Ecuador atraviesa los momentos más violentos de su historia. Medios y referentes izquierdistas capitalizan la situación para llevar agua a su molino. Sostienen que en el periodo socialista había menos violencia. Lo que no dicen es que Rafael Correa indultó a más de 3.000 narcotraficantes antes de abandonar la presidencia.

La Gaceta de la Iberosfera

Por medio de un decreto ejecutivo, Correa declaró una «rebaja de 360 días a los internos sentenciados por un delito que tenga una pena máxima de cinco años y hubiesen cumplido el 30 % de la condena». Lo firmó el 23 de mayo de 2017. Considerando que abandonó el poder el 24 de mayo del mismo año, el decreto fue una de sus últimas acciones como presidente del Ecuador.

«Concédase el indulto presidencial consistente en el perdón de la pena a las personas privadas de libertad, que hayan sido sentenciadas por el delito de tráfico ilícito, de sustancias estupefacientes y psicotrópicas sujetas a fiscalización que se consideren mulas del narcotráfico; entendiendo como tal a la persona que tratando de ingresar o sacar del país en puerto, aeropuertos o puntos de frontera haya sido detenida transportando sustancias estupefacientes o psicotrópicas dentro de la mínima o mediana escala”, indica el artículo 2 del decreto.

Según informó la ministra de justicia de ese entonces, Rosana Alvarado, los primeros favorecidos podían salir desde junio del mismo año de los Centros de Rehabilitación Social (CRS) del Ecuador. Es decir, fue algo inmediato. El peso de cargar con narcotraficantes liberados le cayó al Gobierno que sucedió a Correa.

Incluso ahora que está fuera del poder ha reivindicado su accionar. Pues fue él quien cambió la categoría de pandillas como los Latin Kings. Los denominó «organizaciones sociales», que incrementaron progresivamente su influencia hasta incluso lograr posicionar legisladores en la Asamblea Nacional.

De manera que alegar que el retorno del correísmo al poder podría mejorar la inseguridad y criminalidad en el país pasa por alto que fue su líder quien sembró la semilla. Es más, heredó a su sucesor el peso de tener a criminales en las calles y al mando de operativos desestabilizadores.

Rafael Correa fue sucedido en aquel entonces por su primer vicepresidente, Lenin Moreno. Como tal, es falso que «desde que gobierna la derecha hay violencia». Moreno, además de sus vínculos con el socialismo del siglo XXI, fue guerrillero en su juventud. Por su parte, Guillermo Lasso en todo momento dijo no ser de derecha ni izquierda. Y al terminar su mandato anunció que llegó como liberal y se fue como social demócrata.

Actualmente preside el país Daniel Noboa, quien se declara a sí mismo como de «centro-derecha». Es decir, desde la salida del socialismo del siglo XXI ningún candidato se ha declarado de derecha ni ha gobernado como tal.

Sin embargo, el accionar frente a la delincuencia por parte de Noboa lo está posicionando a nivel internacional por su lucha contra el crimen organizado. Salvo por un reducto de abogados «progresistas» y correístas la mayoría de la población respalda el accionar del mandatario.

De hecho, el viceministro de gobierno (firmante de la Carta de Madrid), Esteban Torres Cobo, destaca que la violencia que se vive es el resultado del accionar del mandatario. Pues Noboa no tardó en reaccionar frente a las amenazas. Desde el primer mes (e hizo hincapié que es apenas un mes) enfrentó al crimen organizado. En respuesta, estas agrupaciones pretenden imponerse por la fuerza.

Reprochó que los gobiernos anteriores no actuaron por comodidad, temor o complicidad. Mientras que el Gobierno de Noboa lo hizo y lo está haciendo desde el principio. Y estas son las consecuencias. Ya Noboa declaró el combate armado interno. Esto legitima el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir al enemigo de la patria: el crimen organizado.

Paralelamente el mandatario aseguró que esto le da a las fuerzas del orden respaldo político y estatal. Y la población civil lo aclama. Entonces los soldados cuentan con el apoyo del Estado y la nación. Son aplaudidos donde van y premiados con víveres y gritos de aliento. Ecuador quiere paz, pero no sin antes ir a la guerra contra la delincuencia.

La directora para América de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, advirtió durante la presentación del informe anual que las elecciones presidenciales en Venezuela perderán legitimidad si no se rehabilita a María Corina Machado.

EFE

Según afirmó en São Paulo, la presencia de la candidata opositora, elegida de forma legítima en primarias, será clave para el éxito del proceso.

“Fue elegida de forma absolutamente legítima por los venezolanos como candidata de la oposición. Si no es rehabilitada, el proceso entero perdería legitimidad y las negociaciones en México entre las partes perderían toda relevancia“, aseguró Goebertus.

Goebertus apoyó la decisión de Machado de acudir a la justicia venezolana por su inhabilitación de 15 años.

HRW señaló que el poder judicial dejó de ser independiente en 2004 y que actualmente hay 270 presos políticos.

Además, manifestó que la designación de un nuevo CNE y la inhabilitación de candidatos aumentaron la preocupación por la falta de elecciones justas.

La ONG recordó que la administración de Maduro avanzó poco en recomendaciones de la UE sobre los comicios de 2021, en medio de la grave crisis humanitaria en el país.

La Casa Blanca afirmó el jueves que la ayuda militar que Estados Unidos ha estado proporcionando a Ucrania se ha «detenido por completo» debido a la falta de un acuerdo en el Congreso para seguir apoyando a ese país a hacer frente a la invasión rusa.

EFE

«La ayuda que estábamos proporcionando hasta ahora se ha detenido por completo», afirmó John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, en una rueda de prensa.

El futuro de la ayuda de Estados Unidos a Ucrania se está decidiendo ahora mismo en el Congreso, donde los demócratas controlan el Senado y los republicanos la Cámara Baja.

El presidente estadounidense, Joe Biden, del Partido Demócrata, ha pedido al Congreso que apruebe 61.000 millones de dólares adicionales en ayuda a Ucrania, pero la oposición republicana ha dicho que solo aprobará ese nuevo paquete de asistencia si los demócratas acceden a implementar una serie de medidas en la frontera entre Estados Unidos y México.

Ante esa situación, Kirby aprovechó la rueda de prensa del jueves para volver a instar a los republicanos a aprobar ayuda para Ucrania, sobre todo después de que la inteligencia de Estados Unidos concluyera que Rusia había estado usando misiles balísticos norcoreanos en algunos de sus últimos ataques contra Ucrania.

«Los ataques que están llevando a cabo los rusos solo están aumentando. Y ahora están utilizando misiles balísticos norcoreanos para llevar a cabo esos ataques», subrayó Kirby.

Según Kirby, Rusia disparó al menos uno de esos misiles balísticos hacia Ucrania el 30 de diciembre de 2023 y también lanzó «múltiples» misiles balísticos norcoreanos el 2 de enero de este año como parte de otro ataque contra las infraestructuras de Ucrania.

Esos misiles formaron parte de los bombardeos con misiles y drones que Rusia perpetró contra Ucrania en los últimos días de 2023 y principios de este año, en lo que fue el mayor ataque desde el inicio de la guerra, en febrero de 2022.

Estados Unidos, el mayor proveedor de ayuda militar a Ucrania, ha entregado a ese país 44.200 millones de dólares en ayuda militar a Kiev desde el inicio de la guerra, según datos del Departamento de Estado.

En todo el mundo se está formando una tormenta en los océanos tras décadas de calma. En el Mar Rojo, las milicias de hutíes han lanzado decenas de ataques a buques con drones y misiles, reduciendo en un 90% la actividad de contenedores en el canal de Suez. El 12 de enero, Estados Unidos y Gran Bretaña respondieron con más de 60 ataques marítimos y aéreos contra objetivos houthis en Yemen en un intento de restablecer el paso abierto, ampliando el alcance del conflicto en Oriente Próximo. El presidente Joe Biden amenazó con nuevas acciones militares y afirmó que Estados Unidos no permitiría que “actores hostiles pongan en peligro la libertad de navegación en una de las rutas comerciales más críticas del mundo”.

The Economist

La escalada en el Mar Rojo se refleja en el caos marítimo en otros lugares. El Mar Negro se está llenando de minas y buques de guerra inutilizados; este año Ucrania espera expulsar a la armada rusa de Crimea, su base desde Catalina la Grande. Los mares Báltico y del Norte se enfrentan a una guerra en la sombra de sabotaje de oleoductos y cables. Y en Asia se está produciendo la mayor acumulación de poder naval desde la Segunda Guerra Mundial, mientras China intenta coaccionar a Taiwán para que se unifique y Estados Unidos trata de disuadir una invasión china. Tras las elecciones de Taiwán del 13 de enero, las tensiones podrían dispararse.

Estos acontecimientos no son una coincidencia, sino el signo de un profundo cambio que se está produciendo en los océanos del planeta. La economía mundial sigue globalizada. Alrededor del 80% del comercio en volumen y el 50% en valor viaja en una flota de 105.000 portacontenedores, petroleros y buques de carga que surcan los océanos día y noche, y que las personas cuyo sustento depende de ellos dan por sentado. Sin embargo, la rivalidad entre superpotencias y la decadencia de las reglas y normas mundiales hacen que las tensiones geopolíticas sean cada vez mayores. La consecuencia inevitable y poco apreciada es que los océanos son una zona disputada por primera vez desde la guerra fría.

La búsqueda de oportunidades y orden en el mar tiene una larga historia. En el siglo XVII, Grocio, un jurista holandés, estableció el principio de la libertad de navegación y en el XIX Gran Bretaña lo hizo cumplir mediante la Royal Navy y una red de puertos y fuertes. Los océanos abiertos se consagraron en el orden posterior a 1945 y, a partir de la década de 1990, el mundo marítimo reflejó el auge de la globalización y el poder estadounidense. Ello acentuó la hipereficacia y la concentración extrema. Hoy el 62% de los contenedores los transportan cinco empresas asiáticas y europeas, el 93% de los buques los construyen China, Japón y Corea del Sur, y el 86% se desguazan en Bangladesh, India o Pakistán. La Armada estadounidense se ha especializado en proporcionar seguridad de forma casi monopolística, con más de 280 buques de guerra y 340.000 marineros.

Este vasto e intrincado sistema se enfrenta a dos retos. Uno es la tensa geopolítica. El desarrollo naval de China significa que la primacía de la Marina estadounidense en el Pacífico está siendo cuestionada por primera vez desde 1945. Hay más actores deshonestos. Los hutíes, respaldados por su patrocinador Irán, han demostrado su resistencia a los ataques de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, lo que sugiere que no serán sometidos rápidamente por los ataques estadounidenses y británicos. Además de los hutíes, el dictador de Etiopía, país sin salida al mar, está alquilando una base naval del Mar Rojo en la vecina Somalilandia. El derecho del mar está en declive. China ignora las sentencias de los tribunales a las que se opone. Y el uso de sanciones por parte de Occidente ha desencadenado un auge del contrabando: el 10% de todos los petroleros forman parte de una anárquica “flota oscura” que opera al margen de las leyes y las finanzas dominantes, el doble que hace 18 meses.

Los vientos geopolíticos se ven reforzados por los trastornos tecnológicos y climáticos. China ha invertido en misiles antibuque, empujando a los buques de nuestra Armada más lejos de la costa. La proliferación de armas significa que milicias como los hutíes disponen ahora de misiles de crucero, una capacidad que, hasta hace poco, sólo poseían los Estados. La economía del conocimiento -y el dominio de Wall Street y Silicon Valley- depende de 600 cables de datos submarinos vulnerables al sabotaje. Los cambios climáticos están modificando la geografía y los incentivos. Al canal de Panamá le falta agua; las rutas comerciales se están ampliando en el Ártico a medida que se derrite; y el auge de la energía verde está catalizando una carrera por explotar los fondos marinos.

Así pues, se avecinan desórdenes en alta mar. Uno de los costes será la interrupción transitoria del comercio. El comercio marítimo representa alrededor del 16% del PIB mundial. El sistema de transporte marítimo es adaptable, pero sólo hasta cierto punto. A menudo se pueden absorber choques aislados. Hasta ahora, los ataques de los hutíes han provocado un aumento de las tarifas de los seguros y del transporte marítimo, pero aún no se han traducido en una subida generalizada de los precios, porque los mercados de contenedores y de la energía tienen capacidad de reserva. Pero eso podría cambiar fácilmente. Los precios del petróleo subieron al conocerse los ataques estadounidenses y británicos, y si la perturbación se extiende al estrecho de Ormuz, por donde circula gran parte del petróleo y el gas del mundo, o si Irán se ve directamente implicado, podrían subir mucho más.

Y cuando los mercados están tensos o se producen perturbaciones sincrónicas, la penalización puede ser elevada. La crisis del transporte marítimo en 2021 y las interrupciones del suministro de grano en el Mar Negro en 2022 provocaron una inflación mundial. Aunque el transporte marítimo representa un porcentaje bajo del precio final de la mayoría de los productos, la imprevisibilidad en el mar llevaría a las empresas a reducir sus cadenas de suministro, lo que aumentaría los costes.

Los conflictos a gran escala en el mar podrían ser devastadores. Los enfrentamientos marítimos tienen sus propias cualidades, porque la dificultad de reforzar rápidamente las flotas significa que la escalada es menos probable que en tierra. Aun así, es fácil identificar dónde podría estallar un conflicto. Los ataques de Irán o Rusia a oleoductos, rutas de gas natural licuado o cables de datos podrían ser devastadores. Las disputas por islas estratégicas podrían desencadenar enfrentamientos en el Mar de China Meridional y el Océano Índico. Y los embargos de economías más sofisticadas que la rusa o la iraní podrían causar enormes daños. Una simulación de Bloomberg muestra que un bloqueo de Taiwán y las contramedidas occidentales reducirían el PIB mundial en un 5%.

Todo ello demuestra la necesidad de disuadir a los actores deshonestos y a los Estados hostiles. Sin embargo, no es fácil volver a las aguas tranquilas de los años noventa. Es poco probable que los llamamientos a defender las leyes universales tengan éxito. China, dependiente del comercio, tiene mucho que perder, pero quiere subvertir las sanciones occidentales y perseguir reivindicaciones ilegales en el Mar de China Meridional. No ayuda que Estados Unidos no haya ratificado el principal tratado mundial sobre derecho marítimo. Occidente tampoco puede restablecer rápidamente su dominio naval tras una crónica falta de inversión. Con un insignificante 5% de la capacidad mundial de astilleros, necesitará décadas para reconstruir sus flotas.

Calma total

Se necesita una respuesta diferente. Los países occidentales deben redoblar sus esfuerzos para mantener su ventaja tecnológica, por ejemplo en submarinos y buques autónomos. La cooperación entre los gobiernos y el sector privado en la vigilancia de infraestructuras marítimas vulnerables, como oleoductos y gasoductos, es fundamental, al igual que las copias de seguridad marítimas y por satélite de los cables de datos.

Y hay que ampliar las alianzas para disponer de más recursos para vigilar los mares. Estados Unidos está reconstruyendo sus pactos navales asiáticos y la incipiente respuesta a los hutíes en el Mar Rojo podría servir de modelo. Mientras que Estados Unidos y Gran Bretaña lanzaron los últimos ataques contra los hutíes, otros cuatro países proporcionaron apoyo militar, y un elenco mucho mayor de armadas, incluidas las de los Estados asiáticos, están ahora activas en el Mar Rojo. Debido a lo que está en juego, mantener un orden marítimo es el mínimo común denominador de la cooperación internacional. Es algo que incluso los aislacionistas deberían suscribir. Sin él, la economía mundial se hundiría.