El exgeneral de la Policía Nacional de Perú y exministro del Interior, Eduardo Pérez Rocha, culpó a la migración venezolana por la situación que se vive actualmente en Ecuador.

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Según las palabras del exfuncionario, el caos que se presenta actualmente en el territorio ecuatoriano, donde delincuentes desataron una ola de violencia que mantiene en zozobra a la población, se debe a la presencia de ciudadanos venezolanos.

“¿Cómo es que Ecuador levantó y se dedicó al tráfico ilícito de drogas? Gracias a los venezolanos”, dijo Pérez Rocha.

A su juicio, las actividades delictivas relacionadas con el tráfico de sustancias en ese país, se debe al ingreso de miembros de la banda Tren de Aragua.

Los delincuentes de la temida agrupación criminal “tomaron la zona del Ecuador, ingresaron al aspecto del narcotráfico, incluso asaltando a los que se dedicaban a esa zona y han tomado parte de ese país”, dijo el expolicía.

Asimismo, consideró que debe prohibirse el ingreso de migrantes venezolanos, a quienes culpa por los hechos que se viven en el Ecuador y por la expansión del Tren de Aragua. “Antes era Colombia el primer productor, le seguía Perú, después venía Bolivia, ahora Ecuador. Esto es el problema después de tanto extenderse”.

Pérez Rocha considera que el Ejecutivo peruano debe emitir “decretos supremos, de establecer no solo estado de emergencia, sino prohibición de que ingresen migrantes” a Perú.

🇪🇨🇵🇪 | Ex general de Perú culpa a la inmigración venezolana de la situación actual en Ecuador:

"Es necesario prohibir el ingreso de venezolanos ya".
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— Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 10, 2024

Dos fallos judiciales en Estados Unidos allanaron esta semana el camino para la autorización de la venta de acciones de Citgo, filial de la estatal petrolera venezolana PDVSA, y poder compensar a empresas expropiadas y tenedores de bonos impagos.

La Voz de América

Ambas decisiones, una de ellas de la Corte Suprema de Justicia norteamericana, son pasos jurídicos trascendentales para que una decena de empresas estatizadas y acreedores de bonos incumplidos por PDVSA puedan cobrar a Venezuela sus deudas mediante la subasta de acciones de Citgo, en los próximos meses, según expertos.

La Voz de América detalla las recientes sentencias y los pormenores del largo y complejo caso judicial que involucra la filial petrolera, con sede en Estados Unidos.

La voz de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes una solicitud de revisión de un fallo del juez Leonard Stark, de Delaware, quien ordenó el año pasado la subasta final de acciones de Citgo en junio de 2024 para honrar los compromisos de Venezuela con un grupo de firmas afectadas por expropiaciones y bonos vencidos.

El recurso lo introdujo la junta ad hoc designada por la oposición venezolana, que desconoció en 2019 a Nicolás Maduro como presidente y reconoció como tal al líder del Parlamento de 2015, Juan Guaidó, para gerenciar la estatal petrolera.

Esa directiva rechaza la subasta de acciones por orden judicial e insiste, en cambio, en que es posible negociar los pagos de esas acreencias, en medio de reportes de utilidades superiores a los 2.500 millones de dólares al año de la filial desde 2022.

El nuevo fallo del juez Stark

El juez Leonard Stark, cuya corte en Delaware forma parte del circuito judicial federal de Estados Unidos, acreditó a un grupo adicional de 10 compañías para que participen y reciban ganancias de la subasta de las acciones de PDV Holding, matriz de Citgo.

Stark es el juez que aprobó en 2020 la venta de la filial petrolera venezolana para que la minera canadiense Crystallex cobrara una deuda calculada entonces en 1.400 millones de dólares como compensación de una expropiación sufrida en Venezuela.

El gobierno del ex presidente venezolano Hugo Chávez confiscó en 2010 la mina Las Cristinas, en Guayana, sin compensarla. Crystallex ganó en 2016 un arbitraje del caso.

Si bien recibió más de 400 millones de dólares de Venezuela como parte de un acuerdo, Crystallex reanudó sus acciones legales para cobrar el resto de la deuda y sus intereses en un contexto de default del país suramericana a partir de 2017 y de sanciones económicas de Estados Unidos, que impedían esas transacciones.

La de Crystallex fue la primera demanda introducida con éxito en Estados Unidos en contra de Citgo bajo la figura del “alter ego”.

Comúnmente, las empresas públicas y las naciones son consideradas entes distintos, pero Crystallex, primero, y otros, luego, argumentaron exitosamente que PDVSA es “alter ego” de Venezuela, es decir, una representación más de su gobierno ante la ley.

Lea la nota completa siguiendo este enlace a La Voz de América

Casi una semana después de que la semana pasada comenzaran a revelarse un tesoro de documentos judiciales relacionados con los crímenes de Jeffrey Epstein, el martes se publicó el último conjunto de fotografías, archivos y declaraciones.

The New York Post

Casi 5.000 páginas después, el alcance de la red de tráfico sexual de Epstein, la red de hombres poderosos con los que se asoció y sus métodos para atraer a las víctimas femeninas para que se aprovechen de ellas han adquirido mayor claridad que nunca.

Varios nombres de alto perfil, desde los expresidentes Donald Trump y Bill Clinton hasta el príncipe Andrés y una gran cantidad de estrellas de Hollywood, estaban dispersos en las transcripciones, memorandos legales, correos electrónicos y otros registros vinculados al caso.

Se publicaron alrededor de 215 documentos en total, todos derivados de una demanda por difamación resuelta hace mucho tiempo que la acusadora de Epstein, Virginia Giuffre , presentó contra su señora Ghislaine Maxwell en 2015.

También se incluyeron relatos aterradores de numerosas acusadoras, que describieron con inquietante detalle cómo Epstein y Maxwell las atraparon en su mundo y luego traficaron con sus cuerpos para el placer de los ricos y poderosos.

La red de hombres poderosos de Epstein era de gran alcance, desde líderes mundiales, miembros de la realeza y magnates de los negocios hasta estrellas de cine y artistas e incluso algunas de las mentes más brillantes del mundo de la ciencia.

En total, al menos 60 nombres de la lista A aparecieron en los archivos con diversos grados de asociación con Epstein.

Entre ellos se destacó Clinton, de quien se sabe desde hace mucho tiempo que fue amigo de Epstein desde al menos 1993, durante su primer mandato en la Casa Blanca.

El nombre de Clinton apareció muchas veces en los archivos, quizás de manera más incriminatoria en la declaración de la acusadora Johanna Sjoberg, quien describió lo que Epstein le dijo sobre las predilecciones sexuales del expresidente.

“[Epstein] dijo una vez que a Clinton le gustan las jóvenes, refiriéndose a las niñas”, testificó Sjoberg, según los archivos .

Clinton no estuvo implicada en ningún delito en ningún lugar de los archivos y nunca ha estado en conexión con Epstein. Ha seguido negando categóricamente haber participado o haber tenido conocimiento de los crímenes de Epstein.

El periodista especialista en política y elecciones Eugenio Martínez (@Puzkas), aseguró que para desarrollar procesos de elección debe convocarse con al menos seis meses de antelación, esto en relación al proceso electoral que se llevará a cabo este 2024 en Venezuela.

El Público TV

En este sentido, Martínez compartió a través de sus redes sociales un hilo en el que detalló,“algunas consideraciones sobre la exigencia de la oposición para que el CNE convoque perentoriamente la elección presidencial, sin previamente cumplir con el desarrollo de algunas de las garantías acordadas en Barbados y presumiblemente en Doha”.

Las leyes electorales le permiten al CNE fijar discrecionalmente la fecha de las elecciones; incluso aunque la toma de posesión del cargo a elegir sea significativamente posterior a la elección, como ocurrió con las presidenciales de 2018 (8 meses antes del inicio del período). Aunque no existe norma escrita que establezca el momento en que debe convocarse la presidencial, la suma del tiempo máximo necesario para desarrollar varios de los procesos requeridos sugiere que la elección debe convocarse con una antelación aproximada de 6 meses, aseguró.

A partir de la firma en Barbados del acuerdo parcial de garantías políticas y electorales y de las negociaciones en Doha (Qatar) existe el compromiso de realizar la elección presidencial de 2024 en cualquier momento del segundo semestre del año.

Después del acuerdo de Barbados se aseguró que el gobierno de Maduro aspiraba a que la elección se celebre en julio, mientras la oposición prefería octubre. Aún se mantiene ese debate, aunque desde varios sectores se sostiene que está pre-acordado celebrarlas en octubre.

Aunque taxativamente no se indica en la legislación electoral cuando debe convocarse una elección, las leyes sí estipulan que el Registro Electoral debe cerrar dentro de los 30 días posteriores a la convocatoria y este lapso es un problema complejo de resolver. Si -hipotéticamente- la presidencial de 2024 se convoca en enero, el RE debe cerrar aprox. en las 4 semanas posteriores a la convocatoria, insuficiente para lograr que los venezolanos en el extranjero logren actualizar sus datos o 2 millones de jóvenes se inscriban dentro de Venezuela. Sin embargo, para “eludir” el problema de la fecha de cierre del RE, el CNE pudiese anunciar -como lo ha hecho en el pasado- un cronograma de fechas claves, sin anunciar la convocatoria oficial. Esta solución pasa por una negociación y porque la oposición sepa qué pedir en ella.

Un deadline que debe considerarse en este escenario es el impuesto por las licencias que flexibilizaron las sanciones en contra de Venezuela. Las semanas previas al 18 de abril son claves para valorar los avances en el cumplimiento de los acuerdos parciales firmados en Barbados.

Aunque en el acuerdo de Barbados se incluyeron hasta 15 compromisos de garantías políticas y electorales, desafortunadamente para el 18 de abril (fecha de vencimiento de la licencia de EEUU) apenas se podrá valorar el avance en RE, observación internacional e inhabilitaciones”.

Perú declaró bajo estado de emergencia toda su frontera con Ecuador y reforzará la vigilancia con contingentes policiales y militares, luego de la racha de ataques del narcotráfico en ese país, anunció la noche del martes el gobierno.

AFP

“Se va a declarar la emergencia en todos los departamentos (regiones) fronterizos con Ecuador”, dijo el primer ministro Alberto Otárola en declaraciones a periodistas.

La medida incluye a las regiones de Amazonas, Cajamarca, Loreto, Piura y Tumbes. Las dos últimas ya estaban en emergencia desde noviembre pasado ante el incremento de la inseguridad en la frontera.

El alto funcionario indicó además que el gobierno enviará a un contingente de las fuerzas especiales de la policía y a las fuerzas armadas para reforzar puestos y pasos de frontera. No se preció el número de efectivos que se desplazará.

Perú y Ecuador comparten una extensa frontera de más de 1.400 kilómetros.

Los ministros de Defensa, Jorge Chávez, y del Interior, Víctor Torres, viajarán el miércoles a la ciudad fronteriza de Tumbes para coordinar las acciones a seguir.

“Mañana (miércoles) los propios ministros van a tomar acciones directas para resguardar toda nuestra frontera y poner a buen recaudo a nuestra ciudadanía”, agregó Otárola, mano derecha de la presidenta Dina Boluarte.

La decisión se tomó en un Consejo de Ministros extraordinario convocado a raíz de la crisis en Ecuador, luego que Quito declarara al país en “conflicto armado interno” y ordenara a los militares “neutralizar” a las bandas narcocriminales que intensificaron sus ataques el martes.

El gobierno peruano también condenó enérgicamente los actos de violencia ocurridos en Ecuador, “que vulneran los derechos fundamentales de los ecuatorianos y atentan contra la seguridad de ese hermano país”, según un comunicado de la cancillería.

En Perú el estado de emergencia se puede extender indefinidamente hasta que el gobierno disponga lo contrario cuando la seguridad de la población está en riesgo o peligro, según la Constitución.

El gobierno de Perú expresó su “condena enérgica” contra la ola de violencia sin precedentes desatada en Ecuador.

En un comunicado oficial difundido por la Cancillería peruana, el Gobierno respaldó también las acciones del mandatario para preservar “la institucionalidad y estabilidad democráticas” y deseó “un pronto restablecimiento de la paz y seguridad en dicho país”, donde se ha registrado la toma de un canal de televisión, estallidos de automóviles en distintas ciudades, ataques con explosivos, secuestro de policías y retención de agentes de las penitenciarías en las propias cárceles.

Desde la noche del 8 de enero en Ecuador se vive un escenario de guerra. Tras la fuga del líder de una banda criminal informada el último domingo y luego de varios motines en las cárceles que iniciaron la mañana del lunes, el presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción y desde entonces, pese a las disposiciones gubernamentales, durante 24 horas continuas se han registrado al menos 40 hechos violentos en todo el país.

Por: Yalilé Loaiza – Infobae

Coches bomba, el secuestro de policías en las calles, la retención forzosa de los guías penitenciarios, las amenazas desde las cárceles, la fuga de otro criminal de alta peligrosidad y la incursión terrorista en un medio de comunicación televisado son algunos de los sucesos que llevaron a que Noboa dispusiera a las Fuerzas Armadas la ejecución de operaciones militares al existir un conflicto armado interno.

El decreto 111 firmado por Noboa indicó que todos los sucesos violentos de esta jornada “se configuran como una amenaza terrorista contra los pilares de la soberanía estatal e integridad territorial”. Con base en esto, declaró a las bandas criminales Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones como actores no estatales beligerantes y como organizaciones terroristas.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela Erazo, en un mensaje a la nación aseguró que los miembros de estas bandas “han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación, pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará”. Por ello, informó que: “A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto, se ha convertido en un objetivo militar”.

Miembros de las bandas criminales amenazan con matar a cualquier persona militar o policía que vean en la calle en la noche.
La declaratoria de Noboa sucedió a las 15h00 (hora de Ecuador) y convulsionó a los ecuatorianos que apenas una hora antes habían visto en señal abierta la toma violenta de TC Televisión en Guayaquil. Donde un grupo de más de 10 criminales amenazó con armas largas y explosivos a los periodistas y trabajadores del canal.

En el centro norte de Quito, donde se encuentra el centro comercial y bancario y donde funcionan varias instituciones del Estado, el tráfico vehicular pesado y las personas caminando aceleradamente, incluso corriendo, demostraban la tensión, el miedo y la desesperación. Al mismo tiempo, helicópteros de las Fuerzas Armadas sobrevolaban la ciudad y pelotones de militares se agolpaban en los exteriores de algunas instituciones y edificios, como la Universidad de las Américas, para brindar seguridad.

En el centro histórico, donde se ubica el Palacio de Carondelet, sede del gobierno nacional, las autoridades evacuaban a los funcionarios de la Presidencia y de otras instituciones públicas. A la par, Noboa y las autoridades del Consejo de Seguridad del Estado se reunieron para analizar las acciones que permitan recuperar el control al Estado.

Mientras tanto, en Guayaquil los actos violentos no cesaban. La jornada dejó al menos diez muertos, entre ellos dos policías.

Los resultados de las fuerzas del orden

La Policía de Ecuador logró la detención de 14 personas sospechosas de participar en los actos de violencia en Guayaquil. Por su parte, la Fiscalía ecuatoriana anunció que procesará a trece personas por el delito de terrorismo por la incursión armada en TC Televisión.

También, la noche del 9 de enero, la Policía y la Armada informaron que tres agentes policiales que fueron secuestrados en Machala el 8 de enero fueron liberados. Según información oficial, hay 10 detenidos como presuntos implicados en este hecho delictivo. Hay otros cuatro policías secuestrados hasta el momento.

Asimismo, los guías penitenciarios continúan como rehenes de los presos de cinco penales. Las autoridades no han informado el estado de estos agentes carcelarios ni cuántos han sido retenidos. Extraoficialmente se conoce que alrededor de cien guías fueron secuestrados dentro de las cárceles.

En Esmeraldas, al norte del país, donde se registraron coches bomba y auto incinerados, la Policía logró capturar a 12 personas. También en Napo, en la Amazonía, se detuvo a dos sospechosos de incendiar un camión. Otras detenciones sucedieron en Quito y en más ciudades del país. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia aseguró que este 10 de enero se emitirá un informe completo sobre los hechos suscitados en la nación.