La gente busca fuerza y consuelo en su tribu, su fe o su nación. Y se entiende por qué. Si sienten empatía por sus conciudadanos, es más probable que se unan por el bien común. En los siglos XIX y XX, el amor a la patria impulsó a la gente a buscar su libertad de capitales imperiales en países lejanos. Hoy los ucranianos hacen sacrificios heroicos para defender su patria de los invasores rusos.

The Economist – Vía Infobae

Por desgracia, el amor a “nosotros” tiene un primo feo: el miedo y la sospecha de “ellos”, un nacionalismo paranoico que va en contra de valores tolerantes como la apertura a personas desconocidas y nuevas ideas. Es más, los políticos cínicos han comprendido que pueden explotar este tipo de nacionalismo, azuzando la desconfianza y el odio y aprovechándolos en beneficio propio y de sus compinches.

El orden de posguerra, de comercio abierto y valores universales, se ve afectado por la rivalidad entre Estados Unidos y China. La gente corriente se siente amenazada por fuerzas que escapan a su control, desde el hambre y la pobreza hasta el cambio climático y la violencia. Utilizando el nacionalismo paranoico, los políticos parásitos se aprovechan de los temores de sus ciudadanos y degradan el orden mundial, todo ello en pos de su propio poder.

El nacionalismo paranoico funciona mediante una mezcla de exageración y mentiras. Vladimir Putin afirma que Ucrania es una marioneta de la OTAN, cuyas camarillas nazis amenazan a Rusia; el partido gobernante de la India advierte de que los musulmanes están librando una “yihad del amor” para seducir a las doncellas hindúes; el presidente de Túnez denuncia un “complot” negroafricano para sustituir a la mayoría árabe de su país. Los predicadores del nacionalismo paranoico perjudican a los destinatarios de su retórica, obviamente, pero su verdadera intención es engañar a sus propios seguidores. Al exacerbar el fervor nacionalista, los líderes interesados pueden hacerse con el poder más fácilmente y, una vez en el poder, pueden distraer la atención pública de sus abusos denunciando a los supuestos enemigos que, de otro modo, les mantendrían a raya.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, demuestra lo eficaz que puede ser esto. Desde que regresó al poder en 2006, ha demonizado a Estados Unidos y tachado a sus oponentes de “agentes del imperio yanqui”. Controla los medios de comunicación y ha colocado a su familia en puestos de influencia. Tras las protestas masivas que estallaron en 2018 por los chanchullos y la brutalidad del régimen, los Ortegas llamaron “vampiros” a los manifestantes y los encerraron. El 23 de agosto prohibieron la entrada a los jesuitas, una orden católica que trabaja en Nicaragua desde antes de que fuera un país, con el pretexto de que una universidad jesuita era un “centro de terrorismo”.

La insurrección conduce a menudo al robo. Como los Ortegas, algunos dirigentes nacionalistas pretenden apoderarse del Estado llenándolo de sus compinches o de sus parientes étnicos. El uso de esta técnica bajo Jacob Zuma, ex presidente de Sudáfrica, es una de las razones por las que la compañía eléctrica nacional está demasiado plagada de corrupción como para mantener las luces encendidas. Nuestro análisis estadístico sugiere que los gobiernos se han vuelto más nacionalistas desde 2012, y que cuanto más nacionalistas son, más corruptos tienden a ser.

Pero el papel más importante del nacionalismo paranoico es como herramienta para desmantelar los controles y equilibrios que sustentan la buena gobernanza: una prensa libre, tribunales independientes, ONG y una oposición leal. Los líderes no dicen: “Quiero purgar la comisión electoral para poder bloquear a mis oponentes políticos”. Dicen: “¡Los comisarios son unos traidores!”. No admiten que quieren suprimir a las ONG para eludir el escrutinio. Aprueban leyes que definen como “agentes extranjeros” a cualquier organización que reciba fondos extranjeros o incluso asesoramiento, e imponen controles draconianos a esos organismos o simplemente los prohíben. No cierran la prensa, sino que se adueñan de ella. Según una estimación, al menos 50 países han puesto coto a la sociedad civil en los últimos años.

Un ejemplo es el presidente de Túnez, Kais Saied. Antes de culpar a los negros de los problemas de su país, era impopular por su pésima gestión de la economía. Ahora los tunecinos aplauden su audaz postura contra una minoría minúscula y pasajera. Mientras tanto, Saied ha destripado el poder judicial y ha cerrado la comisión anticorrupción, y la corrupción se ha agravado.

Los abusos son más fáciles cuando las instituciones son débiles: los déspotas de Nicaragua, Irán o Zimbabue están mucho menos limitados que los dirigentes de Hungría o Israel, por ejemplo. Pero en todos estos países (y en muchos más), los hombres en el poder han inventado o exagerado las amenazas a la nación como pretexto para debilitar a los tribunales, la prensa o la oposición. Y esto ha prolongado una administración corrupta o la ha empeorado.

El nacionalismo paranoico forma parte de una reacción contra el buen gobierno. El final de la guerra fría llevó al florecimiento de la democracia en todo el mundo. Un país tras otro introdujo elecciones libres y límites al poder ejecutivo. Muchos políticos ávidos de poder y saqueo se quejaron de ello. En medio de la desilusión general que siguió a la crisis financiera de 2007-09, vieron la oportunidad de recuperar el control. El nacionalismo paranoico les proporcionó una herramienta para desmantelar algunos de esos molestos controles y equilibrios.

Como estas restricciones a menudo venían fomentadas, cuando no financiadas, por Occidente, a los líderes les ha resultado más fácil presentar a los defensores del buen gobierno como títeres extranjeros. En los países que han sufrido el dominio colonial -o la injerencia de Estados Unidos, como muchos de América Latina-, el mensaje encuentra un público fácil. Si un líder puede crear un clima de sospecha tan profundo que la lealtad se anteponga a la verdad, entonces todo crítico puede ser tachado de traidor.

El primer recurso del canalla

El nacionalismo paranoico no está a punto de desaparecer. Los líderes están aprendiendo unos de otros. También son más libres para actuar de lo que eran incluso hace una década. No sólo Occidente ha perdido la fe en su programa de difusión de la democracia y el buen gobierno, sino que China -un nacionalista paranoico proclive a detectar desaires y amenazas a la vuelta de cada esquina- promueve la idea de que los valores universales de tolerancia y buen gobierno son una forma racista de imperialismo. Prefiere la no injerencia exterior y la crítica cero en el interior. Si fueran capaces de ver a través de las mentiras que se esconden tras el nacionalismo paranoico, los ciudadanos de a pie se darían cuenta de lo equivocada que está la campaña de China. No hay nada racista ni desleal en desear una vida mejor.

AL PUEBLO VENEZOLANO 

Nosotros los abajo firmantes, conscientes de la importancia que reviste la Industria  Venezolana de los Hidrocarburos como factor esencial en las soluciones de los problemas  de los venezolanos, de una manera urgente e integral, presentamos a la consideración de  todo el país, la siguiente propuesta para lograr por la vía del consenso una visión  compartida de lo que debe ser el enfoque a aplicar en el corto, mediano y largo en nuestra  industria. 

ACUERDO NACIONAL SOBRE LA INDUSTRIA VENEZOLANA DE LOS HIDROCARBUROS  

Un Acuerdo Nacional sobre la Industria Venezolana de los Hidrocarburos, es una necesidad  determinante y fundamental para lograr la recuperación económica del país. Este Acuerdo  Nacional provocará la evolución de nuestro país hacia una economía diversificada, eficiente,  competitiva, abierta al capital privado nacional e internacional, con el rol de un Estado promotor y  en donde la industria de los hidrocarburos tenga opciones para recuperarse rápidamente y  Venezuela retomar su posición como proveedor seguro y confiable. Las bases del Acuerdo  Nacional son el diseño de un nuevo modelo que necesita ser dinámico, progresivo, amplio y  flexible a los cambios que hoy vive el sector energético mundial, pero además de rápida  implementación y atractivo a la inversión privada para así lograr el máximo beneficio a la Nación.  

Durante más de dos décadas nuestro país ha sido objeto del mayor desastre estructural,  económico e industrial que país alguno haya sufrido en tiempos recientes en nuestro continente.  Este drama social y económico se potencializa por la concurrencia de situaciones criticas que  nos obligan como nación ante un cambio político, a adoptar medidas urgentes, eficaces y  efectivas. La destrucción de las instituciones y el profundo deterioro de los servicios públicos de  salud, agua, electricidad y educación, nos han conducido a una terrible crisis humanitaria  causada, entre otros factores, por un conjunto de decisiones políticas erradas. En consecuencia,  ha habido un significativo impacto negativo en la Industria Nacional de los Hidrocarburos y más  notable aun, la paralización de la sociedad y la desaceleración de la actividad económica en  general. 

La industria mundial de los hidrocarburos en general y la nacional en particular, tienen hoy el reto  de extender en el tiempo su relevancia como principal fuente energética mientras minimizan su  huella ambiental, siendo esencial el apoyo al desarrollo por la vía de la investigación, la ciencia  y la tecnología. Esto lo deberán enfrentar en un escenario de dificultades para la consecución de  financiamiento, de alto nivel de competencia por mercados, de cambios en los esquemas fiscales  y arancelarios para el consumo del petróleo, de precios moderados con marcada incertidumbre  en los mercados por la creciente producción y consumo de energías renovables. 

En estas apremiantes circunstancias, se presenta a consideración de la Nación, sus  instituciones, la dirigencia política y las fuerzas vivas, y a los ciudadanos en general, las bases  para un Acuerdo Nacional que permita reestructurar y redimensionar las operaciones de la  Industria Nacional de los Hidrocarburos. Para ello se necesitará un nuevo marco jurídico, fiscal y  regulatorio que permita la apertura a la participación de la inversión privada en todas las fases  del negocio, y a la vez solucionar la agobiante situación de ineficiencia de PDVSA con su  restructuración financiera, comercial, ambiental y laboral.  

Las bases del Acuerdo Nacional contemplan como objetivo el incremento acelerado de la  exploración y producción de petróleo y gas, con la búsqueda de nuevos recursos de crudos  livianos, medianos y gas, así como la operatividad del sistema de refinación, facilidades de  exportación e instalaciones del mercado interno. Todo con el propósito de incrementar los  ingresos en el corto y mediano plazo al país, cumpliendo con el suministro de las necesidades  del mercado interno. Asimismo, se contempla como objetivo fundamental el desarrollo del  negocio del gas natural comenzando con su aprovechamiento eliminando el venteo y quema,  extendiendo el suministro a todas las regiones del país, ofreciendo a los ciudadanos los 

beneficios de la masificación de su suministro y consumo. las actividades industriales y  petroquímicas, y el desarrollo de proyectos de exportación por la vía de tuberías y gas natural  licuado. 

La nueva política de los hidrocarburos debe poner particular énfasis en las oportunidades que  ofrece el desarrollo a lo interno y la diversificación industrial del país.  

BASES DEL ACUERDO NACIONAL INDUSTRIA VENEZOLANA DE LOS HIDROCARBUROS 

La necesidad más resaltante y prioritaria de nuestro país, es dar una respuesta urgente a la  demanda social generada por la crisis humanitaria, la más grave desde que somos República. El  país reclama un cambio político, requisito indispensable para una reactivación económica dando  solución al drama que viven millones de venezolanos mediante oportunos y adecuados  proyectos inversión social 

El pasivo social que hereda el país, después de 23 años de un régimen autocrático, apoyado en  un entramado de leyes y regulaciones, requiere de un cambio drástico de la acción  gubernamental en la gestión pública de los recursos del país. Cambio que debe dar prioridad a  desarrollar programas de ayuda humanitaria y a diseñar y aplicar políticas económicas que  garanticen un desarrollo económico sostenible y sustentable para el país. El proceso de  transición hacia la consolidación de la democracia deberá establecer las bases sólidas para no  regresar al actual modelo político/económico. Al respecto, es importante destacar que el país ha  perdido en los últimos años más del 80% de su Producto Interno Bruto (PIB), una clara  indicación de la necesidad y urgencia de cambiar el modelo económico actual. 

La política pública de los hidrocarburos debe tomar en cuenta los cambios que ocurren en la  actualidad en el sector energético mundial como resultado del proceso de la transición  energética. El Acuerdo de Paris establece nuevas y más estrictas exigencias de calidad de  productos en los mercados. Venezuela es signatario de este acuerdo, pero no solo para cumplir  con el mismo, sino también para hacer valer sus ventajas competitivas. De manera que debe  aprovechar el bajo riesgo geológico de sus cuencas y los bajos costos de producción, para así  aprovechar la ventana de oportunidad de la energía fósil.  

Por lo anterior, es imperativo y urgente implementar las siguientes bases y lineamientos para una  nueva política de los hidrocarburos en Venezuela: 

I. El Estado, tal y como lo contempla el artículo 12 de la Constitución Nacional, mantendrá  la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos. Las reservas probadas oficiales de  304 millardos de barriles de petróleo y 200 billones de pies cúbicos de gas, aun cuando  podrían ser sujetas de reparos, es indiscutible que con cualquier enfoque que se aplique,  se concluiría con cantidades significativamente grandes y suficientes para dinamizar una  reconstrucción económica y favorecer las cuentas macroeconómicas nacionales del  país. 

II. El Estado como empresario y el enfoque rentista deben dejarse en el pasado. El Estado  debe actuar de manera integral como promotor del negocio, dándole máximo espacio a  la participación privada nacional e internacional y al mismo tiempo ejercer firmemente su  rol de regulador bajo condiciones de mínima discrecionalidad posible. 

III. Venezuela debe volver a ser un proveedor seguro y confiable de energía. El Ministerio  con las competencias de la actividad de los hidrocarburos, será el rector de esa política y  ejercerá la representatividad del país en organismos internacionales, con su inserción  como elemento de rango en la geopolítica energética internacional. Así mismo, el país a  través del Ministerio del ramo deberá recuperar su importancia y liderazgo como  miembro en organizaciones internacionales como la OPEP y regionales como ARPEL,  retomando un rol activo en los distintos foros de materia energética. Además de ser el  eje para la creación de confianza y para estimular la inversión privada en el sector de los  hidrocarburos del país.

IV. Los cambios que son necesarios para lograr la nueva visión del sector de los  hidrocarburos requerirán un nuevo marco legal y regulatorio. En este sentido, en el año  2021 se introdujo en la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional un  proyecto de una nueva ley de hidrocarburos que permite la participación del capital  privado a lo largo de toda la cadena de valor de la industria petrolera, que establece las  bases para un marco fiscal moderno y competitivo, así como los mecanismos para dar  continuidad a las actuales licencias de gas y las empresas mixtas, y unifica la  exploración y producción de petróleo y gas en un solo instrumento legislativo para evitar  la inconveniencias técnica y contractual que se presentan hoy en día, y que cuenta con  el beneplácito de la mayoría del personal petrolero venezolano. 

V. Los entes regulatorios y creadores de políticas públicas deberán operar con autonomía  financiera y su personal deberá estar debidamente capacitado para ejercer sus  funciones y tener las condiciones para hacer carrera dentro de las respectivas  instituciones. Adscrito al Ministerio respectivo, se creará la Agencia Venezolana de  Hidrocarburos (AVH), como un eje del proceso para la participación del sector privado de  los hidrocarburos, con el alcance específico de contratar, regular y promover las  actividades de aguas arriba e intermedias de la exploración y producción de  hidrocarburos. 

VI. La participación del Estado en la ganancia del negocio de los hidrocarburos, parte de la  premisa de permitir rentabilidad a los inversionistas y un justo aporte fiscal. La  determinación de la regalía, bajo un esquema variable y competitivo para estimular la  inversión privada, formará parte de las condiciones de los procesos a ser manejados por  la Agencia Venezolana de Hidrocarburos. La participación del sector privado en  cualquiera de los eslabones del negocio de los hidrocarburos deberá realizarse a través  de procesos transparentes que garanticen el justo valor económico para el Estado. En  toda ocasión prevalecerán reglas claras en el tiempo para brindar transparencia,  estabilidad y seguridad jurídica, minimizando el riesgo país. 

VII. La participación mayoritaria del sector privado en la industria de los hidrocarburos será  protegida y garantizada de acuerdo con lo establecido en los artículos 112 y 115 de la  Constitución Nacional. La participación privada de empresas nacionales será un objetivo  de la nueva política y se procurará la incorporación activa de las ofertas de servicios de  empresas de ingeniería y construcción, y las suplidoras de bienes y servicios. 

VIII. El estímulo y desarrollo del negocio del gas natural deberá ser la bisagra que una los  hidrocarburos con los ciudadanos, y constituirá el elemento central de la política de  desarrollo económico interno de los hidrocarburos. Esto a través de la masificación de su  uso en todo el territorio nacional en los sectores doméstico, eléctrico, petroquímico e  industrial en general, así como combustible alterno a la gasolina y el diésel. El desarrollo  del gas conllevará al desarrollo de proyectos de exportación de gas hacia mercados  donde existen atractivas oportunidades de monetización. 

IX. El nuevo modelo para la Industria de los Hidrocarburos llevará consigo un fuerte impulso  para el mercado de capitales del sector de la energía. Esta será una oportunidad para el  ahorro e inversión de los ciudadanos de manera individual o colectiva a través de los  distintos mecanismos de inversión y participación en instrumentos de renta fija y  variable. Las opciones abarcarán a las empresas presentes en todas las fases del  negocio y con ello se propicia el apalancamiento de la inversión del sector privado.  

X. El incremento de la producción de petróleo y gas lo mas rápido posible es factor  fundamental para la recuperación económica vía la generación de ingresos al país,  cuya base inicial parte de PDVSA. Por ello, el plan de redimensionamiento y de  restructuración de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) estará dirigido a recuperar  capacidad gerencial, operacional y viabilidad económica, necesarias para la reducción  de su participación accionaria en las empresas mixtas, la disposición de activos no  productivos y aquellos del esfuerzo propio de PDVSA que se decidan incluir en el  portafolio para la participación de la inversión privada. Esto estará concatenado con el 

diseño de mecanismos para la reducción de deuda, incluyendo entre otros el  intercambio de deuda por participación accionaria. Con el redimensionamiento de  PDVSA, parte de sus activos se transferirán al sector privado podrá optar a la posición  de mayoría accionaria o de único accionista, en los casos que así se disponga, lo que  les permitiría el control de la operación y del negocio. Esta transferencia de  participación sería a cambio de un valor económico que podrá materializarse de  diferentes maneras, como son aportes para gastos de capital o de operaciones  contraídas o futuras de PDVSA en el caso de inversiones conjuntas, cancelación de  deuda, o simplemente el pago de un bono, o la combinación de ellas. El esquema de  participación de los privados sería aplicable en todas las fases de la cadena de valor,  desde la propiedad en superficie y operación de campos de petróleo y gas, hasta la de  infraestructura de almacenamiento, transporte, refinación y comercialización. 

XI. En Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) el tema laboral es clave dentro del proceso  de reestructuración. Para ello, deberá desarrollarse un proceso de optimización del  capital humano existente, que incluirá su formación y reeducación para capacitarlo para  los nuevos retos de la industria venezolana, o programas para la ubicación del personal.  

XII. Con la implantación de un nuevo gobierno, el suministro de todos los productos que  requiere el mercado interno será una prioridad desde el primer día, incluyendo los  combustibles automotores y el LPG. Para ello, se establecerán normativas de  emergencia que permitirán el uso de instalaciones existentes en todo el país, para por  vías especiales, recibir, almacenar, transportar y distribuir todos los productos  necesarios demandados por las estaciones de servicio, el sector eléctrico y el sector  industrial. Así mismo, mediante licencias temporales, el sector privado podrá importar los  combustibles que no puedan ser suministrado internamente. Mantener a CITGO como  parte del circuito refinador de PDVSA es la opción preferente, para lo cual se utilizará el  mecanismo de intercambio de crudo por combustibles. En cualquier caso y ante  cualquier eventualidad, estas operaciones podrán ser realizadas con cualquier operador  disponible en el mercado.  

XIII. El suministro al mercado interno de combustibles se cubrirá inicialmente mediante el uso  de la estructura actual operacional de Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA),  permitiendo de manera progresiva la máxima incorporación del sector privado en la  cadena de distribución y venta de combustibles, según lo establecerá una ley específica  para el mercado interno. En este sentido, debemos recalcar que las instalaciones para el  suministro de las necesidades del mercado interno, requieren de ser reparadas y  modernizadas, desde los sistemas de almacenamiento, distribución y transporte hasta  las estaciones de servicio, incluido el transporte vehicular de combustible. Esto abrirá  oportunidades a la inversión nacional e internacional y redundaría no solo en una  reducción neta de costos al Estado, sino también de un servicio a los venezolanos  acorde con los estándares internacionales.  

XIV. En cuanto a las áreas aguas abajo como lo son refinación, servicios industriales, plantas  de distribución, poliductos, gasoductos, redes domésticas y plantas de lubricantes, el  Ministerio responsable del área y el Servicio Autónomo de Gas serán los encargados de  establecer las políticas para el diseño y materialización de los esquemas de participación  privada. 

XV. El sistema de refinación, con una capacidad de procesamiento inicial de 1,3 millones de  barriles-día, se ha reducido en la actualidad a procesar solo unos 250 mil barriles-día,  como consecuencia de la falta de mantenimiento, desactualización tecnológica, y la falta  de idoneidad y experiencia del personal. No solo la producción se ha afectado, sino que  han ocurrido accidentes con una frecuencia anormalmente alta con pérdidas de vida y la  subsecuente paralización de las plantas. Son necesarios cuantiosos recursos financieros  para devolver estas instalaciones a un estado de operación confiable y así poder suplir  las necesidades del mercado nacional. Para subsanar esta situación se deberán  considerar opciones de negocios y acuerdos que permitan restablecer la operatividad de 

las refinerías principales del país. Estas opciones podrán incluir alquiler a largo plazo,  incentivos fiscales, acuerdos de precios de insumos y productos al mercado interno, desarrollo de combustibles renovables, la incorporación de procesos petroquímicos, e  incentivos para la reducción de emisiones. Se estimulará la incorporación de procesos  petroquímicos aguas abajo del esquema de refinación existente con la apertura y  participación del sector privado. Adicionalmente otro elemento recuperador del sistema  de refinación será la promoción e implementación de las sinergias e integración entre  productores de crudo y refinadores del sector privado.  

XVI. Dentro del marco fiscal, se hace necesario un acuerdo para la armonización de los  impuestos municipales que simplifique todo el entramado de impuestos, tarifas, tasas,  entre otros, para disminuir la burocracia y la discrecionalidad de los funcionarios  públicos.  

XVII. Las operaciones de la industria de los hidrocarburos deberán hacerse con apego a los  más altos estándares ambientales y conforme a las políticas para la reducción de  emisiones de CO2. Las actividades realizadas por el sector privado en el área de los  hidrocarburos deberán asignar prioridad a la protección y la remediación ambiental en  sus áreas de operación. 

XVIII. En cuanto a las actividades de los hidrocarburos que actualmente son monopolios  naturales del Estado, como es el caso del gas natural, estarán bajo un proceso de  desregularización para promover, permitir y garantizar la libre competencia. Así mismo,  deberán establecerse precios y tarifas en aquellas actividades que lo requieran a fin de  dotar de un excelente servicio al consumidor, a la par del adecuado retorno a los  inversionistas. 

XIX. En relación con la deuda comercial contraída por parte de PDVSA, por concepto de  suministros de bienes y servicios, la misma requerirá de previa demostración fehaciente  de haber sido contraída y registrada legalmente y se desarrollarán mecanismos para su  pago, incluyendo la prestación de servicios para incrementar producción y de otros  servicios petroleros.  

XX. El Estado implementará una política de transparencia y tolerancia cero en la gestión y  administración de los hidrocarburos en el país, así como la despolitización del sector que  permita la efectiva reinstitucionalización del Estado venezolano, el estado de derecho y  genere la confianza necesaria en los inversionistas privados.  

Los hidrocarburos han sido determinantes en la historia de más de un siglo en Venezuela. La  transformación a principios del siglo pasado de un país pobre, atrasado, con grandes carencias,  en un país pujante y moderno, se debió a los hidrocarburos. En el Siglo XXI tenemos el reto de  hacer determinantes los hidrocarburos como palanca para recuperar y transformar a nuestro país  hacia un futuro mejor. 

Los firmantes,

María Corina Machado, precandidata a las elecciones primarias de la oposición, aseguró este jueves que al chavismo no le conviene adelantar las elecciones presidenciales.

El Nacional

La opositora dijo durante el podcast El After que lo más probable es que los comicios se realicen en el segundo semestre de 2024.

«Yo no creo que a estos tipos les convenga adelantar un proceso electoral en los últimos meses. Creo que será en el segundo semestre del año que viene», pronosticó.

Agregó que el chavismo perdió su base social y que los ejemplo los pudo notar en el contacto con las personas que ha tenido en sus recorridos por el país.

«Yo que he recorrido el país puedo estar en contacto con gente muy diversa, que se me acercan y me transmiten unas vivencias impresionantemente crudas. Te das cuenta que no hay un empleado público que hoy esté contento, que no hay un beneficiario del CLAP que esté satisfecho con esto. La base social la perdieron. Ellos pueden aspirar a aplicar la que hizo Chávez en el 2012, inyectar toda la plata del mundo. Eso requiere tiempo», expresó la coordinadora de Vente Venezuela.

María Corina Machado sobre las protestas

Sobre las protestas, aseguró que es un paso importante en el país y no está de acuerdo con aquellos que la criminalizan.

«Hay algunos que están criminalizando la protesta. Estamos enfrentando un régimen criminal que metió preso a 16 años de cárcel a seis sindicalistas que estaban protestando porque les estaban volando toda la contratación colectiva», dijo Machado.

Opinó que la protesta es un derecho cívico y la reivindicó. “La primaria es un acto de protesta. El proyecto en sí mismo, la forma en cómo lo hemos organizado sin el Consejo Nacional Electoral, todo lo que nos costó que se incorporara el voto de los venezolanos en el extranjero. Y no solo de protesta hacia el régimen”.