Hace años la Iglesia venezolana viene alzando la voz contra las reiteradas violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura de Maduro, así como para exigir una mejor calidad de vida para una población sumida en una grave crisis humanitaria. Este año, con unas cuestionadas elecciones presidenciales por delante, no es la excepción.

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Con motivo de la Cuaresma, monseñor Jesús González de Zárate, Arzobispo de Cumaná y Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, brindó una entrevista en la que habló de este tiempo del año litúrgico cristiano, pero también de la dura realidad que atraviesa Venezuela.

Según opinó, y de cara a las elecciones anunciadas por el chavismo para el 28 de julio, éste será “un año decisivo para la democracia” de Venezuela.

González de Zárate explica que la Cuaresma es un camino en el que Dios educa a su pueblo para que “abandone sus esclavitudes y experimente el paso de la muerte a la vida”: “Esta invitación es de gran actualidad para todos los venezolanos”.

En ese sentido, citó al papa Francisco al indicar que el camino de la esclavitud a la libertad consiste en ver y aceptar la realidad en toda su complejidad y dramatismo: “Así como el Señor le dijo a Moisés en el desierto: ‘Yo he visto la opresión de mi pueblo… Sí, conozco muy bien sus sufrimientos’. Los venezolanos estamos llamados a reconocer adecuadamente nuestra realidad, dejarnos interpelar por ella, y actuar conforme a las exigencias de esa realidad”.

De cara a las elecciones presidenciales, Monseñor Jesús González de Zárate llamó al “cese de la persecución de quien piensa distinto, la violación de los derechos ciudadanos como mecanismo de control político, y la inhabilitación como medio de exclusión”

“Un proceso electoral democrático requiere de la valentía de la conversión, por la cual salgamos de la esclavitud de los repetidos planteamientos y promesas falsos presentados como verdad, el cese de la persecución de quien piensa distinto y la violación de los derechos ciudadanos como mecanismo de control político, la superación de la confrontación, el descrédito y la inhabilitación como medio de exclusión”, concluyó.

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La investigación por el secuestro y homicidio del ex militar venezolano Ronald Ojeda Moreno en Chile, cuyo cadáver fue encontrado bajo cemento el pasado viernes en un campamento irregular, sigue avanzando y arrojando nuevas pistas. Ahora se conoció que uno de los prófugos tendría vínculo con Tareck El Aissami, ex vicepresidente de Venezuela y, en su momento, hombre fuerte del chavismo.

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Este martes, uno de los objetivos de la indagatoria hizo hincapié en el posible móvil del delito luego de que saliera a la luz que uno de los prófugos, Walter Rodríguez Pérez, había trabajado para El Aissami. Según publicó El Mercurio, ahora ese dato tiene que ser confirmado por el Equipo Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía chilena junto con la Policía de Investigaciones de ese país (PDI).

A comienzos de esta semana, se informó que Walter Rodríguez Pérez, quien sería uno de los líderes detrás de la operación que finalmente acabó con la vida de Ojeda, está señalado en calidad de encubridor del delito.

Aunque el fiscal Ángel Valencia señaló que las diligencias continúan en la más absoluta reserva, fue él mismo quien dijo que Rodríguez Pérez habría estado a cargo de la “vigilancia y traslado de Ojeda” a la comuna de Maipú, lugar donde efectivos policiales realizaron el hallazgo de su cuerpo.

El funcionario indicó que el sospechoso, de quien no se conoce aún su paradero, mantendría una “orden vigente de detención por su presunta participación en otros tres secuestros” en el país, uno de ellos relacionado con el hallazgo de “tres cuerpos en Curacaví en abril del año pasado”.

Datos disponibles en la página del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales precisan que Rodríguez Pérez trabajó durante casi dos meses en la oficina del ex vicepresidente de Venezuela en 2015, cuando este último era gobernador de Aragua.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Fiscalía comenzó a investigar a partir de esta información para confirmarla, dado que podría ayudar a esclarecer el crimen.

Hasta el momento, el único detenido por el asesinato de Ojeda es un joven venezolano de 17 años, ingresado de forma irregular al país y vinculado al Tren de Aragua, quien este lunes fue formalizado por el secuestro del militar.

Para dar con el adolescente venezolano, los investigadores siguieron las rutas de los automóviles usados en el rapto, revisando las cámaras de seguridad públicas y de locales comerciales. En una cámara de una bomba de bencina, apareció por primera vez el rostro del joven que quedó en detención provisoria por 60 días, puesto que es menor de edad.

Según la investigación, el sujeto “se trasladó hasta la comuna de Independencia permaneciendo allí conforme al análisis de su tráfico de llamadas, entre las 22:22 y las 23:44 horas. Seguidamente, a las 03:20 horas, concurrieron (él y su acompañante) hasta el sitio del suceso (…), prestando apoyo y cobertura para sacar a tres de los sujetos que se hicieron pasar por falsos policías, huyendo del lugar en compañía del otro automóvil, identificado como un Hyundai I10 (…) en el que subieron a la víctima y otras dos personas integrantes del grupo criminal”.

En total, tres vehículos fueron identificados en el caso: un Hyundai, un Chevrolet Sail y un Nissan Versa.

También se logró establecer que serían tres los autores directos del crimen, aunque otros delincuentes participaron en la preparación del ilícito y otros en el ocultamiento de Ojeda.

Las pesquisas permitieron determinar que al menos siete personas participaron de los hechos, con distintos grados de responsabilidad. Algunos de estos sujetos ya eran investigados por otros secuestros y delitos violentos.

Un informe de la PDI apuntó a que “conforme al análisis de las cámaras de seguridad del sitio del suceso correspondiente al domicilio de la víctima, fue posible establecer la utilización de información privilegiada para hacer ingreso de manera expedita a la vivienda del afectado, toda vez que los ascensores no se encontraban a la vista desde el sector del hall, no existiendo dudas ni búsqueda al momento de dirigirse al departamento de la víctima”.

El mismo documento identificó como sospechosos a terceros que pudieron entregar esta información, ya que días antes del delito, el 12 de febrero, hicieron recorridos por el edificio donde vivía el uniformado, a modo de inspección y sin motivo.

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