El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó suspender el proceso de Primaria llevado a cabo por la oposición venezolana el pasado 22 de octubre, donde resultó ganadora María Corina Machado, quien será la abanderada para enfrentarse al chavismo en las elecciones presidenciales de 2024.

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La Sala Electoral admitió un recurso presentado por José Brito y ordenó a la Comisión Nacional de Primarias detener todos los trámites y remitir la documentación relacionada al caso.

También requirió un informe detallado sobre aspectos legales y logísticos de la votación dentro de tres días.

El tribunal notificó al Fiscal General Tarek William Saab del caso, relacionado con posibles delitos electorales e irregulares durante el proceso.

Con esta decisión, el órgano judicial controlado por el chavismo interrumpe el mecanismo que buscaba unir a la oposición detrás de un solo abanderado para disputar la presidencia al régimen de Nicolás Maduro.

Dirigentes chavistas cercanos a Nicolás Maduro, generales, colaboracionistas, jueces, rectores electorales y torturadores de Helicoide y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Estos son los 55 grandes beneficiados de la iniciativa tomada por el Gobierno español para que la Unión Europea (UE) no renueve las sanciones contra la revolución bolivariana, que comenzaron a imponerse tras las elecciones regionales de 2017 y continuaron tras el fraude de las elecciones presidenciales de 2018.

Por: Daniel Lozano – El Mundo / Vía La Patilla

La UE prohibió la entrada a su territorio de los 55 sancionados, además de ordenar que se congelaran todos sus bienes y activos en el territorio. Las sanciones también suponen el embargo para la venta de armas, usadas por las fuerzas policiales y militares para la represión contra la sociedad civil.

La excusa utilizada por el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, es que EEUU ha flexibilizado sus sanciones en el campo energético. Pero la Administración de Joe Biden mantiene todas las sanciones personales, incluida la recompensa de 15 millones de dólares para quien aporte información que facilite la captura del “presidente pueblo”.

El Tribunal de Justicia de la UE desestimó en 2021 los recursos presentados por 10 de los sancionados.

LÍDERES CHAVISTAS

A la cabeza de los 55 está Diosdado Cabello, número dos de la revolución, cuya inclusión en la primera lista de sancionados provocó un inédito incidente diplomático con España. El ex militar forzó la expulsión del entonces embajador español, Jesús Silva, quien regresó al país petrolero tres meses más tarde. Cabello encabeza hoy la facción más dura del chavismo, que se niega a avanzar un centímetro hacia una transición.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez, mano derecha de Maduro, fue sancionada a mitad de 2018, poco después del fraude en las elecciones presidenciales. Meses después, en enero de 2020, Delcy protagonizó el escándalo de su entrada a España a través del aeropuerto de Barajas, pese a estar sancionada. La vicepresidenta había preparado una agenda amplia de encuentros con su interlocutor español favorito, José Luis Rodríguez Zapatero. El affaire afectó directamente al entonces ministro José Luis Ábalos.

Otros líderes bolivarianos sancionados son el antiguo zar del petróleo, Tareck El Aissami, caído en desgracia hoy tras la purga en las filas gubernamentales, y el gobernador fronterizo Freddy Bernal.

MILITARES

Conforman la guardia de corps de Maduro, fundamentales para que el conductor de victorias se haya atornillado en el país pese a la debacle económica y social que sufre Venezuela y el rechazo popular. A la cabeza de los sancionados figura el mayor general Antonio José Benavides, antiguo comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuerpo militar encargado de la represión. También el actual ministro de Energía Eléctrica, el general Néstor Reverol, quien estuvo al frente del Ministerio de Interior y de la GNB. Otros generales, como Sergio Rivero, Jesús Suárez Chourío, y el almirante Remigio Ceballos han ocupado los puestos más importantes en el Ejército y han seguido cerca de Maduro, incluido el seno del Gobierno. Ceballos es el actual ministro de Interior.

TORTURADORES

La UE, alentada por sus diplomáticos en Caracas, tuvo especial empeño en sancionar a quienes participan de forma directa, o bajo sus órdenes, en las torturas que se aplican a los presos políticos, recogidas en todos los informes de Naciones Unidas y de las organizaciones proderechos humanos. Uno de los más conocidos es Alexander Granko, teniente coronel acusado de dirigir lo malos tratos personalmente en los calabozos de la Dirección General de Inteligencia Militar (DCGIM), convertida desde hace años en el principal centro de torturas del continente. Sobre Granko pesa también la acusación de estar detrás de la muerte, bajo torturas, del capitán Rafael Acosta. “No se cubría la cara durante las torturas, él mismo amenazaba a las víctimas, les propinaba golpes y les aplicaba otros medios severos de tortura”, certificó la Misión Independiente de Naciones Unidas, que también acusó a Granko de liderar el asedio y la ejecución del grupo del policía rebelde Óscar Pérez.

El coronel Hannover Guerrero, que ejercía como jefe de investigaciones de la DGCIM, fue ascendido por Maduro a segundo comandante pese a las numerosas denuncias por violación de derechos humanos en su contra, realizadas por presos y familiares. A Guerrero y a otro de los sancionados, el también ascendido a general Rafael Franco Quintero, se les señala por la brutalidad que se emplea contra los detenidos en la sede de Boleíta.

Al frente de todos ellos ha estado el mayor general Iván Hernández Dala, director de la DGCIM y también jefe de la Guardia de Honor Presidencial, convertido hoy en sombra de Maduro y en uno de los militares más poderosos de Venezuela. Informes presentados ante la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga a Maduro y a los jerarcas del chavismo, implica a 11 militares de la DGCIM en crímenes de lesa humanidad. Al menos siete de ellos están entre los sancionados. Contra el general en jefe Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y ex ministro de Interior, también pesan graves acusaciones por violar los derechos humanos.

JUECES Y FISCALES

Tarek William Saab, jefe del Ministerio Público y fiscal a la medida de Maduro, apareció en el primer grupo de sancionados. En estos días se ha puesto al frente de la embestida chavista contra los juristas que han formado parte de la Comisión Nacional de Primarias (CNP), quienes convirtieron en un hito histórico de resistencia las elecciones internas de la oposición. También está sancionado el magistrado Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) durante cuatro años, en los que se encumbró como el principal martillo madurista contra los demócratas. Otros siete jueces del TSJ y seis rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) figuran en la lista negra europea.

COLABORACIONISTAS

El chavismo se ha empleado a fondo para crear una falsa oposición a su medida, que no sólo fragmente la causa democrática, sino que también acompañe a Maduro en sus decisiones. Varios de los sancionados por Europa participaron el jueves en la supuesta Conferencia Nacional por el Diálogo, la Paz y la Convivencia, presidida por el “hijo de Chávez”. Entre ellos figuran varios de los diputados captados por el magnate colombiano Alex Saab, principal operador financiero de la revolución, actualmente a la espera de juicio en EEUU. Los manejos de José Brito, Bernabé Gutiérrez, Luis Parra y José Gregorio Noriega, entre otros, tampoco pasaron desapercibidos en su día ante los ojos de Bruselas.

En días recientes, la larga inmovilidad del statu quo en Venezuela parece haberse alterado. Acuerdos entre la dictadura de Maduro y gran parte de la oposición, entre la primera y Estados Unidos, y la celebración de primarias que derivaron en la selección de una candidata presidencial constituyen acontecimientos que podrían modificar el panorama en ese desdichado país. Se vislumbraría una salida a la pavorosa crisis humanitaria de una sociedad de la cual han huido casi el 25% de sus integrantes (aunque el Gobierno de Maduro solo reconoce que desde 2015 se han ido de Venezuela 2.350.000 personas), como si 85 millones de estadounidenses hubieran abandonado su país a lo largo de apenas 15 años. Pero cualquier celebración puede resultar prematura: las decepciones y los engaños de los últimos años obligan al escepticismo.

Por: Jorge G. Castañeda – CNN

Hasta donde se puede deducir de las declaraciones públicas y las versiones de prensa, la delegación opositora y Maduro pactaron en Barbados una serie de condiciones para celebrar elecciones presidenciales en 2024. Dichas condiciones incluyen un calendario, acceso a medios, observación internacional, transparencia del Consejo Nacional Electoral y participación de todos los candidatos que quieran.  

Después del pacto parcial de Barbados, Maduro liberó a cinco presos políticos. En paralelo, Washington comenzó a enviar vuelos con deportados venezolanos. A cambio, el gobierno del presidente Joe Biden suspendió durante seis meses las sanciones contra PDVSA, la empresa petrolera estatal venezolana, y contra las mineras de oro. Estas concesiones estadounidenses permitirán a Caracas vender crudo en Estados Unidos, sin los grandes descuentos que se han visto obligadas a entregar a compradores lejanos dispuestos a inconformar a Washington.  

Todo el mundo logra algo importante, y todos ceden en algún punto también significativo. Para Estados Unidos, la apuesta es que la reactivación de la economía venezolana, gracias al levantamiento de las sanciones, reduzca la incontenible migración de Venezuela vía Centroamérica y México: más de 50.000 detenciones en la frontera sur estadounidense durante el mes de septiembre. Además, una mayor producción de crudo venezolano a mediano plazo puede contribuir a la estabilización del precio internacional del petróleo. Para la oposición, lograr que por fin Maduro acepte programar la elección presidencial para el segundo semestre de 2024, algo ya previsto en la Constitución venezolana, bajo observación internacional y en condiciones teóricamente equitativas abre la posibilidad de salir del atolladero en el que se encuentra desde hace años: participar en elecciones injustas y validarlas, o abstenerse y dejar el espacio vacío. Maduro, por su parte, obtiene recursos adicionales para remediar breve y mínimamente la terrible situación económica que preside, con la esperanza de ganar en los comicios del año próximo. 

El reto para todos, pero principalmente para EE.UU. y la oposición, consiste en asegurar el cumplimiento de los compromisos de Maduro, sobre todo en la letra pequeña. El mejor ejemplo radica en el caso de la candidata opositora que resultó ampliamente victoriosa en las primarias del 22 de octubre. María Corina Machado obtuvo el 92,35% del voto, pero, ante todo, la participación parece haber alcanzado niveles sorprendentes. La oposición y los medios ofrecen la cifra de 2,3 millones de votantes, más de lo que se esperaba.  

Aunque el Gobierno de Maduro rechaza estos números, se dificulta así la inhabilitación de Machado para inscribirse para la elección presidencial del 2024, como es el caso ahora. Algunos voceros de Maduro han dicho en público que no levantarán dicha inhabilitación, y en privado afirman que Machado no va a poder competir.  

Si ese es el caso, ¿cómo van a responder Washington y la oposición? Los acuerdos o anuncios de cada una de las partes estipulan que las sanciones serían reimpuestas a Venezuela si en seis meses se comprobara que Maduro no ha cumplido sus promesas. Pero parece improbable que eso suceda: Biden, en plena campaña para su reelección y con Washington inmerso en las crisis de Ucrania y Medio Oriente, difícilmente va a adoptar medidas controvertidas. En segundo lugar, Machado no cuenta con el respaldo o la simpatía de muchos de sus colegas en la oposición. Los ha criticado con estridencia durante años, y difícilmente —de nuevo— el resto de los opositores que no participaron en la primaria resistirán la tentación de presentar una candidatura alternativa, en lugar de María Corina. En tercer lugar, si Biden y la oposición cancelaran sus compromisos por el incumplimiento de Maduro, este podría sencillamente anular los vuelos de deportación desde Estados Unidos, alentando de esa manera a más venezolanos deseosos de partir hacia el norte. Por último, aunque inhabilitar a un candidato en una elección constituye, en efecto, un factor perturbador de la equidad en una contienda, la clasificación contundente de cualquier elección como injusta o libre resulta casi siempre subjetiva. Para unos lo es; para otros, no.  

Es probable entonces que los acuerdos tengan un desenlace favorable para Maduro y para Estados Unidos, pero no tanto para la oposición venezolana. Sin Machado en la disputa de 2024, o en plena división, se antoja muy reducida la probabilidad de un triunfo opositor. Una vez levantadas las sanciones, se antoja muy reducida la probabilidad de que Biden las renueve. Y sin sanciones y sin Machado, se antoja alta la probabilidad de la permanencia de Maduro en el poder. Todo esto, evidentemente, le conviene a Maduro y le puede convenir incluso a Biden, si se estabiliza la economía venezolana y por consiguiente se comienza a reducir la emigración. Los habitantes de Venezuela saldrían perdiendo, ciertamente. Pero al cumplirse en febrero de 2024 un cuarto de siglo del chavismo en el poder, tal vez se hayan acostumbrado a vivir en las tinieblas, literales y figuradas.