Armando Esteban Quito

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró hoy que la guerra en la Franja de Gaza contra el grupo terrorista Hamas continuará “hasta el final”..

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“La guerra no parará ni por La Haya ni por las amenazas del eje del mal”, afirmó el primer ministro en una declaración televisada a la nación antes de que se cumplan mañana 100 días de la guerra contra Hamas, que comenzó el pasado 7 de octubre tras el ataque que ese grupo islamista llevó a cabo en territorio israelí, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 250 fueron secuestradas.

Netanyahu se refirió repetidamente al “eje del mal”, donde enmarcó a Hamas, a la milicia chií libanesa Hezbollah y a los hutíes de Yemen, grupos apoyados por Irán que en los últimos meses han lanzado numerosos ataques hacia Israel.

“Estamos en el camino de la victoria y no pararemos hasta conseguirla. No hay nada que nos comprometa ni nadie que pueda detenernos”, afirmó el primer ministro de Israel, quien prometió más presupuesto para financiar la guerra.

“No pararemos hasta que no eliminemos para siempre a Hams y traigamos de vuelta a los rehenes”, insistió Netanyahu sobre esta guerra, que según dijo, no es solo de Israel sino de todo el mundo.

“Esta es la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Esto va contra el eje del mal liderado por Irán, los hutíes, Hizbulá y Hamás”, aseveró Netanyahu, que prometió que “lo que paso el 7 de octubre no volverá a ocurrir.

Netanyahu pronunció este discurso minutos antes de que comenzara en Tel Aviv una protesta multitudinaria de 24 horas, con motivo de los 100 días de guerra, impulsada por las familias de los secuestrados para reclamar al gobierno que haga lo que sea necesario para traerlos lo antes posible de vuelta a casa.

Se estima que aún 136 cautivos permanecen dentro de la Franja, aunque 25 estarían muertos.

Organizaciones no Gubernamentales (ONG) de Venezuela criticaron que desde la Asamblea Nacional se retome la discusión del proyecto de ley que busca fiscalizar su actuación y financiamiento, y cuyo proceso de consulta abierta a la ciudadanía, establecido por la legislación local, inició este viernes.

EFE

En su cuenta de X (antes Twitter), la ONG Fundaredes aseguró que este proyecto, preaprobado en enero de 2023 por el Legislativo y a la espera de una discusión más pormenorizada para su aceptación definitiva, «viola el derecho humano a la libertad de asociación» a través de sanciones sujetas a requisitos «desproporcionados» y sin criterios definidos de evaluación.

«Dicha ley viola el derecho humano a la libertad de asociación, aumenta el cierre del espacio cívico, tomando represalias contra toda forma asociativa autónoma de la sociedad venezolana, quebrantando los tratados internacionales de DD.HH. suscritos por el Estado y la Constitución», dijo.

En la misma red social, la organización Encuentro, Justicia y Perdón recordó que la aprobación de esta norma, que dejaría a las ONG «en una situación de inseguridad jurídica indefinida», ya fue rechazada por unos 500 grupos de este tipo que se pronunciaron en conjunto contra el instrumento legal.

ONG rechazan ley que revisará sus financiamientos

Acceso a la Justicia y el Observatorio de Violencias LGBTIQ+, insistieron, también en X, en que la norma va en contra de estándares internacionales. Además señalaron que la ciudadanía la desconoce.

El proyecto inicial de esta ley, compartido por algunos legisladores el año pasado, contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.

La AN inició este viernes la consulta abierta con la sociedad civil sobre este proyecto que, de acuerdo con un comunicado del Legislativo, «busca permitir, supervisar, revisar y registrar las ONG».

Según el escrito, la discusión pública se mantendrá todo el fin de semana y este viernes participaron en ella miembros de movimientos sociales, funcionarios de Fiscalía, del Supremo, de las Fuerzas Armadas y de algunos ministerios, así como estudiantes de Derecho.

Luego de16 años sin operaciones contra el narcotráfico en el área, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) ingresó a la conocida “zona roja” de la provincia del Chapare, en Cochabamba y logró destruir de 25 laboratorios móviles utilizados para la fabricación de cocaína.

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El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, celebró el éxito de la operación a través de sus redes sociales: “¡Histórico! Hoy ingresamos a un lugar de El Trópico de Cochabamba en el cual las fuerzas policiales antinarcóticos no pudieron realizar su trabajo por más de 16 años”.

De acuerdo con el informe difundido pro La Razón, en la zona se ingresó a las localidades de Santiváñez, Ismael Montes, 27 de junio, Central Independiente y Central 14 de Septiembre, todos ubicados en el municipio Villa Tunari.

Ubicado en pleno centro de Bolivia, El Chapare es una de las 16 provincias que componen el departamento de Cochabamba y es considerado como uno de los feudos de Evo Morales debido a su principal método de subsistencia: el trabajo de la coca. Fue en este lugar donde el ex presidente empezó su carrera política como dirigente sindical, y allí regresó tras su exilio en México y Argentina, cuando volvió en noviembre de 2020 tras la investidura presidencial de Arce.

La acción de la FELCN en este territorio marca un hito en la lucha del país contra las drogas ilícitas.

Decomisos y erradicaciones

Además de la destrucción de los laboratorios, el operativo resultó en el decomiso de 5.050 litros de cocaína líquida, que equivalen a más de 190,9 kilogramos de sustancia ilegal. Otros hallazgos incluyeron 96,11 kilogramos de cocaína base y 14,87 kilogramos más encontrados en diferentes contenedores inspeccionados por las autoridades.

En agosto del año pasado, Del Castillo presentó un reporte de georreferenciación sobre los sitios donde se produce mayor cantidad de droga. En esa oportunidad se identificó, según el mapa de calor, que el municipio de Villa Tunari de la provincia Chapare es el área principal de producción de sustancias controladas. Allí operan entre el “80 y 90% de los laboratorios, de las fábricas destruidas por la FELCN se encuentran en la provincia Chapare”.

Bolivia es el tercer productor mundial de cocaína, justo detrás de Colombia y Perú, con más de 300 toneladas del narcótico puestas en el mercado según estimaciones de 2021 de autoridades estadounidenses. El año pasado, el país reconoció que ya no solo produce la “pasta base” de la droga, sino también el clorhidrato o la cocaína refinada. Se teme que este hecho signifique que los carteles de la droga ya han aterrizado en Bolivia.

Jaime Mamani, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, informó que en los primeros días de enero, se incautaron 100 kilos de droga y se detuvieron a 12 personas en ocho operativos diferentes. Estas acciones tuvieron un impacto económico en el narcotráfico estimado en 267.200 dólares estadounidenses, y se sumaron a la confiscación de 2.000 kilos de hojas de coca registradas en tránsito ilícito.

Además, hace una semana, el Gobierno hizo uno de los mayores decomisos de la historia, incautando 8,7 toneladas de cocaína que viajaban hacia Chile para ser trasladas desde ahí hasta los Países Bajos.

La comunidad internacional ha puesto sus ojos sobre Bolivia, especialmente al considerar el estado actual de Ecuador, donde el narcotráfico ha cobrado un poder significativo. Según la oposición, Bolivia tiene parecidas vulnerabilidades económicas, sociales e institucionales que este país. De hecho, una de las más importantes noticias del año 2023 fue la espectacular fuga del país de Sebastián Marset, considerado por las autoridades un “narco de talla mundial”, que burló a la policía y violó las fronteras nacionales, al parecer para refugiarse en Paraguay.

Un nuevo bombardeo impactó este sábado (13.01.2024) una base militar de los rebeldes hutíes de Yemen, específicamente en la ciudad portuaria de Al Hudeida, después de que Estados Unidos bombardeara por segundo día consecutivo posiciones de los insurgentes en respuesta a sus ataques en el mar Rojo, informaron testigos.

DW

El presunto bombardeo estadounidense se produjo después de que los insurgentes lanzaran un misil dirigido contra el sur del mar Rojo, donde los rebeldes han realizado decenas de ataques desde mediados de noviembre contra navíos mercantes, causando severas disrupciones en el tráfico marítimo. «El lugar desde el que se lanzó un cohete hutí en las afueras de Al Hudeida fue alcanzado», señaló una fuente militar vinculada a los rebeldes.

Hasta el momento, ni los hutíes ni EE.UU. se han pronunciado al respecto y se desconoce el alcance de este ataque contra Al Hudeida, una de las principales bases de lanzamiento de drones y misiles de los insurgentes. Precisamente esta ciudad portuaria, junto con una base cercana al aeropuerto de la capital, Saná, fueron objeto de un bombardeo estadounidense previo, que tuvo lugar esta madrugada.

«Estadounidenses sufrirán las consecuencias”

Esa acción militar fue desplegada desde el destructor naval estadounidense USS Carney (DDG 64) a las 3.45 de la madrugada del 13 de enero hora local (00.45 GMT) y se utilizaron misiles de ataque terrestre Tomahawk, según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM). De acuerdo con Washington, fue «una acción de seguimiento contra un objetivo militar específico» asociado con los bombardeos estadounidenses y británicos del viernes, diseñados para degradar la capacidad de los hutíes para atacar buques.

«No hubo pérdidas material ni humanas tras el ataque”, dijo en referencia a la operación de la madrugada de este sábado Nasreddin Amer, subdirector de comunicaciones de los hutíes, a la cadena qatarí Al Jazeera. «Todos los estadounidenses sufrirán las consecuencias de esta agresión. La respuesta no tardará en llegar”, añadió.

La primera operación militar a gran escala, realizada por EE.UU. y el Reino Unido, tuvo como objetivo 28 enclaves de los insurgentes, según el CENTCOM, y causó cinco bajas entre las filas de los hutíes, de acuerdo con los propios rebeldes. Tras esos ataques, los hutíes organizaron el viernes una manifestación masiva contra ambos países, a los que declararon una «guerra abierta».

Israel acusó este viernes a Sudáfrica de presentar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una “imagen fáctica y jurídica profundamente distorsionada” de la realidad de su guerra en Gaza, que definió como una respuesta “al mayor asesinato en masa calculado de judíos en un día desde el Holocausto”, el ataque del grupo islamista Hamás el 7 de octubre.

EFE

Durante una audiencia este viernes en la CIJ, el agente de Israel, Tal Becker, aseguró que la “totalidad” del caso presentado por Sudáfrica “depende de una descripción manipuladora, descontextualizada y deliberadamente recopilada de la realidad de las hostilidades actuales” contra Gaza, donde la ofensiva israelí se ha cobrado ya la vida de más de 23.300 civiles.

Becker advirtió de que “si ha habido actos que pueden calificarse de genocidas, entonces han sido perpetrados contra Israel”, una afirmación que llegó acompañada de fotografías de los 200 rehenes tomados por Hamás, así como de imágenes del ataque, definido como “el mayor asesinato en masa calculada en un solo día desde el Holocausto”.

Los abogados que representan a Israel tienen el turno de la palabra para exponer todos sus argumentos contra los crímenes enumerados ayer por Pretoria, que acusó a Israel de violar la Convención contra el Genocidio, de 1948, con su guerra en Gaza.

“Esta Convención se hizo para abordar un crimen malévolo de la gravedad más excepcional. Vivimos en una época donde las palabras son baratas. En una era de redes sociales y políticas de identidad. La tentación de plantear el término más escandaloso para vilipendiar y demonizar se ha vuelto irresistible para muchos. Pero si hay un lugar donde las palabras aún deben importar, donde la verdad aún debería importar, es sin duda en un tribunal de justicia”, explicó Becker.

Becker acusó a Hamás de haber provocado “una masacre, con mutilaciones, violación y secuestro de tantos ciudadanos como los terroristas pudieron encontrar antes de que las fuerzas israelíes los repelieran” y describió que “torturaron niños delante de sus padres, y padres delante de los niños, quemaron personas, incluidos bebés con vida. Y sistemáticamente violaron y mutilaron a decenas de mujeres, hombres y niños”.

Además, subrayó, “han grabado su barbarie” en videos que fueron reproducidos en redes sociales mostrando con orgullo las consecuencias del ataque a Israel.

“Este acto, por sádico y sistemático que sea, no exime a Israel de su obligación de respetar la ley mientras defiende a sus ciudadanos en su territorio. Eso es incuestionable”, reafirmó el agente israelí, girando la mirada hacia el equipo legal sudafricano.

Pero, advirtió, Israel “tiene el derecho inherente de tomar todas las medidas legítimas para defender a sus ciudadanos y asegurar la liberación de los rehenes”, aseguró.

Consideró que las medidas cautelares solicitadas por Sudáfrica, que incluye una orden a Israel de suspender la operación militar, “equivale a un intento de negar a Israel su capacidad de cumplir con sus obligaciones de defender a sus ciudadanos, a los rehenes y a más de 100.000 israelíes desplazados internamente que no pueden regresar de manera segura a sus hogares” desde el ataque de Hamás.

Un nuevo estudio realizado por Ocean Conservancy, una organización sin fines de lucro, descubrió que una amplia mayoría de alimentos proteicos en Estados Unidos, como carne y pescado, están contaminados con partículas de microplásticos. Los investigadores encontraron que alrededor del 88% de las muestras de proteínas analizadas contenían dichas partículas, lo que sugiere una amplia presencia de estos contaminantes en la cadena alimentaria.

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Las pruebas se efectuaron en 16 tipos diferentes de alimentos como carne de res, pollo, mariscos, cerdo, tofu y productos alimenticios a base de plantas. Se descubrieron partículas de microplásticos en todas las variantes de alimentos analizados. El estudio, realizado en colaboración con la Universidad de Toronto, estableció también que la exposición máxima a la que podrían estar sujetos los adultos en Estados Unidos por el consumo de estas proteínas es de aproximadamente 3,8 millones de microplásticos al año, mientras que la exposición media superaría los 11.000 microplásticos anuales.

“Los productos altamente procesados contenían la mayor cantidad de microplásticos por gramo”, se lee en las conclusiones del estudio, citado por FOX News.

Los microplásticos son piezas de plástico que miden menos de cinco milímetros, mientras que las nanopartículas de plástico son incluso más pequeñas, midiendo menos de 1 micrómetro (μm). De las muestras examinadas, aproximadamente el 44% de los microplásticos encontrados se presentaban en forma de fibras y un tercio adicional estaban en forma de fragmentos de plástico. Los métodos de detección empleados en el estudio tenían una limitación, ya que sólo permiten identificar partículas de microplásticos de 45 μm y más grandes, lo que implica que la cantidad real de partículas podría ser aún mayor.

Una contaminación subestimada

La prevalencia de microplásticos (MP) en el sistema alimentario humano podría estar subestimada. La investigación indicó que los resultados obtenidos se limitan a partículas de microplásticos mayores a 45 micrómetros, excluyendo la presencia de nanoplásticos (NPs) y MPs más pequeños. Estos hallazgos sugieren una posible subestimación de la ingestión de microplásticos en humanos derivados de ciertos tipos de proteínas.

La metodología empleada podría no detectar MP provenientes de la degradación de envases de plástico, que suelen estar en el rango de 5 a 20 micrómetros, de acuerdo con estudios previos. Además, la cantidad limitada de muestras por producto y una alta variabilidad en las concentraciones de microplásticos pueden haber reducido la capacidad de identificar diferencias estadísticamente significativas entre marcas y tipos de productos. Estas limitantes se ven agravadas por la eventual destrucción de muestras o daños al equipo durante el procesamiento de las mismas, lo que podría afectar los resultados y análisis estadísticos.

Los investigadores advierten que, aunque se han observado que partículas mayores a 45 micrómetros pueden trasladarse a tejidos y órganos de peces, y los menores a 150 micrómetros tienen la capacidad de cruzar el epitelio intestinal humano, causando exposición sistémica y riesgos para la salud. La mayoría de los estudios sobre el impacto de estos contaminantes en la salud humana se enfocan en partículas de menos de 20 micrómetros, por lo que este rango de tamaño aún es relevante para evaluar los peligros potenciales.

El estudio resaltó que, aunque amplía considerablemente la comprensión de la prevalencia de los microplásticos en el sistema alimentario humano, existen limitaciones inherentes a los hallazgos. “Debido al límite de detección asociado con el conteo e identificación de partículas sospechosas de MP (microplásticos) bajo un microscopio, nuestros resultados se refieren solo a microplásticos de 45 μm y más grandes”. Esto significa que las nanopartículas (NP) y cualquier MP menor de 45 μm no están incluidos en los resultados.

El conocido director de orquesta británico Jan Latham Koenig fue acusado de delitos sexuales contra menores, anunció la policía de Londres el viernes.

AFP

El director, de 70 años, fue detenido el miércoles en la estación londinense de Victoria y al día siguiente fue acusado de facilitar la comisión de delitos sexuales contra menores y de mantener comunicaciones de carácter sexual con un niño, según Scotland Yard.

Presentado el viernes ante una jueza en Londres, se limitó a revelar su identidad durante la audiencia.

Fue puesto en libertad vigilada a la espera de una próxima comparecencia, en febrero.

Jan Latham Koenig fue galardonado en 2020 por sus servicios a la música y las relaciones culturales entre el Reino Unido y Rusia.

Dirigió la Royal Philharmonic Orchestra, la Orquesta Filarmónica de Londres y las orquestas de la BBC.

La Fiscalía de Perú solicitó 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, informó este viernes el Ministerio Público.

EFE

«El Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de Estado el pasado 7 de diciembre de 2022″, publicó la Fiscalía en su cuenta en la red social X.

El exmandatario se encuentra recluido desde ese día en cumplimiento de una orden de prisión preventiva de 18 meses y pesa sobre él otra orden de 36 meses de prisión preventiva mientras es investigado por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.

Ese 7 de diciembre, Castillo anunció en un mensaje a la nación el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema de justicia y la instalación de un Ejecutivo de emergencia que debía gobernar por decreto.

Prisión para Castillo

Por esa decisión, fue destituido por el Congreso y, posteriormente, arrestado por su propia escolta.

La Fiscalía también pidió 25 años de prisión contra la entonces primera ministra, Betssy Chávez, por el delito de rebelión.

Chávez se encuentra desde junio del 2022 bajo prisión preventiva por 18 meses de prisión como parte de la investigación por el fallido autogolpe de Estado.

Igualmente, el Ministerio Público solicitó 25 años de prisión para los exministros de Comercio Exterior Roberto Sánchez Palomino y del Interior Willy Huerta Olivas, así como para los oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez.

Para el también ex primer ministro Aníbal Torres solicitó 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de rebelión.

El año 2024 se perfila como un periodo crítico para Venezuela, donde la política, la diplomacia y las tensiones territoriales convergen en un escenario de incertidumbre. Con elecciones presidenciales en el horizonte, la falta de fecha y candidatos oficiales agrega un elemento adicional a la compleja situación que vive el país sudamericano.

Por: Marcos Colombo – Infobae

En las antípodas del calendario habitual, el escenario político se antoja tan complejo como decisivo. La mirada de la comunidad internacional y los ciudadanos venezolanos se fija en un punto crucial en el horizonte: las elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre.

Este evento se erige en medio de una ardua travesía política, marcada por posibles intervenciones de la Corte Penal Internacional y las acrecentadas tensiones entre Caracas y Georgetown en torno al disputado territorio del Esequibo.

El panorama político

Hasta ahora, no se ha fijado una fecha para las elecciones presidenciales, y el ambiente político está marcado por la ambigüedad en torno a los posibles candidatos.

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En las quinielas partidistas, se presupone que Nicolás Maduro buscará un tercer mandato bajo la bandera del chavismo. Sin embargo, las encuestas no le favorecen ya que apenas le otorgan un dígito en intención de votoy las tensiones internas dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) han generado incertidumbre.

En contraste, la dirigente opositora María Corina Machado, quien lidera la preferencia en las primarias opositoras con un abrumador 90% de respaldo popular, enfrenta la inhabilitación por parte del régimen, una situación que añade un elemento de incertidumbre al proceso electoral.

Maduro, Diosdado y las elecciones

La incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales se ha visto agravada por las declaraciones contradictorias dentro del chavismo. Maduro, ante insinuaciones de una nueva candidatura, ha preferido la ambigüedad al afirmar que es “prematuro” confirmar su candidatura y que solo un designio divino, y no la voluntad política de Diosdado Cabello (figura prominente del PSUV), trazará su camino a seguir.

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Cabello, por su parte, insiste en postular a Maduro como el abanderado chavista para el año en que este movimiento conmemora un cuarto de siglo en el poder.

Las divisiones internas y el desajuste palpable del régimen se evidenció en el referendo del 3 de diciembre sobre el Esequibo, donde los resultados oficialistas se contraponen vehementemente a las cifras declaradas por la oposición. Tales discrepancias exacerban la polarización y siembran dudas sobre la transparencia y la legitimidad de los futuros procesos electorales en el país.

El largo camino hacia las elecciones

La exigencia de una fecha concreta para las elecciones ha sido una constante tanto en el ámbito nacional como internacional. Organizaciones políticas opositoras, como Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular, han instado al Consejo Nacional Electoral (CNE) a anunciar un cronograma electoral que brinde certeza y transparencia al proceso.

En el terreno partidista, Primero Justicia, con voces como la de Ángel Medina, añaden presión al CNE para que anuncie concretamente el cronograma electoral. Subrayan que la falta de definiciones no hace más que inyectar incertidumbre en la población venezolana, al tiempo que instan a seguir el ejemplo de otros órganos comiciales latinoamericanos que han logrado dotar a sus procesos electorales de la transparencia necesaria.

El economista Rodrigo Cabezas, al referirse a las obligaciones constitucionales del CNE, sostiene que el órgano electoral está obligado a organizar las elecciones presidenciales en 2024, según lo establecido en la Constitución. Este llamado a la legalidad resalta la necesidad de mantener la estabilidad democrática en un contexto político convulso.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ampara estos reclamos en sus artículos 230 y 231, dictaminando no solo la duración del período presidencial sino también la fecha precisa para la toma de posesión del cargo.

Acuerdos de Barbados y la desconfianza internacional

Las dudas sobre la transparencia electoral también se han proyectado a nivel internacional. El senador republicano Marco Rubio ha expresado su escepticismo sobre la capacidad del régimen de Nicolás Maduro para garantizar elecciones libres y justas. Asimismo, Rubio critica la falta de voluntad de la administración Biden para hacer cumplir los acuerdos de Barbados, señalando que el gobierno demócrata busca evitar involucrarse en la problemática venezolana.

Rubio cuestiona abiertamente la posibilidad de que se celebren comicios libres y democráticos bajo el amparo de Maduro, desconfiando igualmente del seguimiento efectivo por parte de la administración Biden.

El Esequibo y las tensiones con Georgetown

Las tensiones territoriales con Guyana por el Esequibo también agregan complejidad al panorama venezolano. El referendo del 3 de diciembre generó controversias, y la falta de consenso en los resultados plantea interrogantes sobre la capacidad del régimen para manejar disputas territoriales mientras enfrenta una crisis interna.

Venezuela se encuentra en una encrucijada crucial. La comunidad internacional observa con atención mientras el país se enfrenta a la difícil tarea de restablecer la estabilidad política y abordar los problemas que afectan a los ciudadanos.

A la espera de que el ente electoral se pronuncie sobre la fecha exacta de las elecciones, la oposición se empeña en consolidar la figura de María Corina Machado como su única candidata, pese a su actual inhabilitación, que se espera sea levantada como parte de los acuerdos de Barbados.

Los esfuerzos políticos del Partido Verde para hacer ver las actuales manifestaciones de agricultores en Alemania como causadas únicamente por los supermercados especuladores han sido descartados como una táctica de distracción barata.

Por: Thomas O’Reilly – The European Conservative

En un cuarto día consecutivo de protestas, los líderes verdes respondieron a los agricultores culpando a la avaricia de las principales cadenas de supermercados del país en lugar de a las políticas gubernamentales relacionadas con Net Zero. La eurodiputada verde Anna Cavazzini citó el “ poder de mercado ” como la causa de los bajos precios disponibles para los agricultores alemanes. Esto se produce tras difamaciones burdamente diseñadas en los medios de comunicación que vinculan las manifestaciones con la «extrema derecha».

La excusa del supermercado fue desestimada por el economista de competencia Justus Haucap , quien calificó los comentarios de Cavazzini como una “cortina de humo” para ofuscar el papel de los reducidos subsidios gubernamentales al diésel y a los equipos agrícolas como una razón clave para sacar a los agricultores a las calles.

Los consumidores alemanes han experimentado una fuerte inflación de los alimentos en los últimos dos años. El mercado agrícola europeo en general sufre tanto las turbulencias causadas por el desvío de las importaciones ucranianas desde Rusia como los efectos negativos de las políticas verdes de las élites.

La semana pasada se produjo una acción directa de los agricultores que se oponen a que la coalición gobernante en el semáforo en Berlín implemente las iniciativas verdes planificadas, incluidos los recortes a los subsidios al combustible diesel.

El movimiento de protesta se considera un momento decisivo para la cancillería de Scholz, que se hunde rápidamente, y el ministro de Agricultura Verde, Cem Özdemir, admitió públicamente que los agricultores tenían buenas razones para salir a las calles antes de declarar que las manifestaciones corren el riesgo de crear una polarización al «estilo estadounidense». en el país.  

La creciente ola de ira pública contra el gobierno ha impactado al Partido Verde en particular, con el líder del partido y vicecanciller Robert Habeck la semana pasada acorralado por agricultores militantes mientras cruzaba un ferry en la ciudad portuaria de Schlüttsiel.

Se espera que las manifestaciones continúen hasta la próxima semana y los grupos agrícolas prometen una escalada en medio de siniestras advertencias de una represión gubernamental contra las protestas.

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