional y en qué magnitud. La decisión final quedará en manos del presidente Trump.
La orden también otorga al Ejecutivo amplias facultades para modificar o suspender la medida. Trump se reservó la posibilidad de ajustar el esquema tarifario si el régimen de Cuba o los países involucrados “adoptan medidas significativas” que reduzcan la amenaza percibida o se alineen con los objetivos de seguridad y política exterior de Estados Unidos. Asimismo, advirtió que cualquier represalia comercial podrá recibir una respuesta con nuevas modificaciones.
El documento sostiene además que la isla alberga capacidades militares y de inteligencia de países considerados adversarios de Estados Unidos. Entre los ejemplos citados figura la presencia de la mayor instalación de inteligencia de Rusia fuera de su territorio, dedicada, según Washington, a recolectar información sensible estadounidense.
Además, el texto acusa al régimen cubano de brindar refugio y apoyo a organizaciones catalogadas como terroristas por Estados Unidos, como Hezbollah y Hamas.
“Cuba crea un entorno seguro para que estos grupos establezcan vínculos económicos, culturales y de seguridad en la región”, afirma la orden ejecutiva, que también menciona la cooperación de La Habana con China e Irán.
Un cuarto de siglo después de que Hugo Chávez pusiera en marcha un polémico proceso de estatización de la industria petrolera en Venezuela, el país sudamericano acaba de dar media vuelta para abrirles los brazos (y los pozos) a muchas de esas mismas empresas internacionales que hace dos décadas fueron expropiadas y estatizadas.
Este jueves la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos orientada básicamente a permitir y facilitar que empresas privadas nacionales y extranjeras participen en la explotación petrolera en formas en las que legalmente no podían hacerlo desde hace medio siglo, cuando se produjo la nacionalización del petróleo.
Aunque estas compañías siempre han mantenido algún tipo de presencia en el negocio petrolero venezolano, desde que se produjo la nacionalización petrolera en 1976 el Estado venezolano ha tenido una gran preponderancia que se acentuó mucho durante la presidencia de Chávez.
«50 años y 28 días después, hoy concluye formalmente la etapa de la nacionalización petrolera. También hoy se pone punto final a la política de expropiaciones llevada a cabo durante el gobierno de Chávez», escribió en la red X este jueves José Ignacio Hernández, un abogado venezolano experto en derecho constitucional y administrativo que trabaja como consultor para empresas internacionales.
En otro mensaje en X, Francisco Monaldi, director del programa latinoamericano de energía del Instituto Baker de la Universidad de Rice (Houston), pareció coincidir con esta visión.
«Hoy fue sepultado el modelo de soberanía petrolera de Chávez. El sector privado puede producir y exportar crudo. La participación del Estado puede ser reducida a niveles mínimos, a discreción del Ministerio, sin consultar a la Asamblea Nacional. El fin de la revolución», escribió.
El nuevo giro se produce a menos de un mes de la operación militar con la que Estados Unidos capturó en Caracas al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores; y tras la cual el gobierno de Donald Trump anunció que su país iba a recuperar la industria petrolera venezolana y que las grandes petroleras estadounidenses iban a invertir hasta US$100.000 millones en ello.
Desde entonces, EE.UU. ha asumido un rol preponderante en el negocio petrolero en Venezuela al punto de hacerse cargo de vender el crudo y de administrar el fruto de sus ventas.
El gobierno de Trump ha dejado claro que espera que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, siga sus instrucciones insinuando no tan veladamente que, de lo contrario, podría correr una suerte similar a la de Maduro.
Fue Rodríguez quien puso en marcha el proceso de reforma de la Ley de Hidrocarburos la semana pasada.
¿Cuáles son los principales cambios?
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos está dirigida a atraer la inversión privada en el sector petrolero de Venezuela y, para lograrlo, está dando un paso inédito al permitir que empresas privadas asuman «la gestión técnica y operativa» de los proyectos, algo que previamente estaba reservado a la estatal Pdvsa.
En el caso de las empresas mixtas (conformadas por asociaciones entre Pdvsa y compañías privadas, en las que la estatal venezolana seguirá teniendo al menos una participación del 50%) se permitirá que el socio minoritario pueda asumir las riendas.
Además, por primera vez se abre la puerta para que estas empresas privadas comercialicen el crudo.
Orlando Ochoa, consultor económico independiente y senior visiting fellow en el Oxford Institute of Energy Studies (Reino Unido), explica a BBC Mundo que, aunque estos cambios relacionados con la gestión son una novedad dentro de la ley, en la práctica era algo que ya se venía haciendo con las empresas Chevron, Repsol y la empresa francesa Maurel & Prom.
Algo similar ocurre con la comercialización del crudo. «En la práctica Chevron ya lo venía haciendo, a Repsol se le autorizó y Maurel & Prom también. Además, la ley dice ‘permitirá’ por lo que se mantiene una amplia discrecionalidad estatal», agrega.
Otros cambio importante se produce en relación con las regalías y los impuestos que deben pagar estas empresas al participar en la actividad petrolera venezolana.
La ley reformada mantiene la regalía que deben pagar las empresas por explotar el crudo venezolano en un 30%, pero establece la posibilidad de que ese porcentaje se rebaje en función de la viabilidad económica del proyecto.
También se permite al Ejecutivo reducir la tasa del impuesto sobre la renta por la misma causa.
Además, se derogó una ley que obligaba a las empresas a pagar contribuciones especiales al fisco cuando el precio del petróleo alcanza «precios extraordinarios» y se eliminó la obligación que tenían de pagar una serie de impuestos previstos en leyes de áreas muy diversas como ciencia y tecnología, deportes, lucha contra las drogas, pensiones.
«En términos fiscales, hay una racionalización inicial al eliminar las cargas parafiscales e impuestos estatales o municipales que tendían a sobrecargar. Sin embargo, queda una alta discrecionalidad en los términos fiscales, pues quedará por determinar en qué casos se aplica una regalía y una tasa de impuesto sobre la renta y en cuáles otra», apunta Ochoa.
Otro cambio relevante se produce con la introducción de la posibilidad de dirimir cualquier conflicto en relación con esos contratos petroleros a través de mecanismos alternativos de resolución de competencias como el arbitraje.
Este es un elemento de mucho interés para las empresas extranjeras, sobre todo, después de la experiencia de las estatizaciones realizadas por Chávez de forma forzosa.
Orlando Ochoa advierte, no obstante, que el texto de la ley habla de «arbitraje independiente», pero no especifica que se trate de «arbitraje internacional», por lo que el texto queda un poco ambiguo en este tema.
En todo caso, la cuestión de un posible arbitraje internacional en asuntos petroleros levanta polémica en Venezuela tanto por razones políticas como jurídicas, pues la Constitución prevé que los contratos de interés público deben resolverse en los tribunales nacionales y no darán lugar a reclamos internacionales, y estos contratos petroleros tienen una gran probabilidad de ser considerados como de interés público.
Ochoa considera probable que los términos de este tipo de mecanismos se establecerán de forma específica en los términos y condiciones de cada contrato.
Sin embargo, mientras exista esa previsión en la Constitución sobre los contratos de interés público habrá un cierto margen para la impugnación y la polémica.
Esta posibilidad, de hecho, se conecta con otra modificación relevante a la Ley de Hidrocarburos, pues en su nueva versión ya no exige que el Parlamento venezolano apruebe los contratos petroleros suscritos por el Ejecutivo, sino que simplemente establece que el Legislativo debe ser informado sobre los mismos.
Durante la sesión de la Asamblea Nacional de este jueves, el diputado opositor Pablo Pérez cuestionó que el texto no mantuviera el requerimiento de que los contratos fueran aprobados por el Parlamento y argumentó justamente que se trata de acuerdos de «interés público».
Una reforma cuestionada…¿e insuficiente?
La reforma a la Ley de Hidrocarburos ha recibido duras críticas desde perspectivas muy diversas.
El Partido Comunista de Venezuela la calificó como «un retroceso histórico» que forma parte de «una política sistemática de desmantelamiento de la soberanía petrolera».
Mientras que Andrés Izarra, quien fue ministro de Comunicación durante el gobierno de Chávez, publicó un artículo en el que consideraba como inconstitucionales muchos de los cambios por, entre otras cosas, transferir a agentes privados actividades petroleras reservadas al Estado.
«La reforma reduce a Pdvsa a un cascarón mientras otros operan», escribió en un artículo publicado en la web Aporrea.org.
Expertos petroleros como Francisco Monaldi han considerado la ley como «muy deficiente» y han criticado la excesiva discrecionalidad que otorga al gobierno.
Orlando Ochoa considera la ley como un paso importante en la dirección correcta al reducir el peso del Estado y abrir un espacio para el sector privado, pero también apunta deficiencias.
«Sigue siendo un régimen basado en una empresa estatal, algo que no estaría mal si hubiera una trayectoria razonable, el problema es que en los últimos 20 años Pdvsa se sobreendeudó, suspendió pagos de deuda, suspendió pagos a contratistas y a socios. Todo esto antes de las sanciones», señala.
«Entonces, en el contexto de las empresas mixtas queda un socio estatal que, pese a ser mayoritario, tiene poco músculo financiero y poca capacidad técnica».
Ochoa considera que estos cambios generan un estímulo para las empresas que ya están operando en Venezuela porque ahora tendrán un mejor marco de términos y condiciones. Sin embargo, cree que se debe ir más allá.
«Si Venezuela quiere atraer nuevas empresas internacionales para levantar realmente la producción tiene que hacer mucho más que esto», dice.
Frente a las críticas que ha recibido la reforma, tanto Delcy Rodríguez como su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, han señalado la necesidad de que Venezuela saque provecho del hecho de tener las mayores reservas probadas del mundo, extrayendo el crudo para poner esa riqueza en función del desarrollo del país.
No es un argumento nuevo para los venezolanos.
Ideas similares sustentaron la Apertura petrolera, un proceso impulsado en la década de 1990 cuando Venezuela quería aumentar su producción petrolera pero no disponía de los recursos para hacerlo, por lo que recurrió a autorizar contratos de servicio para que empresas privadas participaran en la producción petrolera.
Hugo Chávez calificó ese proceso como una traición contra el país y fue con miras a ponerle fin que inició su estatización petrolera en 2001.
«Es positiva para el país, es la siembra del petróleo, es la diversificación de la economía, es darle mayor solidez a la industria petrolera», declaró Chávez entonces.
«De cada 10 venezolanos, siete son pobres. Una de las razones de esto es el mal manejo de la industria petrolera», agregó según reseñó BBC Mundo.
Muchas cosas han cambiado desde entonces.
En aquel momento, Venezuela producía 2,8 millones de barriles de petróleo diarios y era el cuarto productor de petróleo del mundo. En la actualidad, es el productor número 20 y extrae menos de un millón de barriles diarios.
En cuanto a la pobreza, cifras de la Cepal ubicaban la pobreza en 2001 en un 43%, con una pobreza extrema de 4,4%.
Aunque la Cepal dejó de publicar este dato sobre Venezuela hace más de una década al no recibir más información del gobierno, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, registra que 73,2% de los hogares en Venezuela se encuentran en situación de pobreza de ingresos, de esos 36,5% se ubican en situación de pobreza extrema, según datos de 2024.
Así, al parecer, ciertamente Venezuela requiere ahora más que nunca convertir esa riqueza en el subsuelo en desarrollo para sus ciudadanos.
La pregunta es si los cambios que se están dando serán suficientes para conseguirlo.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela suspendió de forma temporal el inicio del proceso para la creación y registro de nuevas organizaciones políticas, de acuerdo con una resolución aprobada esta semana por la autoridad electoral.
El documento posterga la publicación del aviso oficial que cada año, en el mes de enero, abre el procedimiento legal para la constitución de partidos políticos en el país. La resolución fue aprobada este miércoles y publicada un día después en la cuenta oficial de Telegram del organismo.
Ese aviso, que cita el artículo 5 del Reglamento Parcial de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, permite a grupos ciudadanos solicitar una denominación provisional, paso inicial para promover, constituir, inscribir y registrar organizaciones con fines políticos ante la autoridad electoral. Sin la publicación del aviso, el proceso no puede iniciarse.
En el texto, firmado por el presidente del CNE, Elvis Amoroso, el organismo señaló que la medida busca “ordenar y racionalizar” los procedimientos administrativos. El consejo citó disposiciones constitucionales y reglamentarias que le permiten aplazar la convocatoria en “circunstancias excepcionales”.
El documento no detalla cuáles son esas circunstancias ni establece un plazo para reactivar el proceso. Indica únicamente que la resolución será publicada en la Gaceta Electoral.
Los resultados de las elecciones de 2024 siguen siendo cuestionados por la oposición, que denunció fraude y afirmó que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó los comicios, mientras el CNE no ha publicado las actas de votación detalladas para verificar el resultado después de declarar ganador a Nicolás Maduro.
El anuncio de suspender el registro llega semanas después de que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Maduro en un operativo militar estadounidense.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo esta semana que Washington mantiene una colaboración cercana con el gobierno de Rodríguez y describió la política del Gobierno del presidente Donald Trump como un enfoque gradual hacia la transición democrática. También afirmó que las autoridades venezolanas están bajo observación constante.
Rubio se reunió además con la líder opositora María Corina Machado, quien dijo que su movimiento cuenta con el apoyo de Estados Unidos y otros países para impulsar una transición política en Venezuela tras el derrocamiento de Maduro.
El senador demócrata Tim Kaine, integrante de los comités de Relaciones Exteriores y Fuerzas Armadas del Senado de Estados Unidos, sostuvo este viernes una reunión con la líder opositora venezolana María Corina Machado en su oficina del Capitolio.
“Hoy me alegra haberme reunido nuevamente con @MariaCorinaYA para discutir la necesidad de que se celebren elecciones este año en Venezuela. El pueblo venezolano debe estar al volante de su economía, gobierno y futuro.”
— Senador Tim Kaine
El encuentro se produce en un momento de alta sensibilidad en las relaciones entre Washington y Caracas. María Corina Machado, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 2025 y es considerada por gran parte de la comunidad internacional como la ganadora moral de las elecciones presidenciales de 2024, ha desarrollado en las últimas semanas una intensa agenda en Estados Unidos.
En enero de 2026, la dirigente se reunió con al menos 13 senadores de ambos partidos, con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca y con el secretario de Estado Marco Rubio en Foggy Bottom.
Sin embargo, declaraciones del presidente Trump que cuestionaban el liderazgo y el “nivel de respeto” de Machado dentro de Venezuela generaron fricciones. Durante una audiencia reciente en el Senado, el propio senador Kaine interrogó directamente al secretario Rubio sobre esos comentarios y transmitió la molestia expresada por la líder opositora y por la diáspora venezolana en Virginia.
La Alcaldía de Chacao informó las restricciones de tránsito que regirán en el municipio con motivo del Maratón CAF Caracas 2026, uno de los eventos deportivos más importantes del año, que se celebrará el domingo 8 de febrero.
De acuerdo con el comunicado difundido a través de sus redes sociales, la medida busca garantizar “la seguridad de los corredores y el éxito del evento”, por lo que se implementarán cierres temporales en varias de las principales arterias viales de la jurisdicción.
Con el objetivo de facilitar la logística de la competencia y resguardar tanto a los atletas como al público asistente, las autoridades municipales precisaron que el horario de restricción vehicular será de 6:00 am a 12:30 pm, lapso durante el cual se limitará el tránsito en las zonas por donde transitará la carrera.
Las vías que permanecerán cerradas durante ese período son:
•Avenida Francisco Solano •Avenida Venezuela •Avenida Casanova •Avenida Libertador (sentido El Rosal) •Acceso a Chacaíto desde la Autopista •Acceso a la Autopista desde la avenida Lazo Martí
Se informó que habrá restricciones puntuales de acceso hacia la avenida Francisco de Miranda, en sentido oeste, específicamente desde Petare, la avenida Sucre de Los Dos Caminos y la avenida Principal del Country Club, lo que impactará la circulación habitual en estos sectores durante la mañana del evento.
La Alcaldía de Chacao exhortó a vecinos, comerciantes y visitantes a planificar con antelación sus desplazamientos, utilizar rutas alternas y tomar las previsiones necesarias durante el horario de cierre.
El Maratón CAF Caracas 2026 convocará a miles de corredores en las distancias de 42K, 21K y 10K, por lo que se han anunciado cierres progresivos de distintas calles de la capital para asegurar el desarrollo seguro y ordenado de la jornada deportiva.
Para casi todos los venezolanos, enero de 2026 trajo expectativas de rescatar al país de la debacle de veintisiete años, que destruyó la democracia y degradó las instituciones, empobreció a la mayoría y limitó derechos de todos. La ciudadanía espera el pronto desmontaje del aparato que causó esos males.
Dentro del país, ese aparato era un sistema de dominación que avasallaba a empresarios y emprendedores condicionándoles políticamente la provisión de divisas e insumos; secuestraba los medios de comunicación; y perseguía a los opositores negándoles todo tratamiento humano, incluyendo su derecho al debido proceso. En el ámbito internacional, el régimen actuaba con otros estados a quienes cedió soberanía, y con redes delictivas y de violencia política, bajo la consigna de una “guerra asimétrica contra el imperialismo”, que hizo del país un peón de la geopolítica mundial, riesgoso a otras naciones.
Desmontar el aparato de destrucción es prerrequisito de la Transición a la Democracia y exige realismo para mitigar riesgos de caos que la amenacen.
¿Qué medidas exigir para el desmontaje del aparato de destrucción?
Hoy tenemos un gobierno provisional bajo tutela externa, compuesto por personas que integraron el mencionado aparato de destrucción, incluyendo a quien lo encabeza, vicepresidenta del gobierno que usurpó el poder desconociendo el resultado de las elecciones de julio de 2024.
Dada esa tutela, se hace difícil, para los agentes del gobierno provisional que así lo quisieran, cooperar con organizaciones de la violencia geopolítica o del delito organizado internacional. Pero dentro del país, funcionarios de ese gobierno impiden detener la máquina de represión, como evidencian las incesantes amenazas a opositores, la lentitud en la excarcelación de presos políticos y la actuación de “colectivos” contra ciudadanos que exigen la liberación de aquellos.
Desde el Grupo Orinoco exhortamos a la nación a exigir un Plan para desmantelar el aparato destructor del régimen, con objetivos y cronogramas definidos, a ser implementado por el gobierno provisional, que debe informar al país de sus avances. Y la incitamos a demandar de la Asamblea Nacional que contribuya al Plan con las acciones que constitucionalmente le corresponden.
El Plan debe detener prontamente la máquina de represión mediante tres grupos de acciones: liberar todos los presos políticos, clausurar los centros de detención y tortura y desarmar los “colectivos”; restituir las libertades de opinión y asociación para garantizar el libre ejercicio de los medios de comunicación; y suspender la persecución política, tanto de organismos civiles como militares.
Así mismo, el Plan debe contemplar la desactivación de otros mecanismos y agentes de la destrucción, incluyendo renovar los cargos de fiscal general, defensor del pueblo, contralor general de la república, rectores del CNE y jueces del Tribunal Supremo de Justicia, sustituyéndolos con personas de solvencia moral y talante democrático reconocidos. Además, debe reorganizar el Alto Mando Militar y cesar la militarización de la Administración Pública y el ejercicio de actividades económicas empresariales por cuerpos de la Fuerza Armada.
Finalmente, la efectiva ejecución del Plan, amerita encomendar su supervisión a independientes efectivamente motivados a implementarlo.
Hecho el desmontaje podrá iniciarse la Transición que los venezolanos quieren protagonizar, la cual no será breve y debe alcanzar prontamente un Acuerdo de Gobernabilidad que comprometa a todo el liderazgo político, sin exclusiones, con la construcción de una democracia plena. Un pacto que debe conducir a elecciones generales, abiertas a todas las parcialidades y al voto de todos los ciudadanos, residentes en Venezuela e integrantes de la diáspora.
El Grupo Orinoco ratifica la urgencia de que toda la sociedad participe activamente en la construcción de una democracia plena para Venezuela, y su disposición permanente a sumar esfuerzos con todas las personas y las organizaciones de la sociedad civil que decidan compartir esa exigente tarea.
En una entrevista exclusiva realizada por el periodista Seir Contreras, la señora María «Marita» Piña rompió el silencio tras lograr ver a sus hijos, Gabriel Sánchez Piña (19) —quien vive con Trastorno del Espectro Autista (TEA)— y Levy Sánchez, después de dos meses de desaparición forzada e incertidumbre.
Los hermanos, oriundos de Maracaibo, se encuentran recluidos en el centro de detención Zona 7 de Boleíta, en Caracas, bajo cargos que su familia califica como infundados y arbitrarios.
Marita Piña relató que durante todo el mes de diciembre permaneció en la sede de inteligencia en Maracaibo, suplicando por fe de vida. «Estuve 11 meses (sic) esperando, desde la mañana hasta las 8 de la noche, suplicando que me lo dejaran ver por su condición», afirmó.
Sin embargo, no fue hasta que se difundió un material audiovisual en redes sociales que la familia pudo identificar a Gabriel. A pesar de que la información inicial era confusa, el instinto materno la llevó a trasladarse a la capital: «Cuando llegué aquí, en efecto, sí era Gabriel».
La madre describió un escenario alarmante sobre el estado físico de sus hijos.
Pérdida de peso extrema: Gabriel pesa actualmente entre 40 y 42 kilos. «Los encontré muy amarillos, flacos y ojerosos», detalló.
Falta de condiciones para el TEA: Gabriel dormía en el cemento desde el 15 de diciembre. Apenas hace dos días le entregaron una colchoneta delgada. Como joven neuro-divergente, Gabriel requiere estructuras, rutinas y alimentación específica que son imposibles de cumplir en una celda.
Crisis emocionales: Debido a las crisis derivadas de su condición, las autoridades tuvieron que juntar a los hermanos en la misma celda para que Levy pudiera contenerlo.
Salud de Levy: Fue operado recientemente, presenta fuertes dolores en los riñones y no está recibiendo la atención médica necesaria.
A pesar de ser una familia dedicada al trabajo en una empresa familiar y ajena a la actividad política, Marita Piña confirmó que los cargos imputados son terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir.
«Gabriel no comprende por qué está aquí. Me dice: ‘Mami, ¿yo qué hice?’. Somos una familia normal que lucha por su país, ellos no son políticos», sentenció la madre.
Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Marita mostró los mensajes que Gabriel le entrega en bolsas de comida. Pequeños papeles donde el joven escribe: «Cuídate mucho», «Mami» y «Nos vemos en la casita», acompañados de dibujos de corazones.
La madre finalizó haciendo un llamado urgente a las autoridades venezolanas para que se cumplan las promesas de liberación de presos políticos emitidas a principios de enero. «Es la injusticia más grande que he vivido. Solo pido que se pongan la mano en el corazón y me devuelvan a mis hijos», dijo.
Gonzalo Himiob S., abogado y Director Vicepresidente de la ONG, Foro Penal, se refirió a este caso y manifestó: «Ninguno, absolutamente ninguno, de los funcionarios de Zona 7 está capacitado o formado para tratar con un detenido dentro del espectro autista. Gabriel debe ser liberado de inmediato».
El gobierno de Donald Trump emitió este jueves una licencia general que levanta las sanciones a algunas transacciones comerciales con petróleo venezolano, allanando el camino para que las petroleras estadounidenses operen en el país suramericano.
La decisión fue anunciada este jueves por el Departamento del Tesoro y llega casi tres semanas después de que el presidente Donald Trump recibiera en la Casa Blanca a los líderes de mas de 20 compañías petroleras estadounidenses, incluyendo ExxonMobile y ConocoPhillips, para presionarlos a invertir en Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro.
La licencia es un permiso más generalizado que el que hasta ahora emite Washington de manera individual (como en el caso de Chevron) desde que el expresidente Joe Biden levantó temporalmente las sanciones al sector energético venezolano en 2024.
Sin embargo, impone condiciones bastante específicas y prohibiciones importantes.
Entre ellas, solo permitirá las transacciones con crudo venezolano a empresas estadounidenses que hayan sido establecidas antes del 29 de enero de 2025 y obligará a que los pagos a entidades venezolanas se hagan a una cuenta bancaria controlada por Washington.
A su vez, para evitar ser sancionadas, los contratos que las empresas estadounidenses logren con el régimen de Venezuela o PDVSA, la estatal petrolera, deben se regidos por leyes de EE.UU. y establecer que cualquier resolución de disputas se haga en EE.UU.
La licencia también prohíbe condiciones de pago que EE.UU. considere «razonables» ni canjes de deuda, pagos en oro o transacciones que involucren a personas o empresas ubicadas en Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba.
Durante su primer mandato, en 2019, Trump sancionó la industria petrolera venezolana, provocando un fulminante golpe a la economía del país, que depende en su mayoría de las exportaciones de crudo.
Tras una intervención militar por parte de Washington en Caracas el pasado 3 de enero, que acabó con el arresto de Maduro y su esposa, la primera dama Cilia Flores, y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por supuesto narcotráfico, Trump ha presionado a las grandes petroleras estadounidenses para que vuelvan a invertir en el país suramericano.
Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, unos 303.000 millones de barriles, equivalentes al 17 % del total global. La mayor parte se encuentra en la Faja del Orinoco, en forma de crudo extrapesado que requiere tecnología avanzada y grandes inversiones para ser explotado.
Chevron es la única petrolera estadounidense que aún mantiene operaciones en Venezuela y a la que el Departamento del Tesoro (OFAC) ha concedido una licencia para poder importar crudo.
El gigante petrolero aceptó en 2007 permanecer en el país, después de que el entonces presidente Hugo Chávez nacionalizara los últimos yacimientos operados por el sector privado, obligando a las grandes compañías extranjeras a aceptar un control mayoritario del Estado, a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA), o abandonar el país.
Las empresas mixtas de Chevron y PDVSA en Venezuela aportan alrededor del 27 % de la producción nacional, unos 242.000 barriles diarios.
El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o suministren petróleo a Cuba.
Trump afirmó que la situación con respecto a Cuba constituye “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de EE UU, por lo que declaró una emergencia nacional.
Según la medida, se considera “necesario” establecer un sistema arancelario que permita imponer gravámenes adicionales a las importaciones de países que, directa o indirectamente, vendan o suministren crudo a Cuba.
En la orden, el mandatario asegura que el gobierno cubano adopta medidas que “perjudican y amenazan” a Estados Unidos y que se alinea con grupos terroristas transnacionales y actores adversos, entre ellos Rusia, China, Irán, Hamás y Hizbulá.
Además, subraya que Cuba persigue y tortura a sus oponentes políticos, niega la libertad de expresión y de prensa, y comete violaciones de derechos humanos.
La orden establece que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, determinará si un país vende o suministra petróleo a Cuba, y que el secretario de Estado, Marco Rubio, decidirá si se impone un gravamen adicional y en qué magnitud.
Trump ha sostenido previamente que el gobierno cubano tiene los días contados, tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela el 3 de noviembre, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ahora acusados de narcotráfico en Nueva York.
Finalmente, Washington considera que el fin del envío de crudo venezolano a Cuba podría provocar un cambio de régimen, en medio de una grave crisis económica y social en la isla.
