La historia de la criminalización del Estado venezolano y la consecuente desintegración social en Venezuela se parte en dos: una antes y otra después del año 2013. En ese año murió Hugo Chávez, el 5 de marzo, y Nicolás Maduro fue elegido presidente el 14 de abril.
DW
Bajo Maduro se inició un proceso paulatino de entrega y enajenación del monopolio de la fuerza del Estado a bandas criminales y la guerrilla del ELN proveniente de Colombia, dice a DW la socióloga Ligia Bolívar. «Por ello consideramos el 2013 un hito”, explica Bolívar, coautora del estudio «Una tragedia olvidada”, publicado por la ONG Alerta Venezuela sobre la afectación humanitaria y de derechos humanos por parte de grupos armados irregulares en Venezuela.
«Desde 2014, los colectivos armados en Venezuela comenzaron a actuar abiertamente como cooperadores de las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad en la represión de manifestaciones y detención de personas”, explica Bolívar, fundadora de Alerta Venezuela, quien prosigue: «En 2014 también se crearon las ‘zonas de paz’ que después van a dar paso en buena medida a las mega bandas”. Las zonas de paz son áreas entregadas por el Gobierno de Maduro a bandas delincuenciales con la promesa de que «no delinquieran”.
¿Y la guerrilla del ELN? «Mientras bajo Chávez las guerillas de Colombia podían utilizar a Venezuela como territorio de descanso, bajo Nicolás Maduro se instalaron y hoy reemplazan al Estado en diferentes regiones”, dice Bolívar. Alerta Venezuela ha identificado «acciones de ‘limpieza social’ contra presuntas ‘personas de mal vivir’, realizadas por el ELN en cuatro estados de Venezuela”.
Crimen organizado y Estado: unidos por la corrupción
Hay áreas donde el ELN, disidencias y mega bandas mantienen el control del territorio, regulan la economía legal e ilegal, la salud, la minería y hasta la prostitución. «Estos grupos armados ilegales cobran cuota por la protección que debería estar brindando el Estado”, afirma Ligia Bolívar.
«En Venezuela, el crimen organizado forma una simbiosis con los grupos de poder político y económico”, dice por su parte a DW Mercedes de Freitas, directora del capítulo Venezuela de Transparencia Internacional. Una interdependencia en la que «la corrupción es una herramienta articuladora entre los actores meramente criminales y los representantes del Estado”, concluye De Freitas, que ha sido observadora electoral de la OEA.
Los 10 grupos criminales con mayor gobernanza criminal
De 35 grupos criminales en Venezuela, Insight Crime clasificó un top 10 por su impacto en la población en diez áreas clave: estructura, liderazgo, identidad, solidez económica, penetración del Estado, capacidad militar, uso de la violencia, alianzas criminales, control territorial y gobernanza criminal. La lista la lidera la versión venezolana del ELN. Le sigue el «Tren de Aragua” que pasó de ser una pandilla carcelaria a convertirse en una «amenaza para la seguridad transnacional”. En tercer lugar está el «Frente Acacio Medina”, formado por desertores del proceso de paz con las FARC. En el cuarto se ubica el «Sindicato de Las Claritas”, una de las mafias mineras más arraigadas del estado Bolívar. A este le siguen las «Fuerzas Bolivarianas de Liberación” (FBL), que combinan armas y política para asegurarse posiciones en el Gobierno. El sexto puesto lo tiene la «Organización R” (OR), un grupo que ejerce poder en las minas de oro de Tumereno, estado de Bolívar. Luego está la banda de «Carlos Capa”, que impone su ley con armas pesadas en el centro del país. El octavo lugar lo ocupa «El Tren de Guayana” que pasó de extorsionar en las ciudades a controlar minas de oro en Roscio y El Callao, estado de Bolívar.
En Petare, el mayor distrito de miseria en Caracas, el Estado es usurpado por la banda «Wilexis Acevedo”, cuya «clave de larga vida (más de 10 años) ha sido el control social y su sistema de gobernanza criminal”, apunta Insight Crime. El número 10 es la agresiva banda «Yeiko Masacre”, que opera en la frontera con Colombia y que pudo crecer gracias a la ausencia de controles fronterizos durante la rotura de relaciones entre Caracas y Bogotá. Investigadores creen que su jefe, Erick Alberto Parra Mendoza, se esconde en Colombia.
A una guerrilla binacional, una solución binacional
Volviendo al ELN, que de guerrilla insurgente en Colombia mutó a banda criminal chavista en Venezuela, contaría allí con 1.000 miembros y estaría presente en 40 municipios de ocho estados, según el Ejército de Colombia. «La existencia de grupos armados irregulares binacionales exige respuestas binacionales”, insiste Ligia Bolívar, que pide al Gobierno de Colombia incluir el tema en la agenda de los diálogos que tienen lugar con el ELN.
«La edición del ELN en Venezuela es como el elefante en la sala”, indica a DW Sebastián Guerra, investigador del Instituto de Paz de Estados Unidos. Todos lo ven pero nadie quiere mencionarlo. Guerra advierte que «no se puede cerrar los ojos ante el problema» y por ello, anima a organismos internacionales de Derechos Humanos y a los ciudadanos a «subirle la voz a esta discusión para que el tema del ELN Venezuela tenga un lugar en la mesa (de negociaciones)”.
«El ELN se ha convertido en una especie de Estado alterno en algunas regiones de Venezuela», como lo evidencia Alerta Venezuela, reitera a DW Francisco Daza, coordinador de paz territorial y derechos humanos de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), y concluye que «se trata ya de un problema estructural y binacional por lo que la Paz Total involucra a ambos Gobiernos”.
Por último, el antropólogo Francisco Daza remite a las recomendaciones que hace Alerta Venezuela, entre las que están «precisar el papel del Gobierno de Venezuela en el proceso de Paz Total con respecto a la presencia del ELN en territorio venezolano y comenzar a trabajar en estrategias de transición que tengan en cuenta la existencia de los actores armados irregulares, incorporando la recuperación del territorio en los espacios de negociación y diálogo entre el Gobierno y la oposición”.
