Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

De acuerdo con Andy Failer, presidente de NT, el TSE había declarado improcedente una solicitud presentada a raíz de que no se había publicado la resolución de la inscripciónde  Nayib Bukele. «En la tarde del día de ayer (lunes 7 de noviembre), se publica la resolución y la inscripción de esa formula presidencial y frente a eso hemos presentado (hoy) el escrito en el que estamos solicitando la nulidad de la inscripción«, agregó Failer, quien fue acompañado por Luis Parada, candidato presidencial de NT.

DW

Agregó que además han pedido que se recuse a los magistrados que votaron por la inscripción de la formula presidencial del partido oficialista Nuevas Ideas (NI). Por su parte, Enrique Anaya, abogado constitucionalista, presentó de nuevo este martes un escrito e indicó que es la cuarta vez que presentan un recurso de nulidad, sin que hasta ahora ninguno haya sido admitido.

El letrado, que estuvo acompañado por el abogado José Marinero, sostuvo que «la candidatura del señor Bukele es inconstitucional, porque nuestra Constitución en al menos 7 disposiciones constitucionales señala que están prohibida la reelección presidencial inmediata». Señaló que la resolución que supuestamente avala la reelección emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que a su juicio está tomada por «usurpadores», es «espuria».

Destitución en 2021 de magistrdos de Sala de lo Constitucional y reemplazados por pro Bukele

Abogados, organizaciones sociales y la comunidad internacional rechazó en 2021 la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y su sustitución por exasesores del Gobierno de Bukele y abogados de altos funcionarios sin seguir el proceso legal tras la instalación del Congreso de amplia mayoría oficialista.

Los jueces, señalados por Estados Unidos de ser «leales» al Ejecutivo de Bukele, apuntaron que la prohibición de la reelección inmediata es para un gobernante que haya estado en el poder por 10 años, criterio contrario al que estableció una sala anterior que indicaba que un presidente debía esperar dos lustros para optar nuevamente por el cargo.

El TSE acordó el viernes inscribir la candidatura presidencial de Bukele por NI para que busque la reelección inmediata en febrero de 2024, a pesar de los señalamientos de inconstitucionalidad y de varias solicitudes para que la rechazara.

Estados Unidos fijó hasta el 30 noviembre como fecha límite para que el gobierno de Nicolás Maduro habilite a todos los candidatos, incluida María Corina Machado, y libere a los presos políticos, de lo contrario se revertirán las flexibilizaciones de las sanciones, anunció este martes Juan González, principal asesor para Latinoamérica del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

El Nacional

«Antes de fines de noviembre tenemos que ver un proceso para la rehabilitación de todos los candidatos y las candidatas, incluida María Corina Machado, todos los candidatos que se quieran postular. Deben ser los venezolanos que decidan quiénes van a ser sus líderes. Y lo otro es obviamente los americanos que han sido detenidos injustamente, es clave para nosotros y obviamente la liberación continua de otros presos políticos», dijo González durante una entrevista con NTN24.

Recalcó que sin pasos Estados Unidos va a desmantelar el alivio de sanciones.

«Tenemos que ver resultados para demostrar que este primer paso sea exitoso. Nosotros hemos dado un paso bastante grande para mandar la señal de nuestro compromiso, pero después del 30 de noviembre si esas expectativas no son llenas, vamos a tener que tomar pasos para desmontar ese alivio de sanciones que hemos dado», indicó el funcionario.

Y añadió: «Podremos quitar las licencias generales en su totalidad y también hay diferentes opciones que estamos desarrollando, consultando con el Congreso”.

El ejército israelí anunció este martes (07.11.2023) que sus tropas están combatiendo en el interior de la ciudad palestina de Gaza por primera vez en años y agregó que Israel no tiene ningún deseo de gobernar el enclave palestino una vez terminado el conflicto.

DW

«Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) están en el corazón de la ciudad de Gaza. Vinieron del norte y del sur. La asaltaron en total coordinación entre fuerzas terrestres, aéreas y marítimas», indicó el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, en una rueda de prensa televisada. «Están maniobrando a pie, con vehículos blindados y tanques, junto con ingenieros militares desde todas las direcciones y tienen un objetivo: los terroristas de Hamás en Gaza», agregó.

Asimsimo, el funcionario describió Gaza como «la mayor base terrorista construida por el hombre», y señaló que debajo de la ciudad había kilómetros de túneles que pasan por debajo de escuelas y hospitales y albergan depósitos de armas, salas de comunicaciones y escondites para los militantes islamistas. 

«¡Qué dolor tan grande el de estas familias! Todas mi solidaridad y mis oraciones ante esta trágica situación de estos venezolanos que han fallecido lejos de su país», expresó María Corina Machado a través de su usuario en la red social X.

Al menos 14 personas han muerto, entre ellos ocho niños, por el incendio de dos inmuebles este lunes por la tarde en el municipio de Coronel, en el centro de Chile.

Las víctimas, todas ellas venezolanas, pertenecen a tres grupos familiares, ha informado el Departamento de Seguridad municipal, según ha publicado el diario ‘BioBio Chile’.

«Venezuela los acompaña. Muy pronto debemos estar todos juntos aquí, en familia», puntualizó la líder de la oposición venezolana.

En un giro legal que ha capturado la atención de la comunidad internacional, Ben Emmerson, un abogado británico con una larga carrera en derecho internacional, es ahora el defensor del dictador venezolano Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por las acusaciones de crímenes de lesa humanidad. Este movimiento legal sin precedentes pone a Emmerson en el epicentro de una de las disputas legales y políticas más controversiales del momento.

Por: Marcos Colombo – Infobae

Su elección como abogado principal del régimen representa un punto de inflexión significativo en este caso. Las acusaciones de crímenes de lesa humanidad en Venezuela han sido motivo de grave preocupación y debate en la comunidad internacional.

El papel de Emmerson en este contexto es doble: en primer lugar, debe abogar por la defensa de un dictador, argumentando en contra de las acusaciones de crímenes de lesa humanidad que incluyen torturas, ejecuciones extrajudiciales y represión violenta, entre otros. En segundo lugar, debe desafiar la jurisdicción de la CPI sobre este caso. Esto implica un análisis minucioso de los aspectos legales y políticos involucrados, dado que el caso Maduro tiene consecuencias significativas para el aspecto internacional y la rendición de cuentas en casos de derechos humanos.

Ben Emmerson tiene más de 25 años de experiencia en derecho internacional europeo, derecho público internacional y derecho penal. Su carrera ha estado marcada por una serie de casos de alto perfil y controvertidos que lo han puesto en la mira del ojo público.

Uno de los casos que más ha destacado en la carrera de Emmerson fue su defensa del clérigo Abu Qatada. Este salafista fue acusado de ser el líder espiritual de Al Qaeda en Europa y vivió como asilado en el Reino Unido desde 1994. La extradición de Abu Qatada a Jordania, donde enfrentaba acusaciones de delitos terroristas, se convirtió en un proceso legal complejo por la intensa controversia que rodeaba a Qatada.

El caso de Abu Qatada generó arduos debates legales en el Reino Unido y en el ámbito internacional. La cuestión central fue si se podía extraditar a una persona a un país donde se le acusaba de cometer delitos graves de terrorismo.

Otro caso emblemático en la carrera de Emmerson fue la defensa del fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Emmerson fue un miembro destacado del equipo legal que luchó contra la extradición de Assange del Reino Unido a Suecia. Este caso tuvo un impacto significativo tanto en la opinión pública como en los debates sobre libertad de expresión y derechos humanos.

Durante su carrera de Emmerson ha llevado a cabo más de treinta casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene su sede en Estrasburgo, Francia. Este tribunal es fundamental en la protección de los derechos humanos en Europa y ha tratado casos de gran relevancia en la región.

Paradójicamente, Emmerson también desempeñó un papel fundamental en la lucha contra el extremismo como relator especial de la ONU para los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo entre 2011 y 2017. Durante su mandato, investigó los ataques con drones en países como Pakistán, Yemen y en la región del Sahel.

Asimismo, Emmerson ya ha tenido experiencia en la Corte Penal Internacional tras ocupar el cargo de juez en la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que se disolvió en 2015. En esta oportunidad, defendió al ex líder kosovar Ramush Haradinaj, quien fue absuelto de acusaciones de crímenes de guerra en el conflicto que asoló la región entre 1998 y 1999.

Emmerson, nacido en Kent en 1963 y educado en la Universidad de Bristol, es miembro fundador del despacho de abogados Matrix Chambers, al igual que Cherie Blair, esposa del ex primer ministro británico Tony Blair. Entre sus ocupaciones está la de ser editor de la Revista Europea de Derechos Humanos y su participación en la redacción de la Ley de Derechos Humanos de 1998 en el Reino Unido.

Sin embargo, su rol como defensor de Nicolás Maduro en la CPI ha generado una discusión y un escrutinio excepcionales. El enfrentamiento legal de Maduro ante la CPI implica acusaciones de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, un caso de gran magnitud que ha suscitado preocupación en la comunidad internacional.

La elección de Emmerson como abogado del régimen de Maduro plantea cuestiones legales y políticas muy complejas. La CPI está llamada a abordar cuestiones cruciales relacionadas con la responsabilidad individual en casos de abusos contra los derechos humanos a gran escala. El desempeño de Emmerson en este caso tendrá un impacto duradero en el desarrollo del derecho internacional y en la percepción de la justicia global.

El Índice Mundial de Trabajo a Distancia de NordLayer es un estudio que clasificó 108 países en relación con cuatro aspectos relacionados con el trabajo remoto: las condiciones económicas y sociales, la estructura digital y física, los niveles de ciberseguridad y la seguridad social.

Por: María Florencia Melo – Statista

Dinamarca, Países Bajos y Alemania encabezan el ranking, y España les sigue de cerca en el cuarto puesto. El estudio destaca también a Uruguay (puesto 43) y Chile (50). Costa Rica recibió el puesto número 54, Argentina el 55 y México el 62.

El índice, según NordLayer, es «una herramienta para que los profesionales digitales evalúen y comparen el atractivo de 108 países como lugares de trabajo remoto». Para ayudar a determinar dónde viajar y trabajar utiliza «datos recopilados por científicos que utilizan sólo estudios confiables y actualizados».

Con respecto al nivel de seguridad digital, se analizó en cada país la solidez de la infraestructura y la respuesta a las amenazas del delito cibernético. En relación con el atractivo socioeconómico, se analizó el costo de vida, el acceso a la atención médica, la facilidad de comunicación y las oportunidades de tiempo libre de calidad. En materia de confort físico y digital, se evaluó la velocidad de la conexión a internet y su asequibilidad. Finalmente, para calificar la seguridad social se tuvo en cuenta la seguridad general frente a delitos dentro del país y la equidad y acceso a los derechos humanos.

Teresa Albanés, quien presidió la Comisión Electoral de las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en 2012, confía en que las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria traigan, entre sus resultados, la inscripción de María Corina Machado como contrincante del oficialismo en las elecciones presidenciales de 2024,

El Político

Durante una entrevista con el periodista Mario Villegas, Albanés, quien integró el comando de campaña de Machado, insistió en que las negociaciones en la isla de Barbados se firmaron una serie de acuerdos, entre ellos, uno de los puntos en el que Estados Unidos revertiría la flexibilización de sanciones en caso que no se cumpla con los acuerdos firmados por las delegaciones del gobierno y de la oposición el pasado 18 de octubre, entre ellos, el respeto a los derechos políticos y la participación de candidatos.

«Aquí hay una negociación en marcha . Se estableció una ruta expedita. Yo creo que (la habilitación de María Corina) va a tener que hacerse porque sino probablemente, según el acuerdo de Barbados, Estados Unidos pudiera tomar unas medidas que son indeseables para el régimen. Que es volver a establecer las sanciones», expresó la coordinadora de Soy Venezuela.

Una transición

Ante lo expuesto, consideró que a Maduro le debe interesar «en este momento» empezar a dar los pasos para una transición. Recordó la época del bipartidismo en Venezuela, cuando los partidos principales se alternaban el poder.

Sobre María Corina opinó que no cree que ella sea un “mesías”, pero si que ha mostrado consistencia y fidelidad “a sacar a Venezuela de esta calamidad”.

“La María Corina que participó en las primarias de 2012 saco 10.000 votos más que las firmas que recogió para inscribirse, la de ahora se dedicó a estudiar el país y fue eso lo que le dio ese 92%”, explicó.

La Unión de Trabajadores de Minera Panamá (Utramipa) expresó su preocupación por la situación que vive el país y se declaró en vigilia ante la posibilidad de perder sus fuentes de empleo.

Panamá América

El gremio asegura que ve en riesgo la estabilidad de los puestos de trabajo debido al panorama incierto en el que se encuentra el nuevo contrato minero.

«Rechazamos cualquier decisión, iniciativa o  acción proveniente de cualquier sector  o de los órganos del Estado, que tenga como intención el cierre de nuestra fuente de empleo y que pretenda de un plumazo truncar nuestro futuro», advirtieron en un comunicado.

En este sentido recalcan que de cerrar la mina quedarían a merced de los bancos, con deudas que no podrían enfrentar.

«Señores de la Asociación Bancaria pelen el ojo que ustedes serán uno de los sectores que mayor daño sufrirán, al nosotros no poder hacerle frente a los compromisos como hipotecas o autos», agregan.

Utramipa recalca el aporte que diariamente hacen como parte de la industria más «pujante e importante del país».
Con respecto a los cierres de calles, el gremio denuncia que sus compañeros son víctimas de intimidación y extorsión por parte de los manifestantes.

También advirtieron que de declararse inconstitucional el contrato minero, el país sufriría graves afectaciones.

«El país se vería expuesto a graves riesgos, que implicarían indemnizaciones billonarias, que podrían acarrear inclusive la quiebra del Estado», expusieron.

Frente a este panorama, los trabajadores se han declarado en sesión y vigilia permanente para defender hasta donde lo permitan las consecuencias su futuro y sustento, junto con sus familias.

La Cámara Minera de Panamá (Camipa) recalca que destruir un pilar de la economía, como la minería, no resuelve los problemas del país, sino que los magnifica.

Panamá América

Camipa advierte que  un escenario de  declaración de inconstitucionalidad de la Ley 406 del contrato de Minera Panamá no constituye anulación de la posibilidad de un arbitraje ni garantiza que no se vaya a perder.

¿Qué consecuencias se pueden esperar?

Según Camipa, el monto de la compensación en un arbitraje interpuesto por First Quantum Minerals, visto de manera conservadora, estaría sobre los $50,000 millones, considerando la inversión de $10,000 millones, y sumando las expectativas de ingresos futuros, valor del yacimiento, lucro cesante, etc.

Esto debido a que de acuerdo con Camipa se trata de un yacimiento de enorme riqueza y magnitud probadas.

Además indica que la prohibición de renovación de contratos mineros establecida en la Ley 407 del 3 de noviembre de 2023, le da derecho a la empresa Minera Cerro Quema S.A. a demandar al país, debido a que es titular de una concesión de explotación cuya prórroga actualmente espera refrendo de contraloría.

«Conocemos que ha invertido unos $200 millones y se estima un valor presente del yacimiento de oro de $233 millones. Este caso tiene la misma motivación del de Dominion Minerals vs. Panamá, que ya ha sido fallado en contra del país», destacó.

En este sentido consideran que esta ley añade ingredientes de efecto montaña rusa, trato injusto no equitativo e inseguridad jurídica sobre las concesiones mineras ya otorgadas y que constituyen derechos adquiridos.

La cámara agrega que lo anterior se suma al aumento de riesgo país, posible pérdida del grado de inversión, caída del precio de los bonos panameños y mayor deterioro de las finanzas públicas que ya viene de atrás.

Señalan que esto afectaría a la empresa privada y la población en general con el consecuente aumento del costo de la vida y la inestabilidad social.

«El descontento acumulado por las malas actuaciones de los gobiernos es un sentimiento genuino, pero no justifica que una actividad consagrada en la Constitución Nacional, cuyo producto es vital para el planeta, sea satanizada sin evidencia comprobada», comenta.

Camipa hace un llamado a reflexionar y dejar de lado las motivaciones emocionales para evitar lamentos en el futuro.

Pocas veces en la historia de Panamá se ha enfrentado a una crisis sociopolítica por tan largo tiempo. Esta expresión de hartazgo es totalmente diferente a la Cruzada Civilista, un movimiento que nace en las entrañas de la empresa privada en los años 80 y que buscaba, a través de intensas manifestaciones, derrocar al general Manuel Antonio Noriega y todo lo que él representaba. Fue la invasión militar estadounidense de diciembre de 1989 el hecho que logró finalmente el objetivo: derrocar, detener y enjuiciar al jefe militar.

Por: Carmen Carrasco – La Vanguardia

Hoy el escenario político es diferente, la sociedad hizo suyo los espacios públicos, tomados como sus bastiones por importantes sectores de la sociedad panameña: jóvenes, en su mayoría menores de 40 años; estudiantes, obreros, campesinos, indígenas, madres y padres, jubilados y/o retirados, maestros y todo aquel que se siente traicionado por el sistema democrático surgido en 1989, al asumir el poder el expresidente Guillermo Endara.

Pero, la cereza del pastel que prendió la mecha de la explosión social y por la que ejercen presión política es buscar la inconstitucionalidad del Contrato Minero, la ley 406 que fue aprobada a tambor batiente en 72 horas y la noche del 20 de octubre el presidente Laurentino Cortizo Cohen la promulgó. La referida ley se encuentra, en la actualidad, en la Corte Suprema de Justicia para su evaluación y decisión.

Mientras tanto, portando la bandera panameña, la camiseta que identifica a la selección de fútbol de Panamá y calzando cómodos zapatos, miles de panameños desde Punta Burica hasta el Darién inician y mantienen una protesta como único lema: «Esta patria no se vende, esta patria se defiende». 

Otra de las consignas es: «El oro de Panamá es verde», entre otras. Recuerdan el enclave colonial de siglo XX y su lucha por la conquista de ese pedazo de territorio, que hoy forma parte del mapa panameño.

Busca en la historia a sus héroes y sus luchas; y se identifican con ellas. El indio Urracá que se enfrentó a la presencia de española; y Victoriano Lorenzo, el cholo coclesano, traicionado por la «burguesía criolla» y ejecutado en 1902 por disposición de las autoridades istmeñas, que luego conformaron la junta de gobierno que dio paso a la separación de Colombia, en noviembre de 1903.

Estos jóvenes en sus cantos, al ritmo del rap, afirman que por sus venas corre la sangre del Cholo Victoriano y la de los mártires del 9 de enero de 1964, una juventud que se enfrentó al ejército más poderoso del mundo, el estadounidense, y logró que el emblema patrio fuera izado en la Zona del Canal, administrado en esa época por los gringos.

Sin dejar a un lado el esfuerzo político internacional del general Omar Torrijos Herrera y conseguir el apoyo necesario a fin de concluir las negociaciones de entrega de la codiciada franja por medio de los Tratados Torrijos-Carter.

Pero estas intensas protestas ponen de manifiesto el relieve de la tensión entre desigualdad y democracia. A la vez, una crítica a los medios de comunicación social panameños y sus periodistas, a los que califican de «desinformadores» y su verdad la encuentra en las redes sociales y plataformas como Facebook, Instagram, X (Twitter) y TikTok y sus transmisiones en vivo desplazando con ello a los tradicionales medios.

Tomaré como cierto lo expuesto por la antropóloga brasileña Silvia Borelli, quien afirmó que «estamos viendo formas de movilización diferentes en las que se combinan la cultura, el consumo, el placer y nuevas formas de hacer política», al referirse a las expresiones de protesta en Brasil de años atrás. Igual está ocurriendo en el istmo, Panamá.

Y, ¿los partidos políticos?…

Ellos no han desparecido, pero sus dirigentes demuestran grandes dificultades para articular con las demandas sociales y canalizar las aspiraciones que exige la ciudadanía. Se quedaron sin piso ni techo.

Y, ¿el gobierno?

Le aconsejo construir puentes de diálogo, porque el movimiento no tiene una dirección única y ni un punto de llegada. Esto puede facilitar el llegar a acuerdos que pongan momentáneamente a estas protestas en stand by o reposo, para ser heredada por el próximo gobierno, que asumiría sus funciones en julio de 2024.

La cholada despertó.

«Fue la tierra tu bandera;

Tu grito, la libertad;

tu esperanza, la igualdad

para la cholada entera».

Decima a Victoriano Lorenzo. Autor, Carlos Francisco Changmarín.

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