El martes 22 de agosto arrancó en Venezuela la campaña electoral de los trece candidatos inscritos en las primarias presidenciales de la oposición democrática, a realizarse el venidero 22 de octubre. Estas elecciones internas buscan superar la fragmentación existente en el campo de la oposición y elegir un candidato único que la represente en la elección presidencial que, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional, debería realizarse en 2024.
Por: Ramón Cardozo – DW
Este proceso electoral interno de la oposición no contará con la asistencia del Consejo Nacional Electoral. El pasado mes de junio, luego de un intenso debate entre distintos sectores políticos y sociales del país, y dado que sobre el CNE pesan múltiples cuestionamientos respecto a su objetividad y autonomía, la Comisión Nacional de Primarias (CNP) tomó la decisión de que el proceso de primarias sería 100 por ciento manual y autogestionado por la propia CNP, las organizaciones de la sociedad civil que se han sumado al proceso, y los partidos políticos que forman parte de la Plataforma Unitaria Democrática. La autogestión de un proceso de este tipo ha supuesto un formidable reto desde el punto de vista técnico, operativo, administrativo y financiero, desafío que se ha amplificado enormemente por el reiterado ataque y obstrucción de parte del régimen de Nicolás Maduro en contra del proceso.
Lograr la cobertura de todo el país
Uno de los principales retos logísticos de la CNP ha sido disponer de una red de centros de votación accesibles que cubran tanto todo el territorio nacional como aquellos países del exterior donde existe una concentración considerable de venezolanos residiendo.
El pasado 21 de agosto, la Comisión de Primarias informó que se habilitarán 5.133 mesas de votación en 3.008 centros, los cuales cubrirán el 98,8 por ciento (331 de 335) de los municipios en los cuales está dividido el país y el 96,5 por ciento (1.102 de 1.113) de sus parroquias. El número definitivo de centros de votación fue consensuado entre juntas regionales de la Comisión Nacional de Primarias y las direcciones municipales, estatales y nacionales de los partidos políticos de oposición, tomando en consideración tanto las limitaciones logísticas y operativas como las variables de participación opositora en procesos anteriores.
Aunque el número total de centros habilitados en esta oportunidad es menor que los 3.707 centros de votación y 7.691 mesas que se habilitaron en la primaria presidencial opositora del 2012, los responsables de la CNP sostienen que con esta distribución propuesta se asegura la cobertura de la totalidad del padrón electoral nacional, de 20.342.024 electores, los cuales tendrán garantizado el acceso a sus respectivos centros de votación. Por otra parte, 397.168 venezolanos residenciados en el exterior que manifestaron de forma expresa su intención de participar en las primarias podrán ejercer su voto en 87 centros de votación distribuidos en 80 ciudades de 30 países.
El funcionamiento de toda esta logística electoral requerirá de la participación de 52.213 voluntarios a escala nacional, que fungirán como coordinadores, monitores y miembros de mesa de los centros electorales. A este grupo se suman los testigos que cada uno de los 13 candidatos tendrá en cada una de las mesas. De acuerdo con el cronograma de la Comisión, todo este personal deberá recibir adiestramiento electoral en los próximos 46 días.
Recaudar los fondos para las primarias
Desde su llegada al poder en 1999, el chavismo inició un proceso de estrangulamiento de las fuentes de financiamiento de los partidos políticos de oposición. En la Constitución de 1999, Hugo Chávez impulsó la inclusión de un artículo que prohíbe expresamente el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado. En la práctica, sin embargo, según señala José Virtuoso en su estudio «Financiamiento de los partidos políticos y campañas electorales en Venezuela”, esta norma solo se aplica a la oposición política, pues en Venezuela «toda la actividad política oficialista se desarrolla fundamentalmente con recursos públicos, tanto partidista o extrapartidista, consagrándose una inequidad sustancial, además de una clara violación a la ley”.
Adicionalmente, el régimen chavista se ha ocupado de amenazar y hostigar a todas aquellas organizaciones o personas que en Venezuela faciliten fondos o recursos para la realización de actividades vinculadas a la política. Igualmente, el régimen ha establecido un conjunto de normas legales dirigidas a obstaculizar e impedir la cooperación internacional. En enero de este año, Diosdado Cabello introdujo en la Asamblea Nacional el proyecto «Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines”. Este proyecto, al estilo de Nicaragua, está dirigido a restringir aún más el financiamiento y las actividades de la sociedad civil en el país.
Este premeditado estrangulamiento estatal de las actividades políticas de la oposición democrática, combinado con las restricciones económicas que atraviesa el país, agravan uno de los desafíos cruciales que la CNP debe afrontar: asegurar el financiamiento de estas elecciones internas. La logística requerida para llevar a cabo un proceso de esta envergadura exige una inversión considerable que abarca desde la impresión de boletas hasta la adquisición y distribución de materiales electorales, gastos asociados al transporte y logística para apoyar a los voluntarios, así como garantizar la seguridad en los centros de votación. A estos costos además se agrega la capacitación del personal y los testigos electorales.
Hasta el momento, la CNP no ha hecho público el monto definitivo al cual podrían ascender estos gastos. Sin embargo, más allá de los recursos que los 13 candidatos puedan aportar al proceso, Jesús María Casal, presidente de la CNP, señaló que se ha trazado una estrategia para la recaudación de fondos: «Habrá una serie de actividades públicas de recolección de fondos. Muchos venezolanos en el exterior han contribuido y seguirán haciéndolo».
En el otro extremo, el régimen de Maduro niega que la oposición tenga la capacidad para reunir los fondos necesarios. Diosdado Cabello, el segundo hombre del chavismo, sostuvo que el costo de las primarias opositoras ascendía a 30 millones de dólares y subrayó que era altamente improbable que la Comisión de Primarias pudiera obtener esos recursos. Además, reiteró sus advertencias acerca de la prohibición legal que impide que las ONG financien actividades políticas o partidos.
Recientemente, Cabello advirtió en su programa de televisión que el régimen estaba llevando a cabo una investigación sobre el financiamiento de las Primarias Presidenciales de la oposición y que la CNP debía justificar la procedencia de los recursos destinados a financiar este proceso: «A todas luces, ¡allí hay algo raro! ¿Por qué vía están recibiendo el dinero? Si están recibiendo fondos de organismos como la USAID o estas ONG que están enfocadas en cómo derrocar la revolución, se encuentran en una situación complicada. Luego no tengan lamentos».
Enfrentar las inhabilitaciones y la violencia estatal
Dado el amplio rechazo que Nicolás Maduro enfrenta en las encuestas, resulta imperativo para el régimen chavista desalentar la participación y fragmentar al máximo al sector opositor. Además de la judicialización de los partidos políticos opositores, el respaldo a candidatos «pseudo opositores» y el desmantelamiento del CNE, el régimen ha vuelto a recurrir a la estrategia de inhabilitaciones políticas y la violencia dirigida hacia los opositores.
Tres de los candidatos de la primaria presidencial actualmente se encuentran inhabilitados. La última afectada por este tipo de medida inconstitucional fue María Corina Machado, la candidata que aparece con la primera opción a nivel nacional en todas las encuestas. El reglamento de las primarias es explícito al permitir la participación de candidatos inhabilitados, con lo cual se espera que, de ser electo un candidato unitario inhabilitado inconstitucionalmente por el régimen, todas las fuerzas democráticas tanto nacionales como internacionales se sumarán para exigir el respeto del derecho del candidato opositor favorecido y respaldado por la voluntad de los venezolanos que participaron en ese proceso.
Las inhabilitaciones han venido acompañadas de la violencia política. En la medida en que los candidatos han retomado las calles venezolanas para llevar sus propuestas e incentivar la participación, el régimen ha iniciado lo que la Plataforma Unitaria ha calificado como «política del terror”. Durante los últimos meses, varios de los candidatos opositores, y particularmente Machado y Capriles, han recibido decenas de violentos ataques y fuertes agresiones por parte de las huestes chavistas, resultando personas con graves lesiones en muchos casos. Por su parte, el gobernador del Estado Trujillo, Gerardo Márquez, emitió públicamente instrucciones el pasado 4 de agosto a sus seguidores, incluyendo a los colectivos paramilitares, para «sacar a coñazos» (a golpes) a los candidatos opositores que realicen actividades políticas en el estado. Junto a estos actos violentos, la candidata Delsa Solorzano denunció haber recibido amenazas de muerte.
A estas acciones se agregan las amenazas del nuevo comandante general de la Guardia Nacional (GN), el general Elio Estrada Paredes, quien el 5 de agosto advirtió en un acto público que la GN debía estar preparada para enfrentar «el desconocimiento de las nuevas autoridades del CNE y la estafa política con el lanzamiento de falsos candidatos presidenciales inhabilitados”.
Esta «política del terror” podría ser un anticipo del ambiente de violencia y miedo que el régimen quiere que se experimente en el país el día de las votaciones, de manera de desestimular la participación ciudadana en este proceso.
Demanda ante el TSJ y amenaza de adelanto de las elecciones
Junto a los desafíos previamente mencionados, se vislumbran dos amenazas que gravitan sobre la realización de las primarias presidenciales de la oposición. Una de estas amenazas surge de una sentencia aún pendiente en el Tribunal Supremo de Justicia, en relación con un recurso de amparo presentado por Luis Ratti el 10 de julio pasado. Este recurso solicita la suspensión de las primarias al considerarlas un instrumento de la oposición para engañar a la ciudadanía y generar caos en el país.
Otra amenaza que pende sobre las primarias opositoras es la posibilidad de adelanto de la fecha de las elecciones presidenciales, establecida constitucionalmente para el año 2024. Nicolás Maduro, durante un acto militar el 11 de agosto pasado, insinuó esta posibilidad al manifestar en su discurso: «Diosdado dice que pudiera haber elecciones este año… hay tiempo». Dos semanas después, el 23 de agosto, Cabello reiteró en su programa de televisión la amenaza de adelantar las elecciones al comentar: «Estamos en agosto, hay tiempo para realizar la elección en septiembre, octubre, noviembre o diciembre. Hay margen. Imaginen si las elecciones fueran en octubre, nosotros estamos preparados, el Plan República está listo, pero los que no están listos son ciertos individuos que yo conozco».
Es difícil prever si alguna de estas dos amenazas se materializará en el futuro. Dependerá de lo que más le convenga al régimen durante los próximos 46 días. Sin embargo, solo la mera existencia de semejantes arbitrariedades y la posibilidad de que lleguen a concretarse ponen una vez más de relieve ante la comunidad nacional e internacional el carácter autocrático del régimen de Nicolás Maduro, así como las difíciles condiciones en las que los actores democráticos luchan por recuperar las libertades en Venezuela.
