El actual conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás  se ha convertido en un acto de equilibrismo nacional e internacional, ya que Egipto es el principal facilitador de la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, pero traza una línea roja cuando se trata de acoger a desplazados de los territorios palestinos.

DW

«La postura de El Cairo se basa cada vez más en el alarmante y creciente número de víctimas civiles a medida que avanza la incursión terrestre [en Gaza], así como en las presiones de Europa y Estados Unidos para que abra el paso fronterizo de Rafah a los palestinos que deseen cruzarlo», declaró a DW Michelle Pace, investigadora asociada del think tank Chatham House, con sede en Londres, y profesora de la Universidad danesa de Roskilde.

Mientras tanto, el presidente egipcio, Abdulfatah al Sisi, ha dejado claro que el paso fronterizo de Rafah -el único paso hacia Gaza no controlado por Israel –no se convertirá en una entrada para los palestinos de Gaza. «Egipto confirma clara y estrictamente que nunca aceptará el desplazamiento de ningún palestino a territorio egipcio», afirmó Al Sisi. Lo ha repetido de diversas formas desde el estallido del conflicto, que comenzó tras el ataque terrorista de Hamásdel 7 de octubre contra Israel, en el que murieron 1.400 personas.

«Egipto recuerda muy bien lo que ocurrió en 1948, cuando tras la Nakba [catástrofe en árabe], a los palestinos que se habían visto obligados a abandonar sus hogares y aldeas no se les permitió regresar cuando terminó la guerra», dijo Pace, y añadió que «Egipto cree que ese patrón podría repetirse».

«No obstante, los civiles de Gaza tienen derecho a solicitar asilo y sólo ellos pueden decidir cómo y cuándo ejercer este derecho. Egipto está obligado a dejar entrar a los civiles que lo deseen», declaró a DW Timothy E. Kaldas, subdirector del Instituto Tahrir para la Política de Medio Oriente, con sede en Washington.

«Dicho esto, los socios de Israel deberían dejar muy en claro que los gazatíes tienen derecho a regresar a Gaza cuando terminen las hostilidades y los dirigentes de Israel deberían ser advertidos de que impedirles hacerlo constituiría una limpieza étnica», añadió Kaldas.

Potencial amenaza para la seguridad egipcia

Otro argumento de Egipto en contra de permitir la entrada de personas es que probablemente sería imposible separar a los militantes palestinos de los refugiados civiles, dijo Pace.

«Si los grupos yihadistas palestinos establecieran vínculos logísticos, ideológicos y operativos con [sus homólogos] asentados en el Sinaí, Egipto teme que esos militantes pudieran intentar lanzar ataques contra objetivos israelíes desde territorio egipcio, provocando a Israel a tomar represalias y perturbar sus relaciones con Egipto», añadió.

Al Sisi también expresó esta preocupación durante una reciente conferencia de prensa en El Cairo. «El Sinaí se convertiría en una base para operaciones terroristas contra Israel, y nosotros, en Egipto, asumiríamos la responsabilidad por ello. La paz que creamos [en 1979, cuando se firmó un tratado de paz con Israel, ed.] se nos escaparía de las manos», dijo.

Kenneth Roth, ex director ejecutivo de Human Rights Watch y ahora profesor visitante en la Universidad estadounidense de Princeton, afirma que al-Sisi también «simpatiza especialmente con los intentos de Israel de aplastar a Hamás porque él mismo utilizó una violencia horrible para aplastar a los Hermanos Musulmanes, primos más pacíficos de Hamás, incluida la masacre de 817 manifestantes en la plaza de Rabaa de El Cairo en 2013.»

Represión de los manifestantes

El último mes de conflicto también ha repercutido en la relación entre el autoritario gobierno egipcio y la población del país.

«Las diferencias debidas a las dificultades económicas del país, pero también al autoritarismo, se han suavizado un poco», según Nathan Brown, profesor de Ciencias Políticas y Asuntos Internacionales en la Universidad George Washington, y actualmente becario en el Instituto de Estudios Avanzados de Hamburgo (Alemania). «En su lugar, la atención se ha centrado en proteger las fronteras nacionales de Egipto», afirmó.

Esto es bien recibido por al-Sisi, que tiene muchas probabilidades de ser reelegido en las próximas elecciones presidenciales de Egipto, que son ampliamente evaluadas como antidemocráticas.

La financiación internacional a cambio de ayuda en Gaza también podría contribuir a abordar la actual crisis económica de Egipto. La moneda local ha perdido más de la mitad de su valor desde marzo de 2022 y las reservas de divisas egipcias están casi agotadas. Además, el conflicto de Gaza también afectará al turismo, uno de los pilares de la economía egipcia.

Sin embargo, Roth duda de que el conflicto mantenga alineados a largo plazo a la población egipcia y a su gobierno.

«A medida que la opinión pública pase de la simpatía por Israel, tras la terrible matanza de civiles israelíes perpetrada por Hamás el 7 de octubre, al horror ante el número mucho mayor de civiles palestinos que mueren ahora bajo los bombardeos israelíes, inevitablemente se plantearán preguntas sobre por qué el gobierno egipcio sigue asociándose con Israel», declaró Roth a DW.

El gobierno egipcio ya se está preparando para cortar de raíz cualquier disidencia. La semana pasada, después de que manifestantes egipcios pidieran justicia y libertad en concentraciones propalestinas autorizadas por el gobierno, las fuerzas de seguridad egipcias detuvieron a unas 70 personas en El Cairo y Alejandría. Según un informe reciente de Human Rights Watch, 16 manifestantes fueron acusados de «unirse a un grupo terrorista» y «cometer un acto terrorista».

La Comisión Europea, brazo ejecutivo de la Unión Europea (UE), recomendó este miércoles abrir negociaciones de adhesión con Ucrania, anunció la presidenta de esa institución, Ursula von der Leyen.

Infobae

”Hoy es un día histórico”, dijo Von der Leyen en una conferencia de prensa. La Comisión también recomendó iniciar esas negociaciones con Moldavia y concedió a Georgia la condición de país candidato a la adhesión.

Ucrania, dijo Von der Leyen, “sigue enfrentando enormes dificultades y a tragedia provocada por la guerra de agresión de Rusia”.

Las recomendaciones de la Comisión deberán ser sometida al voto de los mandatarios de los países de la UE en una cumbre prevista para diciembre en Bruselas.

Ucrania presentó su demanda de adhesión a la UE apenas cinco días después de la ofensiva de Rusia contra su territorio, en febrero de 2022, y en junio el país fue oficialmente reconocido como aspirante a sumarse al bloque.

El proceso de adhesión, sin embargo, toma varios años de complejas negociaciones entre los países aspirantes y las instituciones de la UE en Bruselas, un proceso que puede consumir hasta una década.

Turquía inició conversaciones formales de adhesión en 2005, y la situación sigue en punto muerto. Albania fue reconocido como país candidato en 2003, e inició conversaciones formales en 2009, que aún no se han completado.

Montenegro, Serbia, Macedonia del Norte también esperan en la fila, con una creciente impaciencia.

En el caso de Bosnia, un documento de la Comisión divulgado este miércoles recomendó el inicio de las negociaciones formales de adhesión únicamente después que ese país avance con un plan de reformas.

“La Comisión recomienda al Consejo que inicie las negociaciones de adhesión con Ucrania”, recoge el informe del Ejecutivo europeo sobre los avances de los candidatos, que avala que Ucrania ha completado cuatro de las siete reformas prioritarias fijadas cuando se le otorgó el estatus de candidato el pasado año.

La embajadora de Estados Unidos en Guyana, Nicole Theriot, afirmó este martes que pretende potenciar la relación bilateral en materia de Defensa “que mejorará objetivos mutuos de seguridad, abordará las amenazas transversales y promoverá la seguridad regional”, en el marco de la disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados.

EFE

“Todos tenemos mucho trabajo importante que hacer, y juntos creo que podemos y conseguiremos abordar los retos compartidos en nuestro vecindario colectivo, por muy desalentadores que parezcan”, manifestó Theriot en una rueda de prensa junto al presidente de Guyana, Irfaan Ali.

Asimismo, hizo hincapié en “el objetivo de una Guyana próspera y segura, con especial énfasis en la energía, la seguridad, la seguridad alimentaria y la resiliencia climática”.

“Estamos comprometidos a trabajar juntos en soluciones a través de los pilares de la prosperidad, la salud, la resiliencia, la seguridad, la energía, la diplomacia y la educación”, concluyó la embajadora estadounidense en Guyana.

Estas declaraciones se producen después de que el régimen chavista acusara el 2 de noviembre al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de haberse confabulado en su contra, en alianza con Estados Unidos y Guyana, en la disputa territorial que mantienen ambos países suramericanos.

Venezuela celebrará un referendo consultivo que el país el 3 de diciembre, con el que el chavismo busca respaldo popular para la propuesta de anexionarse la Guayana Esequiba, aunque la consulta no tendrá carácter vinculante ni supondrá un cambio inmediato en el área disputada.

Guyana y organismos como la Comunidad del Caribe (Caricom), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Commonwealth (mancomunidad de excolonias y protectorados británicos) rechazan el referendo que, entre otros puntos, consultará a los ciudadanos si respaldan o no la “posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción” de la CIJ para “resolver la controversia”.

De momento, ninguna de las partes ha planteado la opción de que sean los propios esequibanos, que rondan los 125.000, los que decidan sobre su pertenencia a uno u otro país, o elijan mantenerse como territorio independiente y soberano.

La Corte Penal Internacional (CPI) celebra este miércoles en su sede en La Haya la segunda audiencia de apelaciones a la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En esta jornada, el régimen chavista presenta de nuevo sus apelaciones contra la decisión del tribunal de reanudar la investigación en el país caribeño. El martes, la Fiscalía de la CPI rechazó los argumentos.

Por: Gastón Calvo – Infobae

El régimen de Nicolás Maduro reconoció que la mayor parte de los casos presentados en la Corte Penal Internacional siguen impunes: “Evidentemente en algunos casos habrá algún sospechoso identificado y en otros no, porque la investigación no ha alcanzado ese nivel”, dijo en representación del chavismo el abogado británico Ben Emmerson.

En tanto, el letrado Aitor Martínez Jiménez detalló que “los datos actualizados en relación a 124 incidentes son: 113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos; hay tres en fase intermedia, es decir con una acusación formal; tres en fase de juicio; y cinco condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados”.

Es decir que sólo cinco de los 124 incidentes que presentaron ante la CPI recibieron condena, apenas el 4 % del total de la muestra.

Emmerson defendió que “no es necesario que Venezuela investigue los elementos contextuales porque eso no es lo que se plantea”. Sin embargo, la Fiscalía retrucó que “deben prestar atención (a los mismos) porque si no lo hacen no podrán pronunciarse respecto al alcance del daño”.

“La Sala fue razonable e hizo lo correcto”, continuó la Fiscalía de la CPI; al tiempo que ratificó que “hay bases razonables para pensar que se cometieron crímenes de lesa humanidad” en la nación caribeña.

“Pese a esto, Venezuela insistió en que no hubo crímenes contra la población civil y apuntó en que pudo haber habido abusos pero estos fueron casos aislados e individuales y se investigaron oportunamente”, acotó.

Por su parte, el abogado del Estado venezolano reconoció que “ninguno de esos casos se ha cerrado completamente, ninguna de estas investigaciones han acabado, a raíz de las alegaciones tan importantes que suponen y son objetos de investigación continua”.

Al respecto, la Fiscalía de la CPI informó que de los 62 casos que observaron, “en 47 de ellos no se identificaron a los perpetradores, es decir tres cuartas partes. También 57 casos estaban en la fase preparatoria, es decir, la primera fase del procedimiento donde todavía no ha habido una acusación formal. Y para 21 casos la Fiscalía vio que era una caracterización jurídica inadecuada”.

Paolina Massidda, integrante de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal, indicó que -para las víctimas-, “sólo un enfoque global permitirá develar la verdad, los autores inmediatos, reconocerá el contexto de la violencia en la que se produjeron estos crímenes y la naturaleza sistemática de los patrones”.

Luego rechazó que el chavismo pretenda procesar los crímenes de violación y agresión sexual como delitos de tratos crueles o tortura. “Estamos en descuerdo y se lo queremos remitir a nuestro colega de Venezuela. La violación y otros tipos de violencia sexual cuentan con elementos únicos constituyentes que son distintos de los de la tortura y trato cruel. Estos crímenes salvaguardian intereses distintos y también abarcan otras cosas para las víctimas”, resaltó.