Las campanas de las iglesias se han silenciado mientras los llamados de muecín a la oración islámica se transmiten por todo el país. Las cuatro campanas de la iglesia de Saint-Corneille-et-Saint-Cyprien en La Baconnière (Mayenne) ya no sonarán.

T y N

Fueron desmantelados este lunes 31 de julio, justo antes de la deconstrucción del campanario, frente a un centenar de personas desoladas. El resto del edificio, levantado en 1864, también será desmantelado.

Ya cerrada al público desde 2014 por motivos de seguridad, la iglesia sufrió graves daños por el temporal «Miguel» en junio de 2019, que provocó la caída de su techo.

La iglesia debilitada habría requerido un trabajo a gran escala. Para mantener su campanario, el coste de las obras de renovación ascendió a 1,4 millones de euros y alcanzó los 6 millones de euros para una renovación completa de la iglesia, según Ouest France. Como el municipio carecía de recursos, el ayuntamiento decidió en enero de 2023: el edificio no se renovaría, sino que se destruiría.

Esta decisión no dejó indiferentes a los habitantes del municipio de Mayenne. El pasado mes de enero, una petición publicada en change.org contra la destrucción de iglesias, titulada «Salvar el patrimonio: contra la destrucción de monumentos notables como las iglesias», recogió casi 25.000 firmas. También se había lanzado una convocatoria a la manifestación por parte de un grupo llamado «Mayenne defiende su patrimonio».

La islamización de Francia

Hakim El Karoui, asesor de Macron sobre el Islam, afirma que el Islam es la «religión» más practicada en Francia, 2,5 a 3 millones de musulmanes frente a 1,65 millones de católicos: el islam es la segunda religión más grande de Francia, pero ocupa el primer lugar si se cuentan los practicantes activos.

Hay más de 2400 mezquitas, en comparación con 1500 en 2003.

Solo se construyeron 20 iglesias nuevas en la última década; sin embargo, se erige 1 mezquita cada 15 días

Los países musulmanes están financiando generosamente las mezquitas de Francia. La financiación extranjera cubre una media del 50% de los costes totales.

El hecho ocurrió días después de que el líder comunista supremacista negro Julius Malema cantara junto a 100.000 de sus militantes una canción titulada “Kill the Boers” (“Matar a los Granjeros Blancos”).

QPaso

En las últimas décadas, Sudáfrica se ha convertido en el foco de un brutal y consistente genocidio blanco, que comenzó tan pronto como la asunción de Nelson Mandela en 1994, pero se exacerbó en los años posteriores con la asunción del presidente Jacob Zuma en 2009.

Desde el fin del Apartheid hasta la fecha, la cifra de blancos asesinados por motivaciones raciales varía entre 35.000 y 70.000, según diferentes estimaciones, y además han habido 3.000 familias de granjeros blancos, apodados “boers”, que, tras ser asesinados, sus campos fueron tomados por los agresores.

Si bien el nuevo presidente Cyril Ramaphosa había hecho una vaga promesa de revertir la situación, sus constantes choques con Zuma, que ahora dirige la oposición dentro del masivo African National Congress (ANC), han impedido cualquier reforma, y en Sudáfrica parece haber “vía libre” para que delincuentes negros asesinen a blancos.

Este genocidio tiene un nombre particular en Sudáfrica, el “Plaasmoord“, que traduce literalmente a “matanza de granjeros“, aunque en los últimos años, se ha estado hablando de “Plaasvolksmoord“, que eleva la apuesta a “genocidio de granjeros“. Desde el gobierno solo se han limitado a hablar de “Plaasaanvalle“, que traduce simplemente a “ataques a granjeros“.

Esta semana, el Plaasmoord se cobró una nueva víctima. En Balfour, Sudáfrica, un granjero blanco, Theo Bekker, de 79 años, ha sido brutalmente torturado y asesinado, mientras que su esposa, Marlinda, también fue agredida y obligada a ver cómo mataban a su marido. Se encuentra en estado crítico y se debate entre la vida y la muerte.

Según reportes policiales el ataque tuvo motivaciones raciales y fue perpetrado por cuatro bantúes, personas de origen africano que hablan el idioma bantú, quienes los atacaron en su propiedad, golpeándolos con barras de hierro antes de degollar a Theo.

La noticia sería un número más en un largo genocidio, sin embargo, el asesinato tuvo un mayor impacto a nivel internacional, dado que el ataque se produce un día después de que se viralizara un video del líder comunista supremacista negro Julius Malema llamara al genocidio de los blancos coreando una macabra canción titulada, expresivamente, “Kill the Boers” (“Maten a los Granjeros Blancos”).

Los cánticos se produjeron en un estadio en medio de la celebración del aniversario del partido Luchadores por la Liberación Económica (EFF), en un masivo evento que tuvo lugar esta semana repleto de miembros vestidos de rojo comunista. Malema tomó el micrófono y enardeció a la multitud con un cántico cargado de racismo: “¡Maten a los bóers! ¡Maten a los granjeros!“.

“Boer” es una palabra que en en el idioma africano (afrikaner) significa “granjero”, pero que especificamente ha sido utilizada para describir a los granjeros blancos descendientes de los colonos holandeses que colonizaron el sur de África a partir del siglo XVII.

El EFF, también conocido como el “Partido Comunista Negro” en Sudáfrica, es un movimiento marxista de extrema izquierda con millones de miembros y la tercera fuerza más votada en las últimas elecciones, y entre sus propuestas está la erradicación de todos los sudafricanos blancos, ante la absoluta indiferencia de los medios occidentales.

Se sospecha que los miembros de EFF propician este tipo de ataques contra granjas propiedad de blancos; crímenes horribles que los medios de comunicación han negado sistemáticamente que sean un problema. En algunos casos, los autores son absueltos por los tribunales a pesar de las abundantes pruebas de su culpabilidad.

🇿🇦 | Durante un masivo evento del partido de extrema izquierda EFF en el FNB Stadium de Sudáfrica, el diputado Julius Malema y 100.000 de sus militantes comunistas gritaron «Kill the Boer», que se traduce como «Matá al Granjero Blanco».pic.twitter.com/lrRC7DVF1j

El Tribunal Supremo de Sudáfrica, que tiene un solo blanco entre 11 miembros, declaró en 2002, que pedir a gritos que se “mate a los bóers” en eventos públicos no constituía una incitación a la violencia y estaba protegido dentro de la libertad de expresión.

En Sudáfrica, la población blanca o afrikaner representa hoy el 9% de la población, porcentaje que se ha visto reducido tras las matanzas y exilios masivos. De todo el mundo, los bóers son el grupo humano con mayor riesgo de morir asesinados, con una tasa anual de 310 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Desde 1994 al 2021, unos 850.000 bóers se han visto obligados a emigrar, sobre todo a Reino Unido y Australia, muchas veces dejando sus posesiones abandonadas en Sudáfrica. Esto le ocurrió a quien hoy es la persona más rica del mundo, Elon Musk, hijo de bóers que tuvieron que abandonar el país a fines de los años 90s.

La calentología es una religión con ropajes científicos. Como esas sectas milenaristas, sus chamanes nos anuncian el fin del mundo cada cierto tiempo y, una vez cumplido el plazo sin que nada haya ocurrido, vuelven a poner el reloj a cero. Sus acólitos, impertérritos, les creen, aunque ninguna de sus promesas se haya hecho realidad. Otra de las ventajas de su condición irracional es que los chamanes, trabajen en la ONU o las universidades, pueden contradecirse sin que eso les afecte en sus carreras o su prestigio.

La Gaceta de la Iberosfera

El verano pasado se registraron en España muchos más incendios forestales (se quemaron 310.000 hectáreas por unas 70.000 hectáreas en los seis primeros meses de este año) y, encima, hizo más calor, debido en parte a la erupción del volcán Hunga Tonga Hunga-Ha’apai. Pero la corta memoria de los hombres parece haberlo olvidado, con la colaboración de unos medios de comunicación volcados en el alarmismo y el presentismo.

Los incendios, en su mayoría causados por la acción humana, sea debido al dolo o a la torpeza, se están concentrando en Italia, Grecia y Argelia. La península ibérica está quedando por ahora a salvo de ellos. Los peores se sufrieron en marzo y abril en regiones como Asturias y Extremadura. Y aunque estemos tranquilos, la tribu de los expertos sigue haciendo propuestas para reducir los incendios, alguna de ellas sorprendente.

En los periódicos tanto de papel como digitales han aparecido nuevas secciones como cambio climático y feminismo que quitan espacio a otras clásicas como internacional y economía, más complicadas y más caras. En éstas no abundan los dramas ni las noticias inspiradoras, neologismo importado de la lengua inglesa. En las clásicas también escasean los patrocinios, que en las nuevas son posibles. Por ejemplo, El País ofrece una sección de vacunas y filantropía patrocinada por la Fundación Bill y Melinda Gates, esos multimillonarios admiradores de China.

El digital El Confidencial cuenta con redactores especializados en medio ambiente desde hace años. Su último reportaje es el siguiente: ·¿Por qué cada verano los incendios son más peligrosos? En España sobran árboles«. Y añade: «Muchos expertos empiezan a señalar que cortar árboles es una de las medidas más efectivas a la hora de frenar los incendios». Otras frases del reportaje son éstas: «En el caso de España, tenemos un 70% más de bosques que en 1978. Y, aunque suene extraño, es un riesgo para nosotros«.

Ya se sabía desde hace varios años que España es cada vez más verde gracias a las mediciones de los satélites de la NASA y a informes como uno presentado en el Congreso de los Diputados en 2016 según el cual el 54% de la superficie de España está cubierta de bosques. La masa boscosa aumenta unas 180.000 hectáreas anualmente. La novedad es que la expertocracia que nos aterroriza con el cambio climático proponga talar árboles para combatir los incendios en vez de limpiar de maleza los montes durante el invierno y la primavera. Quizás sea porque las vacas y las ovejas que pastan no cobran a los ayuntamientos o porque las normas agrícolas vigentes ponen todo tipo de trabas a la acción humana.

Lo curioso es que El Confidencial informe en 2023 de que en España «sobran árbolesQ cuando en los años anteriores sus periodistas ambientales gritaban de pánico por el avance imparable del desierto en nuestro país.

-«La desertificación se come España. Este proceso, potenciado por el calentamiento global, ya está poniendo en jaque muchos entornos naturales de nuestro país». (27-5-2022)

–«El desierto avanza sin control en tres cuartas partes de España«. (17-6-2021)

-«El 20% de España ya es un desierto. La desertificación es una de las consecuencias más visibles del cambio climático». (19-5-2016)

¿Cómo puede ser posible que en un artículo en el que se citan fuentes tan sesgadas como la ONU, el World Wildlife Fund y el Ministerio para la Transición Ecológica se afirme que en España «el desierto avanza sin control» y al año siguiente se publique otro artículo en el que se sostiene que «sobran árboles» en tal cantidad que se propone su tala? Porque donde hay árboles no hay desierto, a no ser que también aquí la nueva ciencia haya cambiado los baremos y las definiciones.

¿Ha decidido el IPCC convertir al árbol en el nuevo enemigo de la Tierra después del motor de combustión y el ganado? Hasta hace poco se nos insistía en la necesidad de plantar millones de árboles para convertirlos en sumideros de carbono. Esta ventaja parece haber desaparecido de pronto. Ser adicto de la calentología supone estar tan pendiente de las nuevas consignas como los comunistas del Pravda soviético para saber a quién considerar enemigo del proletariado.

Uno al lado del otro, Nicolás Petro y Daysuris Vásquez escucharon este martes las acusaciones de la Fiscalía por los actos ilícitos que los involucran.

El País

El hijo mayor del presidente Gustavo Petro ha sido imputado con los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, mientras que su expareja ha sido incriminada por este segundo delito y el de violación de datos personales. Ninguno de los dos ha aceptado los cargos.

No obstante, la Fiscalía resaltó varias veces a lo largo de la diligencia que Vásquez mantendrá su colaboración con la justicia: sus aportes son los que han posibilitado que se formulara la imputación y se ordenara la detención de ambos el pasado sábado. Nicolás Petro, por su parte, dio un giro inesperado tras el receso del almuerzo y anunció que denunciará otros hechos de corrupción.

El escándalo comenzó en marzo, cuando Vásquez denunció a Petro hijo en la revista Semana. “Recibió dineros de personas que han tenido un pasado un poco oscuro”, declaró en referencia a personajes como el exnarco Samuel Santander Lopesierra y el contratista Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca, investigado por nexos con el paramilitarismo. Los implicados le aportaron sumas que pensaron que irían a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Pero, según Vásquez y la Fiscalía, todo fue a los bolsillos de Nicolás y a sus exorbitantes lujos. “Todo ha sido a espaldas del papá”, aseguró la cuñada del presidente.

El fiscal Mario Andrés Burgos dedicó gran parte de su declaración de este martes a señalar que Petro hijo no podía justificar gastos de hasta 1.600 millones de pesos (alrededor de 400.000 dólares) en 2022. Los únicos ingresos registrados son los de su sueldo como diputado en la Asamblea Departamental del Atlántico, que le aportó 220 millones en todo el año (unos 56.000 dólares). No ha declarado préstamos, viáticos o actividades financieras que expliquen la diferencia. “Para justificar los gastos que usted realizaba tenía que ganarse 200 millones de pesos por mes. Creo que todos nos haríamos elegir como diputado. ¿200 millones de pesos mensuales? ¡Por favor!”, remarcó Burgos.

Los gastos mencionados incluyen la compra de dos casas, de un Mercedes Benz y de productos de lujo en tiendas como Salvatore Ferragamo y Carolina Herrera. “No queda duda de que usted está inmerso en una conducta de enriquecimiento ilícito de servidor público. Se estaba comportando como de clase media arribista [aspiracional]”, acusó el fiscal. Según él, las pruebas son tan contundentes que hablar en condicional es una mera formalidad: “Inclusive podríamos no hablar de una inferencia o probabilidad. Pero vamos en ‘inferencia’, [que es] lo que se obliga en estas etapas preliminares”.

Las emociones de Burgos fueron palpables a lo largo de la audiencia. “¡Por dios, señor Nicolás!”, llegó a exclamar mientras enumeraba los gastos del diputado en 2022. Para el fiscal, fue importante enfatizar en que la conducta fue especialmente grave porque el hijo del presidente es servidor público: “Lo que hizo fue defraudar a esos miles de personas que votaron por usted, señor Nicolás”. El acusado lo miraba impasible, salvo por algún comentario que intercambió con Vásquez. La única interrupción ocurrió cuando pidió que se repitieran algunas cifras que el fiscal reportaba.

El segundo cargo imputado, el de lavado de dinero, los tiene a ambos en calidad de coautores. Según Burgos, la entonces pareja buscó ocultar y encubrir el origen ilegal del dinero con el que compraron los bienes investigados. Pusieron una casa y un carro a nombre de un tío de ella, Cesar Emilio Vásquez. “No era bien visto que el hijo del presidente figurara en un negocio de esa magnitud”, dijo el fiscal en referencia a la compra, en dos pagos, de una mansión de 1.650 millones de pesos (unos 420.000 dólares). El dinero, de acuerdo con la Fiscalía, se movía en efectivo: en bolsos, morrales y maletas.

Durante los últimos años Transparencia Venezuela ha hecho seguimiento al flujo de las economías ilícitas que operan en el país, sus vínculos con factores de poder, las redes nacionales e internacionales que se han tejido en torno a estas actividades, al igual que su impacto en la sociedad y los derechos humanos de los ciudadanos. Los resultados quedaron plasmados en dos entregas del estudio Economías Ilícitas, al amparo de la corrupción, que han sido referencia a la hora de comprender la magnitud de estas redes, así como su alcance e influencia en distintos ámbitos.

Transparencia Venezuela

Ahora la organización presenta Economías Ilícitas, bajo el manto de la impunidad, tercera edición de la investigación que profundiza en la caracterización de las redes y mercados criminales existentes en Venezuela y de los agentes que participan. El estudio incluye un análisis de la institucionalidad nacional como escenario que favorece la evolución de organizaciones a redes criminales complejas. En este sentido, se muestra cómo el incremento de la actividad ilegal se ha nutrido y, a la vez, ha propiciado distintos niveles de corrupción.

En los trabajos anteriores se puso el foco en actividades como el narcotráfico, el contrabando de combustible, el tráfico ilegal de oro, el contrabando de chatarra, y la corrupción en puertos y aeropuertos. En esta oportunidad, se añaden al cuadro de economías ilícitas la trata de personas y el tráfico ilegal de rodio y coltán.

La investigación consta de ocho capítulos o secciones que se publicarán cada semana a partir de este lunes 31 de julio, comenzando por La institucionalidad frente a las economías ilícitas, que aborda el desmantelamiento progresivo que han sufrido las instituciones venezolanas, lo que ha permitido que estas redes crezcan, se diversifiquen y actúen bajo el manto de la impunidad.

Seguidamente verán luz Agentes de las economías ilícitas, un análisis descriptivo y cualitativo de las características generales de las redes criminales que operan en el país;  Distorsiones causadas por la criminalidad en Venezuela, que presenta las actividades ilícitas más relevantes y sus implicaciones en siete estados venezolanos; y Flujos financieros de las economías ilícitas, que precisa las estimaciones sobre las rentas de los grupos criminales.

En tanto que Desinformación, estrategias discursivas, pondrá la mirada en el discurso oficial sobre un supuesto combate contra los ilícitos –con detenidos y acusados- que nunca llega a las altas esferas del poder involucradas en ellos. Luego, se publicará Tecnología criminal y sus prácticas,  que describe los diferentes tipos de armas que poseen los grupos delictivos y su capacidad de infligir daño.

Un rasgo clave del crimen organizado es su carácter transnacional, que será abordado en Un Impacto en la región con sello venezolano, para seguir con Esclavitud moderna y derechos humanos,  sección del informe que se enfocará en el vínculo de las formas de esclavitud moderna presentes en el país con economías ilícitas como el narcotráfico, la extracción ilegal de oro y otros minerales, y trata de personas.

Finalmente, se dará acceso a El cambio es posible, un conjunto de recomendaciones y propuestas para superar las distorsiones que generan las actividades de los grupos criminales bajo el manto de la impunidad y la corrupción.

Inacción, complicidad y opacidad

Desde este 31 de julio se encuentra disponible para la consulta la primera sección del informe titulada La institucionalidad frente a las economías ilícitas, que registra la respuesta del Ministerio Público venezolano contra las actividades criminales en el territorio nacional. Específicamente, profundiza en la actuación de la Fiscalía General ante estas redes durante el año 2022.

El análisis se fundamentó en el seguimiento a las informaciones publicadas en el portal oficial del Ministerio Público. En el monitoreo, Transparencia Venezuela identificó 92 registros de actuaciones, reseñadas en notas de prensa del organismo sobre tráfico de drogas, contrabando de gasolina y de material estratégico, desde el 20 de enero de 2022 hasta el 21 de diciembre del mismo año.

En tanto que, desde enero hasta julio de 2023, se han registrado al menos 57 publicaciones sobre hechos vinculados con ilícitos, la mayoría sobre drogas (43), 5 de tráfico y trata de personas, 4 relacionadas con el contrabando de drogas, 4 de material estratégico y el caso Pdvsa-Cripto. De ese total, 26 reportes se refieren a sentencias condenatorias por ilícitos ocurridos en años anteriores.

A pesar de la opacidad oficial, en esta sección del informe se detallan las cifras de actuaciones del Ministerio Público durante el lapso evaluado en materia de narcotráfico, contrabando de gasolina y otros delitos. Además, se explora lo que hay tras el silencio de ese despacho frente a los casos abiertos en otros países; la falta de investigación de denuncias sobre el crimen organizado presentadas por la sociedad civil, periodistas o vías similares, y las dificultades que supone la politización del Ministerio Público y del sistema de justicia en el combate de la corrupción y del crimen organizado.

Mientras el Estado exhibe “mano dura” contra la criminalidad, a través de publicitados operativos militares y policiales, percibidos como poco eficientes; por otro lado, juega un rol que luce permisivo, complaciente y, en algunas zonas, hasta cómplice de los grupos que dominan territorio, poblaciones y economías ilícitas.

La información disponible sobre estos delitos sigue siendo insuficiente, parcial, discrecional, y requiere de un gran esfuerzo de sistematización para determinar en qué casos avanza la acción penal, cuántas causas tienen sentencia condenatoria o absolutoria y cuáles se mantienen paralizadas.

El reporte completo y sus capítulos de manera individual estarán disponibles para la consulta de investigadores, periodistas, organizaciones civiles y activistas de la lucha contra la corrupción en el microsite Economías Ilícitas https://transparenciave.org/economias-ilicitas/.