María Corina Machado es ingeniera industrial, pero hace al menos 23 años está vinculada a la escena política. Tiene una especialización en finanzas por el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), una prestigiosa escuela de negocios en Venezuela, y es egresada del programa de líderes mundiales en políticas públicas de la Universidad de Yale, en Estados Unidos.
Por: Osmary Hernández – CNN
Machado fundó Vente Venezuela en mayo de 2012, partido político del que es coordinadora y que respalda su precandidatura en las elecciones primarias de la oposición previstas para el 22 de octubre. Califica la doctrina económica de partido de liberal y propone una opción contraria al socialismo para Venezuela, bajo las premisas del libre mercado, así como del respeto a la propiedad privada y al estado de Derecho. Define su oferta como “un modelo de desarrollo inclusivo y liberal para generar prosperidad, riqueza y libertad en Venezuela”.
La precandidata se compromete a promover la estabilización fiscal y monetaria de Venezuela (promoviendo un programa de inversiones públicas y privadas masivas en infraestructura, bienes públicos, salud y educación, entre otros.
Además, considera necesario impulsar un programa extenso de privatizaciones de empresas públicas, incluyendo la actividad petrolera. Al respecto, se ha referido directamente a la privatización total o parcial de PDVSA, la estatal petrolera venezolana, algo estrictamente regulado por la Constitución. Refiere también la importancia de restablecer las garantías jurídicas, económicas y sociales para favorecer esas inversiones. Dice que su objetivo con estas medidas es reducir la pobreza y mejorar las condiciones de la clase media.
Es divorciada y madre de tres hijos, dos hombres y una mujer. Tiene 56 años y se dio a conocer en 2002 como cofundadora de la organización no gubernamental Súmate, encargada de velar por la transparencia electoral y la participación ciudadana. Esa misma organización sumó esfuerzos con otros factores políticos para la recolección de cerca de 4 millones de firmas en el referendo revocatorio organizado en 2004 contra el entonces presidente Hugo Chávez, quien fue ratificado en su mandato en esa oportunidad y murió en el poder en 2013.
Ha posicionado “hasta el final” como eslogan de su actual campaña. Una frase que asume con mayor fuerza luego de que se conociera un documento de la Contraloría General de la República que establece su inhabilitación para ejercer cargos públicos en Venezuela por 15 años por “errores y omisiones en sus declaraciones juradas de patrimonio”.
La dirigente política reaccionó asegurando que “una inhabilitación del régimen es basura, vale cero”. Expertos en derecho como la organización no gubernamental Acceso Público califican la medida de ilegal e inconstitucional.
En 2010 Machado fue elegida diputada de la Asamblea Nacional por el estado Miranda para el mandato que comenzó en 2011. Fue la legisladora más votada en el país. En 2012 se sumó a las elecciones primarias presidenciales organizadas por la entonces alianza de partidos opositores conocida como Mesa de la Unidad Democrática. Quedó en tercer lugar con 3,81% de los votos en unos comicios en los que resultó ganador el aspirante de Primero Justicia, Henrique Capriles con 64,33%.
En alianza con Leopoldo López, fundador del partido Voluntad Popular y con Antonio Ledezma, de Alianza al Bravo Pueblo, convocó en febrero de 2014 a una ola de protestas conocida como “La salida”, que se extendieron hasta junio y que tenían como objetivo exigir la restitución del orden democrático en Venezuela. También se realizaron en rechazo a la crisis económica, la alta inflación, la escasez de alimentos, la inseguridad y las fallas de los servicios públicos, entre otros problemas.
En aquellas manifestaciones 43 personas perdieron la vida, 486 resultaron heridas y 1.854 detenidas, según las cifras difundidas por la Fiscalía General de la República. Estos hechos forman parte del caso Venezuela I ante la Corte Penal Internacional, que intenta determinar responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad (…), cometidos en el territorio de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014 por autoridades estatales, miembros de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles e individuos progubernamentales (llamados ‘colectivos’)” .
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha calificado las acusaciones de falacias y niega que hayan ocurrido crímenes de lesa humanidad en el país.
En marzo de ese mismo año, María Corina Machado aceptó brevemente un cargo como embajadora alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar de denunciar ante el Consejo Permanente la muerte de decenas de jóvenes y las violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas durante esas acciones de calle, que se extendieron hasta mediados de junio.
En respuesta, el oficialismo emprendió acciones hasta lograr su destitución como diputada de la Asamblea Nacional, acusándola de traición a la patria y posteriormente de planes magnicidas, sin mostrar pruebas. Machado ha negado tales acusaciones en repetidas ocasiones y de forma pública.
Un tribunal le prohibió salir del país en medio de esa investigación y suma ya 8 años con esa medida cautelar.
Incluso ha denunciado públicamente que tiene dificultades para de movilizarse dentro del país porque pues algunas aerolíneas le han notificado que no pueden transportarla. Así que ha recorrido el país vía terrestre. Sin embargo, mantiene su participación en distintos foros internacionales, como en septiembre pasado cuando habló ante el Senado de Brasil en forma virtual.
