El 17 de octubre de 2023 se suscribió en Barbados un acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela para la «Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para todos”. A tres meses de la firma, no se han observado avances significativos en los compromisos asumidos por el régimen de Maduro para mejorar las condiciones electorales en el país. Por el contrario, algunos de los derechos y garantías electorales han continuado deteriorándose. Esta situación ha generado preocupación, tanto en los sectores democráticos como en la comunidad internacional, ya que, con el paso del tiempo, las posibilidades de llevar a cabo elecciones presidenciales libres, justas y transparentes en 2024 disminuyen.
Por: Ramón Cardozo – DW
Un sistema electoral diseñado para mantenerse en el poder
El proceso de autocratización que Venezuela ha experimentado durante el siglo XXI ha estado estrechamente ligado a la cooptación del sistema electoral por parte del régimen chavista. Desde los primeros años de su mandato, Hugo Chávez, respaldado en su popularidad y en el fracaso de los sistemas de contrapeso institucional, comenzó gradualmente a manipular el sistema electoral venezolano para alinearlo con los intereses de permanencia indefinida en el poder de la Revolución Bolivariana. En la medida en que el chavismo fue perdiendo apoyo popular y, por ende, competitividad electoral, el número de irregularidades introducidas en el sistema electoral ha ido en aumento.
En el artículo «Democratic backsliding through electoral irregularities” (2020), el profesor Javier Corrales del Amherst College destaca cómo fue el deterioro progresivo del sistema electoral venezolano. Según Corrales, «cuando Chávez murió en 2013, el sistema estaba plagado de irregularidades. Maduro superó a Chávez en términos de número, frecuencia y gravedad de las irregularidades. Sin embargo, no empezó desde cero. Maduro agravó las irregularidades que heredó de la era Chávez: aumentó el número de irregularidades heredadas y creó nuevas irregularidades específicas de las elecciones”.
De acuerdo con este investigador, el punto de inflexión en la degradación del sistema fueron los resultados adversos que obtuvo el régimen en las elecciones parlamentarias del 2015: «Este resultado electoral llevó a Maduro a convertir un sistema electoral sesgado por el gobierno en un sistema electoral aún menos confiable que no se acerca en absoluto a cumplir con los estándares convencionales de estabilidad, libertad y justicia.”
En 2018, la falta de transparencia y garantías electorales alcanzó tal magnitud que los principales partidos de la oposición democrática se negaron a participar en la elección presidencial. En esa elección, la desconfianza ciudadana resultó en una abstención del 68%, la más alta en la historia del país. Los resultados de esta elección fueron desconocidos, no solo por la oposición, sino también por organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), y por más de sesenta países.
En el Acuerdo de Barbados se lograron 15 compromisos sobre derechos y garantías electorales, con el objetivo de revertir en la medida de lo posible las injustas condiciones del modelo electoral construido por el chavismo a lo largo de los últimos 25 años. Sin embargo, hasta la fecha, se observa por parte del régimen de Maduro incumplimientos o retrasos significativos en varios aspectos cruciales de lo allí acordado.
Se mantienen las restricciones para la participación del candidato de la oposición
Uno de los incumplimientos más notorios del régimen respecto a los acuerdos de Barbados se relaciona con el compromiso de respetar la libertad de los sectores políticos para elegir a sus respectivos candidatos presidenciales y fomentar la autorización de todos los candidatos y partidos para participar en las elecciones de 2024.
Este compromiso implicaba la revisión de las medidas de inhabilitación política dictadas inconstitucionalmente por la Contraloría General de la República, especialmente en el caso de María Corina Machado, elegida de manera casi unánime en las primarias de la Plataforma Unitaria como la candidata presidencial de la oposición democrática para las elecciones de 2024.
Lamentablemente, el proceso establecido para la revisión de estas inhabilitaciones, lejos de ser expedito, parece haber sido diseñado con la intención de permitir al régimen aparentar cumplir con lo acordado, mientras en la práctica mantiene en suspenso indefinido la decisión. A más de un mes desde la solicitud de Machado ante el Tribunal Supremo de Justicia, los magistrados guardan silencio sobre la decisión que le permitiría inscribirse ante el CNE como candidata presidencial.
Fecha incierta de las elecciones presidenciales
Otro compromiso del acuerdo de Barbados fue llevar a cabo elecciones presidenciales durante el segundo semestre de 2024, conforme a lo establecido en la Constitución venezolana. Sin embargo, hasta el momento, ignorando los constantes reclamos de la oposición y diversas organizaciones de la sociedad civil, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha anunciado la fecha específica. El desconcierto en el país se agrava con declaraciones recientes, como las de Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del régimen, quien el pasado 18 de enero manifestó la posibilidad de realizar los comicios presidenciales en marzo de este año.
Aunque la legislación electoral venezolana no establece un día específico para la celebración de las elecciones presidenciales, sí ordena que el candidato electo asuma el cargo el 10 de enero del primer año de su periodo gubernamental. Por esta razón, históricamente desde 1958, las elecciones presidenciales en Venezuela solían llevarse a cabo aproximadamente treinta días antes de la toma de posesión, es decir, a principios de diciembre del año anterior. Esta sana práctica, que brindaba al país certeza sobre este evento crucial, fue eliminada por el chavismo después de que perdiera las elecciones parlamentarias de 2015. Desde entonces, el régimen de Maduro ha manipulado de manera arbitraria la fecha y duración de los procesos electorales en el país.
Este lapso de 30 días, semejante al de la mayoría de los países del hemisferio, es un tiempo prudencial que facilita una transición ordenada del gobierno saliente al entrante; posibilita al presidente electo organizar su gabinete y permite preparar, de manera legal y administrativa, la toma de posesión. Por el contrario, un lapso excesivamente prolongado entre la elección y la toma de posesión podría conducir a una parálisis gubernamental, con una autoridad electa sin poder de facto y una autoridad saliente poco propensa a implementar nuevas políticas. Así mismo, un escenario de este tipo también eleva el riesgo de tensiones y conflictos políticos entre aquellos que buscan iniciar los cambios de inmediato y aquellos que podrían resistirse a ceder el poder.
El retraso en la fijación de la fecha de los comicios presidenciales conlleva también la demora en la publicación del Cronograma Electoral, donde se detalla la duración del ciclo electoral, así como cada una las actividades, actos y procedimientos involucrados en él. A medida que se retrasa la publicación del calendario electoral, aumenta el riesgo de que la duración del ciclo electoral resulte insuficiente para desarrollar adecuadamente el proceso electoral. La experiencia indica que la duración aproximada del ciclo electoral debería ser de seis meses.
Para el profesor Héctor Briceño, de la Universidad de Rostock y el CENDES UCV, experto en materia electoral, «dentro de las actividades electorales que podrían resultar gravemente afectadas por la falta de tiempo destaca la actualización del Registro Electoral (RE), ya que mientras menos tiempo se disponga, menor es la probabilidad que hay de subsanar el enorme rezago del RE”. Según Briceño, la segunda actividad en riesgo «sería la campaña institucional para promover el voto, sobre todo, teniendo en cuenta que al CNE no tiene interés en generar confianza en el proceso electoral, dado que la abstención beneficia al gobierno. También la falta de tiempo sería muy perjudicial para realizar adecuadamente las auditorías a todo el sistema electoral automatizado, el cual se extiende desde el servicio electoral obligatorio hasta el proceso de conteo y totalización, así como las máquinas del sistema de autenticación y votación. Todo ello supone la actualización y revisión de más de 30.000 máquinas que son utilizadas durante las distintas etapas del ciclo electoral”.
El enorme rezago en la actualización del Registro Electoral
Según la oenegé Voto Joven, aproximadamente 3.5 millones de nuevos votantes no están inscritos en el Registro Electoral (RE), mientras que la oenegé Súmate estima que hay 2.5 millones de ciudadanos que necesitan actualizar sus datos de residencia en el RE. Aunque la legislación electoral establece que el RE es continuo, en la práctica no lo es. Esto se debe a que los ciudadanos a menudo enfrentan dificultades para registrarse o actualizar sus datos, ya que solo pueden hacerlo en las Oficinas Regionales del CNE, ubicadas en las capitales estatales, las cuales detentan poder discrecional para decidir cuándo aceptar inscripciones y modificaciones.
En el caso de los millones de venezolanos que han migrado en los últimos años, la inscripción o actualización en RE se hace todavía más cuesta arriba. La plataforma R4V calcula el número de migrantes venezolanos en 7,7 millones de personas, de los cuales se estima que el 68,98% son mayores de 18 años. Sin embargo, apenas el 2% de ellos (107.904) se encuentran inscritos en el Registro Electoral en el exterior. Este elevado rezago obedece a las dificultades de los ciudadanos para cumplir con los requisitos impuestos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), a fin de poder ser considerado un elector en el extranjero, y al hecho de que el Sistema de Registro Electoral de múltiples consulados venezolanos se encuentra desactivado desde hace varios años.
El experto Briceño advierte que, «dado que el CNE tiene la obligación de publicar un Registro Electoral Preliminar en los 30 días siguientes a la convocatoria de las elecciones, de acuerdo con el artículo 35 de la LOPRE, el considerable retraso del RE solo podría subsanarse a tiempo si se inicia lo antes posible campañas de promoción de inscripción, así como jornadas extraordinarias de inscripción y actualización en todo el territorio nacional y en el extranjero”. Sin embargo, a pesar de los reiterados reclamos de la sociedad civil, el CNE no está dando señales de estar interesado en resolver este problema.
Continúa avanzando la hegemonía comunicacional estatal y el cierre del espacio cívico
En los últimos 25 años, el régimen chavista en Venezuela ha consolidado un sistema hegemónico de control de la información mediante leyes inconstitucionales, el cierre de medios independientes, bloqueo de portales no afines y políticas de censura y persecución. Este modelo impacta significativamente los procesos electorales del país, tal como lo han señalado informes de organizaciones internacionales como la OEA y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
A pesar de haber acordado en Barbados, promover el equilibrio en los medios de comunicación públicos y privados, el régimen de Maduro ha mantenido su política de censura, ataques y persecución al periodismo independiente, intensificada durante eventos electorales como la Primaria de la oposición y el referéndum consultivo sobre el Esequibo.
Por otra parte, la Asamblea Nacional chavista anunció que tiene previsto sancionar próximamente el proyecto de «Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines». En un comunicado conjunto, 230 oenegés expresaron su total rechazo a esta norma, advirtiendo que provocaría «el cierre definitivo y la militarización del espacio cívico venezolano». Asimismo, señalaron que esta ley impactaría «profundamente las condiciones para el próximo proceso electoral en el país. La garantía de elecciones justas y democráticas no solo implica permitir la participación sin restricciones de candidatos, sino también mantener una sociedad civil vigorosa y robusta que pueda ejercer contraloría ciudadana y fomentar el derecho al voto».
Si el régimen de Nicolás Maduro continúa, como hasta ahora, sin mostrar una verdadera voluntad para dar cumplimiento a lo acordado en Barbados y, por el contrario, sigue avanzando en su ruta autocrática, será imposible llevar a cabo una elección competitiva y justa que pueda ofrecer una salida pacífica a la grave crisis venezolana.
