Estados Unidos anunció el jueves ejercicios militares aéreos en Guyana entre crecientes tensiones entre Georgetown y Caracas por un antiguo diferendo territorial, mientras la comunidad internacional llamó a una distensión.

AFP

La embajada estadounidense en Guyana informó de que “en colaboración con la Fuerza de Defensa de Guyana, el Comando Sur de los Estados Unidos llevará a cabo operaciones de vuelo dentro de Guyana el 7 de diciembre”.

“Este ejercicio se basa en compromisos y operaciones de rutina para mejorar la asociación de seguridad entre los Estados Unidos y Guyana y fortalecer cooperación regional”, apuntó la embajada en un comunicado.

El vicepresidente guyanés, Bharrat Jagdeo, dijo que “no especularía” sobre el tema.

“Puedo asegurar, sin embargo, que se rastrea cada movimiento, cada movimiento que hacen los venezolanos, particularmente en nuestras fronteras”, apuntó en rueda de prensa.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, rechazó estos ejercicios.

“Esta infeliz provocación de Estados Unidos a favor de los pretorianos de la ExxonMobil en Guyana es otro paso en la dirección incorrecta. Advertimos que no nos desviarán de nuestras futuras acciones por la recuperación del Esequibo ¡No se equivoquen!”, escribió Padrino en la red social X.

Caracas había acusado el miércoles al presidente de Guyana, Irfaan Ali, de dar “luz verde” a bases militares estadounidenses en el Esequibo.

La Casa Blanca, no obstante, señaló que se opone a la “violencia” en la pugna territorial. “Obviamente no queremos que se produzca violencia ni conflicto” entre las partes, declaró a periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, habló en la víspera con Ali para “reafirmar el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la soberanía de Guyana”, señaló el Departamento de Estado.

“Lo que no queremos es una guerra”

En una declaración conjunta, Brasil Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Perú instaron a Guyana y Venezuela “al diálogo” y la búsqueda de una “solución pacífica”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, también llamó la atención. “Lo que no queremos es una guerra en América del Sur, no necesitamos un conflicto”, dijo.

Brasil reforzó su presencia militar en sus fronteras con Guyana y Venezuela.

El secretario de Exteriores británico, David Cameron, en tanto, señaló que Venezuela carece de motivos para justificar una acción unilateral y techó de “retrógrado” el reclamo venezolano.

“Lo único retrógrado es la penuria política, económica y social a la que han sumido al Reino Unido (…) del cual David Cameron es directamente responsable”, respondió la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en X.

Venezuela celebró el domingo un referendo consultivo en el que más del 95% de los votantes que participaron aprobó crear una provincia venezolana en el Esequibo y dar nacionalidad a los 125.000 habitantes de la zona.

Tras la consulta, Nicolás Maduro, propuso una ley para crear una provincia venezolana en la zona disputada y ordenó otorgar licencias para extraer crudo allí.

El hallazgo en 2015 de importantes yacimientos de petróleo en aguas en disputa por parte de la petrolera estadounidense ExxonMobil agudizó la controversia.

En medio de la escalada, cinco militares murieron y dos sobrevivieron en un accidente de un helicóptero del ejército guyanés que perdió contacto el miércoles en el Esequibo, informó la fuerza de defensa de Guyana.

El jefe de las Fuerzas Armadas guyanesa, Omar Khan, dijo a la AFP que no hay datos que “sugieran” que Venezuela haya tenido algo que ver. El ejército investigará el accidente que ocurrió en medio de “mal clima“.

Reunión del Consejo de Seguridad

Venezuela sostiene que el Esequibo forma parte de su territorio, como en 1777, cuando era colonia de España. Apela al acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 antes de la independencia de Guyana del Reino Unido, que sentaba bases para una solución negociada y anulaba el laudo de 1899.

Guyana defiende ese laudo y pide que sea ratificado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuya jurisdicción es desconocida por Caracas.

A solicitud de Guyana, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá el viernes a puertas cerradas para abordar el conflicto territorial, según la agenda oficial.

En una carta vista por la AFP, el ministro de Asuntos Exteriores guyanés, Hugh Hilton Todd, solicitó al Consejo de Seguridad “una reunión urgente”.

En el marco de la cumbre del Mercosur que se celebra en Rio de Janeiro, en tanto, Lula propuso la mediación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en la disputa y pidió a sus pares de Argentina, Uruguay y Paraguay acordar una declaración conjunta.

Las relaciones entre Venezuela y Guyana se encuentran en su punto más bajo en décadas.La antigua controversia que mantienen por el territorio Esequibo, que Venezuela afirma le fue arrebatado de mala manera en un laudo arbitral ocurrido en 1899 y que en la actualidad representa dos terceras partes del territorio de Guyana, ha provocado una profunda crisis entre ambos países.

Por: Ángel Bermúdez – BBC

En 1966, ambas partes se comprometieron a través del llamado Acuerdo de Ginebra a buscar una solución práctica y satisfactoria a la controversia.

Pero en vista de que el mecanismo de buenos oficios al que recurrieron durante más de un cuarto de siglo no había permitido llegar a una solución, Georgetown pidió llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde será decidido.

Al mismo tiempo, Guyana ha comenzado a otorgar concesiones de explotación petrolera en aguas no delimitadas sobre las cuales Venezuela considera tener derechos.

En este contexto, el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro realizó un referendo el domingo pasado sobre el Esequibo y ahora promueve una ley que permitiría la anexión a Venezuela de ese territorio.

Se trata de un anuncio que ha causado preocupación en Guyana, cuyo presidente, Irfaan Ali, ha dicho que sus fuerzas de defensa se encuentran en alerta total y en comunicación con el Comando Sur de Estados Unidos.

Maduro además ha acusado a la estadounidense ExxonMobil, principal productora de petróleo en Guyana, de estar financiando a políticos de la oposición venezolana.

De hecho, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ordenó la detención de 14 personas -incluyendo a varios políticos opositores- bajo la acusación de traición a la patria por una supuesta “trama de financiamiento y conspiración relacionada con ExxonMobil contra Venezuela”.

La empresa estadounidense ha dicho que la acusación es ridícula y sin fundamento, mientras que distintos analistas sostienen que estas acciones de Maduro en relación con el Esequibo responden a un intento de debilitar a la oposición venezolana en la antesala del 2024, cuando se prevé la realización de elecciones presidenciales.

En ese contexto, BBC Mundo conversó con Sadio Garavini di Turno, quien fue embajador de Venezuela en Georgetown (1980 – 1984) y durante décadas se ha dedicado al estudio del diferendo sobre el Esequibo, no solo como diplomático sino también desde la academia.

Garavini es doctor en Ciencia Política y docente universitario. Cuenta con numerosas publicaciones sobre la política exterior de Venezuela y de Guyana.

El gobierno de Nicolás Maduro anunció que creará un estado venezolano en el Esequibo y que otorgará concesiones petroleras en ese territorio que controla Guyana. ¿Cómo se entiende esto?

Eso es una ridiculez a nivel internacional porque, obviamente, ¿qué significa eso?

Maduro nombró a un general encargado de la defensa de la Guayana Esequiba, pero con sede en Tumeremo, que es un pueblo venezolano en el sur del estado Bolívar; decidió que PDVSA va a contar con una sección para hacer inversiones en la Guayana Esequiba.

Bueno, la pregunta es ¿cómo lo va a hacer? Eso implicaría evidentemente una acción de fuerza. En cuanto a PDVSA, la empresa no tiene dinero ni siquiera para invertir en la “Venezuela actual” y quisiera ver si tiene plata para hacerlo en las áreas marinas y submarinas frente al Esequibo.

¿Por qué Venezuela asume esa actitud ahora?

Todo esto es una maniobra de política interna frente a un tema de carácter internacional, para tratar de hacer ver que se está haciendo algo en materia de la reclamación del Esequibo, después del referéndum que fue otra maniobra de política interna para tratar de hacer olvidar el éxito de las primarias de la oposición.

En términos internacionales, la única forma de ejercer la soberanía sobre la Guayana esequiba de la forma como lo están diciendo, que van a hacer un nuevo mapa de Venezuela que incluye al Esequibo, cuando antes era una zona en reclamación. Bueno, debería ser una acción militar para ejercer la soberanía sobre el territorio.

¿Es posible esa acción militar?

Creo que la Fuerza Armada venezolana no está en capacidad de hacerlo por el desastre en que se encuentran. Además, no hay una carretera, por lo que deberían ir a través de la selva, hacer un desembarco o enviar paracaidistas, eso implica una incapacidad total.

La verdad, desde el punto de vista internacional, lo que están haciendo es irresponsable porque nos hace un daño muy grande en la Corte Internacional de Justicia, donde el tema está en proceso.

Lo que debería hacer el gobierno es prepararse para ir a defender los derechos de Venezuela en la Corte Internacional de Justicia.

¿Cuál es la importancia que tiene el Esequibo para Venezuela?

Para Venezuela es fundamental defender la salida al Atlántico, la proyección de su zona económica exclusiva y su plataforma continental, no sólo la que produce el Esequibo en reclamación, sino la de Delta Amacuro [estado venezolano ubicado en el extremo nororiental del país, frente al Océano Atlántico y junto al Esequibo].

Guyana, de una forma arbitraria, ha marcado una línea que supuestamente señala la delimitación con Venezuela y que no es aceptable porque nos cercena la proyección en zona económica exclusiva y la plataforma continental del estado Delta Amacuro. Y eso es inaceptable.

En términos del Esequibo propiamente hay que recordar que representa dos terceras partes del territorio que Guyana considera suyo, administra y sobre el cual tiene control desde el laudo arbitral de 1899.

El acuerdo de Ginebra habla de una solución práctica y satisfactoria para ambos.

Si tuviésemos que llegar a un arreglo sobre esa base, es obvio que un acuerdo satisfactorio para Guyana nunca contemplaría la entrega de dos terceras partes de su territorio. Eso hay que entenderlo si se lee bien el Acuerdo de Ginebra.

Lo que puede lograrse a través del Acuerdo de Ginebra es una compensación territorial sensata que, por cierto, es muy difícil de acordar entre las dos partes, por lo que tiene que intervenir un tercero, muy probablemente.

Por eso pongo el acento en las áreas marinas y submarinas en una zona rica en petróleo y no tanto en el territorio en si porque siguiendo el Acuerdo de Ginebra, obviamente, solamente una parte de él podría regresar a Venezuela.

¿Cómo afecta a Venezuela esa delimitación marítima que ha hecho Guyana?

Eso cercena centenares de miles de km2 de áreas marinas y submarinas ricas en petróleo, gas, pesca y, además, la salida propia hacia el Atlántico. Si esa línea se acepta deberíamos pedir permiso para salir al Atlántico, lo cual evidentemente es inaceptable.

Pero eso tiene que ver lateralmente con el tema del Esequibo. Tiene que ver porque Guyana ha trazado esa línea de una forma arbitraria a partir de la Punta Barima, que es la punta del territorio Esequibo. Pero eso habrá que debatirlo al final.

Es una irresponsabilidad del gobierno de Maduro que estemos desconociendo a la Corte Internacional de Justicia. Ahora el gobierno está diciendo que la CIJ está a sueldo de Exxon.

Allí, en la Corte Internacional de Justicia es donde tendremos que ir a resolver el problema de la delimitación de áreas marinas y submarinas después de que se resuelva el tema del Esequibo.

¿Qué mecanismo o estrategia debería usar Venezuela para hacer valer los derechos que afirma tener sobre el Esequibo?

Es que ya ahora no hay alternativa. La gente no entiende que dos secretarios generales de las Naciones Unidas y el último buen oficiante decidieron llevar el tema a la Corte Internacional de Justicia.

Si no hay acuerdo entre las partes, el Acuerdo de Ginebra le da al secretario general la competencia de decidir cuál mecanismo de solución pacífica de controversias aplicar, así que no hay por donde agarrar desde un punto de vista del derecho internacional público.

Tenemos que defendernos en la Corte Internacional de Justicia y el gobierno no está haciendo la tarea que consiste en preparar nuestra contramemoria, para defender nuestros derechos.

Tenemos los argumentos para demostrar que el laudo arbitral de 1899 fue injusto, producto de un acuerdo político entre el presidente ruso del tribunal y los dos miembros británicos del tribunal. Eso es lo que deberíamos hacer con los mayores expertos nacionales e internacionales.

La comunidad internacional parece respaldar el status quo actual. Guyana dice que cuenta con el apoyo de la OEA, del Caricom, la Commonwealth, Estados Unidos y Reino Unido, entre otros. ¿Por qué no se oyen más voces respaldando a Venezuela?

Guyana siempre tuvo el apoyo del Caricom y de la Commonwealth. La sede del Caricom está en Georgetown y Guyana es miembro de la Commonwealth.

Pero el resto, la inmensa mayoría de la comunidad internacional no es que apoye a Guyana, apoya que el problema se resuelva pacíficamente en la Corte Internacional de Justicia, como han decidido dos secretarios generales de la ONU de acuerdo con el Acuerdo de Ginebra.

La campaña de desinformación del gobierno de Maduro hace creer que el Acuerdo de Ginebra es una cosa y la Corte Internacional de Justicia es otra. Pero se está en la Corte Internacional de Justicia debido al acuerdo de Ginebra.

Se dice que la estrategia de evitar la CIJ y de tratar de resolver la disputa con Guyana de forma bilateral era la que más convenía a Venezuela. Si es así, ¿no es lógico que Maduro intentara evitar ir a la CIJ?

Claro, pero tenía que haberlo hecho mucho antes.

El gravísimo error del gobierno venezolano ocurrió en diciembre de 2013, cuando la entonces canciller de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, dijo que luego de 26 años con la negociación bilateral asistida por el buen oficiante y muchos años más desde el Acuerdo de Ginebra había llegado el momento de terminar de delimitar el territorio, tanto áreas marinas y submarinas, y definir de una vez la controversia.

¿Por qué? Porque entre 2010 y 2013 en Guyana hubo los grandes descubrimientos de riquezas, se hicieron las grandes concesiones, hubo la crisis del Teknik Perdana, el famoso barco de exploración sísmica petrolera que fue detenido por la Armada de Venezuela, y entonces Guyana dijo “hasta aquí llego yo” y fueron a hablar con el secretario general de la ONU para solicitarle ir a la CIJ.

El gravísimo error de Venezuela entonces fue insistirle tercamente al secretario general que queríamos seguir con la negociación bilateral asistida por un buen oficiante.

Dado que ese mecanismo no había funcionado, si uno se pone en los zapatos del secretario general entiendes por qué le dio la razón a Guyana y no a Venezuela.

Lo que debería haber dicho Venezuela es proponer ir a una mediación, a una conciliación, a un arbitraje, o sea, acudir a los otros medios de solución pacífica de controversia previstos en la Carta de la ONU que no contemplan a la CIJ, que es lo más conveniente para Guyana.

Cuando hay una mediación, se busca una solución práctica y justa.

En la CIJ es un tema estrictamente jurídico. Allí se define si el laudo arbitral de 1899 es válido o no. Y eso es muy costoso y complicado de demostrar.

Es un tema que era lo que nosotros siempre queríamos haber evitado. Cuando hay una cosa juzgada, los jueces tienden a favorecer el hecho de que el tema se cerró.

Nosotros tenemos el argumento de que se firmó el Acuerdo de Ginebra y que por lo tanto hay que buscar una solución práctica, pero eso es lo que deberíamos haber impulsado.

Los hitos de casi dos siglos de disputa

• En 1777, el Imperio español funda la Capitanía General de Venezuela, una subentidad territorial en la que se incluye el Esequibo.
• En 1811, Venezuela se independiza de España, y el Esequibo forma parte de la naciente república.
• En 1814, Reino Unido adquiere la Guayana Británica -alrededor de 51.700 kilómetros cuadrados-, mediante un tratado con Países Bajos que no define su frontera occidental.
• En 1840, Londres designa al explorador Robert Schomburgk para definir la frontera. Poco después se da a conocer la «Línea Schomburgk», un trazado que reclamaba cerca de 80.000 kilómetros cuadrados adicionales.
• En 1841, comienza oficialmente la disputa cuando Venezuela denuncia una incursión del Imperio británico en su territorio.
• En 1886, se publica una nueva versión de la Línea Schomburgk que reclama aún más territorio.
• En 1895, Estados Unidos denuncia que la frontera de la guyana británica había sido ampliada de «manera misteriosa» y recomienda que la disputa se resuelva en un arbitraje internacional.
• En 1899, se emite el Laudo Arbitral de París, un dictamen favorable a Reino Unido con el que el territorio queda oficialmente bajo dominio británico.
• En 1949, se hace público un memorándum del abogado estadounidense Severo Mallet-Prevost -parte de la defensa de Venezuela en el Laudo Arbitral de París-, en el que denuncia que el laudo fue una componenda política y que los jueces no fueron imparciales. Estas revelaciones y otros documentos sirven para que Venezuela declare el laudo como «nulo e írrito».
• En 1966, tres meses antes de otorgarle la independencia a Guyana, Reino Unido pacta con Venezuela el Acuerdo de Ginebra que reconoce el reclamo de Venezuela y que busca encontrar soluciones satisfactorias para resolver la disputa.

Una operación anticorrupción en Venezuela activada en marzo se paralizó, abruptamente, dos meses después, sin explicaciones por parte de las autoridades, que mantuvieron silencio sobre aspectos clave del proceso, según expertos, quienes ponen en tela de juicio el combate gubernamental contra esta práctica, lucha que el mundo conmemora cada 9 de diciembre.

EFE

De ningún otro tema se habló desde el comienzo de la operación, liderada «personalmente» por Nicolás Maduro, hasta mediados de mayo, cuando se informó de un segundo fallecimiento entre los 61 detenidos por las tramas reveladas en sectores como el petrolero, criptoactivos y las industrias básicas.

El exministro de Petróleo Tareck El Aissami, quien renunció a su cargo para colaborar con las investigaciones, según explicó entonces con un escueto y críptico mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), fue el pez más gordo que cayó en esta operación, pero desde entonces no se conoce su paradero ni el alcance de su responsabilidad en los hechos.

Al «abrir ese caso gigantesco», dijo a EFE el abogado penalista Fernando Fernández, el «propio Estado empieza a admitir que hay una descomunal corrupción», que «nunca» había «tenido una dimensión estructural como ha ocurrido en los últimos 24 años».

Sin embargo, ha habido «muy pocas medidas» para enfrentarla, y las que se tomaron fueron «insuficientes», a pesar de ser una de las causas del «empobrecimiento» del país, otrora uno de los más prósperos.

Según el ‘Corruptómetro’ de la ONG Transparencia Venezuela, elaborado a partir de causas e investigaciones de organismos oficiales dentro y fuera del país, la corrupción ha comprometido, al menos, 64.601 millones de dólares.

Una operación política

El plan de este año fue, según el jurista, un proceso «muy extraño» y con «mucha opacidad», que consistió «más bien en una especie de purga de orden político e institucional».

«No ha habido mayor reforzamiento, tampoco mayor información», aseguró Fernández, para quien este plan fue un intento de las autoridades de «crear una apariencia» anticorrupción ante la comunidad internacional, pero «hasta ahora no se han logrado» resultados «significativos» que «sean apreciables».

Por su parte, el abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, duda de que «haya un interés legítimo» de las autoridades en «luchar contra la corrupción», sobre todo por la opacidad que -asegura- ha habido en «informaciones básicas de cualquier investigación de esta naturaleza».

«Nunca se dijo cuánto es el monto defraudado, el monto sustraído de las arcas públicas, y tampoco se dijo cuánto es el monto de lo recuperado. Tampoco sabemos si ha habido condenas, o si ha habido admisión de hechos, o si ha habido algún tipo de imposición de penas por reconocimiento de hechos. Nada de eso se sabe», aseguró a EFE.

Según Maduro, se incautaron más de un millar de bienes, entre casas, vehículos, oficinas y empresas, valorados «en varios millones de dólares», una cifra que no precisó.

En este sentido, de acuerdo a Daniels, al «no haber transparencia», se evidencia que, «en realidad, no había un interés legítimo de combatir» la corrupción.

Oportunidades para la corrupción

Uno de los primeros pasos que, a juicio de Fernández, debe dar el país es hacer una «reforma institucional que restablezca la carrera judicial, la carrera fiscal y la policial».

Subrayó la importancia de contar con una Fiscalía y un Poder Judicial «totalmente independientes», además de «profesionalizados y técnicos», algo que Venezuela está «muy lejos de lograr», lo que «puede dar oportunidades» para la corrupción.

Además, aseguró que «continúa vigente la estructura legal» que facilita la corrupción, como la Ley Antibloqueo, que permite a las «autoridades de los órganos y entes» públicos otorgar, por «razones de interés y conveniencia nacional», el «carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia».

A esto se suma la creación de la Notaría Interna del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), que «atenderá únicamente apoyos gubernamentales, institucionales y de alta relevancia, garantizando la confidencialidad de las actuaciones del Estado», según información oficial.

Asimismo, «otorgará carácter de reservado, de divulgación limitada, a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia».

Transparencia Venezuela advirtió que esta medida «atenta contra el derecho humano al acceso a la información pública previsto en pactos y tratados internacionales, e impide a cualquier ciudadano participar en la fiscalización de políticas públicas y su implementación».

La organización ha denunciado que la publicación de información en Venezuela «es la excepción», mientras que «la norma es la opacidad y el silencio gubernamental».

María Corina Machado tuvo una participación este jueves en el Parlamento Europeo, desde donde recalcó que si el régimen, sabiéndose perdido en la ruta electoral, intenta una escalada bélica o una vía de represión «esto podría tener consecuencias terribles para la región».

La líder liberal insistió en que espera una postura de sensatez de múltiples sectores, incluido en el propio régimen y las Fuerzas Armadas. Se refirió también a la consulta del pasado domingo sobre el Esequibo y -aclaró- que se convirtió en un referendo a Maduro y no al Esequibo.

«A pesar de las amenazas del régimen a empleados públicos, y todo tipo de intimidación, los venezolanos no participaron, y esto demostró la baja capacidad de convocatoria que hoy tienen. Es un rechazo al régimen y no a nuestra reclamación por el Esequibo», recalcó.

Sobre los acuerdos de Barbados, María Corina dejó claro que no forma parte de la delegación opositora que se encuentra en negociaciones con el régimen.

«Yo no formó parte de la delegación de Barbados. El 30 de noviembre se cumplía un plazo; había una serie de compromisos que el régimen debía cumplir y no cumplió, por el contrario, escala», detalló.

Por otro lado, afirmó que si el régimen decide financiar un candidato «disfrazado» de opositor, «no le auguro un buen futuro porque después del resultado de la primaria yo creo que la legitimidad está clara».

Más fuerza para avanzar

María Corina Machado aseguró que las recientes acciones de persecución del régimen «lejos de desmotivarnos, nos dan más fuerzas para avanzar». «Nada ni nadie nos va a detener en este proceso de lograr unas elecciones presidenciales en una ruta pacífica que nos lleve a la libertad», dijo.

Para finalizar su declaración frente a los eurodiputados, María Corina reiteró que la única opción que permitirá frenar la migración de los venezolanos pasa por tener un cambio político en el país.