Un escena dramática se vivió este martes en el parlamento turco cuando el congresista Hasan Bitmez del partido islamista Saadet (Felicidad) pronunció un encendido discurso contra el Estado Israel por su campaña contra el grupo terrorista Hamas en Gaza y al finalizar se derrumbó en el estrado tras sufrir un ataque cardíaco.

Infobae

Bitmez es representante de la provincia noroccidental de Kocaeli del Partido Saadet, una fuerza islamista conservadora que suele presionar al presidente Recep Erdogan para que tome posiciones más duras contra Estados Unidos, Europa e Israel.

Su duro discurso de 22 minutos criticó que el gobierno mantuviese lazos comerciales con Israel mientras se realiza la operación militar para terminar con Hamas tas la masacre del 7 de octubre pasado.

En su alocución, Bitmez se quejó de que lo “único que estaba claro de los 22 años de gobierno del AKP (el partido de Erdogan) era su amor eterno por Israel” y lo acusó de “traicionar a la causa palestina al llegar a un acuerdo con Israel”.

“Decimos que dejen de transportar municiones a Israel en barcos propiedad de los gobernantes del partido y sus hijos y operados por ellos”, exigió exaltado cerca del final de su discurso, cuando la presidente de la sesión le reclamaba que culminara. “Sois cómplices de Israel. Tienes la sangre de los palestinos en tus manos, eres el colaborador. Usted recibe una contribución de cada bomba que Israel lanza contra Gaza”, acusó al oficialismo, antes de terminar con una cita del escritor turco Sezai Karakoc : “Si guardamos silencio, la historia no callará. La verdad no será silenciada si la historia calla. Creen que no importará si se deshace de nosotros. Pero si eres uno de nosotros, no te librarás del tormento de la conciencia. No te librarás del tormento de la historia. Si te salvas del castigo de la historia, no te salvarás de la ira de Dios”.

En ese instante, tras saludar a los presentes, se desmoronó, ante el asombro de sus colegas que corrieron a socorrerlo y realizarle masajes cardíacos.

El parlamentario, de 53 años, que padece diabetes, fue trasladado al hospital y las autoridades informaron que se encontraba en estado crítico.

El ministro de Sanidad, Fahrettin Koca, dijo en una publicación en las redes sociales que Bitmez había sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital de la ciudad de Bilkent. El presidente de Saadet, Temel Karamollaoğlu, declaró a la prensa que la salud de Bitmez seguía en peligro y pidió oraciones por su recuperación.

NEW: Turkish lawmaker Hasan Bitmez collapses from a heart attack just seconds after saying Israel would "suffer the wrath of Allah."

The 53-year old lawmaker collapsed after giving his speech in the General Assembly Hall in Ankara, the Capital of Turkey.

"We can perhaps hide… pic.twitter.com/OpoXO2g1z2

— Collin Rugg (@CollinRugg) December 12, 2023

El brusco aumento de la discursiva nacionalista en la causa de la soberanía venezolana en la Guayana Esequiba, promovido con inusitada agresividad por el Gobierno de Nicolás Maduro, descansa sobre una conclusión que lleva años dormida, pero que subyace en la psique de la sociedad, comenzando por las Fuerzas Armadas: la gran cantidad de territorio legítimo que ha perdido la nación en diversos laudos internacionales y circunstancias políticas confusas, en los tiempos de la colonia española y también como nación independiente.

Por: Alonso Moleiro – El País

A pesar de esa realidad y del enorme despliegue de propaganda orquestado desde el Gobierno nacional para promover un referéndum de anexión sobre el Esequibo, los centros de votación se vieron con poca gente durante toda la jornada y el chavismo no obtuvo la convocatoria que habría deseado para capitalizar la iniciativa de soberanía.

La celebración, en cambio, ha dado paso al debut de un tono nacionalista muy intransigente en el alto Gobierno, que está sirviendo como argumento para penalizar judicialmente cualquier posición política incómoda. Cuatro de los más cercanos colaboradores de la candidata opositora, María Corina Machado —una tradicional activista en la causa del Esequibo, pero que ahora apela a la Corte Internacional de Justicia para dirimir su soberanía—, han sido detenidos, acusados de colaborar con la multinacional Exxon Mobil y el Gobierno de Guyana.

La antigua Capitanía General de Venezuela, creada en 1777, tenía cerca de unos 1.500.000 kilómetros cuadrados (la actual República de Venezuela tiene 912.000), que incluían a la isla de Trinidad, una de las provincias de aquella entidad, arrebatada por los ingleses a España en 1802. Con la llegada de la independencia, el país perdió también el control de la península de la Guajira, parte de los actuales llanos orientales colombianos y amplios sectores de la Amazonía, en beneficio de Colombia y Brasil.

También, progresivamente, la Guayana Esequiba. Un territorio sobre el cual ha existido una larga pugna diplomática posterior, primero con los británicos, que fomentaron la colonización de la zona, y luego con el Gobierno independiente de Guyana. Un asunto que había permanecido adormecido como polémica durante varias décadas hasta ahora.

“Hay dos laudos que han dejado una huella profunda en la identidad territorial de Venezuela”, afirma Lauren Caballero, internacionalista y analista de la Universidad Central de Venezuela. “El laudo de 1891, que definió la frontera definitiva entre Venezuela y Colombia y la pérdida casi total de la península La Guajira, y el Laudo Arbitral de París de 1899, que se tradujo en la pérdida del Esequibo. Estos dos eventos de alguna manera han generado una especie de trauma en la conciencia de generaciones de venezolanos, hasta el punto que la diplomacia en Caracas evitó durante casi todo el siglo XX comprometerse en algún tratado internacional que la obligase a dirimir con terceros su delimitación territorial”.

El famoso “hito de Castilletes”, posterior a la delimitación que se tradujo en la pérdida de casi toda la península La Guajira, es el punto de partida ulterior del famoso diferendo sobre el Golfo de Venezuela— controlado por el país, pero reivindicado en una parte por Colombia—, que durante años fue el que monopolizó todos los titulares noticiosos en esos años, con algunos picos de tensión diplomática y militar binacional incluidos.

“Siguiendo la doctrina de Simón Bolívar, Venezuela apeló siempre al principio del uti posedetis juris para delimitar en forma amistosa y expedita sus fronteras al disolverse la Gran Colombia. Para ese entonces, ya los primeros colonos británicos comenzaban a cruzar la frontera de la ribera occidental del río Esequibo, lo cual provocó protestas diplomáticas del propio Bolívar”, explica Kenneth Ramírez, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales.

En la pérdida de estos territorios, advierten ambos expertos, concurren también como causas la diplomacia incipiente de la Venezuela independiente, y las dificultades de entonces para controlar efectivamente todo su territorio. Venezuela fue, por lo demás, uno de los varios teatros de operaciones de la diplomacia imperial británica en todo el mundo.

“Con Brasil, el país perdió también miles de kilómetros cuadrados”, afirma Ramírez. “Inexplicablemente, Venezuela aceptó sin mayor oposición apartarse del Uti Posedetis Juris, y el tratado de límites de 1859 confirmó los derechos venezolanos sobre las cuencas de los ríos Orinoco y Esequibo”. En aquel año, uno de los más caóticos que ha tenido Venezuela en su historia, una nación sin gobierno, comenzaba la Guerra Federal, un conflicto civil de cuatro años de duración, aún más virulento que la guerra de independencia.

El Congreso venezolano no había querido ratificar el famoso tratado Pombo-Michelena, que colocaba límites satisfactorios a las demandas venezolanas frente a Colombia en 1833. Tras sucesivas negociaciones colombo-venezolanas sin acuerdos, “en 1886, el Acta de París nombra árbitro de derecho a la Reina María Cristina para ejecutar sentencia en este diferendo con Colombia. El Laudo de 1891 es muy perjudicial para Venezuela, puesto que le arrebata extensas zonas territoriales desde el Caribe hasta el Amazonas”, relata Ramírez.

“Esto es lo que explica la reticencia del Estado venezolano de asistir a la Corte Internacional de Justicia para dirimir con Guayana la controversia del Esequibo, esa ha sido una postura permanente”, afirma Caballero. “A pesar de que en el Acuerdo de Ginebra de 1966 los negociadores venezolanos no excluyeron la posibilidad de un arreglo judicial, según lo estipulado en las Naciones Unidas”.

“Venezuela ha perdido un quinto de su territorio desde los tiempos de la Capitanía General”, añade Kenneth Ramírez. “Como bien afirmó el poeta Andrés Eloy Blanco en un famoso discurso parlamentario en 1941, lo hizo sin disparar un solo tiro. Es natural que haya una sensibilidad con el tema de las fronteras. Y han sido, otra vez, los errores diplomáticos del Gobierno de Maduro los que nos tienen en esta situación, negados a asistir a la Corte Internacional de Justicia”.

El encuentro entre los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro y de Guyana, Irfaan Ali, buscará bajar las tensiones que se han incrementado en días recientes por el territorio Esequibo, que ambos países consideran suyo, coinciden especialistas.

Por: Carolina Alcalde – La Voz de América

Los mandatarios confirmaron que asistirán el jueves, en San Vicente y las Granadinas, a una reunión de “alto nivel” impulsada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), la Comunidad del Caribe (CARICOM) y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva.

Maduro dijo esperar el lunes que la iniciativa se convierta “en un punto de partida hacia el retorno de las negociaciones directas entre ambos países”, según escribió en una carta enviada al primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, también presidente pro tempore de la CELAC.

Sin embargo, horas antes, el mandatario guyanés advirtió que el diferendo limítrofe “no está en discusión”, argumentando que el litigio se encuentra en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), instancia cuya jurisdicción para resolver el diferendo no es reconocida por el Estado venezolano, posición ratificada en un referendo consultivo celebrado el 3 de diciembre.

A juicio del diplomático y analista internacional, Edmundo González, el encuentro busca «bajar el tono a las tensiones y provocar normalidad dentro de lo que cabe».

“El presidente de Guyana ha sido claro en que va al encuentro y que el tema de la controversia territorial no va a ser parte de la conversación. Yo presumo que, por el lado de Venezuela, Maduro va a insistir en los resultados de la consulta y considerar que tiene un mandato para avanzar en el tema”, dice consultado por la VOA.

González considera que los recientes anuncios de gobierno venezolano que implican, entre otras acciones, el avance en el Parlamento de una ley para crear un estado en el territorio en disputa, la designación de una autoridad única y una zona militar, son “ejercicios retóricos” que no crean un “ambiente favorable”.

La histórica controversia por el Esequibo, territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados rico en recursos naturales, se agudizó en meses recientes, luego de que el gobierno guyanés llevó a cabo licitaciones petroleras en áreas pendientes de delimitación.

Mariano de Alba, especialista en derecho internacional y diplomacia, coincide en que la reunión podría ser una “buena oportunidad” para bajar las tensiones, pero afirma que no luce muy probable un regreso a las negociaciones.

De Alba subraya que el escenario de reiniciar negociaciones sería el “ideal” para Venezuela que defiende el Acuerdo de Ginebra de 1966, que prevé la resolución amistosa y “en forma que resulte aceptable para ambas partes”, como el mecanismo para resolver la controversia territorial.

Guyana, por su parte, insiste en la validez del Laudo Arbitral de París de 1899 que el Estado venezolano califica de “nulo e írrito”.

“Ahora bien, nada impide que Guyana y Venezuela acuerden retomar algún tipo de conversaciones mientras el proceso ante la Corte Internacional de Justicia sigue su curso, teniendo en cuenta además que la Corte difícilmente dictaría su decisión final en al menos dos años”, opinó de Alba en su cuenta en X.

Venezuela objeta la jurisdicción de la CIJ para examinar la disputa fronteriza y decidir sobre la validez del Laudo Arbitral que cedió el territorio a Gran Bretaña, que en ese entonces mantenía a Guyana como colonia.

Para Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEPYG) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), debe prevalecer la “cautela”, debido a que la posición del gobierno venezolano pareciera ser “irreconciliable” con Guyana que, a su vez, ha manifestado que no tiene nada que discutir en relación al Esequibo.

“Hay cosas que podemos hacer y que el derecho internacional nos permite, como las actuaciones que el gobierno llevaba a cabo ante la CIJ. Otra cosa es decir que se desconoce a la corte y a sus decisiones y decir que vamos a ejercer soberanía por otros medios, creo que aquí es donde empiezan los problemas para el gobierno y eso explica este intento de negociación con Guyana”, dice.

Lea la nota siguiendo este enlace a La Voz de América

El proyecto de ley francés sobre reforma migratoria fue retirado temporalmente el lunes 11 de diciembre, después de que una mayoría de parlamentarios aprobara  una moción del Partido Verde para rechazar el proyecto de ley .

Por: Hélène de Lauzun – The European Conservative

La ley de inmigración ha atraído una oposición generalizada tanto de izquierda como de derecha. Como resultado de la votación, el ministro del Interior desautorizado, Gérald Darmanin, presentó su dimisión al presidente Emmanuel Macron, quien la rechazó.

El proyecto de ley para reformar la política migratoria francesa se está examinando desde hace muchos meses . Su paso por el Senado provocó una importante reescritura del texto por iniciativa del partido de derecha Les Républicains, que tiene mayoría en la cámara alta. Hicieron una serie de cambios destinados a endurecer la política de acogida de Francia. Luego el proyecto de ley fue devuelto para ser examinado por la Asamblea Nacional. En los comités preparatorios se modificó considerablemente y los miembros de la mayoría gubernamental no mantuvieron los cambios buscados por Les Républicains, proponiendo finalmente una versión mucho más laxa. La versión resultante fue vista como demasiado laxa a los ojos de la derecha, pero todavía demasiado severa a los ojos de la izquierda, y el proyecto de ley obtuvo una oposición unánime.

Los ecologistas del Partido Verde presentaron por tanto una moción de rechazo previo, procedimiento que, si se aprueba la moción, conlleva la retirada de un texto legislativo sin examen. Una coalición de oposición sin precedentes se reunió para aprobar la moción de rechazo a última hora del lunes 11 de diciembre: los votos de la derecha, el partido LR y la Asamblea Nacional se unieron a los de la izquierda para derrotar al gobierno. 270 diputados votaron a favor del rechazo, mientras que 265 votaron en contra.

«Su Gobierno ha permitido que el texto firme del Senado fuera pisoteado en comisión», dijo a Darmanin Olivier Marleix, líder del grupo LR. Marleix pide ahora volver a la versión del texto aprobada por el Senado. Marine Le Pen, líder del grupo parlamentario Asamblea Nacional, se mostró “encantada” por el voto de rechazo : “Hemos protegido al pueblo francés de una ola migratoria”, explicó en los pasillos de la Asamblea, ya que el proyecto de ley “prevé la creación de uno de los mayores canales de inmigración desde la reunificación familiar”. La Asamblea Nacional tiene intención de proponer un nuevo proyecto de ley para frustrar el plan del gobierno. El líder del partido Les Républicains, Eric Ciotti, reiteró su llamamiento a una reforma constitucional en materia de inmigración.

La izquierda se alegró de haber enviado al ejecutivo una señal muy clara de la independencia del Parlamento. “Darmanin ha domesticado a los grupúsculos macronistas. Pero no la Asamblea Nacional”, felicitó Jean-Luc Mélenchon por X.

Tomando nota de este duro rechazo a una reforma que deseaba y con la que estaba personalmente comprometido, Gérald Darmanin presentó su dimisión a Emmanuel Macron, quien la rechazó.

La coalición de oposición dificulta la interpretación de la votación, ya que los motivos del rechazo del texto no son los mismos para los ecologistas del Partido Verde, los republicanos y la Asamblea Nacional. La diputada de La France Insoumise, Mathilde Panot, está encantada de haber “ahorrado al país dos semanas de debates xenófobos y racistas”, mientras que el parlamentario de RN Sébastien Chenu explica que la votación fue “consistente con todos nuestros votantes que nos piden que nos opongamos a estas políticas laxas”.

Gérald Darmanin se ofendió por este rechazo, afirmando que la mayoría de los franceses estaban a favor del texto y habían sido traicionados por sus diputados, lo que no es del todo cierto, ya que las encuestas de opinión sugieren que los franceses están a favor de una ley más estricta que la del plan del gobierno y de un estricto control de la inmigración.

La interpretación más obvia es la de un rechazo generalizado a la política de Emmanuel Macron: el enfoque “al mismo tiempo” ( en même temps ) en una cuestión tan sensible como la inmigración no puede funcionar. Darmanin intentó defender una “línea de cresta”, como él mismo dijo, lo que finalmente no convenció a nadie. Es imposible intentar conciliar firmeza y flexibilidad, de lo contrario los efectos serán contrarios a los pretendidos. 

En palabras de Gérald Darmanin, invitado al telediario vespertino de TF1 el día de la aprobación de la moción de rechazo del proyecto de ley, el texto “debe continuar su camino institucional”. Hay varias soluciones posibles: o se puede cancelar el texto, se puede reintroducir la versión del Senado o se puede pasar directamente a la siguiente etapa, es decir, el comité conjunto, un comité selecto diseñado para alcanzar un texto de compromiso entre los senadores y los Diputados. Por el momento, el gobierno aún no ha decidido qué camino tomar.

Las posibilidades de los venezolanos de organizarse y agruparse para participar en los asuntos públicos y transformar la realidad que los rodea por métodos pacíficos, democráticos y legales son cada vez menores, a pesar de que la Constitución establece en su artículo 52 que «toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos». ¿La razón? Los constantes golpes que las autoridades, incluidas las judiciales, vienen propinando a este derecho. Los últimos dos zarpazos los dio la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que en apenas 10 días intervino en los procesos electorales de la Universidad de Carabobo y el Colegio de Abogados de la misma entidad estadal.

Acceso a la Justicia

El primer golpe se registró el pasado 13 de noviembre, cuando la instancia suspendió los comicios que la casa de estudios tenía previsto celebrar el día 29 de noviembre, atendiendo así a una solicitud que le formularon Pedro Antonio Ulacio Pulgar y Hernán Antonio Barrios, el primero trabajador administrativo activo y el segundo jubilado. Cabe agregar que, a mediados de octubre,  la Sala Electoral suspendió las elecciones del gremio de profesores que hace vida en ese recinto universitario.

Las razones para adoptar tal decisión se desconocen, por cuanto el contenido íntegro del fallo n.º 123 todavía no ha sido publicado por el máximo juzgado.

El segundo embate se produjo el día 22, cuando la Sala acogió la denuncia contra la Comisión Electoral del Colegio de Abogados de Carabobo que el 25 de enero le presentaron Roymar Alí Armas Graterol y Gianni Egidio Piva Torres, a través de una acción de amparo constitucional con medida cautelar. Los accionantes acusaron a la instancia encargada de organizar las elecciones de la agrupación gremial de no informar a sus miembros «de manera oportuna, veraz y precisa sobre el proceso electoral» que se terminó celebrando el 3 de febrero de este año.

En su sentencia n.º 124, la Sala no solo suspendió «el acta de Totalización, Adjudicación y Proclamación del impugnado proceso electoral», sino que además designó a Erwin Gerardo Fernández  Zerpa (presidente), Williams de Jesús Latuf Rodríguez (vicepresidente), César Julio Centeno Ramírez (secretario), Gustavo Alberto Guevara Morales (Tesorero) y Ramón Antonio Navas Martínez (Bibliotecario) como miembros una junta directiva ad hoc del Colegio.

Por último, les ordenó «instalarse de manera inmediata, para ejercer sus respectivos cargos, ejecutando solo actos de simple administración, hasta que se dicte la decisión definitiva en la presente causa».

«Yo quito, yo pongo»

La intervención del Colegio de Abogados se produjo pese a que la Sala consideró que los accionantes utilizaron el recurso judicial incorrecto para exponer su caso. No obstante, en lugar de desechar el asunto, como ha hecho en otras tantas oportunidades, la instancia decidió hacer uso de sus potestades discrecionales y transformarlo.

«El error u omisión en la calificación jurídica que realicen las partes respecto a los hechos alegados no resulta vinculante para el juez en aras de garantizar la tutela judicial efectiva», declaró la Sala, desempolvando un criterio que ya esgrimió en una ocasión en el año 2012.

A continuación dictaminó:

«Considerando la situación fáctica y jurídica denunciada, y atendiendo a la perpetua búsqueda de la verdad y la justicia, esta Sala reconduce la acción ejercida en recurso contencioso electoral conjuntamente con amparo cautelar, mediante el cual lo que se pretende es la nulidad del proceso electoral que se organizó en el Colegio de Abogados del Estado Carabobo, puesto que en refuerzo de ello, solicitaron en el amparo “…la suspensión de las elecciones de [ese] Colegio de abogados”, siendo que la medida por excelencia de los recursos de nulidad está constituida por la suspensión de efectos del acto presuntamente lesivo; todo ello, a decir de los accionantes, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que le atribuye competencia para conocer las demandas contencioso electorales contra actos de naturaleza electoral de organizaciones de la sociedad civil, en consecuencia, este Órgano Jurisdiccional asume la competencia para conocer y decidir el recurso contencioso electoral interpuesto contra la Comisión Electoral de dicha Corporación Gremial».

La sentencia es producto de una ponencia conjunta redactada por los tres miembros de la Sala, los magistrados Caryslia Beatríz Rodríguez Rodríguez, Fanny Márquez Cordero e Inocencio Figueroa.

No es la primera vez

La Sala Electoral suspendió cautelarmente las elecciones del Colegio de Abogados, por considerar que no tuvieron «la publicidad efectiva para que el mayor número de electores tuvieran conocimiento firme, para garantizarles su participación y de esa forma ejercer el control de cada fase». Esto en virtud de las denuncias realizadas por los accionantes de que la Comisión Electoral solo utilizó la red social X (antigua Twitter) y las carteleras en la sede del Colegio para informar a los miembros de la institución sobre el proceso eleccionario. La instancia no pasó por alto las informaciones de que las carteleras solo se podían consultar de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, horario laboral del Colegio.

Esta no es la primera vez que el máximo juzgado interfiere con los comicios para renovar la junta directiva de este gremio en particular. El 25 de mayo de 2022 la Sala Electoral suspendió cautelarmente los comicios convocados y días después, en su sentencia n.º 64 le ordenó de manera definitiva  a la Comisión Electoral del Colegio de Abogados de Carabobo que le solicitara al Consejo Nacional Electoral (CNE) su acompañamiento.

La instrucción estaba sustentada en el numeral 6 del artículo 293 de la Constitución, el cual establece que el organismo comicial debe «organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley».

Las autoridades han utilizado esta disposición del texto fundamental como un arma contra los colegios profesionales, con la cual han buscado

«desarmarlos y despojarlos de su libertad y autonomía, aparte de callarlos y neutralizarlos para que no sigan ejerciendo funciones que comprometan, e incluso amenacen, los intereses del poder del Gobierno, como es denunciar sus acciones y omisiones violadoras del Estado de derecho».

Así lo denunciamos desde Acceso a la Justicia en el informe La toma del poder en los colegios de abogados de Venezuela 2000-2020, en el cual hicimos un repaso de cómo ha sido la estrategia de las autoridades para intervenir a las agrupaciones civiles.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

La intervención del Colegio de Abogados de Carabobo es otra prueba de las restricciones que sufre el espacio cívico en Venezuela y, sobre todo, de las intenciones de las autoridades por controlar todos los aspectos de la vida nacional. En lo que va de 2023 al menos siete organizaciones gremiales, profesionales, deportivas o políticas han visto cómo sus autoridades han sido destituidas y se les han impuesto otras designadas a dedo por las salas Electoral y Constitucional del TSJ.

Los casos de la Cruz Roja Venezolana y del Partido Comunista de Venezuela (PCV) fueron los más recientes y los que más ruido generaron dentro y fuera del país, pero no han sido los únicos.

La seccional del estado Bolívar de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), la Federación Venezolana de Surf, la Asociación Civil Puerto Encantado y la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) fueron otras organizaciones que corrieron una suerte similar.