Hoy 4 de julio de 2022, la Convención Constitucional hace entrega al presidente de la República, el texto de la Nueva Constitución, que debe someterse a plebiscito el próximo 4 de septiembre. Los partidos de derecha y movimientos afines ubicados en el centro político, han llamado a votar por el rechazo en dicho plebiscito.
Por: Julián Alcayaga Olivares – Meer
La izquierda en general y el gobierno en particular, han llamado a votar por el apruebo de esta Nueva Constitución, pero, existen personas y movimientos de izquierda no tradicional, que están descontentos con el texto de esta Nueva Constitución, que han decidido no votar por el apruebo, pero tampoco han decidido votar por el rechazo, porque ello sería validar la Constitución de Pinochet. Para evitar esa disyuntiva, estos movimientos de izquierda, están barajando la posibilidad de votar en blanco o anular el voto, o abstenerse, lo que es más difícil porque en este plebiscito el voto es obligatorio, so pena de multas. «Por ello, como Referente Político Social, RPS, no participaremos de esta farsa y de sus tramposas opciones. No aprobaremos ni rechazaremos la propuesta constitucional. Nuestra opción es la abstención activa o el voto nulo».
Se debe votar por el apruebo porque votar rechazo sería votar por la Constitución de Pinochet, esa es la consigna que se difunde transversalmente en el mundo progresista y de izquierda en general. Poco importa que la Nueva Constitución cumpla o no las expectativas y esperanzas que la originaron o que se esperaban de ella. En la práctica no importa que las nuevas normas sean buenas o malas, o que incluso no las hayan leído, solo importa que votar rechazo es votar por la Constitución de Pinochet, el dictador. Es una forma de desprestigiar a la gente de izquierda que se atreven a votar rechazo.
Desde hace ya un tiempo he decidido votar por el rechazo, fundamentalmente porque la Convención Constitucional rechazó las normas que propugnaban la Nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre y del litio, que rechazó incluso el establecimiento de una regalía minera (royalty) con base no en las ganancias sino en las ventas de las empresas mineras. En general lo dispuesto en minería es peor que la Constitución de Pinochet, salvo quizás en que: «Quedarán excluidas de toda actividad minera los glaciares, las áreas protegidas, las que ´por razones de protección hidrográfica establezca la ley, y las demás que ella declare»; con lo cual dicha exclusión no queda asegurada porque quedará supeditada a lo que disponga el Congreso Nacional mediante ley.
También en tributación no hay ningún avance en relación a la actual Constitución. Es decir, no se aprobaron las medidas que puedan financiar los nuevos derechos a la gratuidad en educación desde la básica hasta la técnica y universitaria, derecho a la gratuidad en salud, a previsión digna y vivienda digna. Derechos, que no se podrán llevar a cabo en razón que esta Nueva Constitución no genera los recursos para garantizar dichos derechos.
No garantizar financieramente dichos derechos constitucionales, puede crear una enorme frustración, que puede generar un nuevo «estallido social» aún más violento y peligroso que el de octubre de 2019, cuando gobernaba la derecha. Ahora, cuando gobierna una coalición que se considera de izquierda las consecuencias pueden ser mucho más graves. Por esas y otras razones he decidido que votaré rechazo.
Al tomar esta decisión, he recibido fuego amigo: que me he pasado a la derecha y que quiero mantener la Constitución de Pinochet. Todo ello es dicho como una forma de descalificación de mi posición, sin siquiera decirme cuales son los argumentos de fondo que justifiquen por qué debería aprobar esta Nueva Constitución. En realidad, no es que quiera mantener la actual Constitución, de 1980, la de Pinochet, sino que no estoy de acuerdo con la Nueva Constitución, y es mi derecho a expresarlo tanto en virtud de la actual como de la Nueva Constitución.
Como la descalificación solo se refiere a que quiero mantener la actual Constitución, «la de Pinochet», es necesario entregar alguna sucinta información respecto del origen la actual Constitución. En su elaboración y aprobación participaron tres instancias, Esas instancias fueron la Comisión de Estudio o Comisión Constituyente, que funcionó de 1973 a 1978. Enseguida el texto aprobado pasó en 1978, al Consejo de Estado, y finalmente una última revisión al llamado Grupo de Trabajo, dependiente directamente de la Junta Militar.
La Comisión Constituyente, fue creada por decreto del 24 de septiembre de 1973, es decir, solo 13 días después del golpe militar, cuando el poder estaba en manos de la Junta Militar, y si bien Pinochet presidía La Junta Militar, él no tenía el poder absoluto, porque se sumó a última hora al golpe militar. El poder estaba en manos de la Junta Militar, y fue esta que designó la Comisión de Estudio, que integraron expertos constitucionalistas y académicos de las Universidades de Chile y Católica de Chile. Fue presidida por el profesor Enrique Ortúzar, quien había sido ministro de Justicia en el gobierno del presidente Jorge Alessandri (1958-1964), y por ello esta Comisión también se la conoció como la Comisión Ortúzar. El edificio del Congreso Nacional en Santiago, ya desocupado de parlamentarios, fue la sede donde funcionó la Comisión de Estudios o Comisión Ortúzar. Entre los integrantes había dos democratacristianos Alejandro Silva Bascuñán y Enrique Evans de la Cuadra, además del ex militante del Partido Radical y profesor de la Universidad de Chile Sr. Jorge Ovalle.
El Consejo de Estado, fue un organismo asesor de la Junta Militar. Lo integraron personas de distintas áreas y profesiones, incluyendo ex mandatarios como Jorge Alessandri y Gabriel González Videla. El ex presidente Eduardo Frei Montalva no quiso ser parte. Este Consejo modificó el anteproyecto de la Comisión Ortúzar tras revisarlo y hacerle correcciones.
El Grupo de Trabajo estaba compuesto por los ministros de Justicia e Interior Mónica Madariaga y Sergio Fernández, respectivamente, además de los auditores de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y también tuvo un papel importante en modificar parte de los aprobado por el Consejo de Estado.
Y para terminar quiero relatar un episodio en el que sí tuvo participación Pinochet. Con la Ley 17.450 de Nacionalización de la gran minería, el presidente Allende introdujo en el N° 10 del Art. 10 de la Constitución de 1925 el siguiente concepto: «El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas», principio que quiso ser suprimido en la Comisión Ortúzar, salvo por los constituyentes Srs. Enrique Evans de la Cuadra y Carlos Ruiz Bourgeois. El constituyente Sergio Diez llegó a sostener: «El Estado -repite- no es dueño ni de una cuadra de tierra, salvo que la haya adquirido por ocupación o por la ley civil, pero el Estado no es dueño de las minas, ni de las tierras, ni de las casas». El señor Diez, el Sr. Jaime Guzmán y casi toda la Comisión, y expositores invitados, eran partidarios que el Estado tenía solo el dominio eminente, dominio teórico sobre todas las minas, pero no el dominio patrimonial.
Es aquí donde interviene el general Pinochet, ya designado presidente de la República en 1974. Envió un oficio al Sr. Ruiz Bourgeois en el cual decía que se debe mantener el dominio del Estado sobre las minas. Por otra parte, el constituyente Enrique Evans de la Cuadra, se opone terminantemente a cambiar el dominio patrimonial del Estado sobre las minas y sostiene: «Por las razones que señala estima el Sr. Evans extraordinariamente grave la indicación, que desde ya, manifiesta su más rotunda oposición a ella y votará que no, no solo con énfasis, sino que va a procurar que sea revisada en la primera oportunidad que se presente, porque está absolutamente cierto que los autores de la indicación no han meditado en la gravedad que ella importa, no han meditado que suprimir este precepto es sencillamente dejar sin sustento todos los otros preceptos del texto constitucional relativos a minería». Hizo saber en la Comisión, que el día anterior había conversado con el presidente de la República, es decir Pinochet, quien le había manifestado que se debía mantener el dominio patrimonial del Estado sobre las minas.
Finalmente, la Comisión aprobó el dominio patrimonial del Estado sobre las minas, pero posteriormente el Consejo de Estado, dirigido por el ex presidente Jorge Alessandri lo suprimió, dejándolo solo como dominio eminente dominio teórico, mera expresión de soberanía. Posteriormente, el Grupo de Trabajo de la Junta Militar, y con la presión de varios generales, restableció el dominio patrimonial, del Estado sobre las minas, a pesar del desacuerdo en esto de Jaime Guzmán y de la mayor parte de los constituyentes. Y no cabe duda, que Pinochet fue el principal impulsor de que la actual Constitución disponga en el inciso sexto del N° 24 del art. 19 de la Constitución que: «El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas».
Es posible que Pinochet haya influido en otras normas no muy democráticas de la Constitución, pero en ningún caso se puede decir que la actual Constitución es la de Pinochet, porque en ella trabajaron muchos especialistas en derecho, durante casi 6 años y en tres instancias diferentes.
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