Armando Esteban Quito

Los drones, tanto militares como comerciales, se convirtieron en un arma fundamental en los conflictos actuales dado su cada vez más bajo costo y sus buenos resultados sin tener que poner combatientes en peligro. Ucrania primero, Gaza después y ahora la crisis en el mar Rojo han expuesto la necesidad acuciante de buscar soluciones igual de económicas para afrontar este desafío.

Europa Press

El uso de drones en el campo de batalla no es nuevo, si bien durante mucho tiempo la capacidad había estado limitada a las grandes potencias militares, como Estados Unidos o Israel, debido a su alto costo. Sin embargo, en los últimos años, gracias a su uso también con otros fines principalmente comerciales y recreativos, los costos se han abaratado, democratizando su acceso.

Inicialmente, este tipo de aparatos se empleaban para recabar información de Inteligencia, como las posiciones del enemigo, mediante cámaras rudimentarias y sistemas de radio, pero sus capacidades han evolucionado a medida que lo ha hecho la tecnología. Ahora, los aparatos militares pueden lanzar ataques de precisión, como el realizado por la CIA en el verano de 2022 en el que presuntamente murió el líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, en Kabul.

El salto cualitativo se produjo en los últimos años, a medida que fue creciendo el mercado de los drones comerciales con aparatos de precios asequibles y manejables mediante un simple teléfono móvil. Como consecuencia de ello, pequeños grupos insurgentes que no cuentan con presupuestos multimillonarios como los de los estados tienen acceso a estos drones, que pueden usarse como misiles guiados para realizar ataques.

Ataques de Hamas y de los Hutíes

Así ocurrió por ejemplo durante el ataque terrorista perpetrado por Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre. El grupo terrorista lanzó en un primer momento vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) para destruir las torres de observación y las cámaras en la frontera de Gaza y también interrumpir las comunicaciones, dejando así a Israel a ‘ciegas’.

Asimismo, el grupo terrorista también empleó drones para lanzar munición contra tanques, así como contra soldados y otros efectivos, y envió ‘enjambres’ de drones contra buques e infraestructuras energéticas. A esto se sumaron miles de cohetes y los llamados ‘drones suicidas’, vehículos aéreos armados capaces de deambular hasta que localizan un objetivo y que en su caso han bautizado como Zuari, por un antiguo piloto de drones del grupo llamado Mohamed Zuari.

Los drones también están siendo una de las armas clave en la ofensiva de los hutíes yemeníes contra la navegación en el mar Rojo y en respaldo a los palestinos de Gaza. Este grupo insurgente apoyado por Irán, que también respalda a Hamas, ha empleado drones así como misiles en sus ataques contra los barcos que transitan por estas aguas, obligando a las grandes navieras a obviar el estrecho de Bab el Mandeb y optar por dar toda la vuelta a África.

No obstante, ni Hamás ni los hutíes están siendo pioneros en esta materia, aunque puedan haber perfeccionado sus capacidades, sino que otros grupos terroristas e insurgentes, desde Estado Islámico a Al Qaeda pasando por el partido-milicia chií libanés Hezbollah, los talibanes, los grupos rebeldes sirios o las milicias pro-iraníes en Siria e Irak también los emplean en sus acciones.

Claves para frenar a Rusia en Ucrania

Sin duda, el punto de inflexión lo ha representado Ucrania. Kiev no solo consiguió resistir el primer envite de las tropas rusas tras la invasión de febrero de 2022 sino hacer retroceder a Rusia, pese a que sus capacidades militares eran inferiores, gracias al uso extensivo de los drones en su respuesta. Aunque tanto Moscú como Kiev disponían de un buen arsenal de UAV, los cuales tienen mayor alcance y precisión pero también son mucho más costosos, han sido los drones comerciales los que han marcado la diferencia.

El prolífico uso de drones por parte de Ucrania ha supuesto todo un cambio puesto que los combatientes pueden observar las posiciones y movimientos de tropas rusas y mejorar la definición de objetivos a atacar con armamento convencional, además de acosar y presionar al enemigo sin necesidad de poner a efectivos en peligro. El empleo de drones comerciales para estas actividades se ha convertido en algo tan habitual que el Ejército ucraniano perdería unos 10.000 de estos aparatos al mes.

No obstante, aunque a Rusia en un primer momento fue tomada por sorpresa por esta nueva amenaza, supo adaptar su estrategia e incorporar a su arsenal nuevos UAV. Así, ha desarrollado el ‘Orlan-10′, un dron de espionaje que se encarga de recabar información de la situación en tierra, y el ‘Lancet’, un dron de ataque con capacidad para merodear en el aire hasta que encuentra el objetivo que alcanzar.

Los sistemas antiaéreos, muy caros

En estos tres casos, la respuesta frente a esta amenaza ha sido en general el recurso a los sistemas antiaéreos tradicionales o los misiles tierra aire, pero aunque puedan ser efectivos en algunos casos no resultan la solución ideal, tal y como explica el teniente coronel retirado Paul Maxwell, director del Army Cyber Institute de la Academia Militar estadounidense.

“Golpear un objetivo muy pequeño y rápido con proyectiles de calibre relativamente grande es un desafío”, reconoce Maxwell en un reciente artículo publicado por el Instituto de Guerra Moderna. Al mismo tiempo, “gastar muchos miles, sino millones de dólares, en cada misil para eliminar un UAV que no cuesta nada es económicamente un derroche”.

También existe la opción, según este experto, de emplear artefactos que usan el espectro electromagnético y que pueden ir desde los sistemas de interferencias (denegación de GPS, denegación de enlace de comunicación) a armas de energía dirigida como láser o microondas. El problema en este caso, incide, es que estos mecanismos también pueden interferir con los sistemas propios y atraer la atención de la artillería enemiga una vez detectados.

En ambos casos, según el teniente coronel Maxwell, “no hay suficientes sistemas para ofrecer una protección adecuada frente a los enjambres de UAV”. Por ello, este experto militar defiende que igual que los aviones evolucionaron pasando de una labor de reconocimiento a convertirse en un arma más en el combate con el desarrollo de los cazas, ahora los drones deben evolucionar y se deben crear “UAV de combate”.

Hacen falta drones de combate

“Lo que los ejércitos necesitan rápidamente son plataformas pequeñas y baratas (y por tanto desechables) que puedan defender contra los numerosos drones comerciales y recreativos que ensombrecen el campo de batalla”, subraya en su artículo, subrayando la importancia de que estos aparatos sean a su vez igualmente económicos dado que las fuerzas regulares no pueden gastar mucho frente a una “amenaza barata y efectiva”.

Estos drones de combate deberían tener una “autonomía significativa” que les permita pautas de vuelo sin necesidad de intervención del usuario, detectar amenazas y calcular recorridos de intercepción, así como también capacidad para cooperar con otros aparatos similares. Maxwell resalta la ventaja de que el objetivo a combatir también es un aparato no tripulado las cuestiones éticas se simplifican.

Asimismo, sostiene que es importante que se puedan usar mediante ‘smartphone’ y tablets con vistas a que los soldados que los tengan que emplear en el campo de batalla no requieran semanas de entrenamiento para el empleo de estos sistemas, y que estén disponible para las unidades terrestres que los requieran, sin reservarlo solo a los tradicionales servicios de superioridad aérea. “Ha llegado el momento para el desarrollo y despliegue de UAV de combate aéreo”, reivindica.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que el año comenzó en Cuba con al menos 320 acciones represivas contra la población civil, de las cuales 64 fueron detenciones arbitrarias y 256 otros abusos.

Por: Gastón Calvo – Infobae

“Al menos se registraron 109 abusos contra personas encarceladas, en su gran mayoría presos políticos (94). Sitios de viviendas, amenazas, juicios, citaciones policiales, hostigamientos, multas y sentencias, entre otras violaciones, aparecen en la lista de enero”, informó el observatorio; al tiempo que consignó que La Habana, Matanzas y Camagüey fueron las provincias más afectadas.

“El OCDH constata no solo la falta de voluntad del régimen cubano para liberar a los cientos de presos políticos que hay en el país, sino la política de abusos en las cárceles, que incluye a los familiares”, remarcó.

Un ejemplo de todos estos abusos es el del preso político Adel de la Torre Hernández, quien se encuentra en una grave condición de salud mental debido a que no recibe el tratamiento correspondiente y a las frecuentes golpizas propinadas por sus carceleros, destacó el OCDH en un informe previo.

El joven fue detenido en el marco de las masivas protestas de 11 de julio de 2021, más conocidas como 11J, en las que miles de personas salieron a las calles para manifestar su descontento con el régimen de Miguel Díaz-Canel.

Su madre, Anayl Hernández Collado, pidió solidaridad de manera urgente. En 2017, Adel fue diagnosticado de un padecimiento de salud mental, situación que se ha agravado en la cárcel. Tras ser detenido el 11J, fue excarcelado en septiembre de ese año pero enjuiciado y condenado a prisión un año más tarde.

Cuando estaba a la espera del juicio, participó como rescatista en el desastre del Saratoga. El 6 de mayo de 2022, el hotel de lujo ubicado en el municipio de La Habana Vieja sufrió una explosión de gas que dañó gran parte del edificio, así como la infraestructura circundante: 47 personas murieron y 52 resultaron heridas.

“Mi hijo es esquizofrénico desde 2017. En este preciso momento ha sido golpeado por la policía de la prisión y lo metieron en un hueco. Él es cristiano, como yo. A mí me han dado tres infartos cerebrovasculares debido a esta misma situación. Su papá era enfermo esquizofrénico, paranoico y falleció debido a esta situación de sufrimiento”, narró Anayl Hernández Collado al OCDH.

Luego afirmó que su hijo “es inocente y en la cárcel están abusando de él por ser cristiano”; al tiempo que acotó: “Llegan y le preguntan: ‘¿Tú eres el cristiano?’. Y mandan a darle golpes, tres y cuatro personas. Incluso, querían que mi hijo se quitara la vida. Le decían: ‘¿Tú eres cristiano? Mátate a ver si tu Dios te salva’, todas esas barbaridades”, completó.

Grave situación económica

El informe del OCDH también indicó que, “a todo esto, se suma una gravísima situación económica, con categoría de hambruna en las zonas más empobrecidas del país, que también golpea a los recluidos en las cárceles”.

El régimen de Miguel Díaz-Canel pospuso indefinidamente el aumento del precio de los combustibles, previamente fijado en un 400%, así como la suba de las tarifas en el transporte interprovincial, medidas que habían generado descontento entre la población. Esta decisión siguió al cese del ministro de Economía, Alejandro Gil, marcando un momento crítico en la implementación del plan de ajuste económico del país.

El aplazamiento se anunció justo antes de la implementación prevista, citando como motivo un ataque informático al sistema de pagos digitales de una empresa estatal, lo cual impidió el inicio de la aplicación de la subida en los precios de los combustibles.

Antes de esta suspensión, llenar un tanque de 40 litros habría costado 5.280 CUP (44 dólares), una suma considerable cuando el salario promedio estatal se ubica ligeramente por encima de los 4.200 CUP (35 dólares al cambio oficial, pero solo 14,5 dólares en el mercado informal).

Además del impacto económico directo sobre la población, estas medidas formaban parte de un paquete más amplio destinado a la reestructuración económica del país.

La salida de Gil del Ministerio de Economía se produjo en un momento clave, y reveló posibles tensiones internas y desacuerdos sobre el camino a seguir para abordar la crisis que enfrenta la isla.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) analizará este martes, 6 de febrero, las irregularidades ocurridas en las elecciones presidenciales de Venezuela del año 2013.

Runrunes

De acuerdo con Suprema Injusticia, iniciativa de Transparencia Venezuela, la actividad se realizará en la sala de audiencias de la sede de la Corte en la ciudad de San José (Costa Rica), a través de una audiencia oral y pública.

Durante la audiencia, los magistrados escucharán una declaración de Henrique Capriles, quien fue candidato presidencial de ese año por la oposición, sobre el desarrollo de la campaña electoral y otros temas relacionados con la elección.

También, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en calidad de demandante, presentará el testimonio del abogado Pedro Salazar Ugarte, que como perito declarará sobre “las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos políticos».

«En particular, respecto a los estándares aplicables en el marco de contiendas electorales para garantizar el acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas en el contexto de procesos electorales y el pluralismo en el ejercicio de los derechos políticos”, dijo.

El perito también “se referirá a los recursos que deben brindar los Estados frente a violaciones a los derechos políticos, particularmente respecto de garantizar de manera efectiva la imparcialidad de las autoridades que participan del control electoral de las elecciones”.

Por último, el abogado hablará sobre otros sistemas internacionales de protección de derechos humanos y el derecho comparado.

Elecciones cerradas en falso

Las presidenciales del 14 de abril de 2013 se celebraron luego de que el 5 de marzo de ese año se informara de la muerte de Hugo Chávez, quien fue reelecto en los anteriores comicios de octubre de 2012.

De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), este proceso fue ganado por el Nicolás Maduro con una diferencia de 1,49%.

Sin embargo, Capriles cuestionó dichos resultados y denunció una serie de irregularidades (ventajismo, presiones a testigos y abusos en el voto asistido) que, según él, inclinaron la balanza a favor de su rival.

Aunque en un principio Maduro aceptó realizar una auditoría para verificar sus resultados, el CNE le cerró las puertas a esta posibilidad y el TSJ rechazó todos los recursos que presentó el opositor.

El año 2024 arrancó con 74 conflictos laborales, de los cuales 67,57% fueron protagonizados por trabajadores del sector educación, identificó el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical. Por su parte, el personal sanitario ocupó el segundo lugar al participar en 9,46% de las protestas registradas en enero.

Nota de prensa

Si bien el número total de reclamos y denuncias laborales es 58,42% menor a las 178 contabilizadas en enero de 2023, la actuación de empleados de la educación fue mayor en términos porcentuales: en enero de 2023 fue de 38,76%.

Distrito Capital concentró 26,76% del total de las manifestaciones de inconformidad, seguido por Bolívar y Lara con 9,86% cada uno y Carabobo con 5,63%, en un mes en el que se sumaron más estados a las protestas.

En el primer mes del año el descontento de los trabajadores aumentó tras el anuncio presidencial de dejar en Bs 130 (3,58 dólares) el salario mínimo —en los que se mantiene desde marzo de 2022 — e incrementar el monto del bono de guerra económica de $30 a $60 —pagaderos en bolívares y perciben solo los empleados de la administración pública—, sin incidencia en el cálculo de prestaciones sociales, vacaciones y aguinaldos.

De hecho, las protestas de empleados del sector público representaron 94,6% del total. Y el acompañamiento sindical estuvo presente en 83,43% de los reclamos, indica el Observatorio de Conflictividad Laboral del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).

Las marchas apenas abarcaron 1,41% de los conflictos en enero, siendo las denuncias las que concentraron el grueso con 63,38% del total y 21,13% se materializó a través de concentraciones.

Venezuela, uno de los países de América Latina con mayor cantidad de conflictos laborales, inició el año con los trabajadores exigiendo reivindicaciones salariales (76,06%), el cumplimiento de convenciones colectivas (11,27%) y mejores condiciones laborales (5,63%).

Los fiscales de lo penal del Tribunal Supremo han decidido acusar de terrorismo a Carles Puigdemont por el caso Tsunami Democràtic. Después de varias horas de reunión, la mayor parte de la junta ha rechazado la ponencia del fiscal Álvaro Redondo, que apostaba por no abrir una causa contra el expresidente catalán, y han acordado sacar adelante un nuevo informe que sí apoye la exposición razonada del juez Manuel García Castellón, aunque el caso queda ahora en manos de la teniente fiscal.

Por: Elena Herrera y Alberto Pozas – El Diario

Según fuentes fiscales, ahora será la teniente fiscal del Supremo la que elabore el informe. En total, 12 de los 15 fiscales entienden que hay terrorismo y, por otra parte, 11 de los 15 apuestan por dirigir las investigación contra Puigdemont. El caso queda ahora en manos de la teniente fiscal porque los dos jefes de las dos secciones tienen criterios distintos. Esta decisión también va en contra del criterio desplegado hasta ahora por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Los fiscales de sala del Tribunal Supremo se han reunido este martes a las diez de la mañana en la sede del Ministerio Público de la calle Fortuny de Madrid para estudiar la propuesta del juez Manuel García Castellón: imputar por terrorismo al expresident Carles Puigdemont y a otros diez acusados más, entre ellos Marta Rovira y Rubén Wagensberg (ERC), por tener un papel supuestamente protagonista en las protestas masivas contra la sentencia del procés de Tsunami Democràti en 2019. Según el magistrado de la Audiencia Nacional, la muerte de un turista de un infarto en el aeropuerto de Barcelona es suficiente para conducir la causa por posible terrorismo.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso sin éxito a esta exposición razonada y, una vez elevado el caso al Supremo, el fiscal Álvaro Redondo fue de la misma opinión. Su ponencia, estudiada hoy por los 12 fiscales de lo penal, rechazaba imputar al expresident por terrorismo y apostaba por dejar el caso en manos de García Castellón por entender que los indicios contra los acusados eran “demasiado abiertos”.

Las deliberaciones de los fiscales, generalmente tranquilas y de escasa trascendencia pública, han venido marcadas por la filtración de un primer borrador elaborado y descartado por el propio Redondo en el que, en un primer momento, sí avalaba la apertura de una causa por terrorismo contra Puigdemont. También por el hecho de que, antes de presentar su informe definitivo pero después de elaborarlo, se reunira con el fiscal general del Estado. Redondo, fiscal del Supremo desde hace 19 años, tuvo que emitir ayer un comunicado para defender que ese primer borrador no tenía carácter oficial y que el fiscal general no le dio ningún tipo de instrucción al respecto.

El caso Tsunami y la amnistía

El caso Tsunami Democràtic investiga si las manifestaciones masivas en Catalunya en 2019 en protesta contra la sentencia del procés tuvieron detrás no solo una organización sino un grupo con fines terroristas. El mismo día en que el Supremo dictó su sentencia e impuso condenas de hasta 13 años de cárcel por sedición, malversación y desobediencia a los líderes del procés, las protestas anegaron las calles de Catalunya: protestas en el centro de Barcelona que terminaron en cargas policiales y miles de manifestantes que, durante horas, bloquearon los accesos del aeropuerto de la capital catalana.

Esos días, buena parte de las convocatorias se difundían a través de un canal de Telegram bautizado como Tsunami Democràtic, el mismo que desconvocó las protestas de El Prat esa misma noche. “Hoy hemos sido un tsunami, ha empezado un ciclo de desobediencia civil no violento”, afirmó ese mensaje. Un turista de 62 años sufrió una parada cardiorrespiratoria en la Terminal 2 y fue trasladado de forma inmediata al Hospital de Bellvitge, donde falleció.

La causa de Tsunami llevaba varios años abierta en la Audiencia Nacional pero tanto el juez García Castellón como la Guardia Civil pisaron el acelerador en paralelo a las negociaciones entre PSOE, Junts y ERC para una ley de amnistía y la investidura de Pedro Sánchez. El instituo armado entregó varias semanas antes de lo previsto el informe en el que apunta a Marta Rovira (ERC) como una de las cabecillas de Tsunami. Poco después, el instructor anunciaba que su investigación se dirigía contra Rovira pero también contra Carles Puigdemont y ofrecía al expresident catalán declarar voluntariamente, aunque está aforado ante el Supremo por ser eurodiputado.

Los argumentos del juez viraron entonces hacia un posible terrorismo que terminó atribuyendo al propio Puigdemont en una exposición razonada enviada al Supremo. Su argumento principal: la muerte por infarto de un turista permitía explorar la acusación por ese delito. Un delito que, más allá del proceso judicial, tenía una incidencia directa en las negociaciones para la ley de amnistía, con los partidos políticos buscando desde entonces el encaje del terrorismo en esa norma de perdón.

Las acciones represivas de Maduro y sus acólitos en estas últimas dos semanas dejan en claro su naturaleza fascista. Es oportuno, por ende, definir el término para comprender a qué nos enfrentamos.

Por: Humberto García Larralde – El Nacional

Una primera objeción es aquella de que, al profesar un credo “comunistoide”, Maduro no puede ser fascista. La idea de una supuesta incompatibilidad entre comunismo y fascismo fue estratagema del camarada Stalin, porque, en realidad su régimen fue muy parecido al nazi. El aplastamiento de los derechos humanos, con millones de muertos y la crueldad con que fueron ejecutados, fue similarmente espantoso para ambos. Pero emergió de la II Guerra Mundial, junto a Churchill y Truman –Roosevelt había muerto—, como artífice de haber puesto fin a los horrores nazis. Le dio base para tapar sus propios horrores, descalificando como “fascista” a quien lo criticara. Stalin banalizó el término: Ser anticomunista era ser fascista y, por antonomasia, de derecha. Hoy, el epíteto usado es el de “extrema derecha”.

En secreto, Hitler y Stalin se admiraban mutuamente. El führer aprendió del soviético la utilidad (terrible) de los campos de concentración; Stalin se benefició del manejo propagandístico de J. Goebbels para blindar su gestión totalitaria. Hay indicios de que Alemania, sujeta a las sanciones impuestas por el Tratado de Versalles tras su derrota en la Primera Guerra Mundial, entrenaba secretamente a cuerpos militares suyos en territorio soviético (el llamado “ejército negro”), con anuencia de Stalin, incluso hasta después de haber asumido Hitler como canciller. Ambos déspotas firmaron un pacto de no agresión (Molotov-Ribbentrop), luego traicionado por Hitler, bajo el cual se repartieron Polonia. Y, si bien el führer no eliminó la empresa privada, obligó a muchas a consorciarse para facilitar su control sobre la economía de comando que montó, al servicio de la guerra. Según recoge Sebastian Haffner (Anotaciones sobre Hitler), Hitler le inquirió a Hermann Rauschning, entonces presidente del Reichstag: “¿Para qué necesitamos la socialización de los bancos y las fábricas? ¿Qué sentido tiene eso si ya he impuesto firmemente a las personas una disciplina de la que no pueden librarse? (…) Nosotros socializamos a las personas”.

Donde sí hubo una decisiva diferencia, favorable a Stalin, fue respecto a la supuesta inexorabilidad del comunismo, “demostrada” en la doctrina “científica” de Carlos Marx. Muerto Lenin, Stalin sacralizó sus enseñanzas en forma de tesis a ser reverenciadas, complemento del marxismo en la era de la revolución: el marxismo-leninismo. El Partido Comunista debía ser su celoso guardián en aras de contribuir con el devenir correcto de la Historia. En nombre de tal “verdad”, se convirtió en mortal instrumento de dominación y represión por parte de quien lo controlase, es decir, del propio Stalin. Y, con la fe de que se sacrificaban por los objetivos más nobles de la humanidad, la plana dirigente bolchevique aceptó ser incriminada y exterminada en los juicios de Moscú, para no contrariar al Partido … y a la Historia. Pero el paso del tiempo, sobre todo la descomposición del bloque soviético y la ventilación abierta de sus horrores, como los de China, desinflaron toda pretensión de inexorabilidad “científica” del comunismo.

Los constructos ideológicos del fascismo o del nazismo nunca tuvieron la consistencia interna exhibida por el comunismo, que lo blindó de todo cuestionamiento externo y pudo extraer tan ciega sumisión a sus disciplinados fieles. Apelaban más bien a la pasión, a la fe en unas cuantas verdades reveladas acerca de la superioridad racial o nacional de sus seguidores, para imponerse. Su discurso invocaba épicas pasadas para forjar mitos acerca de la supremacía de sus respectivos pueblos. Había que revivir esas glorias para vencer a los enemigos que, según nazis y fascistas, controlaban al mundo: el capital financiero en manos judías y el imperialismo inglés. Para Chávez, fue la gesta independentista y la gloria del Libertador, traicionada por la oligarquía, la que inspiró, como legado, la lucha en contra del imperialismo gringo. Correspondía al líder supremo, carismático y visionario, conducir a su pueblo al triunfo. Invirtiendo la famosa máxima de Clausewitz, la política se transformó en una guerra por otros medios, ámbito para aniquilar al contrario, no para la negociación y la construcción de consensos. Con un lenguaje de odios e insultos, se forjó una narrativa populista extrema para discriminar a los señalados por el líder como enemigos execrables, negándoles sus derechos y arremetiendo violentamente en su contra. Fue la misión de sus bandas paramilitares; las camisas pardas (S.A.) de Hitler; los Squadristi, camisas negras en Italia; las camisas rojas, chavistas, en Venezuela. Sometidos, desde luego, a una militarización creciente de la sociedad, que se plasmó en símbolos, consignas y proclamas para exaltar el supremo rol de la violencia en el ejercicio del poder. Hoy, los clichés y la mitología comunista son aprovechados igualmente para ello, no para apoyar la fuerza de la razón, sino la razón de la fuerza.

Para un líder fascista, el desafío es sostener en tensión permanente a sus partidarios —inventar enemigos a cada rato se vuelve imperativo— para poderlos motivar para el combate; de él depende su salvación. El culto a la personalidad, pues. El problema para Chávez y el chavismo resultó que se fue erosionando esa imaginería heroica, a pesar de su insultadera contra los gringos. Felizmente (para ellos) los precios del crudo vinieron al rescate, disparándose por encima de los 100 dólares el barril. El reparto dispendioso, a costa de destruir el aparato productivo doméstico, sustituyó a la pasión para contentar a su gente. Sabemos lo que pasó: al caer los precios del petróleo a los niveles de antes (finales de 2014), desnudó a un país desolado, sobreendeudado, con su economía destruida y una industria petrolera devastada.

¿Cómo continuar satisfaciendo a los factores de poder que sostenían a la “revolución”? Ensanchando aún más las oportunidades de expoliación de la riqueza nacional que resultó del desmantelamiento de su tejido institucional. Aquel fascismo revolucionario, capaz de galvanizar a sus partidarios para movilizarlos para la lucha, degeneró en un fascismo de mafias, de bandas criminales. Desapareció la pasión. Ya no entusiasman a nadie. Cual zombis, empero, siguen con su sainete “revolucionario”, hablando del “Pueblo”, inventando conspiraciones y culpando al imperialismo. Ahora, cualquier disparate sirve como excusa para afirmar, como lo hace el energúmeno del mazo, que el país es de ellos y que: “Ni por las buenas ni por las malas nos vamos de acá nosotros”. Es decir, pone sobre el tapete su verdadero desiderátum: cómo quedarse con lo que se cogieron, sin penalización alguna.

Se aclara, entonces, un ingrediente vital de cualquier trato con la médula fascista que controla el poder. Saben que no tienen vida y que cada día lo tendrán peor. María Corina Machado de candidata sentencia su final. Pero, aun manteniendo su inhabilitación tramposa, cualquier relevo legítimo que recogiera su bastón, también marcaría su fin. Ningún plan “B” que represente una amenaza real para el núcleo mafioso será aceptado y de allí es que han decidido darle un palo a la lámpara. Subieron las apuestas con la intención de que se les garantice impunidad, incluyendo salvoconductos por si son desplazados del poder. Las sanciones, en última instancia, son tolerables si no logran aquello.

Argumentarle a los sectores más sanos del chavismo que llegar a un acuerdo para permitir unas elecciones creíbles, con supervisión internacional, les abre la puerta para convertirse en una futura opción legítima en las contiendas políticas de una Venezuela democrática, es muy loable. No obstante, para los que aparentemente tienen el sartén cogido por el mango, la angustia es, definitivamente, otra. ¿Hasta dónde será capaz de llegar el liderazgo opositor, con María Corina al frente, para enfrentar sus demandas, a cambio de garantías electorales creíbles? En el balance está la fuerza que da el apoyo mayoritario, la firmeza de propósitos. ¿Los gobiernos democráticos que nos acompañan serán anuentes con una salida planteada en estos términos? ¿Y el andamiaje del derecho liberal internacional sobre el cual descansa la defensa de los derechos humanos?

Complejísimo problema, tanto en lo político, lo jurídico, como en lo moral y ético. Pero, del otro lado, está la prolongación del sufrimiento de tantos venezolanos, no se sabe por cuanto tiempo más, la destrucción continuada de medios de vida, la separación de familias y la vulnerabilidad frente a la represión de un Estado terrorista. Disyuntiva terrible pero muy apremiante y sin escapatoria.

El exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, presentó este lunes su propuesta ante la Asamblea Nacional del cronograma electoral para las elecciones presidenciales.

La Nación

En su cuenta de X, Ceballos detalló su planteamiento al Parlamento tras una convocatoria a los diferentes sectores de la sociedad:

Ceballos quedó habilitado recientemente para ejercer cargos públicos, luego de solicitar una revisión de su inhabilitación ante el TSJ.

La Asamblea Nacional (AN), controlada por el régimen de Nicolás Maduro, inició este lunes un «proceso» de consulta con distintos sectores de la vida social, política, económica, cultural y religiosa de Venezuela para definir el cronograma de las elecciones presidenciales que se realizarán en ese país este 2024.

Por: Lydnel Reyes – Diario Las Américas

El parlamento oficialista celebrará estas reuniones entre lunes, martes y miércoles. Estas incluyen encuentros con el sector empresarial, religioso y de los trabajadores, con el objetivo de presentar esta misma semana una propuesta de cronograma ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), que luego anunciará en el tiempo necesario la fecha de los comicios.

El presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez, informó que durante el primer encuentro, en el que no participó la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -donde se agrupan los partidos de la opisción-, fueron recibidas las propuestas de representantes de los distintos partidos políticos, precandidatos presidenciales y 29 organizaciones políticas que hacen vida pública en este país.

Asimismo, anunció la creación de una Comisión de Trabajo en la que se desarrollarán 3 puntos básicos: ”En Primer Lugar, ¿cuáles son los principios generales que debe regir el evento electoral desde el punto de vista constitucional, legal y político?, y el segundo, una propuesta real de calendario”, especificó.

Rodriguez aseguró también que la propuesta de cronograma de los comicios presidenciales 2024 estará lista a finales de la semana o inicios de la siguiente y será entregada inmediatamente ante los rectores del CNE.

Rechazo de la oposición

Este proceso ha sido cuestionado por la oposición venezolana, al considerar que la dictadura pretende diseñar unos comicios antidemocráticos y distorsionar las garantías acordadas para este proceso electoral.

La candidata presidencial opositora, Maria Corona Machado afirmó a través de sus redes sociales que esta consulta es una “violación” del Acuerdo de Barbados.

“Desconoce el compromiso que firmaron por unas elecciones libres y limpias en el Acuerdo de Barbados. Quieren lavarse la cara al comprometer, por la vía de la amenaza y el chantaje a instituciones y personas”, expresó en su perfil de la red social X, antes Twitter.

En octubre de 2023, representantes de Nicolás Maduro y la oposición venezolana firmaron en Barbados un acuerdo que establece un conjunto de garantías presidenciales para que hayan elecciones justas y libres en el país suramericano.

Sin embargo, La PUD ha denunciado la violación de estos acuerdos por parte del régimen, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificara la inhabilitación de Machado, quien, según dictamen del Supremo al servicio del partido en control del país, no podría participar en comicios electorales por 15 años.

Este acuerdo contempla que el proceso electoral se hagan en el segundo semestre del año.

Mientras que, antes del inicio de la reunión, el dirigente del partido de Acción Democrática (AD) judicializado por la dictadura, Bernabé Gutiérrez, planteó en rueda de prensa que se hicieran las presidenciales el viernes 5 de julio. Por su parte, posterior al encuentro, el diputado de 2020, José Brito, expuso mediante un comunicado de prensa, que los comicios se celebren el 28 de julio.

¿Quiénes asistieron?

Como invitados a la reunión, destacaron Didalco Bolívar por PODEMOS, Bernabé Gutiérrez por Acción Democrática (AD), Timoteo Zambrano por Cambiemos, el alcalde del municipio Chacao Gustavo Duque por Fuerza Vecinal, Ricardo Sánchez por Alianza para el Cambio, Antonio Ecarri por Alianza del Lápiz, Luis Eduardo Martínez, Henry Parra por el Partido Comunista de Venezuela (PCV), Juan Carlos Alvarado por el partido socialcristiano COPEI y Javier Bertucci por Esperanza por el Cambio.

Además de, Vanessa Montero por el Movimiento Somos Venezuela, Henry Hernández por Unidad Popular de Venezuela (UPV), Luis Parra por Primero Venezuela, Gilberto Jiménez por el Movimiento Electoral del Pueblo, Leocenis García por Prociudadanos, Luis Ratti, Juan Barreto por REDES, Luis Augusto Romero por Avanzada Progresista, José Brito por Primero Venezuela, Daniel Ceballos por la Asamblea de Renovación y Esperanza para el País (AREPA), Gloria Pihno e Ilenia Medina, entre otros.

En el enfrentamiento que se está gestando entre Texas y la administración Biden por la crisis fronteriza, el estado de la Estrella Solitaria está envuelto en al menos tres demandas por sus esfuerzos por defender sus fronteras.

Por: Matthew Vadum – The Epoch Times

El Estado ha erigido barreras físicas e implementado su propio régimen legal para procesar y deportar a los extranjeros ilegales.

El gobierno federal ha cuestionado esos esfuerzos y, con las batallas legales en curso, los expertos difieren sobre si la campaña de Lone Star será inútil o fértil.

Los cárteles de la droga mexicanos, que trafican con sustancias ilegales como el fentanilo, están provocando una afluencia humana sin precedentes que ha dominado los ciclos de noticias y se ha convertido en la segunda mayor preocupación no económica entre los estadounidenses.

Los funcionarios de Texas no pueden acusar a quienes apresan de violar la ley federal de inmigración, por lo que la Guardia Nacional de Texas está entregando a los detenidos al Departamento de Seguridad Pública de Texas para que los acusen de allanamiento de morada según la ley estatal.

Los republicanos, incluido el expresidente Donald Trump, han caracterizado las crecientes multitudes de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera como una “invasión”.

Veinticinco gobernadores republicanos se han unido detrás de Texas. Algunos están enviando sus propias tropas de la Guardia Nacional a Texas para ayudar.Como sus jurisdicciones están abrumadas por extranjeros ilegales, algunos demócratas, como el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, se han unido a los republicanos para criticar la aplicación laxa de la inmigración por parte de la administración Biden.

Tres casos

El más publicitado de los tres casos es el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) contra Texas.

El 22 de enero, la Corte Suprema anuló una orden de un tribunal de apelaciones que ordenaba al gobierno federal dejar intacto el alambre de púas de Texas.

El tribunal pareció agravar el caos en la porosa frontera sur del país, votando 5 a 4 para permitir que la Patrulla Fronteriza de EE.UU. cortara, si fuera necesario, la cerca de alambre concertina que Texas erigió a lo largo de un tramo del Río Grande en Eagle Pass, que limita con la ciudad mexicana de Piedras Negras.

El caso subyacente aún está pendiente ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito y puede volver a llegar al Tribunal Supremo.

Otra demanda, Estados Unidos contra Abbott, se refiere a un tramo de barrera flotante que el estado instaló en el Río Grande para impedir que los inmigrantes ilegales vadeen o naden hasta Texas.Un panel de tres jueces del Quinto Circuito determinó que Texas violó la Ley federal de Ríos y Puertos, que prohíbe la obstrucción o alteración no autorizada de vías fluviales. La administración Biden había argumentado que la barrera del estado interfería con sus operaciones en los alrededores e interfería con la autoridad federal.

Texas solicitó que todo el Quinto Circuito reconsidere la decisión del panel. El tribunal de circuito accedió a la solicitud y anuló el fallo del panel. Aún no se ha celebrado una audiencia en el tribunal de circuito completo sobre el fondo del caso.

El tercer caso, Estados Unidos contra Texas, trata sobre la nueva ley de Texas conocida como Proyecto de Ley del Senado 4 que creó delitos estatales contra la entrada ilegal a Texas. Permite a los jueces estatales ordenar la expulsión de los inmigrantes ilegales de Estados Unidos y a los funcionarios estatales ejecutar esas órdenes.La administración Biden argumenta en su

demanda legal que “Texas no puede administrar su propio sistema de inmigración” y que el estatuto estatal “se entromete en la autoridad exclusiva del gobierno federal para regular la entrada y expulsión de no ciudadanos, frustra a los Estados Unidos”. operaciones y procedimientos de inmigración de los Estados Unidos, e interfiere con las relaciones exteriores de los Estados Unidos”.La administración está pidiendo al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas que bloquee la ley, que, según afirma, no es válida.

Declaración de Abbott

Mientras las demandas avanzan a través de la maquinaria judicial de la nación, el gobernador de Texas, Greg Abbott, un republicano, ha prometido continuar el esfuerzo de seguridad fronteriza de su estado como parte de un proyecto llamado Operación Estrella Solitaria.

El esfuerzo de $10 mil millones, que comenzó en mayo de 2021, es una operación conjunta entre el Departamento de Seguridad Pública de Texas y el Departamento Militar de Texas, una agencia del poder ejecutivo responsable de la seguridad del estado, que tiene la segunda frontera internacional más grande en los Estados Unidos.

Texas seguirá instalando barreras para hacer el trabajo que la administración Biden se niega a hacer, dijo el gobernador.

En una declaración del 24 de enero publicada en X, Abbott acusó a la administración Biden de incumplimiento de su deber constitucional de defender a Texas de la invasión y presentó una declaración basada en la Constitución que justifica sus acciones.

Al negarse a hacer cumplir, e incluso violar, las leyes de inmigración, el presidente Biden “ha batido récords de inmigración ilegal”, permitiendo que más de 6 millones de inmigrantes ilegales crucen la frontera sur en sólo tres años, escribió Abbott.

Los redactores de la Constitución, dijo, no querrían que los estados estuvieran en peligro por “amenazas externas como los cárteles que contrabandean a millones de inmigrantes ilegales a través de la frontera”.

Por eso reservaron a los estados el derecho de autodefensa y exigieron al gobierno federal proteger a los estados contra la invasión, dijo.Los demócratas

calificaron de desquiciada la noción de que los estados poseen poderes de guerra para repeler invasiones y autoridad para llevar a cabo sus propias medidas de control de inmigración en una audiencia en el Congreso el 30 de enero.

La representante Mary Gay Scanlon (demócrata por Pensilvania) dijo que se trataba de “una teoría jurídica descabellada” que intenta “subvertir nuestro orden constitucional con fines políticos”.La actual “crisis migratoria no equivale a una invasión”, afirmó.

Alambre de púas

La decisión de la Corte Suprema de permitir que la administración Biden cortara el alambre de púas del estado deleitó a los demócratas y enfureció a los republicanos.

El condado de Maverick, que incluye Eagle Pass, ha sido el epicentro reciente de la crisis fronteriza porque, en junio de 2023, casi el 25 por ciento de todas las entradas de inmigrantes ilegales a Estados Unidos ocurrían allí, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). cifras.

Dos conservadores, el presidente del Tribunal Supremo John Roberts y la jueza Amy Coney Barrett, junto con los miembros liberales del tribunal, los jueces Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, se pusieron del lado de la administración Biden en el alambre de púas. Los magistrados en mayoría no explicaron su decisión.

Los jueces conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh discreparon. Los jueces de la minoría no explicaron los motivos de su desacuerdo.

El caso está lejos de terminar.

Después de que la Corte Suprema falló, DHS v. Texas aún estaba pendiente en el Quinto Circuito. El tribunal de circuito aún no ha escuchado los argumentos sobre el fondo del caso. Después de hacerlo, puede emitir otra orden judicial que restrinja al gobierno federal.La decisión de la Corte Suprema a favor del DHS, que se tomó con carácter de emergencia en ausencia de argumentos orales sobre el fondo, no necesariamente sugiere que los jueces se pondrán del lado del gobierno federal cuando el caso regrese a los tribunales.

¿Texas desafiando a la corte?

Los expertos legales dicen que la acusación de que Texas está desafiando a la Corte Suprema al continuar con la política estatal de erigir alambre de púas y barreras para impedir que inmigrantes ilegales entren al país es falsa.

Esta afirmación ha tenido amplio eco en los informes de los principales medios de comunicación y ha sido repetida por políticos como el ex representante Beto O’Rourke (demócrata por Texas) y el actual representante Joaquín Castro (demócrata por Texas).

Y debido a que Abbott está utilizando tropas de la Guardia Nacional de Texas en el proyecto de seguridad fronteriza, tanto O’Rourke como Castro han implorado al presidente Biden que dé el paso drástico de federalizar las tropas de Texas, una medida que Abbott dijo sería un “error político”.

El Sr. O’Rourke recordó cuando el difunto gobernador de Arkansas, Orval Faubus, un demócrata, se negó a cumplir con el histórico fallo de la Corte Suprema sobre la abolición de la segregación, Brown v. Board of Education (1954), y utilizó tropas de la Guardia Nacional de Arkansas en 1957 para impedir que los negros niños que asisten a Little Rock Central High School.

En respuesta, el presidente Dwight Eisenhower, republicano, federalizó la Guardia de Arkansas para garantizar el cumplimiento del fallo.

«Biden debe seguir este ejemplo de liderazgo audaz y decisivo para poner fin a esta crisis antes de que empeore», dijo O’Rourke.

El abogado Mark Miller de la Pacific Legal Foundation, una firma de abogados de interés público nacional que cuestiona la mala conducta del gobierno, rechazó la idea de que Texas ha estado desafiando al tribunal más alto del país.

“Todo el mundo dice, ‘bueno, Texas está desobedeciendo la orden de la Corte Suprema’. Eso no es cierto”, dijo Miller a The Epoch Times.

“La Corte Suprema no dijo: ‘Texas, no puedes tender más cables’. Simplemente dijeron que el gobierno federal puede cortar el cable”, dijo.

Christopher Hajec, director de litigios del Immigration Reform Law Institute, estuvo de acuerdo.

La Corte Suprema simplemente anuló la orden judicial que el Quinto Circuito emitió contra funcionarios federales que cortaron el alambre de concertina, dijo, y agregó que la administración “es libre de seguir adelante [con] cortarlo”.

Las protestas de los agricultores europeos se han contagiado a España que se ha visto inmersa en un calendario de movilizaciones del sector primario que se prolongarán durante todo el mes de febrero. Carreteras cortadas y tractoradas en puntos de acceso a grandes ciudades, son algunas de las imágenes que se producen desde primera hora de la mañana. Y por supuesto, problemas de acceso a grandes puntos de distribución, como es el caso de Mercamadrid, Mercazaragoza o el Puerto de Málaga.

Infobae

Mercamadrid es considerado el mayor núcleo de abastecimiento de país. Provee de materias primas a grandes supermercados, almacenes, así como bares y restaurantes. Desde primera hora de la mañana, el tráfico en esta gran nave situada en la zona sur de la capital es bastante elevado. Sin embargo, en la mañana de este martes, los agricultores que han salido a la calle para poner de manifiesto el hartazgo del campo han complicado -todavía más- el acceso a este reciento.

Una imagen similar se producía en la capital aragonesa. Cientos de tractores mantienen bloqueada la autovía A-2 a su paso por la localidad zaragozana de La Almunia de Doña Godina y los accesos a Mercazaragoza, en la carretera de Cogullada, sin que se hayan registrado hasta el momento incidentes significativos. Una acción que se produce en el marco de las protestas iniciadas a lo largo de los últimos días por agricultores de todo el país con el fin de instar políticas directas que mejoren la situación del sector.

Bloqueo del puerto de Málaga

Los agricultores y ganaderos malagueños han salido este martes a la calle para protestar por la crisis del campo y han bloqueado con sus tractores y camiones los accesos al Puerto de Málaga. Las protestas, en las que participan decenas de vehículos, han colapsado los accesos de San Andrés y Alameda de Colón, por lo que la Autoridad Portuaria recomienda acceder a pie a los trabajadores y usuarios de las terminales, como los viajeros de la línea regular con Melilla.

Los agricultores, además, han bloqueado estos accesos con neumáticos y les han prendido fuego. La Policía Local se ha visto obligada a cortar el tráfico en el eje litoral y Alameda de Colón y solo el Paseo del Parque continúa abierto. Por ello, desde el Ayuntamiento de Málaga se recomienda evitar la circulación por el centro de la ciudad, usar transporte público o tomar las rondas, ya que el tráfico en la zona es muy complicado desde primera hora de la mañana.

Los agricultores y ganaderos malagueños se suman así a las protestas de sus compañeros en otros puntos de España y países europeos para reivindicar mejoras para el campo como la rebaja de las exigencias de la PAC, el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria o el mantenimiento de la rebaja de impuestos del gasóleo agrícola.

El Gobierno garantiza el abastecimiento

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró este lunes que el abastecimiento alimentario está “absolutamente asegurado” a pesar de las movilizaciones anunciadas por las organizaciones agrarias para las próximas semanas. Planas dijo que “ni a corto ni a medio término” hay riesgo de suministro alimentario por las protestas, ni en cantidad, ni en calidad ni en precios.

Sobre las protestas anunciadas por las tres principales asociaciones, Asaja, UPA y COAG, dijo que comprende la preocupación del campo ante “un momento particularmente complicado”, pero confió en que “saldremos de ello”, por el debate que va a abrir Bruselas para que el sector sea “escuchado”, por la intensidad de las ayudas que ha concedido el Ejecutivo estos años y porque hay mucha coincidencia en el análisis del Gobierno y en el sector agrario.

“De los diez puntos que me plantearon, en prácticamente nueve y medio les dije que el Gobierno podía estar de acuerdo con los planteamientos que me hacían y solo en uno no, que es el de interrumpir todos los acuerdos con terceros países, porque estamos hablando de 70.000 millones en exportaciones y un saldo positivo de 14.000 millones”, señaló el titular de Agricultura.

Calendario de movilizaciones

Este lunes ya ha habido protestas en Valladolid, León y la frontera hispanolusa; en concreto, los agricultores cortaron este lunes el tráfico entre las autovías E-80 y la N-620, que unen España y Portugal en la frontera de Vilar Formoso y Fuentes de Oñoro. Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA siguen diseñando su plan de convocatorias, pero, a día de hoy, se sabe que comenzarán este próximo jueves en Ávila, Salamanca, Ciudad Real y varias zonas de Huesca; día 9 en Zamora y Bilbao; 13 en La Rioja y en Zaragoza (FIMA). El 14 de febrero se concentrarán en Toledo, Guadalajara, Jaén, Palencia y Soria; día 15 en Castellón; 21 en Murcia; 22 en zonas de Aragón y el día 23 en León.

El 7 de febrero la celebrarán en Santamaría del Páramo (León); 8 de febrero en Ávila; día 14 en Santa María La Real de Nieva (Segovia); 15 de febrero en Boceguillas (Segovia) y el día 16 en Venta Pinillas (Segovia). Además, Unión de Uniones ha convocado también concentraciones en tres puertos de entradas de mercancías: el día 7 de febrero en el puerto de Castellón y el día 13 de febrero en los puertos de Tarragona y Santander.

Todas ellas servirán de preludio para la gran tractorada que anunciaron hace casi un mes para el próximo día 21 de febrero frente a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en Madrid. El pasado viernes, esta organización también realizó una pequeña protesta a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación durante la reunión del ministro con los representantes de Asaja, COAG y UPA. Más imprevisible es la agenda de los agricultores que, desde la semana pasada, se están organizando a través de diferentes redes sociales y que ya han protagonizado tractoradas sin previo aviso en algunas zonas.

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