Este 25 de septiembre se cumplió exactamente un año desde el triunfo histórico de Giorgia Meloni en las elecciones generales de 2022, iniciando un camino de reformas estructurales para revertir el estancamiento que sufre la economía italiana desde principios de la década del 2000.
La Derecha Diario
Meloni logró la aprobación de la reforma del sistema tributario para rebajar las alícuotas sobre los ingresos de personas físicas y sociedades. También consiguió el respaldo parlamentario para flexibilizar y modernizar la legislación laboral, y emprendió un ambicioso ajuste al gigantesco “Estado de Bienestar” que asfixia al país.
En vista al año 2024, la Presidenta de Italia prometió abordar los cambios pendientes en el sistema impositivo para continuar con las rebajas sobre la clase media y las empresas, así como desarrollar un combate frontal contra la inmigración legal en el país.
El Gobierno de la “Coalición de centroderecha” consiguió aprobar un total de dos reformas que avanzan en una dirección clara: el objetivo es pasar de un sistema de tasas progresivas sobre los ingresos de personas físicas (sumamente distorsivo) a uno que aplique una tasa unificada y rebajada, lo que se conoce como “flat-tax”.
Este sistema fue propuesto en múltiples oportunidades en los países desarrollados, por ejemplo durante las administraciones de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, entre muchos otros. Actualmente tiene vigencia en algunos países, por ejemplo en Rusia desde el año 2002 por iniciativa de Vladimir Putin.
El impuesto sobre la renta IRPF mantenía hasta 5 escalas progresivas en 2021 que iban del 23% al 43% respectivamente. Para el año fiscal 2022 el sistema se redujo a 4 categorías, en las cuales se rebajaron considerablemente las tasas aplicables para los ingresos medios y bajos.
Más tarde la reforma tributaria de 2023, ratificada por el Senado italiano en agosto, nuevamente modificó el sistema para imponer solo 3 categorías. Se estableció una tasa del 23% para ingresos de hasta 15.000 euros anuales, 27% para el umbral de 15.000 a 50.000 euros, y finalmente una tasa marginal superior del 43% para ingresos más elevados. Nuevamente, el alivio fiscal recayó sobre las categorías medias y bajas.
La apuesta para el año fiscal 2024 será volver a profundizar la simplificación del sistema tributario hasta converger, eventualmente, a una tasa unificada. Se apunta a consolidar una tasa única y reducida para el año fiscal 2027. De esta manera, las distorsiones generadas por el impuesto serían virtualmente eliminadas y se estimularía de una mejor manera el crecimiento de la oferta laboral.
El Gobierno avanzó con una fuerte desregulación de los contratos de duración determinada. El decreto de Meloni anunciado el día 1° de mayo, el día del trabajador a nivel internacional, dispuso la ampliación de 12 a 24 meses el límite para este tipo de contratos.
Se ampliaron los incentivos fiscales para la contratación de jóvenes menores de 30 años que no estudian ni trabajan, principalmente mediante una reducción de cargas patronales a cargo del empleador. Meloni anunció una histórica reforma sobre la tasa de impuesto de sociedades, aplicable sobre las utilidades no distribuidas.
En Italia se pagaba una tasa media del 24%, pero tras la reforma de Meloni se creó una alícuota preferencial del 15% aplicada para empresas que declaren una ampliación de su planta permanente de personal.
El mercado laboral respondió positivamente a todos los cambios que se fueron acumulando desde octubre del año pasado. La tasa de desocupación retrocedió al 7,6% de la población activa al término de julio, registrando los valores más bajos desde 2009. La tasa de ocupación alcanzó el 61,3% de la población total de referencia, dos puntos porcentuales por encima del nivel que había antes de la pandemia.
Recorte del “Estado de Bienestar”
El ajuste al tamaño del sector público comenzó a través de las onerosas transferencias sociales que el Estado italiano otorgaba para personas que realmente no las necesitaban. El gigantesco peso del “Estado de bienestar” requiere una presión fiscal que resulta incompatible con el crecimiento, por lo que la reestructuración es de suma importancia.
Meloni anunció la quita de subsidios para un total de 202.000 personas entre julio y agosto, todo esto a cuenta del programa “Renta Ciudadana”. En el recorte no fueron incluidas aquellas familias con hijos menores de edad, o con algún integrante en situación de discapacidad que requiere de constante asistencia económica.
Todas las personas que percibieron este subsidio del Estado, en perfectas condiciones de trabajar, pero que rechazaron por lo menos dos ofertas laborales concretas, fueron despojadas de los beneficios. Asimismo, el Gobierno ofreció un Apoyo para la Formación y el Trabajo (SFL por sus siglas en italiano) para facilitar su incorporación al mercado laboral en los próximos meses.
El recorte de estas partidas presupuestarias es fundamental para concretar la meta fiscal del año 2023, que pretende recortar a la mitad el déficit financiero del Gobierno consolidado.
