El presidente en funciones del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, ha advertido este jueves en su discurso de apertura del Año Judicial de que «en nuestros días» las democracias «mueren» no sólo con «un golpe militar o una revolución» sino también con el «lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el Poder Judicial y la prensa y la erosión global de las normas políticas tradicionales».

El Mundo

Ante la atenta mirada del Rey Felipe VI, la primera cita de Marín en su discurso ha sido a la obra Cómo Mueren las Democracias (Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, Ariel). El magistrado ha recalcado que la «separación de poderes es clave para el funcionamiento de cualquier democracia», avisando de que en un «contexto fuertemente polarizado decae la visión del Estado y se impone con radicalidad de partido». Camino de cumplirse cinco años sin renovación del Consejo General del Poder Judicial, ha pedido a las fuerzas políticas altura de miras: «Es la hora de los grandes políticos y de los grandes demócratas».

Gran parte del discurso del presidente en funciones del Supremo -que no ha lucido el gran collar de la Justicia, visibilizando así la anómala situación que padece el Poder Judicial- ha estado dirigido a las fuerzas políticas, a las que ha instado a «renovar» el CGPJ.

«Es pues imprescindible, si queremos preservar la calidad democrática del sistema, no solo asegurarnos de que el armazón constitucional provea de todos los controles y equilibrios necesarios para asegurar la independencia y buen funcionamiento del Poder Judicial. También lo es que exista un verdadero compromiso democrático de cooperación leal entre los diferentes actores políticos», ha sostenido el también presidente de la Sala Civil del Supremo.

El magistrado ha añadido que la situación del Tribunal Supremo de «desoladora» ante la imposibilidad de renovar sus bajas, y ha asegurado que la «primera víctima de la situación es sin duda el justiciable: el ciudadano».

REFERENCIAS EUROPEAS

El discurso ha estado repleto de referencias a Europa, en cuyas instituciones se ha depositado la esperanza de forzar al PSOE y el PP a renovar el Consejo. Marín ha arrancado su intervención indicando que la cooperación leal entre instituciones «es una exigencia del propio Tratado de la Unión Europea«.

También ha resaltado que la preocupación por la situación crítica del Poder Judicial ha rebasado nuestras fronteras. Lo ha hecho recordando la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del CGPJ en un intento de forzar el acuerdo político. Fue «consecuencia de un movimiento sísmico institucional de efectos devastadores para nuestro sistema de justicia», unos efectos que «se han trasladado también al ámbito europeo».

Ha añadido que el propio Tribunal de Estrasburgo «ha denunciado, de manera muy clara, la situación en la que hoy nos encontramos», recordando que para las Cortes es «obligatorio» renovar el CGPJ y hacerlo en «un plazo específico». Y pese a ello, el procedimiento «ha permanecido pendiente ante las Cámaras, en su fase inicial, durante tres legislaturas consecutivas».

La última de la decena de referencias internacionales ha sido para sumarse a la petición de la Comisión Europea de proceder con urgencia a la renovación e, inmediatamente, al cambio del sistema de nombramiento: «La elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial debería efectuarse con arreglo a lo previsto en la Constitución y atendiendo a los estándares marcados por Europa».

La ceremonia solemne, que ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Alto Tribunal, ha estado marcada por la inédita situación que padece el tercer poder del Estado, con el Tribunal Supremo con un presidente en funciones; con el Consejo General del Poder Judicial presidido por el vocal Vicente Guilarte (en funciones de sustitución); con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, también en funciones; y con la sombra de la amnistía para quienes tensionaron el Estado hasta el extremo en el año 2017 con el procés, de fondo.

LA DIRECCIÓN PENAL, PARA EL FISCAL

Por otro lado, durante su discurso -el primero que pronuncia ante el jefe del Estado ya que el año pasado tuvo que ausentarse de la ceremonia por tener Covid-19-, el fiscal general del Estado ha instado al futuro Gobierno a llevar a cabo el modelo del sistema penal en nuestro país, donde se otorgue al fiscal la dirección de las instrucciones penales.

«Cuarenta años después de que el legislador definiera el modelo propuesto por la Constitución para la configuración del Ministerio Fiscal en España, la Fiscalía está abierta a cambios y a asumir nuevos retos y responsabilidades», sostuvo García Ortiz.

Asimismo, el fiscal general en funciones ha señalado este jueves que esa reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «ha de ser pausada y meditada, acorde con nuestro modelo constitucional y destinada, como no puede ser de otra manera, como no podría ser de otra forma, a mejorar la eficacia de la justicia y la prestación del mejor servicio público, en una España plural y democrática».

Por otro lado, García Ortiz -nombrado por el Gobierno de Pedro Sánchez tras la marcha voluntaria de su antecesora Dolores Delgado– ha tratado de reivindicar su legado y defenderse de «los ataques a la figura del fiscal general del Estado».

El mandato del actual fiscal general, no por breve, ha estado exento de grandes polémicas. El pasado mes de junio, la Carrera Fiscal se puso en pie de guerra -con una actuación sin precedentes del Consejo Fiscal– cuando decidió, a las puertas de las elecciones generales, entregar a la ex ministra Delgado la plaza de fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos pese a que este nombramiento erosionaba la imagen del Ministerio Público por la actividad profesional de su pareja, el ex juez Baltasar Garzón. El polémico nombramiento ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo por la asociación mayoritaria de fiscales y por uno de los aspirantes de la plaza.

Pese a esta circunstancia, Álvaro García Ortiz ha sostenido hoy ante el jefe del Estado que «no hay decisión del fiscal general que no esté sometida a los principios de motivación, publicidad y, me atrevería a decir, que de consenso».

Una batalla campal se vive en el seno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en México a propósito de las encuestas realizadas en todo el país para elegir al candidato que irá a las elecciones presidenciales de 2024 como eventual sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador. El motivo es que más allá de que Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de Ciudad de México, haya sido seleccionada para asumir esa tarea, el proceso terminó por abrir la puerta a fuertes pugnas internas.

Por: Oriana Rivas – Panampost

Sheinbaum obtuvo “el mejor posicionamiento” en las cinco encuestas nacionales que dieron una ponderación de 75 % a la pregunta de quién es la opción preferida, mientras que el otro 25 % se centró en captar la percepción de las personas consultadas sobre la puntuación de los contendientes en cinco preguntas relacionadas con su conocimiento del país, proximidad y valores.

Sheinbaum consiguió 39,4 % en la primera encuesta; 39,3 % en la segunda; 41,1 % en la tercera; 36,6 % en la cuarta y 40,5 % en la quinta. Le siguió el excanciller Marcelo Ebrard con 25,6 %; 25,9 %; 26,4 %; 26,1 % y 25 % respectivamente.

Fueron seis candidatos los que competían para convertirse en abanderado definitivo de Morena: el excanciller Ebrard (quien no estuvo en el anuncio de resultados), el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López; el diputado Gerardo Fernández Noroña; los senadores Ricardo Monreal y Manuel Velasco; y finalmente, la exalcaldesa de Ciudad de México, quien resultó vencedora. Como resultado, el oficialismo mexicano tiene a su representante para enfrentarse a Xóchitl Gálvez, la candidata de la coalición opositora por el Frente Amplio. Pero las cosas no están bien dentro del partido izquierdista que lidera Andrés Manuel López Obrador.

Ebrard pide repetir el proceso

Horas antes de que Mario Delgado, presidente nacional de Morena, comenzara a anunciar resultados, el excanciller Marcelo Ebrard denunciaba supuestas irregularidades. Oficialmente, la discordia había comenzado.

“Estamos sorprendidos porque pensábamos que iba a haber ciertas (incidencias), pero nos sorprendió cuántas hay”, agregó Daniel Sibaja, diputado y asesor del excanciller. Así, repitieron una y otra vez el argumento —sin detallar cantidad y tipo de incidencias— hasta que más llegada la hora de dar a conocer los resultados, Ebrard exigió repetir el proceso de selección y reveló que lo impugnará.

“Nosotros afirmamos que esto debe reponerse, ya no tiene remedio. Quiero decirlo ahorita porque no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder, no se han contado votos”, dijo en una rueda de prensa. Por su parte, AMLO señaló que “todo marchó bien”, aunque sus palabras rápidamente perdieron validez.

Ha sido tal la presión por las incidencias denunciadas en la encuesta de Morena, que el propio partido no para de publicar aclaraciones en redes sociales contra “información falsa que se ha difundido”. También ha publicado comunicados de apoyo de diputados o gobernadores afines. Sin embargo, la fractura es obvia. El propio excanciller informó que a su equipo le prohibieron el paso al lugar donde se contaban las boletas y asomó su posible salida del partido.

“Un circo y una farsa”

Desde la oposición observan el escándalo y también coinciden con que Morena se viene abajo. Por ejemplo, para Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se trata de “un circo y una farsa”. Otras opiniones apuntan a que el proceso solo buscaba legitimar a Sheinbaum, como mencionó el economista mexicano, Guillermo Barba: “Lo que hay en Morena es un ‘dedazo de alto nivel’ para ungir a Claudia Sheinbaum”, escribió en X.

En los aspectos técnicos, la encuesta de Morena fue realizada del lunes 28 de agosto hasta el domingo 3 de septiembre. Cuatro firmas encuestadoras y el propio partido se encargaron del proceso y del conteo, hecho del 4 al 6 de septiembre. En esos días, Marcelo Ebrard señalaba a Sheinbaum por presunto uso de recursos públicos de parte de Morena para reforzar la campaña de la exalcaldesa, así como presiones para convocar mayor cantidad de asistentes a sus concentraciones.

El Gobierno de Reino Unido declarará al grupo de mercenarios rusos Wagner como organización terrorista, lo que significa que será ilegal en dicho país ser miembro o apoyar dicha asociación, así lo aseguró este martes la cadena de televisión británica BBC.

Infobae

Los que infrinjan la ley antiterrorista podrían enfrentar condenas de 14 años de cárcel o multas de más de 5.850 euros.

La ministra del Interior de Reino Unido, Suella Braverman, afirmó que el Grupo Wagner es “violento y destructivo”, así como “un instrumento militar de la Rusia de Vladimir Putin”, cuya actuación en Ucrania y África supone una “amenaza a la seguridad mundial”.

Braverman agregó que “mientras el régimen de Putin decide qué hacer con el monstruo que creó, las continuas actividades desestabilizadoras de Wagner solo sirven a los objetivos políticos del Kremlin”.

“Son terroristas, sin más, y esta orden de prohibición lo deja claro en la ley”, expresó.

Este miércoles se enviará al Parlamento el borrador de la medida para vetar al grupo paramilitar, según la prensa británica.

El ministro de Asuntos Exteriores en la sombra, David Lammy, aplaudió la iniciativa, meses después de que pidiera al Gobierno que prohibiera el grupo de mercenarios por ser “responsable de las atrocidades en Ucrania y en todo el mundo”.

“Hace mucho que debería haberse hecho, pero damos la bienvenida a que el Gobierno finalmente haya actuado. Ahora, el Gobierno debería presionar para que se establezca un tribunal especial para procesar a (Vladimir) Putin por su crimen de agresión”, expresó Lammy tras conocer la noticia.

Los mercenarios del Grupo Wagner, que participan tanto en la invasión rusa de Ucrania, como en Siria o países de África como Malí, han sido acusados de varios delitos, incluidos el asesinato y tortura de civiles.

La ley contra el terrorismo de Reino Unido, vigente desde 2000, otorga al Ministerio del Interior el poder de prohibir una organización si cree que está involucrada en terrorismo. Antes de la ley, solamente era posible prohibir grupos relacionados con el terrorismo en Irlanda del Norte, explicó el citado medio británico.

Londres anunció en julio sanciones contra 13 individuos y empresas que dijo tienen vínculos con el grupo ruso en África.

El fundador de Wagner, Yevgueni Prigozhin, quien murió en agosto en un accidente aéreo, también había sido sancionado por Reino Unido junto a varios de sus comandantes que participaron en la guerra rusa en Ucrania.

Prigozhin murió dos meses después de ordenar a sus fuerzas derrocar al mando militar ruso.

«Si te mueves, se me dispara el fusil». Después de ser torturado, agentes chavistas forzaron al universitario John Álvarez, de 24 años, a grabar unos vídeos acusatorios contra un periodista y un sindicalista. No sólo le dictaban las frases a recitar, también continuaban el amedrentamiento con sus armas de fuego.

Por: El Mundo

Esta es solo una pequeña parte de la pesadilla que sufre el joven, estudiante de Antropología y Derecho, desde que fuera detenido la semana pasada por unos sujetos sin uniforme, quienes le amordazaron y «ruletearon» (recorrieron en un vehículo calles de Caracas).

Se trataba de agentes de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE), que forman parte de la Contrainteligencia Militar. Según los testimonios que el propio estudiante realizó en audiencia judicial, transmitidos también a sus padres y a su abogado, le golpearon con un bate de béisbol, tras cubrirle con un jergón para no dejarle marcas, y le realizaron descargas eléctricas en los testículos, rodillas y costillas.

El joven describió a los tres militares que lo torturaron ante el juez y también repitió las frases que le obligaron a grabar, una vieja táctica revolucionaria para implicar a sus «enemigos». Contra el sindicalista Carlos Salazar, sus falsos planes para volar «algo en la autopista Valle Coche y contra el periodista y líder vecinal Carlos Julio Rojas, y la creación de grupos para crear conflictos en el centro de la capital.

Los agentes aseguran que detuvieron a Álvarez por pegar carteles, pero la realidad es que el universitario circulaba con su moto, que ha desaparecido al igual que todas sus pertenencias, otro habitual modus operandi de las fuerzas de seguridad del chavismo.

Lee la nota completa siguiendo este enlace a El Mundo