La seguridad ciudadana en Venezuela durante la transición hacia la democracia plantea un desafío crucial para la oposición que busca llegar al poder en 2024. El tema se ha convertido en pregunta recurrente que se hacen los ciudadanos y que demanda una respuesta que vaya más allá de las buenas intenciones o de promesas irrealizables en el contexto de conflictividad que vive el país.
Alberto Ray
Pero no sólo los ciudadanos dentro de Venezuela necesitan entender cómo se va a enfrentar el reto de la seguridad, también la comunidad internacional, que ha manifestado su intención de apoyar el proceso de redemocratización del país, espera un planteamiento estratégico viable y que ayude progresivamente a brindar ciertas garantías que vayan de la mano con las oportunidades de inversión y desarrollo económico y social.
La naturaleza del problema de seguridad en Venezuela es compleja, pero no imposible de resolver. Por un lado, tenemos un Estado fragmentado con una parte significativa del territorio controlado por fuerzas armadas no estatales, y criminales bajo el auspicio del régimen en el poder. Por la otra, el país tiene el peor índice de Estado de derecho en el continente y está entre los últimos del planeta, lo que se traduce en cifras de impunidad que rozan el 100%. A esto debemos sumarle la narrativa que el chavismo ha instaurado durante los últimos 25 años, saturada de polarización, violencia y ruptura del tejido social, potenciada con el estado de anomia y la pérdida de oportunidades de desarrollo para la población más joven, que fácilmente termina en las redes de la delincuencia o, al no ver futuro, decide emigrar en búsqueda de bienestar, al altísimo costo de dejar atrás a la familia.
Por dónde comenzar
Contraintuitivamente, una estrategia para atender el problema de la seguridad ciudadana en Venezuela no comienza por hacer algo, sino por deshacer muchas cosas. A esto debe combinarse el hecho que, en las actuales circunstancias, mientras más se explique, más claves se le revelan al régimen y a sus aliados criminales; por tanto, estamos en un punto donde menos es más. En todo caso, vamos a referirnos a aspectos que deben ser no sólo conocidos, sino debatidos públicamente, y que en principio podrían asociarse a tres pilares sobre los que se soporta la estructura del poder con capacidad de desestabilizar a posteriori el renacer de la democracia en un clima de libertad.
El primer pilar por desarticular es la narrativa del régimen: “Nosotros o el caos”. Con ella, el chavismo ha intimidado y paralizado por décadas el cambio en Venezuela. Esta amenaza permanente sobre la sociedad ha servido para el chantaje dentro y fuera del país, y en más de una oportunidad ha funcionado para disuadir acciones más contundentes de la comunidad internacional que hubiesen apuntalado una negociación más equilibrada hacia una transición.
El segundo pilar a remover es la doctrina instalada desde los inicios del chavismo sobre el enemigo interno. Este esquema de control del poder es un clásico y por su efectividad ha sido utilizado por regímenes de izquierda y derecha a lo largo del tiempo. En el caso venezolano se enfoca en una política de defensa que transforma la soberanía del Estado en un modelo de protección del poder, lo que se traduce en el fortalecimiento de los órganos de inteligencia en detrimento de las unidades militares y policiales convencionales de resguardo del territorio, así como la generación del Estado General de Sospecha sobre la población y los poderes del Estado. Esta doctrina convierte al Estado de derecho en un instrumento de control y persecución política, y sirve para reorientar las funciones de seguridad y resguardo hacia una estructura de Estado policial y corrupto, que antepone la defensa de los jerarcas en el poder a la del Estado y la vida de sus ciudadanos.
El tercer pilar es el de la pax criminal. Este es un fenómeno social que surge a partir de la ausencia del Estado sobre el territorio, en el cual organizaciones armadas de delincuencia organizada o con fines subversivos toman control de los espacios para cometer crímenes y ejercer de facto funciones de seguridad y protección, convirtiéndose en los reguladores de la vida y las relaciones entre los ciudadanos. En el caso venezolano, este proceso ha ocurrido como un acto deliberado del régimen en el poder, quienes lo han auspiciado, a fin de aprovecharlo como instrumento en las acciones represivas y control, propias de la doctrina del enemigo interno. En este punto es conveniente señalar que la fragmentación de los grupos de poder, si bien ha sido una estrategia de supervivencia que hasta ahora ha hecho resilientes a las bandas criminales y organizaciones irregulares, también es una debilidad severa, ya que no les resulta sencillo coordinar esfuerzos y los aísla territorialmente, facilitando la identificación y su eventual neutralización.
Es evidente que la desarticulación y desmontaje de estos pilares requiere una acción nacional e internacional coordinada, el concurso de unas fuerzas militares y de seguridad institucionalizadas y leales a principios y valores, así como la voluntad decidida y la acción política del gobierno que asuma el mando a partir de la victoria electoral de un nuevo gobierno con vocación democrática.
El abordaje estratégico de la seguridad
Por su complejidad, la seguridad en Venezuela no puede ser resuelta con una acción única, sino que requiere una estrategia integral que diseñe, coordine y ejecute diversas actividades en el tiempo, todas orientadas hacia un propósito bien definido. En este sentido, lo más conveniente y deseable es que surja una política de seguridad ciudadana viable a partir de un cambio en las estructuras del poder y como producto de un proceso electoral limpio y justo, ya que sería la ruta más favorable hacia una transición pacífica. Esta política podría parecerse a algo como esto:
Trabajaremos para revalorizar la vida de los ciudadanos. Crearemos entornos seguros, que promuevan la regeneración del tejido social y democrático de la nación donde los venezolanos podamos vivir en paz, certeza y tranquilidad, y libres de amenazas a la vida, la familia, la libertad y la propiedad. La seguridad ciudadana, en el entendido que su propósito va más allá de la superación de amenazas, procurará por todos los medios a su alcance estimular decididamente la creación de condiciones para el desarrollo humano, social, económico y cultural del país.
Bajo esta política, el plan de seguridad ciudadana deberá tener como mínimo tres objetivos. El primero e indispensable está asociado a la estabilidad del nuevo gobierno y la garantía de protección a la vida, los bienes y el desarrollo de la actividad productiva. A este primer gran compromiso se le suman la imperiosa necesidad de restablecer la confianza en la institucionalidad de los órganos de seguridad, y como complemento, la obligación de asegurar la soberanía nacional bajo el Estado de derecho, en un clima de respeto a la ley, el debido proceso y la estricta observancia a los derechos humanos.
Otro gran tema de la seguridad ciudadana y que determina su eficacia se vincula con las estructuras que tendrán como misión la coordinación y despliegue de los planes, mientras se combaten las amenazas, que sin lugar a duda estarán presentes y aprovecharán cualquier brecha para generar caos y promover el fracaso de la nueva administración. Aquí se requerirá al menos dos órganos, uno dedicado a la coordinación y control de gestión policial y otro que centralice las funciones de inteligencia y que tenga como objetivo la identificación, desarrollo estratégico y abordaje de amenazas a la democracia y la soberanía.
Para cerrar el círculo será necesario abordar tres ejes complementarios de la seguridad:
El primero es el conjunto de la justicia criminal – fiscalía – tribunales – cárceles, sobre el cual habrá que desarrollar un esfuerzo inmenso de depuración y luego coordinación para hacer más ágiles y eficientes a las instituciones responsables de estos procesos. Aquí se van a necesitar programas bien diseñados para la aceleración de causas a través de la incorporación de fiscales y jueces especiales, con el fin de lograr el respeto de los derechos humanos de los privados de libertad, el descongestionamiento de los retenes y la construcción de nuevas cárceles.
El segundo eje tiene su principal engranaje en el involucramiento ciudadano, la educación para la prevención y el rescate de espacios públicos. Esto es un plan ambicioso de amplio espectro y que cruza transversalmente todas las instancias de la gestión pública. Se trata de sensibilizar al ciudadano en torno a la detección temprana de vulnerabilidades y la creación de conciencia de riesgo, así como al cambio cultural orientado a formar personas involucradas con la seguridad y la generación de espacios de certeza.
Adicionalmente, deberá activarse un plan nacional para la recomposición, reparación y mantenimiento continuo de áreas verdes, plazas, parques, calles y avenidas, colegios y universidades, instalaciones deportivas y centros culturales para el disfrute programado de los ciudadanos, sobre todo de jóvenes y adolescentes, a los fines de crear verdaderas alternativas de desarrollo, esparcimiento y actividades sanas para la población.
El tercer gran eje es el de la protección civil. En Venezuela tenemos un déficit acumulado de décadas en cuanto a la formación, equipamiento y número de servidores públicos que cumplen la importantísima tarea de estar en la primera línea de respuesta frente a emergencias, accidentes, desastres naturales y otras tantas necesidades de la población. Estamos obligados a desarrollar con máxima prioridad este mega plan, que debe comenzar a rendir frutos de forma casi inmediata y que igualmente involucra a todas las instancias de la administración pública.
Para poner en marcha la estrategia de seguridad ciudadana es indispensable apartar las diferencias políticas que en las primeras de cambio se van a presentar con la instalación del nuevo gobierno. La seguridad ciudadana es en sí misma una unidad definida de propósitos y está por encima de cualquier diferencia ideológica. El liderazgo del próximo presidente de la república y su equipo de gobierno será determinante en este aspecto. De igual manera, va a requerir la máxima colaboración de los otros poderes del Estado, ya que habrá que reformar leyes y códigos, y cambiar varios principios doctrinarios con los que ha operado el régimen actual.
Qué esperar de una nueva política de seguridad ciudadana
Si tuviésemos que sintetizar en pocas palabras la acción de una política de seguridad, habría que poner por delante la urgencia de restaurar el orden y la paz ciudadana, mientras vamos minimizando el estado de anomia en el que estamos inmersos. Dada la realidad actual de Venezuela, es obvio que existan altas expectativas sobre las mejoras en la seguridad y los impactos que tendrá en la calidad de vida de los ciudadanos. En tal sentido es fundamental priorizar esfuerzos y recursos para retornar a un nivel tolerable de certeza para la vida y luego ir decantando en los ámbitos más estructurales de la política.
La seguridad se construye a partir de mejoras tangibles en los indicadores, tales como; tasas de homicidio, tasas de robo y hurto, impunidad, etc. y que luego se traducen en cambios de la percepción del ciudadano en relación con su entorno.
Lo óptimo sería que el nuevo gobierno pueda mostrar avances en los primeros 100 días y luego cada seis meses reportar los logros, a fin de mostrar no sólo transparencia en la gestión, sino mejoras en los indicadores. Un plan de seguridad ciudadana de corto y mediano plazo puede, luego de los primeros 1000 días, generar cambios sustanciales en la calidad de vida de los venezolanos y una nueva percepción sobre el clima de estabilidad del país.
Los objetivos medibles del plan pueden agruparse en seis grandes dimensiones, que estarían enmarcadas en aspectos tales como; 1) restauración de la cultura de la vida y la paz ciudadana, 2) reducción de las amenazas criminales y recuperación del territorio, 3) mejora de los indicadores de impunidad, 4) reinstitucionalización y mejoras tecnológicas y socioeconómicas de los cuerpos de seguridad, 5) seguridad como eje de la reactivación económica y social, y 6) cultura de prevención y protección civil e incremento de capacidades para la respuesta a emergencias.
Son muchas las necesidades que en materia de seguridad ciudadana demandan atención en Venezuela, y no todas podrán abordarse con las primeras acciones. Sin embargo, es clave destacar que, desde hace ya algún tiempo, un número significativo de profesionales en el terreno de la seguridad ciudadana viene investigando, trabajando y aportando ideas y soluciones que pueden activarse con mucha rapidez. Asimismo, existe una voluntad inmensa de parte de miles de ciudadanos pertenecientes a nuestros cuerpos de seguridad, civiles y militares, tanto activos como retirados, que han manifestado su disposición a integrar esta gran fuerza para la regeneración de la democracia en Venezuela, a lo que corresponde un esfuerzo de coordinación para llevar a cabo este proyecto. Si se hace bien, tendrá la ventaja adicional de construir cohesión social entre grupos que, hasta ahora, nunca han colaborado entre ellos.
El desafío de la seguridad ciudadana en Venezuela será un proceso complejo de tres etapas, que quizás deban iniciarse en simultáneo, y que comienza por estabilizar al país y a sus nuevas autoridades, a partir de allí, es indispensable la reinstitucionalización de nuestras fuerzas de seguridad, y en un tercer movimiento proceder a la recuperación de nuestros espacios y nuestra soberanía. Venezuela podrá retomar la senda del desarrollo sólo si la seguridad, en el más amplio sentido, es asumida como un eje transversal al proceso.
Alberto Ray es coordinador de seguridad ciudadana para el plan de gobierno de María Corina Machado
