Al comienzo de un año en el que se enfrentará a su primera prueba real de la opinión popular en las elecciones al Parlamento Europeo de junio, Giorgia Meloni espera que las cifras de crecimiento que se publicarán la próxima semana le animen un poco. Es poco probable que lo consiga. El último cálculo mostró que la economía había crecido apenas un 0,1% en los 12 meses transcurridos desde que la primera ministra italiana de extrema derecha asumió el cargo en octubre de 2022. Nicola Nobile, de Oxford Economics, afirma que el crecimiento intertrimestral en los tres últimos meses de 2023 podría incluso haber sido negativo.
The Economist / Vía Infobae
Hasta ahora no se ha culpado a la gestión de Meloni. Ni debería. El repunte de la economía, muy afectada por la pandemia, estaba destinado a agotarse, y se ha enfrentado a nuevos vientos en contra, sobre todo por la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania. Pero la falta de crecimiento es uno de los dos nubarrones de un cielo por lo demás bastante despejado. La segunda es el aumento de la inmigración irregular, que la coalición de derechas de Meloni quiere frenar. El número de llegadas desde el Mediterráneo ascendió a 157.652 el año pasado, un aumento del 50% respecto a 2022 y la cifra más alta desde el año pico de 2016. El Gobierno espera desviar algunas embarcaciones a centros de retención en Albania. Pero el plan se ha topado allí con un desafío legal que aún no se ha resuelto.
Por lo demás, Meloni “controla cada vez más la situación”, afirma Lorenzo Castellani, profesor de Política en la Universidad Luiss de Roma. Su coalición cuenta con una cómoda mayoría y se mantiene unida, a pesar de las disputas. Los últimos sondeos dan al partido de la primera ministra, Hermanos de Italia (FDI), casi el 29%, frente a sólo el 9% de la Liga Norte, liderada por Matteo Salvini, y el 7% de Forza Italia, desprovista de su fundador, Silvio Berlusconi, fallecido el pasado junio. Los esfuerzos de Salvini por recuperar los apoyos perdidos por los Hermanos con una postura cada vez más dura no han dado mejores resultados a la Liga. La oposición está dividida entre el Partido Democrático (PD), de centro-izquierda, y el Movimiento Cinco Estrellas, más pequeño y populista. Las encuestas sugieren que Elly Schlein, del PD, es la menos popular de los líderes de los principales partidos italianos.
Las relaciones con los aliados de Italia en la OTAN son buenas. Italia ha apoyado con entusiasmo, y armas, a Ucrania, y de forma más discreta a Israel. También ha mantenido a Bruselas lo suficientemente contenta como para que la Comisión Europea siga proporcionando regularmente a Italia una parte de los 194.000 millones de euros (211.000 millones de dólares) del Fondo de Recuperación de la UE (Covid-19), con diferencia la mayor cantidad destinada a cualquier Estado miembro. Pero una cosa es depositar dinero y otra gastarlo. Crece la preocupación por la capacidad de Italia para desembolsar los fondos. Una investigación de Openpolis, una ONG romana que promueve la transparencia, muestra que en 2023 sólo se gastaron realmente 2.500 millones de euros.
El esperado estímulo a la economía cuando el dinero llegue a su destino es una de las principales razones por las que no se ha vendido deuda italiana, a pesar del aumento de los tipos de interés y de un déficit que se ha disparado desde 2019. Otra es que el Banco Central Europeo (BCE) dejó claro en junio de 2022 que no toleraría un diferencial mucho mayor entre los tipos de interés italianos y los de Alemania, la referencia del bloque. Pero el BCE, al igual que la Comisión, espera reformas estructurales continuas a cambio de su apoyo. No está nada claro que el gobierno de Meloni esté dispuesto a hacerlas.
Uno de los mayores obstáculos a la actividad empresarial -y a la inversión extranjera directa- es el retraso que encuentran las empresas en la resolución de litigios y el cobro de deudas. Marta Cartabia, Ministra de Justicia en el anterior gobierno de Mario Draghi, introdujo cambios en los procedimientos y un programa de digitalización, y contrató a unos 8.500 abogados junior como secretarios judiciales. El tiempo que se tarda en resolver un caso civil se ha reducido casi un 20%. Los retrasos se han reducido en más de un tercio.
El Gobierno actual se ha ceñido a esos cambios, pero su propia contribución a la agilización no sólo de los tribunales, sino también del uso de la generosidad de la UE, es controvertida. Un proyecto de ley presentado ante el Parlamento aboliría el delito de abuso de poder. Uno de sus objetivos es loable: acabar con la reticencia de los funcionarios a firmar proyectos por temor a caer inadvertidamente en la ilegalidad, por ejemplo, adjudicando un contrato a una empresa que luego resulta ser una tapadera de la mafia. Pero en un país impregnado por la influencia de la delincuencia organizada, el proyecto de ley ha suscitado las protestas de abogados y ONG. También ha suscitado las críticas de Bruselas.
La liberalización de la economía también es problemática. No es nada nuevo. Todos los gobiernos conservadores italianos de los últimos 30 años se han resistido a desafiar los intereses creados que se verían perjudicados por la desregulación. La Liga, en particular, ha luchado con uñas y dientes para proteger de la competencia a las pequeñas empresas italianas, a menudo familiares. Pero en el caso del Gobierno de Meloni, hay un elemento nuevo: su propio partido se inspira en una filosofía económica proteccionista, corporativista, estatista y crítica con el libre mercado.
En repetidas ocasiones, los ministros han intervenido, o intentado intervenir, en el funcionamiento de los mercados. Han intentado limitar la subida de precios en algunas rutas aéreas y aplicar un impuesto extraordinario a los beneficios extraordinarios de los bancos por la inflación. También planean sesgar la gobernanza empresarial de forma que disminuya la influencia de los inversores extranjeros directos. No se prevén privatizaciones, aunque Meloni insistió el 22 de enero en que el Tesoro podría recaudar 20.000 millones de euros en tres años mediante privatizaciones parciales que no pusieran en peligro el control del Estado. Tampoco ha habido ningún movimiento serio hacia la realización de los vastos activos inmobiliarios del Estado. Todo ello plantea la cuestión de cómo el Gobierno, que aprobó un presupuesto expansivo para 2024, pretende reducir -o al menos contener- su deuda bruta, que ronda el 140% del PIB. Esta semana, la OCDE advirtió de que Italia tendría que recortar el gasto, subir los impuestos o ambas cosas.
De todos los países europeos, Italia es, por una vez, uno de los que suscitan menos preocupación. Pero los mayores retos de su gobierno están en el futuro. Tiene que encontrar la manera de frenar la inmigración no autorizada si quiere tranquilizar a sus votantes, y gastar el dinero de la recuperación más rápido si quiere apaciguar a Bruselas. Pero, sobre todo, necesita una estrategia de crecimiento que no se limite a inyectar dinero de la UE en la economía. “Si no podemos elevar la tasa de crecimiento”, advierte Francesco Giavazzi, que fue asesor económico de Draghi, “tendremos problemas”.
