Un exenfermer registrado en Vancouver que trabajaba con niños y jóvenes fue declarado culpable de poseer más de un millón de imágenes y 15.000 videos de niños abusados sexualmente. A pesar de referirse a sí mismo como un «pedófilo» y poseer una gran colección de contenido pornográfico que involucra a menores, Derek Paul Roelofsen, de 45 años, fue liberado con una sentencia condicional de 12 meses y tres años de libertad condicional por un juez de la Corte Provincial de Vancouver.
El alijo sustancial de materiales de abuso sexual infantil en posesión de Roelofsen salió a la luz por primera vez en 2021 después de que un proveedor de servicios de chat notó un mensaje sobre niños que estaban siendo abusados y lo envió al Departamento de Policía de Vancouver.
Un informe local sobre el caso judicial de Vancouver es Awesome señaló que las comunicaciones que Roelofsen tuvo con otras personas contenían «perturbadora violencia sexualizada que involucra a niños».
Roelofsen fue acusado de posesión de pornografía infantil; hacer, imprimir, publicar o poseer pornografía infantil con fines de publicación; y poseer pornografía infantil para transmitir, poner a disposición o distribuir. El 5 de mayo de 2022 se declaró culpable del primer cargo.
Durante los procedimientos legales, se le dijo repetidamente al tribunal que, aunque Roelofsen se ha referido a sí mismo como un pedófilo, ha negado haber tenido contacto sexual con un niño.
Roelofsen trabajó con menores dentro de su función para la Autoridad de Salud Costera de Vancouver y participó en la investigación, el desarrollo de políticas y programas, y la enseñanza de talleres de educación sexual dirigidos a niños y hombres jóvenes.
Reduxx se enteró de que Roelofsen estaba promocionando sus talleres de «salud sexual para jóvenes» a través de una organización conocida como Lost Boys Consulting , encabezada por un maestro de escuela primaria gay y activista trans llamado Bryan Gidinski.
Lost Boys Consulting crea y proporciona planes de lecciones sobre identidad de género para niños desde el jardín de infantes hasta el duodécimo grado que están destinados a ser utilizados por maestros dentro del sistema de escuelas públicas. El sitio web tiene un enlace como recurso en la página de la Junta de Educación de Powell River, así como en el Distrito Escolar de Surrey .
Los ejemplos de planes de lecciones creados por Lost Boys incluyen una introducción a la identidad de género para niños en el jardín de infantes, alentar a los niños pequeños a reflexionar sobre las «fobias», una conversación sobre el Día del Recuerdo Transgénero y un proyecto que implica diseñar un «logotipo de baño universal». ”
“A través de su trabajo, Derek ha desarrollado una pasión por la salud de los hombres jóvenes y ha sido muy activo en llevar los problemas de salud de los hombres jóvenes al frente de la salud pública en Vancouver”, se lee en la descripción del perfil de Roelofson en el sitio web de Lost Boys .
“Sus talleres tienen como objetivo ser amigables para los jóvenes, integrales y basados en evidencia. Aporta a sus talleres la experiencia práctica real de su trabajo como enfermero de salud pública que trabaja en el área de la salud sexual. Derek infunde en sus talleres un fuerte sentido de respeto mutuo por los jóvenes con los que trabaja, reconociendo sus experiencias de vida e ideas. Habla con los niños y los jóvenes, no a ellos”.
Roelofsen también participó en la administración de encuestas que discutían la sexualidad de los niños dentro del gran sistema escolar.
En 2013, Roelofsen ayudó en la producción y administración de una Encuesta de Salud de Adolescentes financiada por el Ministerio de Desarrollo Infantil y Familiar de BC, el Ministerio de Salud de BC y la Oficina del Representante para Niños y Jóvenes de BC.
Entre febrero y junio de 2013, 29 832 estudiantes de los grados 7 a 12 completaron la Encuesta de Salud de Adolescentes de BC (BC AHS) en escuelas de la Columbia Británica. Se preguntó a los jóvenes sobre su orientación sexual y si se identificaban o no como transgénero. Además de otros temas, como la salud mental y física, se preguntó a los adolescentes a qué edad tuvieron actividad sexual por primera vez y si alguna vez habían tenido sexo oral o sexo que no fuera sexo oral o masturbación.
El autodenominado «pedófilo» también figura como instructor en un grupo de defensa de los derechos de los hombres llamado Manology .
Según el sitio web, “Manology reconoce que este momento en la cultura es uno de cambio rápido y profundo que afecta a toda la humanidad. Los hombres como grupo social principal se ven afectados. Si bien las mujeres occidentales han estado redefiniendo sus roles en la sociedad durante décadas, ha habido muy pocos lugares donde los hombres hayan sido invitados a examinar y redefinir sus roles, relaciones y sentido de propósito”.
Sin los hechos ni la ley de su lado, los demócratas y gran parte de los medios han recurrido a simplemente insistir en que simplemente no hay nada que ver cuando se trata de la corrupción de la familia Biden. Si es así, ¿por qué no quieren que nadie mire?
La investigación del Partido Republicano de la Cámara “debe terminar ahora”, dijo a CNN el propio representante de la Ciudad de Nueva York, Dan Goldman; no es más que “instigar a un ciudadano privado”, Hunter Biden, sin “ningún propósito legislativo legítimo”.
Y mirar el acuerdo de culpabilidad de Hunter (ahora dejado de lado) es solo «el brazo político y de defensa financiado por los contribuyentes de Donald Trump».
Mmm no. Para empezar, preguntar por qué el Departamento de Justicia buscó un acuerdo de culpabilidad sin precedentes que le hubiera dado al hijo del presidente Joe Biden inmunidad general por cualquier delito (no solo por los que estaba declarando) claramente tiene un «propósito legislativo legítimo»: se llama «supervisión».
Como mínimo, alguien necesita explicar que Justice dejó que el estatuto de limitaciones expirara en las infracciones fiscales más flagrantes de Hunter cuando la evidencia ya era amplia.
Y por qué, cinco años después, todavía no se dice nada sobre su falta de registro como agente extranjero, cuando ese «trabajo» fue la forma en que «ganó» esos millones.
Gracias a las investigaciones del Partido Republicano, los denunciantes y otros testigos aún brindan información nueva y condenatoria sobre el tráfico de influencias de Hunter y la colusión de Joe en él, así como la interferencia de la Justicia en las investigaciones republicanas .
Incluso si el entonces VP Biden nunca prometió directamente ningún resultado a los clientes en el extranjero de Hunter, seguramente sabía qué señal enviaba al hablar por teléfono, docenas de veces, según Devon Archer , con Hunter y los clientes, incluso para charlas sin sentido.
Y dado que la mayoría de la familia Biden recibe pagos (¡un total de decenas de millones!) de esos clientes, y las finanzas de Hunter (al menos) se mezclan con las de Joe, hay muchas razones para sospechar un pro quo y una quid en todo esto. .
Tampoco se trata de Trump, incluso si termina siendo el candidato republicano para 2024, a menos que Goldman & Co. comiencen a afirmar que todas las investigaciones de Trump son solo regalos para Biden.
El ala mediática del movimiento “no hay nada” es igual de viscosa: la historia del New York Times sobre el testimonio de Devon Archer el lunes afirma repentinamente : “Se sabe desde hace mucho tiempo que el anciano Sr. Biden a veces interactuaba con los socios comerciales de su hijo, Incluso como admite la misma historia en otra parte, “En 2019, el Sr. Biden también dijo repetidamente que ‘nunca había discutido’ y ‘nunca había hablado con’ Hunter Biden sobre sus negocios».
En otras palabras: estas son noticias viejas, aunque el propio Times nunca las mencionó.
Seis sindicalistas de Venezuela detenidos entre el 4 y el 7 de julio de 2022 fueron condenados este martes a 16 años de prisión por conspiración y asociación para delinquir, informaron varias ONGs locales, que rechazan la condena y califican el hecho de “persecución política”.
“Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín acaban de ser condenados a 16 años de prisión por los delitos de conspiración y asociación para delinquir”, dijo la ONG Acceso a la Justicia en su cuenta en Twitter.
La organización insistió en que estos seis sindicalistas son “luchadores sociales” y que esta condena representa “el recrudecimiento de la persecución política en Venezuela”.
Por su parte, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) tildó de “brutal” la condena y aseguró, en la misma red social, que es una decisión “arbitraria”, tomada en un proceso judicial donde “el único testigo de la denuncia nunca se presentó en un año y dos meses”.
La ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia señaló que los detenidos fueron condenados “a pesar de ser inocentes” y que, durante el juicio, “las únicas pruebas de las Fiscalía fueron capturas de pantalla y Twitter”.
Las organizaciones recordaron que las detenciones se produjeron después de que encabezaran protestas callejeras para exigir salarios dignos y otras mejoras laborales.
El pasado junio, Eduardo Torres, uno de los abogados de los sindicalistas, dijo a la agencia de noticias EFE que la acusación representa “una aberración porque ellos están asociados para defender derechos, y los ampara, no solo la Constitución y las leyes, sino el convenio 87 de libertad sindical de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)”.
Este martes, el jurista difundió un video en el que Yorbelis Oropeza, esposa de uno de los detenidos, subrayó que los luchadores sociales “han sido injustamente condenados por una juez que solamente se vende a lo que el Gobierno le dice”.
“Los venezolanos que creemos en la justicia, que creemos en la verdad, vamos a seguir luchando (…) mi esposo y los trabajadores sociales han sido castigados simplemente por pedir una mejor calidad de vida”, afirmó.
El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) denunció 589 protestas contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel en julio. La cifra representa un aumento del 42,3 % respecto al mes anterior, cuando se reportaron 414 manifestaciones.
El informe, al que tuvo acceso Infobae, precisó que personalidades de relieve —como el economista Pedro Monreal, el humorista Ulises Toirac y el escritor Leonardo Padura—, ciudadanos de diversos estratos sociales y perfiles profesionales, y grupos de vecinos irritados expresaron de diversas maneras su descontento con la crisis que embarga a la nación, “sin atisbos de que el gobierno vaya a salir de su fosilización ideológica para resolverla”, recalca el escrito.
A dos años de las masivas marchas del 11J, el mes pasado tuvieron lugar protestas colectivas, “como una proyectada marcha de madres hacia la Plaza de la Revolución con el fin de exigir leche para sus hijos, que fue impedida por la policía política; sentadas de vecinos de Centro Habana en medio de la transitada calle Belascoaín luego de varios días sin electricidad; un cacerolazo en medio de un apagón en el municipio 10 de Octubre; y una protesta de vecinos del batey del central Guatemala, en el municipio holguinero de Mayarí, por no contar desde hace meses con servicio de agua corriente”, describió el Observatorio Cubano de Conflictos.
Y siguió: “Los cubanos no enchufados a la élite de poder continuaron manifestándose durante el mes contra una inseguridad alimentaria de moderada a grave y una inadecuada atención a la salud caracterizada por negligencias médicas, falta de especialistas e insuficiente producción y adquisición de medicinas, insumos básicos y equipos. Igualmente motivaron protestas los deficientes servicios de electricidad, Internet, transporte, salubridad, cambio de moneda, funerarios y de trámites legales”.
El reporte señaló que en julio se hizo notorio el “crónico déficil nacional” de agua en zonas de La Habana como Alamar, Habana Vieja y Boyeros, con más de 200.000 personas afectadas; y en las localidades de Matanzas, Villa Clara, Las Tunas y Holguín.
Además, otro número creciente de reclamos tuvo que ver con la “ola de violencia social, delincuencia, desapariciones, feminicidios y asesinatos de personas para robarles”.
Evolución de las protestas en Cuba (Observatorio Cubano de Conflictos)
Cifras
— Las 589 protestas contabilizadas en julio de 2023 representan un incremento de 124 % con respecto a las registradas en el mismo mes del año pasado (263).
— Las expresiones contestatarias compiladas por el Observatorio Cubano de Conflictos en el séptimo mes de 2023 ocurrieron en las 15 provincias de la isla y el municipio especial Isla de la Juventud, al igual que en el mes de junio.
— El territorio más activo fue La Habana con 216 protestas, 44 más que en el mes anterior (172). La siguieron Holguín con 36, Guantánamo con 27 y Santiago de Cuba con 26.
Las provincias más activas (Observatorio Cubano de Conflictos)
— En julio, las protestas basadas en Derechos Civiles y Políticos o DCP (327, 55,8 %) superaron por más de 11 % a las relacionadas con Derechos Económicos y Sociales (DES) (262, 44,2 %). En junio, las protestas DES (229, 55,31 %) habían superado por casi 10 % a las DCP (188, 45,41%).
— Las 262 protestas relacionadas con DES fueron encabezadas por las 105 que generaron los conflictos sociales, entre ellos la creciente inseguridad ciudadana (74), y otros como el incremento de desamparados y limosneros (31). Les siguieron las motivadas por la crisis de los servicios públicos (68), la inseguridad alimentaria (41), el disfuncional sistema de salud pública (40) y los problemas de vivienda (10).
— Las expresiones de descontento por la reciente ola de violencia social, delincuencia, desapariciones y asesinatos (74) casi igualaron en julio el total de las relacionadas con los agudos problemas de la alimentación y la salud pública (81).
Las protestas divididas por derechos (Observatorio Cubano de Conflictos)
— Entre las 327 protestas vinculadas a DCP volvieron a predominar las 146 motivadas por la represión contra los más de mil presos políticos y sus familiares, influencers, opositores, periodistas independientes, activistas de derechos humanos y de la sociedad civil y ciudadanos comunes que expresaron su insatisfacción con el gobierno o el sistema. Sin embargo, por primera vez en un mes, en julio de 2023 el número de actos de desafío a la represión (134) se acercó notablemente al de las protestas por actos represivos.
— Entre las protestas vinculadas a DCP, 46 utilizaron medios gráficos de expresión, entre ellos videos, fotos o galerías de fotos, memes y grafiti.
El aumento de femicidios preocupa en Cuba (Observatorio Cubano de Conflictos)
Femicidios
El informe indica que, con el feminicidio verificado de Ruselay Castillo Matos en Cárdenas, Matanzas, el registro en lo que va de año se elevó a 54 casos.
“Sólo en julio, hasta el cierre de este informe, las plataformas observadoras de la violencia de género habían verificado siete crímenes machistas. Antes de Ruselay Castillo perdieron la vida durante el mes, a manos de sus parejas o ex parejas, Leidy Mariam Durruty García, en San José de las Lajas; y Rosmery Ponce Peña en Güines, ambas en la provincia de Mayabeque; Adela Verdecia, en Jovellanos, Matanzas; Deyanira Fontanill Pérez en Trinidad, Sancti Spiritus; Rafaela Yusmila Ramírez Chacón; en Baire, Granma; y Saray Molla en Chambas, Ciego de Ávila”, detalló el reporte.
Y continuó: “Si bien el tema de la violencia de género fue abordado tangencialmente en el mes durante una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, no se mencionó nada sobre el alarmante auge de la violencia social que fue tema de 74 protestas en julio”.
Datos sobre alimentos, inflación y agricultura
En la encuesta sobre seguridad alimentaria de CubaData, realizada entre abril y diciembre de 2022, el 70,8 % de los más de 16.000 cubanos entrevistados respondieron que ingerían menos alimentos que nunca antes, se saltaban comidas y había días en que apenas probaban bocado, mientras que el 28 % aseguró que se quedaba con hambre todos los días del mes por no tenían suficiente comida. En el 71,2 % de los hogares de esos cubanos, alguien se quejó de hambre al menos una vez al mes, y aproximadamente la misma cantidad de hogares (71,1 %) llegó a quedarse sin comida en algún momento por falta de dinero o porque no había donde comprarla.
El colaborador del Observatorio Cubano de Conflictos Roberto Alvarez Quiñones señaló que la producción agrícola y pecuaria ha descendido y hay menos divisas para importar alimentos. A esto hay que añadir la subida de los precios por una inflación que, en el rubro de los alimentos, alcanza según el economista Pedro Monreal un 66 % interanual, y tendrá una medida del empeoramiento de la inseguridad alimentaria.
Vladimir Regueiro, ministro de Finanzas y Precios, reconoció en la Asamblea Nacional el descontrol de la inflación. “Según él, el índice de precios creció 39 % al cierre de 2022, y 18 % en lo que va de 2023″, recogió el informe.
Una imagen que dice más que mil palabras: el drama del hambre en Cuba (Observatorio Cubano de Conflictos)
Salud
De acuerdo a una consulta de Cubadata citada por Diario de Cuba, más de la mitad de los cubanos (55,8 %) califica como “imposible” el acceso a medicamentos. La proporción sube a un 80,3 % si se agrega a los que los encuentran con “mucha dificultad”. Este conflicto se reflejó en las protestas y denuncias de julio pasado.
El Observatorio Cubano de Conflictos enumeró una serie de ejemplos:
— Sobeyda Galano, una madre desesperada, hizo un llamado urgente a través de las redes sociales para conseguir los medicamentos que necesita su hijo epiléptico, quien requirió una operación por una estenosis traqueal tras convulsionar después de casi un mes sin tratamiento.
— Por segunda vez un padre residente en Guanabacoa, La Habana, salió a las calles a pedir Fenobarbital para su hija descompensada, esta vez a gritos, según información compartida en redes por Anyi Melek García.
— El Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denunció en sus redes la persistente escasez de medicamentos para la hipertensión en Villa Clara. El Captopril distribuido no alcanzó para todos los pacientes. Un blíster de diez pastillas cuesta 300 pesos en el mercado informal.
— Lianis Romero está buscando por tercera vez bolsas de colostomía para su hijo de cuatro años. Las que le venden en la farmacia no le alcanzan y el menor ha contraído tres veces infección urinaria. Sin las bolsas específicas, los pacientes tienen que usar pañales o bolsas improvisadas, lo que puede provocar infecciones, irritaciones y otras complicaciones.
A la escasez de medicamentos en las farmacias, se suma en el sector de la salud pública la situación de los hospitales, donde además de la falta de medicamentos, insumos y equipos, están incrementándose las protestas por mala atención y negligencias:
— Judith Peña Pupo denunció en Facebook la mala atención que recibió su hija, con síntomas de dengue y un fuerte dolor de oído, en el pediátrico de Holguín “Octavio Concepción y de la Pedraja”. La niña incluso se había desmayado pero los médicos se negaron a hacerle un conteo de plaquetas y una la otorrinolaringóloga se negó a examinarle el oído.
— Una madre de dos hijos aquejada de seis hernias abdominales y con fuertes dolores carece de atención médica especializada en el municipio holguinero de Cacocum. Decenas de holguineros en redes sociales donaron dinero para facilitarle la vida, y ahora exigen a las autoridades de la provincia que le operen las hernias que afectan gravemente su calidad de vida.
— Desde el hospital Calixto García de La Habana, donde se encuentra ingresada por un cálculo en la vesícula biliar, Iyaomi Perdomo denunció en Facebook la mala atención del personal médico y la demora de más de una semana en la cirugía que necesita. “Me van a matar. No me atienden, no dan solución a mi problema, tienen que operarme y no me acaban de operar”, dijo Perdomo.
El informe también hizo una mención al “criminal secretismo sobre enfermedades contagiosas”.
Una familia cena durante un apagón en La Habana, Cuba (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo)
Servicios públicos
El Observatorio Cubano de Conflictos consignó que los cubanos continuaron protestando en julio por los deficientes servicios públicos, “particularmente por el crónico déficit en el abasto de agua que se hizo crítico en el período a lo largo de la isla, y por el regreso de largos apagones nocturnos durante uno de los veranos más calientes que se recuerden”. Algunos ejemplos:
— Unos 10 mil vecinos de Mataguá, municipio villaclareño de Manicaragua, se quejan de que el Comité Central del Partido Comunista y el Consejo de Estado han ignorado sus reclamos por la escasez de agua potable, la cual se ha visto empeorada por el aumento del precio de contratar un camión cisterna en el mercado negro.
— Más de 200.000 personas no tenían agua a principios de julio en La Habana, y de ellas 48.239 sufren interrupciones casi permanentes del servicio. En los edificios de la Villa Panamericana en La Habana del Este, quienes viven en pisos altos no reciben agua por las tuberías desde hace más de tres meses y deben acarrearla desde pipas (camiones cisterna) en las calles. Otros municipios afectados han sido Cerro, Plaza de la Revolución, 10 de Octubre, Centro Habana y Habana Vieja.
“¿Hasta cuándo? No tenemos agua ni para hacer un huevo hervido”, protestaron vecinos del barrio Miraflores Viejos, municipio Boyeros, durante una visita del primer secretario del Partido Comunista en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar.
“Auxilio, no tenemos agua”, suplicaba con un cartón colgado en el balcón de su apartamento una familia del batey Agüica en Colón, Matanzas. El influencer cubano Edmundo Dantes Jr., que colgó la imagen en Facebook, dijo que poco después aparecieron dos pipas (camiones cisterna) de agua para proveer al edificio.
Respecto a la electricidad —sostiene el informe— que, aunque el régimen procuró este año guardar suficiente combustible para las termoeléctricas en la temporada pico del verano, el estado ruinoso del sistema ha echado por tierra sus previsiones optimistas.
A principios de julio, la Unión Eléctrica tuvo que anunciar, después de semanas sin cortes, apagones nocturnos debido a las salidas de servicio de varias plantas, en medio de uno de los periodos más calurosos que recuerden los cubanos. “Hay algunos que siguen creyendo, mientras la mayoría tenemos tanta decepción que, sinceramente, ya no se espera nada bueno”, escribió al pie de la información Dayron Espinosa Benítez. “El cuento (interminable) de la buena pipa”, suscribió Eduardo Castro Zamora.
Un apagón nocturno se registró en el estadio Victoria de Girón de Matanzas durante un partido semifinal de la Serie Nacional entre los Leñadores de Las Tunas y los Cocodrilos de Matanzas, recordó el reporte.
Personas usan Internet en un punto de acceso en La Habana, Cuba (REUTERS/Stringer/Archivo)
Internet
El informe subrayó que “la manipulación política del servicio de Internet por parte del Gobierno se hizo ostensible en el segundo aniversario del 11J”.
“Cientos de residentes en Cuba reportaron fallos en la conexión a Internet por datos móviles en el segundo aniversario de las protestas del 11 de julio que estremecieron al país en 2021. Denuncias de internautas y de medios independientes indican que muchos no tuvieron acceso a llamadas por aplicaciones de redes sociales como WhatsApp y Facebook Mesenger, la señal era intermitente y en algunos lugares no había acceso alguno a Internet. Aunque no se reportó un corte generalizado, muchos usuarios adujeron estar sin servicio de datos móviles”, indicó el Observatorio.
“Aún en días regulares el acceso a la web a través de la telefonía móvil se ha convertido en un calvario para los clientes”, escribió en 14ymedioYoani Sánchez. Las velocidades de conexión son tan bajas como de 51 kilobits por segundo, pero el monopolio estatal ETECSA sigue lanzando ofertas de recarga con bonos de varios gigabytes que en gran parte son pagados por los familiares en el exterior.
Otros servicios públicos críticos que motivaron protestas contabilizadas por el OCC en julio fueron los de transporte, salubridad, gas natural, cambio de moneda, funerarios y de trámites legales.
Fotografía de archivo de manifestantes frente al Instituto de Radio y Televisión (ICRT) mientras son montados en un camión en una calle en La Habana el 11 de julio de 2021 (EFE/Ernesto Mastrascusa)
Represión
Las protestas relacionadas con la represión siguen encabezando mes tras mes por su número a todas las categorías que contempla el reporte. En cuanto a los presos políticos y familiares, la intención del régimen, según se desprende de las denuncias recibidas, es hacer lo más amarga e inestable posible la estancia de los primeros en las prisiones y la vida de sus seres queridos en la calle. Ejemplos:
— Cinco manifestantes presos del 11J en Cárdenas fueron trasladados de la prisión de Agüica en Matanzas a otras penitenciarías de la provincia sin motivo aparente. Marbelis Vázquez Hernández, esposa de Daniel Yoel Cárdenas, uno de los trasladados, dijo que su esposo tiene anemia, ya que la alimentación en Agüica se reducía a una sopa hecha con cáscaras de plátano.
— El activista residente en Canadá Albert Fonse denunció que en el penal de Quivicán, provincia Mayabeque, donde está recluido por el 11J su hermano Roberto Pérez Fonseca, los guardias se han complotado con presos comunes para que golpeen a los presos políticos si vuelven a protestar. En junio, Pérez Fonseca y los también presos de conciencia Abel Lázaro Machado Conde, Yasiel Martínez Carrasco y Alien Molina, vistieron camisetas blancas pintadas con lemas anticastristas y reclamaron asistencia médica y religiosa, libertad para los presos políticos y que termine la hambruna en las cárceles.
— El activista, opositor y manifestante del 11J Walfrido Rodríguez Piloto se encuentra en régimen de castigo en la cárcel de máximo rigor El Pitirre (también conocida como la 15-80). Rodríguez Piloto está en ropa interior en la celda de castigo pues se niega a vestir el uniforme de preso común y el 2do jefe del penal teniente coronel Osmany Ramírez Díaz le requisó toda la ropa blanca que tenía.
— Al coautor del tema musical Patria y Vida y preso político Maykel “Osorbo” Castillo le suspendieron en la prisión 5 y Medio de Pinar del Río otro pabellón conyugal y cancelaron sus visitas, advirtiéndole que estas medidas son solo el comienzo. Castillo esperaba ser trasladado a una celda de castigo después que sacara del penal una foto suya reciente donde hace un gesto de desprecio a sus carceleros.
Maykel Castillo «El Osorbo» se cosió la boca en prisión en medio de una huelga de hambre
— El preso político Maykel Puig Bergolla fue dejado intencionalmente en el patio del penal de Quivicán para que fuera atacado allí por presos comunes, denunció en Facebook su esposa Sayli Núñez Pérez.
— El 13 de julio, el preso político del 11J Duannis León Taboada fue llevado a un interrogatorio en el Combinado del Este donde confusamente le mostraron papeles que acusaban a su madre Jenni y a sus hermanas de algún delito común, y le insinuaron que su madre podía amanecer muerta. “Estoy bajo amenaza de muerte, de ir presa —denunció Jenni luego en una directa de Facebook—. Mi hijo me acaba de pedir, implorándome, que me vaya de Cuba porque el teme por mi vida”.
— Las autoridades judiciales cubanas negaron la libertad condicional a Yusmely Moreno González y su esposo Danger Acosta Jústiz, a pesar de haber extinguido dos tercios de su condena de tres años de cárcel y no tener antecedentes penales. Los padres de cuatro hijos menores fueron condenados por su participación en la protesta popular del 11 de julio de 2021 en Surgidero de Batabanó, provincia de Mayabeque.
— En el centro correccional La Caoba, de Palma Soriano, Santiago de Cuba, el pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo, y a otros dos presos políticos fueron amenazados con revocarles el régimen de menor rigor y regresarlos a una prisión de máxima seguridad de no presentarse en los actos de “reeducación”, en los que hay que corear consignas a favor del régimen.
— A la Dama de Blanco Annia Zamora y el opositor y ex preso político Armando Abascal, padres de la prisionera política Sissi Abascal Zamora, los detuvieron antes de llegar a la iglesia donde pensaban asistir a misa y los retuvieron por varias horas en Carlos Rojas, Matanzas. “Siempre somos amenazados de que podemos ir a prisión y de que a Sissi le puede suceder cualquier cosa”, denunció Zamora.
— La hermana de la Dama de Blanco y presa política Tania Echevarría, Dilayda Echevarría, dijo a Martínoticias que la encontró muy delgada la última vez que la visitó en la cárcel de mujeres La Bellotex, de Matanzas. Tania está aquejada de diabetes e hipertensión, dos enfermedades que no tenía antes de ser enviada a prisión por su participación en el 11J en Colón. Ella le dijo que la comida está pésima, que están comiendo solo arroz con viandas (tubérculos), y cargando agua a los pisos altos para poder bañarse.
— A raíz de que se divulgaran audios grabados por ella sobre su situación en la prisión de mujeres Kilo 5, en Camagüey, a la prisionera política Ienelis Delgado Cue le quitaron el derecho a llamar por teléfono, “que es la única forma que tenía de hablar con sus hijos”, denunció Leticia Cue, madre de la presa de conciencia conocida en las redes sociales como “Mambisa Agramontina”.
La frontera que separa a una herramienta de un arma muchas veces es sutil. Un ejemplo de ello son las normas y recomendaciones internacionales para combatir la legitimación de capitales, algunas de las cuales están siendo empleadas por ciertos gobiernos, como el venezolano, para atacar a las organizaciones de la sociedad civil.
A esta conclusión llega el informe ¿Qué es el GAFI y para qué sirve?, recientemente publicado por Acceso a la Justicia y en el cual se afirma que, en la mayoría de los países y jurisdicciones, las regulaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha dictado en los últimos años para atacar actividades ilícitas como la legitimación de capitales o el financiamiento del terrorismo y proteger a los sistemas financieros nacionales e internacional de tales actividades se emplean, con o sin intención, en contra de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), que pueden dedicarse a la defensa de los derechos humanos o ser organizaciones caritativas, humanitarias o sociales.
La mala utilización de las normativas dictadas por el GAFI «ha llevado a limitaciones a la libertad de asociación, en especial a la restricción e incluso anulación de las OSFL», advierte el reporte de 34 páginas de extensión.
Evidencia de lo anterior es que hasta junio de 2023, de los 147 miembros de la institución creada en 1989 por el llamado Grupo de los 7, el cual agrupa a las economías más desarrolladas del mundo, solo 41 % ha cumplido total o mayoritariamente lo previsto en la llamada recomendación 8 (R8), un dato que en el caso de América Latina se reduce a 30 %, de acuerdo con los datos reseñados en el informe.
Pero ¿qué estipula dicha recomendación?
«Los países deben revisar la idoneidad de las leyes y regulaciones relativas a las entidades sin fines de lucro que el país ha identificado como vulnerables para el financiamiento del terrorismo. Los países deben establecer medidas focalizadas y proporcionales, en línea con el enfoque basado en riesgo, respecto de tales organizaciones sin fines de lucro para protegerlas del abuso para el financiamiento del terrorismo, incluyendo:
(a) por organizaciones terroristas que se presenten como entidades legítimas;
(b) para explotar entidades legítimas como conductos para el financiamiento del terrorismo, incluyendo el propósito de escapar a medidas de congelamiento de activos; y (c) para esconder u ocultar el desvío clandestino de fondos, destinados a propósitos legítimos, a las organizaciones terroristas» (énfasis propio).
Interpretación al gusto
Pese a que el GAFI ha emitido otros documentos, llamados notas interpretativas, en los cuales da guías sobre cómo aplicar sus instrucciones en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, muchos gobiernos parecen ignorarlas, tal y como se desprende de su grado de cumplimiento. Venezuela está, junto a Honduras y Bolivia, entre quienes obvia totalmente las directrices a seguir.
En la investigación se recuerda que el GAFI ha declarado que no todas las OSFL deberían ser sometidas a medidas de control, porque muchas no están en riesgo de ser usadas como fachadas por organizaciones criminales, algo que la evidencia corrobora.
Para que una ONG pueda ser utilizada para actividades de delincuencia organizada como el lavado de dinero, por ejemplo, se necesita un esquema en el que:
«una organización delictiva transfiera a una OSFL fondos producto de los ilícitos que comete, y esta a su vez los pase a falsos beneficiarios, que en realidad serían testaferros de la organización donante, para que estos luego los canalicen a actividades lícitas».
Sin embargo, ejemplos como el mencionado son extremadamente inusuales, así lo han determinado una serie de investigaciones, algunas de las cuales se citan en el informe. Uno de esos estudios, fechado en 2008 y encargado por la Comisión Europea, arrojó que había un «abuso limitado de las fundaciones» para actividades delictivas. A una conclusión similar llegó la Comisión de Organizaciones Benéficas del Reino Unido, que en otra averiguación indicó que «los casos reales de abuso han sido muy raros». Por último, un informe de 2010 del Departamento del Tesoro de Estados Unidos concluyó que la gran mayoría de las 1,8 millones de organizaciones benéficas de ese país «se enfrentan a un riesgo escaso o nulo de financiación del terrorismo».
Ante estas evidencias, no es de extrañar que el GAFI haya instruido a las autoridades de cada país a no generalizar a la hora de controlar a las OSFL, que eviten los señalamientos estigmatizantes y que tomen en cuenta factores como el origen de los fondos, es decir, si provienen de otros Estados u organizaciones no gubernamentales reconocidas o si su origen es desconocido, así como las labores que desarrollan las agrupaciones.
La instancia también ha señalado expresamente que las ONG «juegan un papel vital en la economía mundial y en muchas economías y sistemas sociales nacionales», pues sus acciones complementan al sector público y al empresarial «en la prestación de servicios esenciales». Por ello, ha instado a los Estados a reconocer esto y evitar que sus voceros hagan discursos estigmatizantes o acusaciones infundadas que pueden desalentar la labor de estas agrupaciones.
A contracorriente
Las recomendaciones del GAFI sobre cómo monitorear las actividades de las agrupaciones de la sociedad civil en el sistema financiero son ignoradas en países como Venezuela, donde desde hace años las autoridades lanzan campañas sistemáticas contra activistas y organizaciones civiles, a los que se acusa de «desestabilizar» y de «traición a la patria».
A lo anterior se añade una regulación especial aplicable a las ONG constituidas o registradas fuera del país, que pretendan realizar actividades no lucrativas en el país, establecida en la resolución conjunta de los ministerios de Interiores, Justicia y Paz y de Relaciones Exteriores, publicada en la Gaceta Oficial n.° 41.994 del 27 de octubre de 2021, de acuerdo con la cual para laborar en el país deben obtener «la correspondiente certificación de inscripción en el Registro Especial Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales No Domiciliadas [Regong]» (artículo 3), que tendrá una vigencia de un año, por lo que deberá ser renovada anualmente (artículo 8).
Lo peor es que ya ha habido casos de detención de miembros de organizaciones por estos motivos, como ocurrió con Azul Positivo, una ONG que trabaja con poblaciones necesitadas del estado Zulia y cuyos miembros fueron injustamente detenidos y acusados de legitimación de capitales en un juicio lleno de vicios que finalmente fue sobreseído.
El caso contra FundaRedes también se relaciona con el uso de la legislación antiterrorista y contra la delincuencia organizada como denunció la anterior alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su informe publicado en junio de 2022. El presidente de esta ONG, el defensor de derechos humanos Javier Tarazona, está preso desde hace más de dos años sin justificación alguna.
Los instrumentos antes mencionados buscan imponer a las ONG requisitos adicionales a los ya existentes para poder operar, exigencias que parecen estar destinadas a dificultar o impedir su funcionamiento, lo que va en contra del derecho fundamental a la libre asociación.
La gravedad de la situación contra las OSFL es tal que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se refirió al asunto en su último informe sobre el país que presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el cual afirmó:
«En abril de 2023, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) declaró que Venezuela no cumplía las normas internacionales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación, ya que no aplicaba medidas de supervisión proporcionadas y basadas en el riesgo a las organizaciones sin ánimo de lucro».
El reporte publicado por Acceso a la Justicia acerca del GAFI deja en claro que las 40 recomendaciones de la organización tienen unos fines concretos, así como una metodología de implementación en la que no pueden permitirse arbitrariedades por parte de los Estados y jurisdicciones miembros de esa instancia. Por el contrario, se les imponen obligaciones que deben cumplir dentro de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
El abuso o uso incorrecto que algunas autoridades, incluidas las venezolanas, les han dado a estas recomendaciones, que persiguen combatir la delincuencia organizada y proteger a los sistemas financieros, representa una doble amenaza. Por un lado, contra las organizaciones de la sociedad civil y quienes forman parte de ellas, al ser víctimas de señalamientos estigmatizantes y al no garantizarles el debido proceso. Por el otro, para quienes se benefician de la labor de dichas agrupaciones, porque algunas de las medidas parecen estar dirigidas a desalentar e interrumpir sus actividades.
Lo más increíble de las recomendaciones del GAFI respecto de las organizaciones de la sociedad civil es que se dictaron para protegerlas, pero se usan para perseguirlas, y quienes salen perdiendo con ello, como siempre, son los más vulnerables y los que más necesitan de asistencia.
El coordinador del equipo internacional de María Corina Machado, Antonio Ledezma, advirtió que el presidente Nicolás Maduro ha desatado una conspiración diabólica anti primarias.
Nota de prensa
Ledezma, exiliado en España, hizo un llamado a la oposición a sobreponerse a las conspiraciones que buscan impedir las elecciones del 22 de octubre.
“La elección primaria significa un proceso de desobediencia civil de donde saldrá el candidato presidencial de la oposición que enfrentará al régimen en 2024”, dijo.
“El régimen está aterrado frente al reclamo del pueblo venezolano; no respeta el estado de derecho, y ha desatado una conspiración diabólica anti-primarias”.
Ledezma, coordinador del Consejo Político Internacional del comando de campaña de María Corina Machado, dijo que desde los bastidores del gobierno hay factores que se presentan como falsos voceros de la oposición.
“Esos falsos opositores son parte del régimen que pretende implosionar la ruta cívica de las primarias, que ha tomado como suya el pueblo venezolano”, dijo.
Ledezma celebró el nombramiento de la juez jubilada Mildred Camero en la vicepresidencia de la Comisión Nacional Electoral de Primarias en sustitución de María Carolina Uzcátegui, quien renunció al cargo.
El dirigente político respaldó las declaraciones del presidente de las Primarias, Jesús María Casal, quien considera que se debe despejar el camino electoral de resultar ganador algunos de los candidatos inhabilitados por el gobierno.
Casal hacía referencia a los casos de Henrique Capriles, Freddy Superlano y María Corina Machado considerados por Maduro un peligro para su permanencia en el poder.
Hemos sostenido que la Primaria es un paso trascendental en dirección a recuperar la institucionalidad de Venezuela. Originalmente concebida como un evento de un sector de la población, los alcances de la Primaria se extienden hoy a toda la sociedad civil:
Por la motivación que ella ha venido provocando, que ha conseguido que muchos ciudadanos salgan de la pasividad política y una honda desesperanza, devolviéndoles un legítimo empoderamiento para la lucha cívica contra la tiranía.
Por la oportunidad que crea para renovar las estructuras políticas que se oponen al régimen, y para dotarlas de la legitimidad que otorgan la bases populares, con las cuales estamos en mora desde hace muchos años.
Por constituir una herramienta democrática e inclusiva para seleccionar al líder que deberá encabezar la campaña para derrotar electoralmente a los autócratas que pretenden eternizarse en el poder de la nación.
A pesar de la valiosa contribución que ofrece la Primaria al rescate del poder del voto como instrumento de cambio, su éxito está amenazado por diversas fuerzas.
Algunas coacciones provienen del régimen, que ha intimidado con acciones judiciales a la Comisión Nacional de Primaria (CNP) y ha inhabilitado ilegalmente a varios candidatos, lo cual debemos desconocer. Pero otras amenazas, tanto o más preocupantes, provienen de juegos de poder internos de la oposición, que buscan minar el esfuerzo de la CNP. Ejemplos dramáticos de estas conductas son las renuncias de la vicepresidenta y de un miembro suplente de la CNP y las opiniones vertidas por varios representantes opositores, que proclaman inviable a la Primaria a través de lógicas de profecía autocumplida, las cuales se basan en algunas carencias del proceso que caen dentro de lo previsible.
Ante amenazas como éstas, reiteramos nuestro llamado de alerta a la opinión pública; insistimos en nuestra convocatoria a la sociedad civil para que participe en la organización del proceso; y exhortamos a la ciudadanía a hacer suya la Primaria, que es un primer paso para derrotar al régimen y recuperar la democracia.
Al mismo tiempo instamos a los actores centrales del proceso a actuar en los roles que les corresponden con la mayor efectividad y visión estratégica:
• De la Comisión Nacional de Primaria, esperamos más eficiencia y flexibilidad en la organización del proceso, poniendo énfasis, entre otros detalles fundamentales para su éxito, en el anuncio oportuno del registro electoral que se empleará; la selección de un número suficiente de locales para instalar las mesas de votación y hacer que tengan el mayor efecto posible de inclusión; la designación del padrón electoral que permitirá vigilar la transparencia del proceso; y ofrecer la más amplia, concreta y continuada información que oriente y motive la mayor participación de los electores en el territorio nacional y en el exterior.
La CNP, según ha dicho su presidente, nunca se ha planteado que esté en peligro la fecha de realización de la Primaria. No obstante, insistimos en que la Comisión, en ejercicio de su autonomía, debería efectuar los ajustes necesarios en el cronograma si con ello se obtiene una mayor participación de la ciudadanía.
• De muchos dirigentes de los partidos políticos, los cuales habrían de jugar un papel crucial en la organización e instrumentación del proceso de Primaria, observamos con preocupación una gran apatía, y señalamos que no están cumpliendo con el rol fundamental de orientar y guiar al electorado para que exprese libremente sus preferencias.
• De los ciudadanos en general, esperamos que expresen su voluntad de cambio, como hemos dicho, haciendo suyo el proceso. Las precariedades de toda índole por las cuales atraviesa nuestra gente son una razón adicional para hacer de la Primaria un paso en dirección a implantar un nuevo modelo de desarrollo humano sostenible, que nos aleje de la cultura rentista y que haga viable el progreso de todos en libertad.
• A los candidatos inscritos en la Primaria, los llamamos a dar un claro ejemplo de liderazgo democrático, avanzando firmemente en sus campañas, exponiendo a la ciudadanía su oferta electoral, el modelo de gobierno que proponen y las estrategias que proyectan para la recuperación del país y su relanzamiento al futuro.
Insistimos: la Primaria es un acto esencial de ejercicio de la soberanía popular, y es necesario defenderla a toda costa. No hay otro camino. Cualquier intento por llegar a un consenso precario e ignominioso, violentando la ruta de consulta popular, sería tanto un engaño a la gente, como un error monumental que alimentará la decepción.
Caracas agosto del 2023.
Suscribimos este documento:
Carmen Teresa Albanes
Laszlo Beke
Claudio Bifano
Carlos Bivero
Alexander Campos
Santiago Clavijo
Werner Corrales Leal
Héctor Faúndez Ledezma
Arnoldo J Gabaldón
Carmen García Guadilla
Douglas Jatem
Francisco Layrisse R.
Sary Levy Carciente
Angel Lombardi
Néstor López Rodríguez
José Mendoza Angulo
Vladimiro Mujica
Miguel Nucete
Norman Pino De Lion
Juan Pablo Olalquiaga
Alberto Ray
Eduardo Roche Lander
Víctor Rodríguez Cedeño
Asdrúbal Romero
Benjamín Scharifker
Orlando Viera Blanco
Panamá implementará un nuevo sistema de información para la captura de notas, asistencia y apreciación de los estudiantes que cursan estudios en colegios oficiales del país.
Este proyecto se da gracias a una alianza estratégica entre el Ministerio de Educación (Meduca) y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) quienes aplicarán el proyecto denominado ‘Libreta Digital’,
El acuerdo fue firmado por la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, y el director de la AIG, Luis Ricardo Oliva, con miras a fortalecer y acelerar el proceso tecnológico que solamente toma y recoge calificaciones, además, reúne indicadores vinculados al proceso educativo.
Por su parte el director de informática educativa, Carlos Martínez, dijo que actualmente se realiza un pilotaje en 50 centros educativos del país, en los que 2,800 docentes participaron en la capacitación. Debido a los resultados obtenidos, y al interés de los educadores y como política de Estado, el próximo año lectivo 2024 se integrarán al nuevo sistema de calificaciones en todas las escuelas del país.
El proyecto interinstitucional entre la AIG y el Meduca, se orienta en el diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Información que debe tener la capacidad para atender a más de 3,000 planteles escolares oficiales, con matrícula de 850,000 alumnos y 48,200 docentes, aproximadamente, en todo el país.
La recaudación fiscal que no está en su mejor momento y el aumento en las tasas de interés anunciado por la Reserva Federal de los Estados Unidos, le ponen mucha más presión a la economía nacional, expresó a La Verdad Panamá, el economista y profesor, Juan Jované.
“Al gobierno le va muy mal con la recaudación fiscal, según datos hasta junio que son bastante cercanos”. Señala Jované que lo que el gobierno ha recaudado es 12% por debajo de lo que tenían presupuestado, pero lo peor es de que han recaudado 103 millones menos que el año pasado.
En función de los ingresos tributarios hay una señal, o hay más o hay menos actividad económica; o simplemente tenemos más evasión en el caso del Impuesto sobre la Renta de las personas jurídicas que son las empresas, dijo el también exdirector de la Caja de Seguro Social. Si esto se compara con el año anterior, se registra un 14.9% menos que en el 2022.
Otro de los elementos que puede marcar el rumbo de la economía es el ITBMS que está 23% por debajo de lo programado por el gobierno y, de hecho, 7.1% menos que el año anterior, indicó el profesor.
Ante este panorama, ve poco difícil el vaticinio del Fondo Monetario Internacional de un crecimiento de la economía panameña en un cinco %. A esto le añade la sequía en el Canal de Panamá que obligó a la administración a reducir el número de barcos que transita día a día. Si esto se compara con lo presupuestado, estaría 9.7% por debajo en lo que respecta a los ingresos que recibe el Estado por los peajes y servicios prestados por el área del canal. “Realmente estamos estancados porque el crecimiento negativo es de 0.4%”.
El otro problema que enfrenta la actual administración queda claro con la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de una nueva alza de interés, la número 11 en los últimos 17 meses que ya subió en 0.5. Cuando sube la tasa de interés en los Estados Unidos el impacto se siente en Panamá y de hecho, ya lo estamos sintiendo. Cuando sube la tasa de interés, menos gente toma crédito, hay menos actividad económica pero el que toma crédito entonces tiene un costo mayor y lo que hace es trasladar el aumento, dijo el economista, agregando que el gobierno por estar en su “patín electorero”, ni siquiera da respuestas a todos estos puntos.
Manifestó Juan Jované que existe mucha presión por parte de los organismos financieros internacionales, por lo que van a terminar recortando, entre otros rubros, algunos subsidios, “pero esto ya presagia una contención del gasto”.
Indicó que la contención del gasto puede balancear las finanzas públicas pero, desde el punto de vista macroeconómico, si el Estado gasta menos, la gente pierde una parte de su demanda efectiva y eso tiene un efecto multiplicador negativo y en un año electoral el gobierno va a intentar no bajar su gasto.
Dos nuevas especies de árboles han sido descritas para Panamá por el investigador de la Universidad de Panamá, Juvenal Batista, quien contó con la colaboración del doctor Scott Mori (q.e.p.d).
Se trata de los árboles del género Eschweilera, los cuales son endémicos para el país y pertenecen a la familia de plantas Lecythidaceae.
Las especies, que miden más de 30 metros, tienen por nombre Eschweilera foetulenta y Eschweilera magnifica.
El descubrimiento se hizo en las selvas tropicales de la vertiente Caribe del centro y oeste de Panamá.
El Eschweilera foetulenta debe su nombre al olor fétido de sus flores, que contrasta con otras especies similares.
Batista dijo a Panamá América que solo conoce personalmente a un individuo de E. foetulenta, el cual fue localizado en Sierra Llorona, Provincia de Colón. Las colectas hechas décadas atrás por otros investigadores también se realizaron en esta región.
Teniendo en cuenta que el hábitat de esta especie se encuentra altamente amenazado, y dada su distribución geográfica restringida, el biológo recomienda considerarlo como en peligro crítico.
«Ni siquiera sé si ese árbol se mantiene en pie, o ya lo han talado porque la zona no está protegida y hay desarrollo de actividades cerca», agregó el investigador.
Por su parte, el E. magnifica se distribuye en el distrito de Donoso y la región de Guazarito, Valle de los ríos Chilagre y Santa María en el Parque Nacional Santa Fe, provincia de Veraguas.
Aunque levemente tiene una mejor conservación, Batista advierte que la actividad minera que hay en las proximidades también lo podría poner en peligro.
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