El año 2024 se perfila complejo e intenso para América Latina, enmarcado en un contexto internacional caracterizado por una gran incertidumbre y volatilidad geopolítica y económica.
Por: Daniel Zovatto y Nicolás Liendo – La Nación
En el actual escenario de policrisis, hay que poner foco en la evolución de varios conflictos como los de Ucrania-Rusia, Israel-Palestina y China-Taiwán, entre otros. El FMI proyecta una disminución del crecimiento económico global, pasando de un 3,0% en 2023 a un 2,9% en 2024, cifra que está por debajo del promedio de 3,8% registrado entre 2000 y 2019. Los pronósticos más pesimistas anticipan cuatro D: desaceleración, desinflación, deuda y desglobalización.
A esto se suma un “tsunami electoral”, el mayor de la historia, con alrededor de 80 procesos electorales en unos 70 países a nivel mundial. Obviamente muchas de estas elecciones no son sinónimo de más democracia, ya que en varios países autoritarios esas elecciones serán una farsa.
De todos estos procesos electorales destacan, por su impacto geopolítico, económico y para el futuro de la democracia tanto a nivel global como latinoamericano, las elecciones en Estados Unidos del 5 de noviembre, donde es muy probable que se repita el enfrentamiento de 2020 entre el presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump. El líder republicano, pese a sus numerosos desafíos judiciales, encabeza de momento las primarias de su partido y también la mayoría de las encuestas frente a Biden. Pero aún faltan 11 meses para ir a las urnas y múltiples factores pueden afectar la elección.
En América Latina este año será el de mayor actividad electoral dentro del actual superciclo 2021-2024, con seis elecciones presidenciales y varias subnacionales, cerrando una etapa de marcada reconfiguración del mapa politico regional. Esta fase se ha caracterizado por el voto castigo a los oficialismos, la necesidad de definir la presidencia en segunda vuelta, la reversión de resultados, gobiernos fragmentados, coaliciones inestables y la emergencia de candidatos populistas.
En el terreno político, los gobiernos latinoamericanos continuarán enfrentando una triple amenaza que está erosionando el estado de derecho y la calidad de las democracias en la región y complicando la gobernabilidad. Estos desafíos incluyen el crimen organizado, la corrupción sistémica y el populismo autoritario.
En el ámbito económico y social las noticias tampoco son alentadoras. La CEPAL anunció que el año 2023 cierra con un crecimiento mediocre del 2,2% y proyecta una caída al 1,9% para 2024, lo que implicaría un nivel de PIB per cápita similar al de 2013. Entre los factores que impactan en las perspectivas de desarrollo se destacan las altas tasas de interés internacionales, el fenómeno de El Niño (que conlleva fenómenos naturales extremos), así como el limitado espacio fiscal y el alto endeudamiento. Este crecimiento anémico (más pronunciado en América del Sur que en Centro América y el Caribe) será insuficiente para reducir las aún altas tasas de pobreza y de informalidad que aquejan a la región. Pese a ello, existen expectativas positivas y oportunidades relacionadas con el nearshoring, agro-industria, energías limpias, minerales estratégicos (litio, cobre, etc.) y servicios digitales.
Maratón Electoral
El superciclo electoral iniciado en 2021 concluirá en 2024 con seis elecciones presidenciales, las cuales analizamos a continuación.
En El Salvador, el 4 de febrero, Nayib Bukele se encamina hacia una reelección asegurada. A pesar de que la Constitución del país prohíbe explícitamente la reelección consecutiva, Bukele ha logrado una reinterpretación judicial (de parte de la Corte de lo Constitucional que está bajo su influencia) para poder candidatearse nuevamente. Su modelo de populismo punitivo le ha granjeado una popularidad superior al 80%, gracias a la significativa reducción de la criminalidad y los homicidios desde la imposición de un estado de excepción en marzo de 2022. Sin embargo, este ha venido acompañado de violaciones a los derechos humanos y un debilitamiento del estado de Derecho. Existe preocupación por el creciente dominio de Bukele sobre el Congreso, las alcaldías y otras instituciones del país, lo que representa una creciente autocratización.
En Panamá, el 5 de mayo, ocho candidatos competirán por la presidencia en un contexto marcado por protestas. El vicepresidente Carrizo, candidato del gobierno, enfrentará una dura contienda contra los exmandatarios Ricardo Martinelli y Martín Torrijos, y varios otros candidatos. Martinelli, quien actualmente lidera las encuestas, fue encontrado culpable de blanqueo de capitales en el proceso judicial “New Business” y enfrenta una sentencia de 10 años y 8 meses de prisión, además de otros procesos abiertos, lo que podría impedir su candidatura si la Corte Suprema de Justicia rechaza (creemos que así ocurrirá) su recurso de casación ante la misma, lo que cambiaría por completo el panorama actual.
En la República Dominicana, las elecciones municipales del 18 de febrero darán inicio al ambiente electoral, seguidas por la elección presidencial el 19 de mayo (y una eventual segunda vuelta en junio). El presidente Luis Abinader, del partido PRM, avanza con paso firme hacia su reelección, manteniendo una popularidad por encima del 50% y una intención de voto cercana a la mayoría absoluta. La oposición, coordinada en la “Alianza Opositora Rescate RD”, compartirá candidatos a las municipales y legislativas, respaldando al candidato presidencial de estos partidos que pase al balotaje -en caso de que hubiese una segunda vuelta-. La candidatura más competitiva para enfrentar a Abinader es la del tres veces presidente, Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo.
México vivirá una mega-elección el 2 de junio, con más de 20.000 cargos en juego. La contienda mayor será entre dos mujeres, garantizando que México tendrá por primera vez una presidenta electa. Claudia Sheinbaum, exjefa de gobierno de Ciudad de México y candidata oficialista, lleva la delantera en las encuestas. Su rival, Xóchitl Gálvez del PAN, lidera la Alianza opositora “Frente Amplio por México”, que incluye a los partidos tradicionales PRD, PRI y el PAN. La popularidad del presidente López Obrador ronda el 60%.
En Uruguay, las elecciones presidenciales y legislativas tendrán lugar el 27 de octubre. El presidente Lacalle Pou no puede reelegirse, y su administración mantiene una aprobación cercana al 40%. Un reciente escándalo de corrupción en la Cancillería y nuevos desafíos de gobernabilidad podrían estar inclinando la balanza de apoyo ciudadano hacia el Frente Amplio (de momento lidera por estrecho margen las encuestas), por sobre la oficialista “Coalición Multicolor” integrada por el Partido Nacional, los Colorados y Cabildo Abierto. Los candidatos serán definidos en las elecciones internas el 30 de junio.
En Venezuela, tras una década de gobierno autoritario con Maduro en el poder, las sanciones de las potencias occidentales y la coordinación estratégica de la oposición han llevado al régimen a la mesa de negociación en los últimos meses de 2023. Se anticipa que en 2024 podrían celebrarse elecciones presidenciales con ciertas garantías y niveles de integridad. María Corina Machado podría ser la candidata para enfrentar a Maduro, si se levantan las inhabilitaciones. Sin embargo, la incertidumbre es alta y cualquier detalle puede alterar el curso de los eventos.
Anticipamos que la maratón electoral 2024 traerá un debilitamiento de la tendencia del voto de castigo a los oficialismos, un balance entre continuidad y alternancia, y una mayor diversidad ideológica entre los mandatarios. La prevalencia de gobiernos de izquierda o centro izquierda que existía en América Latina a inicios de 2023 (la llamada segunda ola rosa) se ha visto reducida como consecuencia de tres triunfos de mandatarios de derecha o centro derecha en Paraguay, Ecuador y Argentina, y algo similar podría ocurrir durante el presente año. De confirmarse nuestras proyecciones, el nuevo mapa politico regional será más heterogéneo sin olas rosas ni olas azules predominantes.
Algunos Países a Monitorear
En 2024, además de dar seguimiento a este agitado calendario electoral, será crucial asimismo monitorear varios procesos políticos significativos.
En Guatemala, persiste la incertidumbre sobre si el Ministerio Público y el llamado “pacto de corruptos” permitirán la toma de posesión el 14 de enero del presidente electo Bernardo Arévalo. De asumir (pensamos que sí lo hará) su primer año en el cargo será muy desafiante: requerirá la reconstrucción del dañado estado de derecho, iniciar un proceso de renovación democrática y sobre todo dar resultados rápidamente a las demandas ciudadanas.
En Argentina, el presidente Javier Milei enfrenta el desafío de resolver el pesado legado económico y social heredado del gobierno anterior. La incertidumbre rodea su plan de ajuste estructural y shock económico, que, según ha advertido, tendrá un impacto inmediato considerable en los indicadores sociales. Existen dudas sobre la resistencia de la población a estas medidas y la capacidad de Milei para implementar sus reformas en un Congreso fragmentado donde está en minoría. Se vienen meses “calientes” en lo económico, social y político.
En Brasil, el gobierno de Lula enfrentará un referéndum de medio término en las elecciones municipales de octubre. Aunque se espera que reciba apoyo por su destacado desempeño económico, Lula se enfrentará a una derecha fortalecida y empoderada.
En los países andinos los gobiernos enfrentan serios problemas de gobernabilidad. En Perú, la presidenta Boluarte, respaldada por una coalición de derecha, se mantiene en el poder a pesar de su alta impopularidad y los efectos económicos de la inestabilidad política. En Bolivia, la disputa entre el presidente Luis Arce y su exjefe político, Evo Morales, está fracturando al MAS, lo que podría tener consecuencias significativas para las elecciones de 2025. En Colombia, el presidente Petro, en su segundo año de mandato, enfrenta dificultades para avanzar en sus prometidas reformas sociales y un deterioro en la situación de seguridad y violencia. En Ecuador, Noboa tiene un año para mejorar la crítica situación de seguridad y económica antes de decidir si buscará la reelección a principios de 2025.
En Resumen, la región viene atravesando una etapa de cambio político profundo, marcada por un lado por un crecimiento económico mediocre y desafíos estructurales heredados del siglo XX (pobreza, desigualdad, informalidad, inseguridad y corrupción) y, por el otro, nuevos retos y oportunidades propios del siglo XXI, tales como la IV revolución industrial (inteligencia artificial), el cambio climático y la transición energética.
Esta brecha entre la magnitud de los problemas y desafíos mencionados y la capacidad menguada de los gobiernos para dar respuestas a los mismos trae como consecuencia la combinación explosiva de “sociedades fatigadas, calles calientes y urnas irritadas” que desgastan rápidamente a los mandatarios, vuelven la gobernabilidad crecientemente compleja y pondrá a prueba la estabilidad política.
En materia democrática América Latina continuará oscilando entre la resiliencia y el deterioro, dualidad que refleja tanto su fortaleza como su fragilidad. Las amenazas a la democracia continuarán y no deben ser subestimadas. Durante el 2024 será clave seguir protegiendo la integridad de las elecciones y blindar a los organismos electorales de críticas infundadas y ataques ilegales con el objetivo de garantizar la legitimidad de origen. Es crucial asimismo revitalizar el consenso democrático regional, mantener la presión internacional para contener los embates autoritarios y coordinar esfuerzos que promuevan la apertura y recuperación democrática en aquellos lugares donde se perdió.
Para ello es preciso poner en marcha una agenda rigurosa dirigida no solo a proteger y fortalecer la misma y aumentar su capacidad de dar resultados (delivery), sino también para repensarla, dotándola de mayor resiliencia y de una teoría más sofisticada que permita gobernar democráticamente las complejas, volátiles y exigentes sociedades del Siglo XXI. Lo anterior exige avanzar aceleradamente en el ámbito de la innovación política-institucional con el objetivo central de encontrar soluciones democráticas a los problemas de la democracia para evitar que el malestar en la democracia se convierta en malestar con la democracia.
