La Asamblea Nacional francesa infligió el lunes una derrota vergonzosa al gobierno francés al rechazar su propuesta de ley sobre inmigración por una votación de 270 a 265. El proyecto de ley tenía como objetivo expulsar a más inmigrantes indocumentados y mejorar la integración. Si bien el gobierno pensó que podía contar con el apoyo de la derecha y la oposición de la izquierda, ambos extremos de la política francesa terminaron uniendo fuerzas para oponerse al proyecto de ley y asestar un golpe al asediado presidente francés Emmanuel Macron.

Por: Charles Develllennes – Spiked

La cámara estalló en celebración cuando se supo que el gobierno había perdido la votación en una reñida contienda. Y con razón. Esto no fue sólo un desacuerdo político. Esta fue una reafirmación de la autoridad del parlamento en un momento en que el gobierno –que no tiene mayoría parlamentaria– depende cada vez más de poderes antidemocráticos para imponer su legislación.

El gran perdedor del día fue Gérald Darmanin, ministro del Interior y aspirante a la presidencia para 2027, que había promovido personalmente el proyecto de ley. Darmanin abandonó el parlamento y corrió al Palacio del Eliseo para entregar su dimisión al presidente Macron, quien rápidamente la rechazó. Este fue otro movimiento de poder de Darmanin, quien reporta a la primera ministra Élisabeth Borne y no directamente al presidente. Al apresurarse a ver a Macron, intentaba sugerir que el primer ministro es débil y que los dos hombres son los verdaderos agentes del poder en el país. Desde entonces, Darmanin ha insinuado que abandona cualquier ambición de presentarse a la presidencia en 2027, pero esto probablemente debería tomarse con una pizca de sal.

Más allá de las maquinaciones de los miembros del partido de Macron, esta votación fue un muy necesario ataque contra las payasadas antidemocráticas de su gobierno. Cuando tuvo lugar la votación, el Primer Ministro Borne acababa de invocar el artículo 49.3 por vigésima vez en 18 meses. Se trata de una medida muy controvertida de la constitución francesa que permite al gobierno acelerar la aprobación de un proyecto de ley en el parlamento sin debate y sin votación. En los últimos años, hemos sido testigos del uso más intenso del artículo 49.3 en la historia de Francia. Mientras que el ex primer ministro socialista Michel Rocard todavía ostenta el récord absoluto, con 28 invocaciones entre 1988 y 1991, al ritmo actual, Borne debería superarlo en 2024, lo que convertiría su mandato en el menos democrático de la historia de la Quinta República.

El gobierno de Macron se ha vuelto cada vez más autoritario. Nunca ha tenido mucho apego a la política electoral. De hecho, nunca se había presentado a las elecciones antes de su elección al cargo más alto del país en 2017. Y su antipatía hacia el parlamento se remonta a mucho más atrás. En 2015, cuando era ministro de François Hollande, su infame “Ley Macron” sobre economía se encontró con una rebelión de la izquierda del gobernante Partido Socialista. El primer ministro Manuel Valls tuvo entonces que utilizar el 49,3 para impulsarlo en el Parlamento. Macron nunca ha perdonado a los parlamentarios esa humillación al principio de su carrera política y ha aprovechado cada oportunidad para pasar por alto a los representantes del pueblo desde que fue elegido presidente.

Esta marginación de los parlamentarios no fue necesaria en su primer mandato, ya que su elección sorpresa precipitó una victoria aplastante en las elecciones parlamentarias. Los parlamentarios novatos del recién creado La République En Marche (LREM, ahora llamado Renaissance) aprobaron todos los proyectos de ley sin falta durante los primeros cinco años. Pero su reelección en 2022 dejó a Macron sin mayoría. Desde entonces, su gobierno minoritario ha gobernado Francia de arriba hacia abajo, imponiendo su voluntad sobre los jefes del parlamento y el pueblo. Su gobierno podría haber sido derrotado por una coalición de todos los partidos de la oposición, pero como éstos van desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, rara vez están de acuerdo con entre sí en materia de política y hasta ahora no han respaldado ninguna moción de censura.

La última esperanza de Macron ha sido la renuencia del conservador francés Les Républicains (LR) a derribar su gobierno. Aunque están en la oposición, los políticos de LR creen que el vacío de poder que resultaría de un voto de censura no los favorecería electoralmente. De hecho, unas elecciones anticipadas podrían significar un desastre para ellos. Perdieron escaños en 2022. Muchos conservadores tradicionales ya se unieron a Macron (el propio Darmanin era miembro de LR antes de unirse a Renaissance) o probaron suerte con la Rassemblement National

Mientras tanto, RN ha demostrado ser astuto a la hora de superar el intento de Macron de enfrentar a ambos lados del pasillo político. Los miembros del partido gobernante claramente pensaron que RN respaldaría su ley sobre inmigración. Pero ha respaldado consistentemente mociones contra el gobierno, incluso en proyectos de ley que generalmente le son favorables, mientras busca posicionarse de cara a las próximas elecciones presidenciales en 2027. Una encuesta reciente ha demostrado que, por primera vez, más ciudadanos franceses creen que RN podría gobernar el país que aquellos que no creen. El partido de Le Pen está esperando el momento oportuno, esperando que sus oponentes acumulen errores.

El error de cálculo de Darmanin sobre el proyecto de ley de inmigración es una doble victoria para RN, ya que se perfilaba como el claro rival de Le Pen para 2027. (Macron no puede cumplir un tercer mandato según la constitución francesa). /span>, como lo apodan, se ha ganado la reputación de ser el candidato de la ley y el orden y era el heredero aparente de Macron hasta esta semana. Con pocas diferencias entre sus políticas y las defendidas por RN, el plan de Darmanin era posicionarse como candidato de la seguridad en 2027 y esperar captar votos de RN de esa manera. Su caída beneficiaría enormemente a Le Pen, eliminando a un oponente clave de la lista de aspirantes a la presidencia. Darmanin necesitará una gran victoria para recuperarse de esta reciente humillación.

La rara afirmación de su propio poder por parte de la Asamblea Nacional es un motivo para regocijarse, a pesar del beneficio a corto plazo que otorga a la desagradable RN. Demuestra que los representantes del pueblo tienen poder real. Simplemente han evitado ejercer ese poder en los últimos años. Ya fueran sus reformas de las pensiones o su represión contra los chalecos amarillos, Emmanuel Macron ha pasado por alto a los funcionarios electos una y otra vez para impulsar su agenda autoritaria. Un parlamento asertivo es el mejor situado para detenerlo en seco.

Los Gobiernos de Venezuela y Guyana celebrarán en los próximos tres meses, o “en otro momento acordado”, una reunión en Brasil, para abordar “cualquier asunto con implicaciones” para el Esequibo -un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados que se disputan Caracas y Georgetown-, según lo pactado este jueves en San Vicente y las Granadinas, en un primer encuentro.

EFE

El compromiso está recogido en una declaración conjunta, leída tras el encuentro en la nación insular, encabezado por el dictador venezolano, Nicolás Maduro, y el presidente guyanés, Irfaan Ali.

En la reunión prevista, en un principio, para el primer trimestre del próximo año, también se plantea abordar una actualización que debe entregar la hoy creada “Comisión conjunta de los ministros de Relaciones Exteriores y técnicos de los dos Estados”, con el fin de “tratar los asuntos mutuamente acordados”.

Asimismo, las partes pactaron que el primer ministro sanvicentino y presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), Ralph Gonsalves; el primer ministro de Dominica y presidente de la Comunidad del Caribe (Caricom), Roosevelt Skerrit; y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, “seguirán ocupándose del asunto como interlocutores”.

Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, actuará “como observador, con la concurrencia permanente” de Maduro y Ali.

El documento señala que, “para evitar dudas, el papel” de Gonsalves “continuará incluso después de que San Vicente y las Granadinas deje” la Presidencia pro tempore de la Celac, mientras que Skerrit seguirá como “miembro del buró” de la Caricom.

Caracas y Georgetown acordaron no amenazarse ni utilizar la fuerza en circunstancia alguna, incluyendo las “derivadas de cualquier controversia existente entre ambos Estados”, como la disputa por el Esequibo que elevó la tensión en las últimas semanas.

Además, “cooperarán para evitar incidentes sobre el terreno que conduzcan a tensiones” y, en caso de que se produzca un hecho de este tipo, “se comunicarán inmediatamente entre sí”, con la Caricom, con la Celac y con el presidente brasileño para “contenerlo, revertirlo y evitar que se repita”.

La controversia escaló luego de que Venezuela aprobara el 3 de diciembre en un referendo unilateral -que pretendía fuera vinculante- anexionarse la zona disputada, bajo control de Georgetown, y el régimen de Maduro ordenara el asentamiento de una división militar cerca del área en litigio, sin incursiones de momento, así como la modificación del mapa oficial venezolano, al que se anexó la Guayana Esequiba.

Después de haber admitido que vive de incendiar bosques, Evo Morales revela ahora que él decidió que la justicia boliviana someta a la ex presidente Jeanine Áñez a un juicio ordinario en lugar de un juicio de responsabilidades, como corresponde.

Por: Humberto Vacaflor Ganam – Infobae

Todavía humeantes, las 3,3 millones de hectáreas de bosques incendiados este año han sido asignadas a clientes o seguidores de Morales, pero el problema del cocalero es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comprueba en La Paz lo sometida que está la justicia boliviana.

Morales reveló que el futuro de la señora Áñez, presa sin sentencia desde hace dos años, fue definido por él en una reunión de alto nivel: será sometida a un juicio ordinario a pesar de que jueces de El Alto y Sacaba (Cochabamba) sentenciaron que le correspondía un juicio de responsabilidades.

Sin ser presidente desde 2019, Morales impuso ahora su criterio en una reunión con el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y el ministro de justicia, Iván Lima, donde éste último insistía en que lo correcto sería someter a Áñez a juicio de responsabilidades.

En medio de estas revelaciones acerca del control que tiene el gobierno del MAS sobre todo lo que hace la justicia, una delegación de la CIDH, con su relator José Luis Caballero, acaba de observar que la justicia boliviana sólo se ocupó de 4 de las 36 recomendaciones que le había dejado en una visita anterior.

Y que los temas descuidados fueron, casualmente, los que podían haber favorecido a la señora Áñez y el gobierno que ella tuvo que conducir cuando el cocalero Morales renunció y huyó de Bolivia el 11 de noviembre de 2019.

Por ejemplo, dijeron los funcionarios de la CIDH, no hubo ninguna investigación sobre el accionar de francotiradores venezolanos que dispararon a grupos de viajeros que, en esos días, intentaban llegar a La Paz para apoyar las protestas contra la dictadura de Morales. Tampoco investigó la justicia las denuncias sobre el accionar de un grupo de guerrilla armada que estuvo actuando en Montero, Santa Cruz, durante los días de la tensión política de 2019.

Arce y Morales se disputan ahora con fiereza el control de los cerca de mil jueces bolivianos, como parte del enfrentamiento por el liderazgo del MAS.

El presidente Arce logró en estos días el control del Tribunal Constitucional, cuyos miembros decidieron, ante la sorpresa de políticos y jurisconsultos, además de las protestas de Morales, prorrogar ellos mismos sus propios mandatos mientras no se hagan elecciones judiciales.

Además, Arce consiguió que el poder judicial ordene que se haga un nuevo congreso del MAS, con lo que queda nulo el que había organizado Morales y donde fue proclamado como “único” candidato para las elecciones de 2025.

Por su lado, Morales parece decidido a exigir a los jueces que mantengan la mano dura contra quienes él considera los “golpistas” de 2019.

La renovación de todo el poder judicial debía hacerse en elecciones generales, pero las diferencias entre los dos bandos del MAS en el parlamento impidieron que se definiera los detalles de esa elección.

Aparte del odio que siente por la persona que lo reemplazó en la presidencia en 2019, Morales estaría apuntando a conseguir que el gobierno de Áñez sea declarado ilegal y por lo tanto quedaría en esa misma condición todo lo que ella hizo, incluida la elección en que fue elegido Luis Arce en octubre de 2020.

Los jueces de El Alto y Sacaba, que se excusaron de llevar adelante el juicio ordinario contra Áñez, advirtieron del riesgo de que la eventual condena de ese gobierno decrete la ilegalidad de absolutamente todo lo actuado en esa gestión.

En ese caso, dicen abogados de la oposición, el parlamento tendría que destituir a Arce y devolver a Morales la presidencia para que concluya su mandato, unos setenta días, y llame a elecciones.

En este complicado juego político, se analiza también la eventualidad de que Morales pueda, o no, presentarse como candidato en esas hipotéticas elecciones que él mismo convocaría.

Por otro lado, si Áñez fuera sometida a juicio de responsabilidades se estaría abriendo un escenario en que deberían dar testimonio todos los actores de aquel momento, comenzando por el propio cocalero Morales.

Y eso sería lo que él no quiere que ocurra de ninguna manera. Tendría que encarar a los militares que en ese momento asistieron a su renuncia y le ayudaron a huir en un avión enviado por el gobierno mexicano.

Las diferencias en la dirección del MAS, con la tensa rivalidad entre Arce y Morales, tiene paralizada la política boliviana cuando surgen señales de una muy grave crisis económica.

Estos son tiempos preocupantes para la educación superior estadounidense. Por un lado, algunos estudiantes de un puñado de universidades de élite han hecho duras declaraciones antiisraelíes, algunos cruzando la línea hacia el antisemitismo declarado, y algunos rectores de universidades han sido tímidos y torpes en sus respuestas. Sin embargo, por feos que hayan sido estos acontecimientos, no hay muchas razones para creer que la calidad de la educación en estas instituciones (que, en cualquier caso, representan una pequeña fracción de la matrícula universitaria de Estados Unidos) esté seriamente amenazada.

Por: Paul Krugman – The New York Times

Por otro lado, el Sistema Universitario Estatal de Florida, que tiene más de 430.000 estudiantes, está bajo un intenso ataque político por parte del gobierno republicano del estado. La Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios publicó recientemente un informe titulado “Interferencia política y libertad académica en el sistema de educación superior pública de Florida”, que detalla la toma de puestos administrativos y de supervisión clave por parte de personas designadas partidistas y la creciente presión sobre los miembros del profesorado para evitar enseñar cualquier cosa que pueda considerarse un despertar. Es casi seguro que este ataque político degradará la calidad de la educación superior para un gran número de estudiantes, algo de lo que hablaré más adelante.

Pero primero, hagamos la pregunta obvia: ¿Cuál de estos dos temas educativos ha estado absorbiendo nuestra atención colectiva y cuál ha pasado mayormente desapercibido?

Tu sabes la respuesta.

Consideremos: la matrícula total de estudiantes universitarios en Estados Unidos es de unos 20 millones; Alrededor de 70.000 de estos estudiantes están en las Ivies, (las universidades de la Ivy League en los Estados Unidos), es decir, las ocho universidades privadas de prestigio y alto rendimiento académico del país, y sólo un poco más de 7.000 en Harvard.

Es cierto que somos una sociedad mucho más elitista y clasista de lo que nos gustaría admitir y que los graduados de instituciones de élite tienen una enorme influencia en la vida pública. (Revelación completa: no fui a Harvard; rechazaron mi solicitud, pero, como resultado, me vi obligado a obtener mi título de licenciatura en, Yale.) Pero incluso dada esta influencia, yo diría que prestamos demasiada atención a las instituciones que educan a tan pocos estadounidenses y que son tan poco representativas del escenario educativo nacional.

¿Qué explica esta desproporcionalidad? Hasta cierto punto, se debe a que las personas que dan forma al discurso público suelen ser ellos mismos graduados de instituciones de élite. Hasta cierto punto, es una consecuencia de la cultura de las celebridades: un enfoque en los estilos de vida de los que pronto serán ricos y famosos.

Para ser claros, el resurgimiento del antisemitismo entre algunas facciones de la izquierda política es realmente inquietante. Hay personas con puntos de vista desagradables, tanto antidemocráticos como antisemitas, tanto en la izquierda como en la derecha. Si bien los politólogos a menudo critican la teoría de la herradura de la política, que dice que la extrema izquierda y la extrema derecha pueden parecerse más entre sí de lo que cualquiera de ellas se parece al centro político, siempre he encontrado esa teoría plausible.

Y no voy a poner excusas para los presidentes de universidades que tergiversan este tema. Después de todo, guiar sus instituciones a través de campos minados intelectuales y políticos es, en gran medida, trabajo de estos presidentes.

No obstante, es crucial mantener un sentido de perspectiva. Puede que la extrema izquierda no sea moralmente mejor que la extrema derecha. Pero en Estados Unidos la extrema izquierda casi no tiene poder político, mientras que la extrema derecha controla una cámara del Congreso y varios estados.

Lo que me lleva de regreso a las universidades de Florida.

El informe de la A.A.U.P. (American Association of University Professors) o lo que viene a ser en español la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios, entra en detalles considerables sobre las acciones legales y administrativas tomadas por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, y sus designados hasta el momento. Pero el panorama general es que la educación superior pública se ha convertido en un frente clave en la “guerra contra el despertar” de DeSantis.

¿Qué cuenta como despierto? La respuesta no está clara, pero esa falta de claridad es, en cierto modo, el punto. Enseñar a los estudiantes cualquier cosa que pueda considerarse políticamente liberal o progresista podría interpretarse como un despertar. Según el informe, a un profesor de Florida “le dijeron que no enseñara que la Guerra Civil fue un conflicto por la esclavitud”, una propuesta con la que, por ejemplo, Ulysses S. Grant, que sabía algo al respecto, no estaría de acuerdo. Esta resbaladiza crea un clima de miedo que inhibe la enseñanza de muchas materias y parece estar expulsando a algunos de los mejores profesores del sistema.

Y cualquiera que imagine que existen límites claros sobre hasta dónde puede llegar la intimidación (oye, tal vez sea un problema para las ciencias sociales y la historia, pero la ciencia dura es segura) está siendo ingenuo. ¿Realmente le resulta difícil imaginar que se presione a los profesores para que dejen de presentar pruebas del cambio climático provocado por el hombre?

Entonces, sí, mantengamos a raya a los presidentes de universidades cuando cometen un error en un tema importante. Y denunciemos los llamados a la violencia vengan de donde vengan. Pero centrémonos también en la mayor amenaza a nuestro sistema de educación superior, que no proviene de estudiantes activistas de izquierda sino de políticos de derecha.

Un concejal ucraniano detonó hoy varias granadas dentro del ayuntamiento de la localidad de Keretsk, en la región de Transcarpatia de Ucrania occidental, informó hoy la Policía Nacional ucraniana en sus redes sociales.

EFE

Un total de 26 personas han resultado heridas por las detonaciones, que fueron grabadas en vídeo.

Las imágenes han sido difundidas por la Policía, que ha pasado el caso al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) al considerarlo un posible atentado terrorista.

Seis de los heridos se encuentran en estado grave.

El concejal que ha hecho estallar las granadas también está siendo investigado por uso ilegal de armas, municiones o explosivos, un delito contemplado en el código penal ucraniano.

Según la televisión pública ucraniana, el concejal en cuestión es Serguí Bratin, del partido del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, Sluga Narodu (Servidor del Pueblo).

🇺🇦 | ÚLTIMA HORA: Varios heridos tras la detonación de granadas por un legislador durante una reunión del consejo en Transcarpatia, oeste de Ucrania. https://t.co/74QkLCUBNz

— UHN PLUS (@UHN_Plus) December 15, 2023

El presidente de VOX, Santiago Abascal, y el director de la red social X, antes Twitter, Elon Musk, asistirán este fin de semana al evento político de Fratelli d’Italia, el partido de Giorgia Meloni, en Roma.

La Gaceta de la Iberosfera

El evento se realizará en honor a «la juventud conservadora» y lleva por lema «Bienvenidos de nuevo al orgullo italiano». La propia Meloni ya acudió al Viva 21 de VOX. En su discursó reivindicó la construcción de «una Europa de patriotas» y «las raíces comunes de Europa frente al proyecto globalista de las élites de Bruselas». «Todo lo que nos identifica está siendo atacado», aseguró, antes de defender una Europa que defienda «la identidad y la soberanía». También participó vía telemática en el Viva 22.

Abascal se reunió el pasado mes de noviembre con la propia Meloni. «Dos pueblos hermanos para una Europa unida de naciones libres y soberanas. Gracias, Santiago Abascal, por tu amable visita. ¡Adelante juntos!», afirmó en la red social X la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni.

Esta semana, el jefe de la delegación de Fratelli en el Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, repasó en Estrasburgo todos los fracasos de la presidencia española de la UE ante Pedro Sánchez. «Ha jugado con la unidad de su nación y con las instituciones europeas para complacer a los secesionistas y conservar su poltrona», señaló el eurodiputado.

Uno de los mantras más repetidos por los supuestos analistas de lo «políticamente correcto» es «el auge de la extrema derecha». En todas sus variaciones: el ascenso de la ultraderecha, la ola reaccionaria, el retorno de los fachas, etc. En estas frases caben todos aquellos que les desagraden: fuerzas tan diferentes como liberales y conservadores, grupos pro-europeos y euroscépticos, tecnócratas y populistas, pacifistas y belicistas, una cosa y su contraria, e incluso gente de izquierda que no comparta todos sus dogmas. Por mucho que Milei tenga posturas liberales cercanas a la izquierda en materia de legalización de drogas, derechos LGTB o inmigración, lo echarán al saco de la «extrema derecha» a la que califican de prohibicionista, homófoba y xenófoba.

Por: Hasel-París Álvarez – La Gaceta de la Iberosfera

El concepto del «auge de la extrema derecha» no sirve para entender la realidad política y además es un fracaso a la hora de frenar la popularidad de los aludidos. Como explica la fábula de Esopo, repetir una y otra vez «que viene el lobo» logra que la gente le pierda el miedo. Los argentinos han ido más allá, aplaudiendo incluso que venga el lobo de verdad, ya que seguramente no sea peor que los amos del corral(ito).

El voto a Milei es, sobre todo, un voto de rechazo a toda la casta política. Y se incluye en esa casta a buena parte de la izquierda, que antiguamente se preciaba de ser transformadora pero que, de un tiempo a esta parte, está más cómoda defendiendo el plan ecológico del Foro Davos, las «fronteras abiertas» del FMI o la opinión del Financial Times.

La victoria de Milei no se explica por «el auge de la extrema derecha», sino más bien por la decadencia de la izquierda que ha tenido enfrente. A diferencia de la izquierda clásica, la nueva izquierda (agrupada en Argentina en torno al kirchnerismo) ha hablado poco y mal de economía, de pobreza y desigualdad, de deuda e inflación, prefiriendo hablar sobre la causa indigenista de los mapuches o el «pañuelo verde» feminista. Son temas perfectamente válidos, pero que causan un agravio entre la mayoría, cuando sienten que las cuestiones minoritarias están recibiendo una atención que es limitada y unos recursos que son escasos, mientras empeora la situación más básica y que es común a todos.

La nueva izquierda latinoamericana de los Petro y los Boric se desmarca de la vieja izquierda castrista, chavista o sandinista y de sus anticuados valores de patria, revolución o socialismo. Pero sus nuevos valores, como los del proyecto chileno de constitución «plurinacional e intercultural» con «diversidades y disidencias sexuales», son rechazados por la mayoría del pueblo. En Argentina tenemos la decadencia de amplios sectores del peronismo, que han cambiado su estilo tradicional por para importar las ideas de la progresía europea y estadounidense. El resultado ha sido el abandono de la opción peronista por buena parte de las capas populares.

“Convertirse a la cultura woke mientras Argentina quiebra” es el título de un revelador artículo de Arturo Desimone (curiosamente publicado por la Open Society de Georges Soros, uno de los promotores de este cambio cultural en las izquierdas). Escribe: «Cuando los líderes de la izquierda sustituyen el progreso material y las mejoras reales en la vida de la gente corriente por las manías culturales y cruzadas identitarias de élites activistas, se está abandonando a la amplia base obrera tradicional a cambio de una pequeña burguesía urbana, lo que supone una fórmula perdedora para la izquierda tanto en el Norte como en el Sur Global».

El texto aporta dos claves fundamentales. Por un lado está la acción del gobierno saliente de Alberto Fernández: el expresidente cedió en las negociaciones con el FMI y renunció a nacionalizar el quebrado gigante empresarial «Vicentin». Hubiera sido una expropiación era perfectamente legal, además de necesaria en plena crisis alimentaria durante el larguísimo bloqueo del COVID. La izquierda argentina se sintió engañada por Fernández, un sentimiento que no disminuyó (sino que, para muchos, aumentó) cuando vieron las medidas que el expresidente sí sacaba adelante. Por ejemplo, rebautizar el «Instituto de las Mujeres» como «Ministerio de la Mujer, los Géneros y la Diversidad» (regándolo con un 3,4% del PIB argentino) o introducir la opción «no-binaria» en el DNI y presentarlo como «un gran paso adelante».

La otra clave fundamental es cómo se ha tratado a las figuras de izquierda que han criticado esta contradictoria deriva. Intelectuales que han sido ignorados, como Atilio Borón, al advertir contra «entablar diálogos conciliadores» con grandes empresarios mientras se castiga al pueblo con la «jerga intelectual posmodernista». También leemos el caso de Mayra Arena, una conocida joven de izquierda peronista nacida en los barrios pobres del sur de Buenos Aires. Ella criticó al anterior Gobierno por «estar económicamente estancado en el centro mientras se escora a la izquierda superficialmente» con el «lenguaje inclusivo». Hablar con la «e», inventarse pronombres… «ya ni siquiera hablamos el mismo idioma», concluyó Arena. Respondió indignada Elizabeth Gómez Alcorta (ministra de Mujer, Géneros y Diversidad), que comparó a la muchacha con «Bolsonaro y otros extremistas de la alt-right».

Cuando el argumento de «el auge de la extrema derecha» se utiliza incluso para silenciar las críticas entre tus propias filas, sabemos que la verdadera causa del problema es la decadencia de la izquierda. Y la consecuencia sólo puede ser el triunfo de Milei.

Son imágenes y descripciones del centro del terror. Y son realmente insoportables. Incluso durante el 7 de octubre, día en que el grupo terrorista Hamás atacó 20 localidades del sur de Israel, se pudo percibir la violencia dirigida especialmente contra las mujeres. En las redes sociales vimos fotos de mujeres que habían sido llevadas contra su voluntad a la Franja de Gaza, algunas de ellas apenas vestidas, con miembros retorcidos, heridas y sangrando.

DW

A esto siguieron informes de violaciones y mutilaciones deliberadas de genitales. Y los terroristas a menudo realizaban los actos delante de niños. Un grupo de expertas israelíes se propuso recopilar pruebas de estos crímenes, videos y declaraciones de testigos.

Representantes de este grupo presentaron su trabajo en una conferencia de prensa en el Comité Judío Americano de Berlín. Entre ellas estaba Mirit Ben Mayor: «Estoy acostumbrada a buscar y ver pruebas de delitos penales», dice la exfiscal y actual inspectora jefa de la policía israelí. Pero a pesar de su experiencia, ella también está conmocionada: «Investigar estas atrocidades es diferente. Es algo que nunca habíamos visto en Israel».

El 7 de octubre, terroristas de Hamás mataron a unas 1.200 personas en Israel en un ataque sorpresa cuidadosamente planeado desde la Franja de Gaza. Cientos resultaron heridos o fueron tomados como rehenes. Se cree que más de 130 personas siguen cautivas en la Franja de Gaza. Poco después del día de terror barbárico, Cochav Elkayam Levy fundó la «Comisión civil sobre los crímenes cometidos por Hamás el 7 de octubre contra mujeres y niños».

«Destruyendo el futuro»

Según la abogada, este comité, que afirma ser independiente del gobierno, se propone documentar lo ocurrido, con pruebas detalladas sobre la planificación de ataques contra mujeres y niños, así como contra los cuerpos de las mujeres. Ellas ven en esos ataques también un intento de destruir el futuro. Elkayam Levy afirma que esos delitos son sin duda «crímenes contra la humanidad». La violencia sexual se utilizó deliberadamente como arma.

La policía Mirit Ben Mayor considera importante otro aspecto de las atrocidades: para algunos de los israelíes de los asentamientos situados a lo largo de la frontera con la Franja de Gaza, los palestinos de allí eran «buenos amigos» que trabajaban para ellos, a los que llevaban en sus autos y para los que también organizaban la asistencia médica. Probablemente, el terror del 7 de octubre también había sido preparado por esas personas que solían atravesar la frontera: los terroristas de Hamás «sabían exactamente cuál era su trabajo, en qué casas tenían que entrar».

Escenas de horror

En la conferencia de prensa en Berlín, las mujeres también muestran breves extractos de entrevistas. Se puede ver y oír a una superviviente describiendo la violación de una mujer por varios terroristas de Hamás. El último había matado a la mujer de un tiro en la cabeza cuando aún estaba en el acto, y luego le habían cortado los pechos.

O al asistente del servicio de rescate israelí Zaka, que denuncia haber encontrado cadáveres de mujeres cruelmente mutiladas en sus partes íntimas. O al presunto terrorista que, bajo el interrogatorio de un israelí (irreconocible), admite que les habían ordenado violar a mujeres antes del atentado.

Mientras tanto, los medios de comunicación estadounidenses también citaron transcripciones de interrogatorios. De acuerdo con éstos, los terroristas habían aprendido previamente a ordenar en hebreo a sus víctimas femeninas que se quitaran los pantalones.

Hamás ha negado que sus combatientes hayan cometido actos de violencia sexual contra las mujeres. 

Críticas a la ONU

La comisión lamenta el largo silencio de los funcionarios y organismos de la ONU, especialmente del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, sobre las masacres del 7 de octubre y los crímenes de odio selectivos contra mujeres y niños. Dice que, finalmente, los gremios de la ONU se pronunciaron y preguntaron a representantes oficiales si en los restos de esas mujeres, los cuerpos maltratados o quemados, se realizaron las pruebas habituales que se utilizan en las investigaciones tras una presunta violación.

Elkayam Levi y sus compañeras de campaña echan de menos el reconocimiento de las acciones y la empatía. Afirman que los organismos de la ONU recibieron pruebas desde el principio y no reaccionaron. ONU Mujeres también guardó silencio sobre los crímenes durante mucho tiempo. Y las últimas declaraciones de funcionarios de la ONU son, en su opinión, «demasiado poco y demasiado tarde». Como esta declaración de ONU Mujeres Alemania, del 29 de noviembre: «Apoyamos firmemente a las personas afectadas por la violencia de Hamás, especialmente las mujeres y las niñas. Lamentamos no haberlo comunicado más claramente de inmediato».

«No estamos solas»

La abogada se alegra de que las grandes organizaciones de mujeres y las feministas se pronuncien poco a poco y crean en los testimonios de las supervivientes y en las grabaciones de video, en muchos casos, difíciles de soportar. Tras su encuentro con la jurista estadounidense Catharine Alice MacKinnon (77), una de las feministas más importantes de su generación en Estados Unidos, Elkayam Levi aseguró que la jurista creyó en los testimonios y se estremeció: «No estamos solas. Ahora hay organizaciones en todo el mundo que están a nuestro lado», contó.

Por ahora, las activistas no quieren comentar cómo se van a tratar jurídicamente los delitos específicos de género. Esa no es la prioridad; lo primero que quieren es conseguir todas las pruebas posibles. Un tribunal especial en Israel o investigaciones a nivel internacional son posibles, aunque Israel no es miembro del Tribunal Penal Internacional de La Haya. Hasta el momento, según la abogada Miki Roitman, se han recogido unas 1.500 declaraciones de testigos. Además, hay una gran cantidad de videos con las atrocidades cometidas.

Imágenes que nunca podrán olvidarse, que pueden quebrar a las personas. Según las activistas, el país y la sociedad israelí se enfrentan a diversos retos como consecuencia del trauma. La abogada Roitman, activista social y asesora en temas de derechos de la mujer, piensa en los testigos y supervivientes. Hay mujeres que han sufrido y sobrevivido a atrocidades y ahora han intentado suicidarse. Roitman también puso el ejemplo de un niño de ocho años que presenció los abusos y el asesinato de su madre, y ahora tiene que vivir con ello. La masacre del 7 de octubre podría traumatizar a la sociedad israelí durante generaciones.

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, declaró este viernes (15.12.2023) que no es conveniente que Israel ocupe Gaza a largo plazo, mientras aumentan las especulaciones sobre el futuro del territorio tras la guerra.

Reuters

«No creemos que tenga sentido para Israel, o que sea correcto para Israel, ocupar Gaza, reocupar Gaza a largo plazo», declaró Sullivan a los periodistas en Tel Aviv.

En el mismo encuentro, Sullivan apunto a la nueva fase militar de la guerra por parte de Israel, señalando que en esta fase se privilegia la precisión en la captura de los líderes del grupo Hamás, considerado terrorista por EE. UU., la Unión Europea y otros países.

Sullivan no dio detalles sobre el calendario de un cambio en la intensidad de la guerra, pero si indicó que «las condiciones y el momento para ello fue obviamente un tema de conversación que tuve con el primer ministro Netanyahu», el gabinete de guerra, los líderes militares de Israel y el ministro de Defensa, dijo el enviado del Gobierno de Biden en su reciente visita a Tel Aviv.