Fueron dos hechos por separado, pero fueron lo suficientemente escandalosos como para que las alarmas se reventaran de tanto sonar, al senil presidente de los Estados Unidos, se le siguen cayendo los peroles en público y no hay nada que se pueda hacer por el momento.

Por: NewsWeek / RedState / Morfema Press

Mientras hablaba con los medios de comunicación en la Sala Roosevelt el martes, Biden elogió los esfuerzos de su gobierno para garantizar que los niños menores de cinco años ahora puedan vacunarse contra el COVID-19.

“Este es un hito muy histórico, un paso adelante monumental”, dijo Biden durante su discurso.

«Por primera vez en nuestra lucha contra esta pandemia, casi todos los estadounidenses ahora pueden tener acceso a vacunas que salvan vidas. Y estamos listos», aseguró.

Uno de los momentos más comentados del discurso de Biden en la Casa Blanca fue su garantía de que habrá otra pandemia. En una publicación del video en Twitter , el clip ha sido visto más de 800,000 veces.

https://twitter.com/Breaking911/status/1539350886702624768

Un periodista le preguntó inicialmente a Biden cuánto tiempo podría continuar la campaña de la nueva vacuna antes de que se necesitara más dinero del Congreso .

“Señor presidente, sé que está buscando más dinero del Congreso para esta campaña de vacunas y para la financiación de COVID hasta el otoño”, se le preguntó a Biden.

«¿Cuánto de este suministro de vacunas hay para estos niños pequeños? ¿Cuántos de los niños de la nación podrá vacunar antes de que necesite más dinero del Congreso?»

“Bueno, saldremos adelante al menos este año. Necesitamos más dinero”, respondió Biden.

“Pero no solo necesitamos más dinero para vacunas para niños, eventualmente; necesitamos más dinero para planificar para la segunda pandemia .

«Va a haber otra pandemia. Tenemos que pensar en el futuro. Y eso no es algo que el último equipo hizo muy bien».

«Eso es algo que hemos estado haciendo bastante bien. Por eso necesitamos el dinero».

La chuleta al descubierto

Fotógrafos capturaron a Sleepy Joe el jueves en el que podría ser el peor momento de vulnerabilidad hasta ahora. Biden estaba entregando algunos comentarios a la prensa sobre la Asociación de Implementación de Energía Eólica Marina Federal-Estatal cuando reveló su chuleta.

Sí, todos usan notas a veces. Pero estas notas eran otra cosa. No eran simplemente “notas” sobre lo que iba a decir o los temas que necesitaba cubrir.

Eran una lista, hecha por otra persona, que le decía qué hacer, que lo trataba como a un niño de cinco años, indicándole cómo actuar durante un evento, incluso cuándo sentarse.

¿A cuál presidente de los Estados Unidos se le debe decir “ENTRA USTED a la sala Roosevelt y saluda a los participantes” y “TOMA TU asiento”?

Destacada incluso el tener que resaltar el «USTED» en las diversas acciones que se llevan a cabo. Son instrucciones paso a paso para decirle qué hacer en cada momento del evento.

No se trata de un simple tartamudeo como venía sucediendo. Estas son instrucciones para incoherentes.

Ahora, ¿por qué estaba revelando las «tarjetas idiotas» al público? Porque al parecer, le escribieron unas notas en el reverso, para que él respondiera a la decisión de armas de la Corte Suprema. Entonces, cuando le dio la vuelta para responder a esa pregunta, reveló todas las demás instrucciones para el evento que estaban en el frente.

👀 White House instructions to Biden: "YOU take YOUR seat." pic.twitter.com/PyqN0zW3n8

— RNC Research (@RNCResearch) June 23, 2022

Un antiguo aliado del difunto presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se declaró culpable el jueves en Miami por recibir 3,8 millones de dólares en sobornos a cambio de desviar lucrativos contratos petroleros de empresas conjuntas de propiedad extranjera a funcionarios del gobierno socialista y el ejército de Venezuela.

AP News

Jhonnathan Marín se desempeñó como alcalde de la ciudad portuaria de Guanta durante casi una década hasta 2017, cuando renunció abruptamente y huyó de Venezuela en medio de una importante purga en el gigante petrolero estatal PDVSA. Posteriormente, el gobierno del sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, ordenó su arresto por cargos de corrupción y le prohibió postularse para cargos públicos.

Se entregó silenciosamente en Miami en abril por un solo cargo de conspiración para cometer un delito contra los EE. UU., un cargo menor que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. Fue puesto en libertad el mismo día con una fianza de 100.000 dólares, según los registros judiciales.

Como parte del acuerdo de culpabilidad firmado el jueves, acordó cooperar plenamente con los agentes federales que investigan la corrupción generalizada dentro de Venezuela.

Según una declaración que acompaña al acuerdo de culpabilidad, Marín admitió que tomó $3.8 millones de un co-conspirador no identificado para usar su posición para influir en los funcionarios de las empresas conjuntas de PDVSA con Chevron, así como en empresas de Europa, Rusia y China.

La Corte Suprema de EE. UU. declaró el jueves por primera vez que la Constitución de EE. UU. protege el derecho de una persona a portar un arma de fuego en público para defensa propia, otorgando una victoria histórica a los defensores del derecho a portar armas en una nación profundamente divididos sobre cómo abordar la violencia con armas de fuego.

Por: Reuters

El fallo de 6-3, con la mayoría de los jueces conservadores de la corte y la disidencia de los jueces liberales, anuló los límites del estado de Nueva York sobre el porte de armas de fuego ocultas fuera del hogar. El tribunal determinó que la ley, promulgada en 1913, violaba el derecho de una persona a «tener y portar armas» en virtud de la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

El fallo, escrito por el juez Clarence Thomas, declaró que la Constitución protege «el derecho de un individuo a portar un arma de fuego para defensa propia fuera del hogar».

Thomas agregó: «No conocemos ningún otro derecho constitucional que un individuo pueda ejercer solo después de demostrar a los funcionarios del gobierno alguna necesidad especial».

El fallo podría socavar restricciones similares en otros estados y poner en peligro otros tipos de restricciones de armas de fuego estatales y locales en todo el país.

El derecho a portar armas, apreciado por muchos estadounidenses y prometido por los fundadores del país en el siglo XVIII, es un tema polémico en una nación con altos niveles de violencia con armas de fuego, incluidos numerosos tiroteos masivos. El presidente Joe Biden, quien calificó la violencia armada como una vergüenza nacional, condenó la decisión.

“Este fallo contradice tanto el sentido común como la Constitución, y debería preocuparnos profundamente a todos”, dijo Biden. «A raíz de los horribles ataques en Buffalo y Uvalde, así como los actos diarios de violencia armada que no aparecen en los titulares nacionales, debemos hacer más como sociedad, no menos, para proteger a nuestros conciudadanos».

Estados Unidos ha experimentado cientos de muertes por decenas de tiroteos masivos en los últimos años. Solo en las últimas semanas, 19 niños y dos maestros fueron asesinados el 24 de mayo en una escuela primaria en Uvalde, Texas, y 10 personas fueron asesinadas el 14 de mayo en una tienda de comestibles en Buffalo, Nueva York.

La restricción de Nueva York es inconstitucional porque “impide que los ciudadanos respetuosos de la ley con necesidades ordinarias de autodefensa ejerzan su derecho a poseer y portar armas”, agregó Thomas.

El juez liberal Stephen Breyer escribió en desacuerdo que el tribunal había ampliado los derechos de armas sin luchar con la «naturaleza o gravedad» de la violencia con armas de fuego en un país donde hay más armas por persona que cualquier otra nación.

“Me temo que la interpretación de la corte ignora estos peligros significativos y deja a los estados sin la capacidad de abordarlos”, escribió Breyer.

Los jueces anularon un fallo de un tribunal inferior que desestimó un desafío a la ley por parte de dos propietarios de armas y la filial de Nueva York de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), un influyente grupo de derechos de armas estrechamente alineado con los republicanos.

La decisión representa la declaración más importante de la corte sobre los derechos de armas en más de una década. En 2008, la corte reconoció por primera vez el derecho de una persona a tener armas en casa para defensa propia en un caso del Distrito de Columbia, y en 2010 aplicó ese derecho a los estados.

El nuevo fallo subrayó cómo la mayoría conservadora de 6-3 en la corte simpatiza con una lectura expansiva de los derechos de la Segunda Enmienda.

Según la prensa internacional, Gustavo Petro, el socialista del siglo XXI que ganó las elecciones presidenciales en Colombia el pasado domingo, era un candidato “anti-establecimiento”. La descripción sería correcta si el establecimiento colombiano aún lo conformara una augusta clase alta, como aquella que personificaba, por ejemplo, Roberto Urdaneta. Sin ser electo, Urdaneta gobernó al país entre 1951 y 1953 y, según rumores, pasaba tanto tiempo en el Jockey Club como en la Casa de Nariño.

Por: Daniel Raisbeck – El Cato

Colombia ha cambiado desde entonces. Todavía hay un establecimiento, pero ahora lo conforman académicos de izquierda, periodistas o “influenciadores” progresistas, caimacanes del sector público y políticos de carrera. Según la ideología que, gelatinosamente, une a estos subgrupos, la muy intervenida economía nacional, la cual ocupa el puesto número 92 en el Índice de libertad económica del Instituto Fraser, la rige un despiadado sistema “neoliberal” que requiere aún más impuestos, regulaciones asfixiantes y dádivas estatales. Según otro de sus mantras, la única manera de lidiar con las insurgencias comunistas y de inspiración cubana es rendirse ante ellas, con la inmediata oferta de generosas amnistías para cualquier narcotraficante barbudo que porte un Kalashnikov.

Esto quedó claro en el 2016, cuando los matones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) obtuvieron una amnistía y 10 curules en el Congreso sin necesidad de elección popular. Desde el 2018, los cabecillas llevan a cabo sus deberes parlamentarios como los demás legisladores de mediana edad, con sus camionetas blindadas y cinturas en expansión, todo a costa del fisco. Así, las FARC ocupan sus puestos en el capitolio junto a especímenes electos, pero, de lo contrario, indistinguibles. Lo cual significa que ya hay una parte semi-formal del cursus honorum que incluye el “activismo” previo en grupos guerrilleros.

Sin duda, Petro, quien fue amnistiado tras pertenecer a la guerrilla del M-19 y ha ejercido cargos públicos durante más de tres décadas, forma parte del neo-establecimiento. Su cercanía con Hugo Chávez, a quien asesoró, sí asustó a parte de la tecnocracia keynesiana, al igual que sus propuestas de acabar la exploración de petróleo, el principal producto de exportación del país, expropiar las cuentas privadas de ahorro pensional e imprimir dinero para financiar una serie de subsidios. No obstante, Petro logró contar con el apoyo de un exministro de Hacienda “neoliberal”, de varios antiguos miembros de la junta directiva del emisor y de otras vacas sagradas de la clase tecnocrática.

El rival de Petro fue Rodolfo Hernández, un magnate de la construcción de 77 años de edad. Este exalcalde de Bucaramanga, una ciudad intermedia, era un neófito absoluto en la escena política nacional. Aún así, logró estremecer al establecimiento político y burocrático con su popular propuesta de recortar todo el gasto público superfluo, una postura revolucionaria en el contexto colombiano. Hernández inclusive aseguró que obligaría a los congresistas a pagar de su propio bolsillo todos los gastos de sus camionetas y planes de telefonía celular. Para estos últimos, no era permisible que semejante empresario tosco y pequeño burgués llegara a la presidencia.

Durante su discurso de victoria, Petro aseguró que le debía su triunfo a los jóvenes y a las minorías oprimidas. Sin embargo, lo que realmente lo impulsó hacia la meta final —sólo venció a Hernández por un margen de 700 mil votos— fue el apoyo de las bien aceitadas y frecuentemente corruptas maquinarias electorales, cuyos jefes buscaban proteger sus tajadas del presupuesto nacional o sus feudos burocráticos regionales.

Al parecer, tanto los biempensantes como los operadores de las maquinarias políticas apostaron a que, de alguna manera, podrán frenar las tendencias más fanáticas de Petro. Según algunos comentaristas, el Congreso, el cual no controla su partido, puede resistir sus intentos de gobernar como autócrata, mientras que el banco central mantendrá su independencia. Otros interpretan su promesa de “desarrollar” el capitalismo colombiano como una señal de moderación.

Por mi parte, mantengo mi escepticismo, entre otras cosas a raíz de mi experiencia personal frente a Petro en debates digitales —en una ocasión me escribió para defender la teoría valor trabajo— y durante su alcaldía en Bogotá. En ese entonces, intentó de manera completamente arbitraria —con gesticulaciones ideológicas y bajo presión del sindicato de maestros— cerrar los 25 “colegios en concesión” de la ciudad pese a su considerable éxito. Es decir, pienso que Petro podrá presionar o sobornar a suficientes políticos como para controlar el Congreso. Hasta podría intentar una toma hostil del banco central.

Soy colombiano y ciertamente no quiero que Petro le haga a Colombia lo que sus aliados le hicieron a Cuba o a Venezuela, cuyos tiranos lo felicitaron ayer de manera efusiva; tal vez asombrosamente para algunos en Washington, Bogotá anda con velocidad hacia el eje que conforman La Habana, Caracas y Managua. Pero tampoco me sorprendería si los sectores urbanos, acomodados y tenedores de múltiples diplomas que apoyaron a Petro terminen por arrepentirse de ello.

Un informe de transparencia recientemente publicado por la empresa Telefónica, casa matriz de Movistar Venezuela, revela el uso indiscriminado y masivo de la interceptación de las comunicaciones de los venezolanos suscriptores de esa operadora, por orden de los organismos de seguridad.

Por: VE sin filtro

Según el documento, en 2021 Telefónica interceptó las comunicaciones de 1 millón 584 mil 547 líneas de sus clientes en Venezuela, más del 20% de las líneas de teléfono o internet. Estas intervenciones se habrían hecho por órdenes del gobierno de Nicolás Maduro y significaron interceptar o “pinchar’’ las llamadas, monitorear los SMS, dar la ubicación de personas por sus teléfonos celulares o el monitoreo de su tráfico de internet. En el informe, los otros países ni se acercan al 1%.

En Venezuela se ha hablado por años de la prevalencia de llamadas pinchadas y el monitoreo excesivo e injustificado de otras formas de comunicación, pero por primera vez hay un rastro del alcance de esta amenaza a los derechos civiles. Aunque la interceptación de comunicaciones puede ser una herramienta para investigar crímenes graves, su uso debe ser acorde a los estándares de DDHH y el inmenso número de líneas interceptadas apunta a un abuso sistemático.

Cifras de otros operadores de telefonía y servicios de internet se desconocen pues no presentan informes de transparencia, pero se debe asumir que son similares, o posiblemente peores en el caso de las empresas del Estado. La idea de que 20% o más de las líneas de telefonía o conexiones a internet, en otras operadoras, también pudieran ser espiadas por el Gobierno es un prospecto altamente autoritario.

Lo expresado en el informe de Telefónica, que además refleja las cifras de solicitudes en los distintos países en los que opera, coincide completamente con multiples casos reportados, incluyendo un caso que documentamos en nuestro informe 2021 “Sin Derechos en #InternetVE”, donde destacamos cómo una ONG venezolana de DDHH que fue víctima de acceso no autorizado a una cuenta de un servicio de comunicación. Esto, a toda evidencia, ocurrió por la facilitación e interceptación de los SMS de verificación por parte de su operadora. Hemos alertado en los últimos años otros casos de periodistas y actores cívicos, cuyas comunicaciones han sido aparentemente espiadas.

Las revelaciones hechas en el informe resaltan la necesidad de que periodistas, voceros o fuentes, defensores de DDHH y activistas no utilicen llamadas de teléfono ni mensajes de SMS para comunicarse, sino que más bien usen medios de comunicación cifrados como Signal, incluso WhatsApp resulta mejor que un SMS o una llamada.

También refuerza la importancia de que los usuarios en riesgo opten por configurar la verificación de dos pasos de sus cuentas usando medios que no sean SMS o llamadas de teléfono, sino por medio de aplicaciones de autenticación como Google Authenticator y elementos físicos como llaves de seguridad.

Los datos claves del informe

• Líneas (accesos) afectados por la intercepciones: 1.584.547 (21% de las líneas)
• Líneas (accesos) afectados por solicitudes de metadatos: 997.679 (13% de las líneas)
• Accesos de líneas de teléfono y de servicio de internet de Movistar Venezuela: 7.730.000
• Tasa de accesos afectados por solicitudes de ambos tipos: 33%
• El número de líneas (accesos) afectados por intercepciones aumentó 7 veces desde 2016, cuando eran 234.932 accesos afectados
• No reciben solicitudes de órdenes judiciales, sino de órganos de investigación, policiales, militares, inteligencia y hasta la universidad de seguridad UNES
• Reconocen que en 2021 iniciaron el bloqueo de 27 URL distintas por orden de CONATEL

1. Interceptaciones Legales
Nº de solicitudes recibidas	861.004
Nº de solicitudes rechazadas	21.601
Nº de accesos afectados	1.584.547
2. Metadatos Asociados a las Comunicaciones
Nº de solicitudes recibidas	149.152
Nº de solicitudes rechazadas	1.613
Nº de accesos afectados	997.679

En detalle la vulneración del derecho a la privacidad

Para Movistar Venezuela, las autoridades competentes para solicitar la interceptación de comunicaciones incluyen: el Ministerio Público, el CICPC, cuerpos de policía “habilitados para ejercer atribuciones en materia de investigación penal” y extrañamente la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).

Similarmente las autoridades competentes listadas para exigir metadatos sobre las comunicaciones y datos de los suscriptores (cosas como: a quién llama un usuario, cuánto duran las llamadas, cuáles son los datos del suscriptor, etc) son muchas de las mismas, incluyendo organismos militares y policiales.

En ningún lado menciona que las órdenes vienen de tribunales o vienen con aprobación de jueces, como hacen en otros países, pareciendo dejar ver que estas son las entidades de las que han recibido estas solicitudes, nunca con la validación de tribunales.

En la legislación venezolana citada por Movistar, las solicitudes de interceptación deben ser aprobadas por un juez para que sean válidas, con excepciones particulares como el caso de urgencias y flagrancias, en las que el CICPC puede hacer el pedido, pero hasta en estos casos, debe ser notificado el Ministerio Público y constar en el expediente.

El abuso en la obtención de metadatos de comunicaciones es igualmente una violación de los derechos de las personas cuando no se hace de forma respetuosa a los DDHH. La ubicación de las personas, con quiénes se comunican, por cuáles vías, por cuánto tiempo y con qué frecuencia es información sensible igual que el contenido de dichas comunicaciones.

Los estándares internacionales de DDHH establecen que cualquier interceptación de comunicaciones (de cualquier tipo) debe cumplir al menos estas condiciones:

• Objetivo legítimo: Debe buscar un interés legal necesario en una sociedad democrática y respetuosa de los DDHH como investigar un crimen
• Necesaria: No se debería utilizar una práctica que podría vulnerar derechos si no es necesaria para seguir esos fines legítimos
• Proporcional: Como el uso de vigilancia interfiere con los derechos humanos, se debe utilizar sólamente cuando esto es proporcional a la gravedad del crimen que se busca investigar, se debe tratar de minimizar la cantidad de datos obtenidos debe ser minimizada a sólo lo necesario, controlar el acceso a esta información sólo para los fines aprobados y desechar información que no es relevante
• Que esté adecuadamente sustentado por las leyes
• Bajo una orden judicial de un tribunal competente e independiente de la autoridad interesada en la vigilancia de las comunicaciones
• Permitiendo el debido proceso, notificando a la persona cuando sea posible y manteniendo transparencia del proceso

La privacidad es un Derecho Humano fundamental e inalienable, que a su vez es clave para el libre ejercicio de la libertad de expresión y asociación entre otros derechos.

Los bloqueos también se vieron reflejados

El informe de transparencia de Telefónica también refleja que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) le solicitó el bloqueo de 30 URL durante 2021. Desde hace tiempo el bloqueo de sitios web se ha vuelto una forma sistemática de violación a los derechos humanos en Venezuela.

En el mismo 2021 el informe anual de VE sin Filtro documentó que al menos 68 dominios de internet estuvieron bloqueados en ese período, correspondiéndole 59 sitios web. Siendo Movistar el segundo ISP con más eventos de bloqueo documentados, luego de la estatal CANTV. De esos 68 dominios bloqueados en Venezuela, 45 pertenecen a medios de noticias, 3 a organizaciones defensoras de Derechos Humanos y de herramientas para evadir la censura.

En 2022 VE sin Filtro ha documentado nuevos eventos de bloqueo, tanto de medios de noticias como de organizaciones de DDHH, el más reciente en Junio de 2022, donde se bloqueó el sitio web de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón en la estatal CANTV y en Movistar.

Recomendaciones:

• Movistar deberia listar el número de solicitudes recibidas por organismo emisor, aclarando también qué % de estas denuncias vienen avaladas por tribunales
• Movistar debería definir con mayor claridad qué significa una solicitud ¨en tiempo real” y cuándo se deja de hacer disponible esta información. Así mismo define de manera insuficiente el posible alcance de las solitudes que no son bloqueos y el concepto de accesos afectados por las solicitudes.
• Los venezolanos deben asumir que cualquier comunicación no cifrada puede ser intervenida sin respeto a los estándares internacionales de Derechos Humanos.
• Los periodistas, defensores de DDHH y activistas en Venezuela deben evitar el uso de llamadas de teléfono, SMS y comunicaciones no encriptadas en internet.
• Los periodistas, defensores de DDHH y activistas en Venezuela bajo riesgo deberían habilitar el uso de autenticación de dos pasos en sus cuentas de servicios en internet, pero en la medida de lo posible no usar SMS o llamadas como factor de verificación y en su lugar utilizar aplicaciones que generan códigos como Google Authenticator y elementos físicos como códigos de respaldo impresos guardados en un lugar seguro, o idealmente, usar llaves de seguridad digital FIDO (Yubico es de las marcas más conocidas) y de respaldo Google Authenticator.
• Recomendamos el uso de Signal para llamadas y mensajes por internet y el uso de VPN o Tor Browser para visitar páginas web que sean sensibles en el contexto Venezolano.
• Recomendamos el uso de VPN para acceder a páginas web bloqueadas en Venezuela.

A las 14:30 horas aterrizó en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez un Airbus A340-642, proveniente de Caracas y operado por la aerolínea estatal venezolana Conviasa, reseña El Libero.

Se trata del mismo avión con la matrícula YV3533, en el que Nicolás Maduro realizó una gira por países euroasiáticos y de África. Una aeronave que fue transferida por la aerolínea iraní Mahan Air a Conviasa el 15 marzo pasado. Ambas empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y que actualmente protagonizan un escándalo en Argentina por sus vínculos con organizaciones terroristas iraníes.

En el avión con matrícula YV3533, Maduro se paseó por Turquía, Argelia, Irán, Kuwait, Qatar y Azerbaiyán, en un periplo que realizó entre el 7 y el 18 de junio y en el que afianzó sus vínculos especialmente con Irán, país en el que firmó, junto a su homólogo Ebrahim Raisí, un acuerdo de cooperación estratégica de 20 años “en todas las áreas”. En ese país, además, rindió homenaje al fallecido ex jefe de la Guardia Revolucionaria, Qassem Soleimani.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Mahan Air ha sido señalada por las autoridades antiterroristas por apoyar a la Fuerza Quds, división de la Guardia Revolucionaria Iraní especializada en operaciones de inteligencia y colaboradora de Hezbollah. De hecho, el piloto de la aeronave de Emtrasur, filial de Conviasa, que aterrizó en Argentina el 6 de junio y está retenido en ese país desde entonces, fue identificado como Gholamreza Ghasemi, integrante de la organización Al Qud, y fue recientemente imputado en el país trasandino por ser sospechoso de terrorismo.

“El régimen iraní utiliza Mahan Air como una herramienta para difundir su agenda desestabilizadora en todo el mundo, incluidos los regímenes corruptos de Siria y Venezuela, así como los grupos terroristas en todo el Medio Oriente”, dijo en agosto de 2020 el entonces secretario del Tesoro de EE.UU., Steven T. Mnuchin. “Estados Unidos continuará tomando medidas contra quienes apoyen a esta aerolínea”, advirtió.

Sobre Conviasa también pesan sanciones del Departamento del Tesoro. Éstas fueron impuestas en febrero de 2020 en contra de toda su flota de aviones, al considerar que el régimen de Maduro utilizaba la aerolínea estatal para “trasladar a funcionarios corruptos” a destinos como Corea del Norte, Cuba e Irán con el fin de “impulsar el apoyo a sus esfuerzos antidemocráticos”.

Los efectos de relacionarse con una aerolínea sancionada

Andrei Serbin Pont, experto en Defensa y Seguridad, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) y quien identificó a Gholamreza Ghasemi como uno de los integrantes de la tripulación del avión retenido en Argentina, explica a El Líbero que cualquier proveedor de servicios que dé soporte a esa aeronave “corre el riesgo de que después sean afectados ellos mismos por las sanciones, que no puedan, por ejemplo, comerciar con otras aerolíneas norteamericanas. Entonces, el que tenga algún tipo de interacción comercial con Conviasa puede estar sujeto, a futuro, de verse afectado por las sanciones”.

En la práctica, esto implica, por ejemplo, que los proveedores de combustible “quizás, el día de mañana, no le puedan vender a American Airlines o a United porque le proveyeron a Conviasa”.

Con respecto a la acción de las autoridades del país, el experto en seguridad señala que es clave que Chile “muestre un mayor nivel de rigurosidad en los controles de la aeronave, porque si es una nave que está sancionada, que está vinculada con aerolíneas que tienen una reputación más que cuestionable, en el medio de un escándalo internacional como el que se está viendo en Argentina, Paraguay y Uruguay por estas aerolíneas, como mínimo el gobierno debería estar tomando medidas especiales para asegurarse que no haya ninguna irregularidad en este vuelo que acaba de llegar a Santiago”.

Pese a las sanciones y ante la posibilidad de que este avión, con matrícula YV3533, pueda ser retenido como ocurrió en Argentina, explica que en el caso argentino esto pasó por las características del vuelo: era un avión de carga, había poca claridad sobre el destino de ésta, había exceso de tripulación, Uruguay les negó el espacio aéreo, y existían alertas de otros servicios de inteligencia.

“Este no es el caso; pero si estás viendo todo este despelote en la Argentina, Paraguay y Uruguay, justo en el día que está aterrizando esta aeronave en Santiago, creo que al gobierno chileno le toca por lo menos mirar con atención qué es lo que está pasando y llevar adelante ciertos controles, quizás un poco más rigurosos de lo normal, para asegurarse de que está todo en orden con la aeronave; y las empresas proveedoras de servicios en el Aeropuerto de Santiago considerar si realmente quieren proveer a esta aeronave o no”, afirma Serbin Pont.

Cuando el Departamento del Tesoro sancionó a Conviasa en 2020, el abogado especialista en temas aeronáuticos Rodolfo Ruiz escribió en su cuenta de Twitter que se pueden ver afectados, de tener relación con Conviasa, empresas de mantenimiento que realicen servicios a sus aeronaves; proveedores de combustible; empresas de seguros, tour operadores que fleten dichas aeronaves; aerolíneas que arrienden en “dry lease” o “wet lease” esos aviones, personas que compren dichas aeronaves; y los pasajeros estadounidenses o con negocios en EE.UU. que contraten un servicio de transporte aéreo en dichas aeronaves.

Y si bien en 2020, cuando ocurrió la sanción, se dio una lista de 40 aviones afectados, Serbin Pont explica que el avión con matrícula YV3531 también está incluido, ya que el listado se va actualizando; puesto que es Conviasa, con toda su flota, la sancionada.