Foro Penal, una asociación civil dedicada a la protección legal de los presos políticos y los derechos humanos en Venezuela, es la ganadora en 2023 del prestigioso premio Defensor del Año de la organización Civil Rights Defenders.

La Voz de América

El reconocimiento se otorga cada año a una organización o defensor de derechos humanos que continúa su lucha por el respeto y la protección de los derechos civiles y políticos “a pesar de los riesgos a su propia seguridad”, detalla la organización, fundada en 1982.

Foro Penal ha sido “el guardián de los presos políticos” en Venezuela, según el dictamen, compartido a la Voz de América. “Ha sido el principal defensor de los presos políticos y activistas por la democracia detenidos arbitrariamente en Venezuela durante más de una década”, señala Civil Rights Defenders, destacando que la ONG suramericana está integrada por 400 abogados y 6.000 voluntarios para cumplir con su rol.

La asociación galardonada defendió a más de 5.000 personas en comisarías y tribunales de Venezuela durante las protestas políticas de 2014, subraya la organización internacional.

Foro Penal ha ejercido “un papel clave” en la ola de protesta de la última década en Venezuela y han defendio a al menos 12.000 personas. “Sigue los casos de más de mil personas en los tribunales venezolanos”, complementa quien otorga el premio.

Civil Rights Defenders se define como una organización de derechos humanos independiente en lo político y lo religioso, con aliados en “algunas de las regiones más represivas” en 4 continentes, con sede principal en Estocolmo, más 8 oficinas en el mundo.

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La extradición de Alejandro Toledo desde Estados Unidos y la prisión preventiva que se le impuso por 18 meses, a la espera de un juicio por corrupción y lavado de dinero en el marco del escándalo Odebrecht, encuentra a Perú en medio de un clima de alta volatilidad política, en el que el descrédito de los partidos y el Parlamento alcanza niveles inquietantes.

DW

Con tres expresidentes encarcelados y otros procesados, el país bate un curioso récord en lo que a la persecución judicial de exmandatarios se refiere. «¿Somos el país más corrupto de América Latina? ¿O es quizás el único país en el que la Fiscalía y el Poder Judicial han empezado a trabajar de manera más independiente de los políticos, con una autonomía que ha llevado a muchos al banquillo de los acusados?” Son preguntas que plantea, en conversación con DW, Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Y hace notar, en este contexto, que «en otros países encontramos como excepción lo que acá parece una regla”.

La Justicia peruana

La lista es larga: Alberto Fujimori cumple una condena a 25 años de cárcel por corrupción y crímenes de lesa humanidad, en la prisión de Barbadillo. Allí se encuentra igualmente Pedro Castillo, en prisión preventiva, acusado de corrupción y rebelión, y ahora se les ha sumado también Alejandro Toledo. Otro expresidente, Alan García, se suicidó antes de ser detenido. Y los exmandatarios Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski también están en la mira de la Justicia. Incluso la actual presidenta, Dina Boluarte, será investigada por la presunta financiación ilegal del partido Perú Libre en las elecciones de 2021, según anunció la Fiscalía a fines de marzo. Esto, aparte de que queda por esclarecer lo ocurrido en la represión de las protestas al inicio de su gobierno, en las que murieron unas 60 personas.

Denisse Rodríguez-Olivari, licenciada en Ciencias Políticas y Policy Leader Fellow de la School of Transnational Governance (EUI), hace notar que Perú no es el único país afectado por el caso Lavajato. Y recuerda que no solo son blanco de investigaciones expresidentes, sino también exgobernantes regionales e incluso alcalde. «Entonces, parecería que Perú es más corrupto que otros países, pero, si miramos más allá de la superficie, vemos que es el país donde no hay persona que escape de ser investigada por la Justicia, como sí ha pasado en otros países. Por ejemplo, cabría revisar lo que pasa en México, donde también existió el esquema de Odebrecht, pero no tuvo las consecuencias que ha tenido en Perú”, subraya.

Tuesta considera igualmente que «el caso de los expresidentes acusados, y algunos presos, habla bien de la Justicia peruana». Pero considera que también es cierto que en Perú la Justicia, como en otros países, «ha sido utilizada para fines políticos y, peor todavía, la política se ha judicializado mucho”.

La fragilidad del sistema

La experta peruana en lucha contra la corrupción compara la situación con lo que ocurrió en Italia con el caso «Manos limpias”: «Es el colapso de todo un sistema, mucho más frágil, que desemboca en que prácticamente todos los presidentes que fueron elegidos a través de comicios estén siendo investigados por este caso de Odebrecht. Hay partidos de todo el espectro ideológico involucrados. Eso genera, sin duda, un espacio para outsiders y nuevos partidos, lo que no garantiza necesariamente que vayan a ser mejores o más limpios que los anteriores”, dice a DW.

Tuesta coincide: «Perú es el nido de los políticos outsiders, pero también de los partidos políticos más informales y más desacreditados de la región. Entonces, uno podría decir que acá hay un vaciamiento de las instituciones”, señala. Y eso tiene consecuencias difíciles de prever, ya que abre espacio a figuras populistas, de izquierda o derecha.

A juicio del académico, todo eso hace que se perfile muy difícil una salida a mediano plazo. «Perú es el país de las incertidumbres. Es un país donde el mes siguiente ya parece una perspectiva de largo plazo”, indica. Y, ante la presencia de gobiernos débiles y frágiles, no descarta que se pueda desembocar en «un gobierno cívico-militar o un gobierno civil con un alto componente militar peligroso”.

Para el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos Calderón, la expulsión de Juan Guaidó, hasta hace unos meses presidente interino de Venezuela, representa el «primer acto de despotismo» del presidente Gustavo Petro.

Por: Edgardo Pinell – El Debate

Para Santos Calderón, vicepresidente colombiano, durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002 – 2010) se ha acabado el beneficio de la duda, que él personalmente, le otorgaba a Petro.

De visita en Madrid, invitado por la Fundación Disenso, Santos Calderón confesó con asombro y tristeza que la expulsión del territorio colombiano de uno de los principales líderes de la oposición venezolana le deja claro «el inmenso peligro en que se encuentra Colombia».

Guaidó intentaba asistir a un encuentro convocado por el Gobierno de Petro para intentar mediar en la crisis venezolana, sin embargo no fue invitado oficialmente y decidió entrar «como lo hacen miles de venezolanos diariamente: caminando por la frontera», lo que fue considerado por el Ejecutivo colombiano como una entrada y estancia irregular en Colombia.

Santos Calderón es enfático en señalar que tras la expulsión de Guaidó, Petro «muestra su condición de déspota y deja de ser una «mediador imparcial» en el tema venezolano y que lo que ha convocado en Bogotá se vuelve una «farsa».

Para el exmandatario, que ha vivido en carne propia el terrorismo de la guerrilla de las FARC, es «el inicio de un camino espinoso y terrible para Colombia» y «es un campanazo de alerta para la oposición colombiana que debe dejar sus egos a un lado» y asumir que «Petro no va a dejar el poder».

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En julio de 2014 la familia propietaria del diario venezolano El Universal anunció que había vendido una participación mayoritaria de la compañía a una firma de inversión española, completamente desconocida, llamada Epalisticia. Era la tercera venta de un importante grupo de medios en Venezuela en un año, destinado a llevar a cabo lo que el ministro de Comunicaciones llamó la “hegemonía mediática”.

Por Orlando Ochoa-Terán – El Nacional

De forma semejante, ya habían sucumbido a los garfios de este proyecto hegemónico el canal de noticias Globovisión y Últimas Noticias, que de inmediato cambiaron la línea y la cobertura editorial. En Globovisión, que alguna vez fue fervientemente antigubernamental, hubo una brutal reducción en la cobertura de la oposición y en Últimas Noticias, los nuevos propietarios desmantelaron la unidad de investigación.

El Universal había sido propiedad de la familia Mata, descendientes del poeta Andrés Mata, quienes fundaron la publicación en 1909. En contraste con los propietarios de El Nacional, que aún ofrecen una aguerrida resistencia a las intenciones de amordazarlos, los descendientes del poeta Mata, con pocas raíces en el país, fueron fácil presa de una oferta que, como diría el personaje de la novela El Padrino de Mario Puzo, no pudieron rehusar.

Los términos de una supuesta venta del periódico de más de un siglo no fueron revelados y desde entonces han permanecido en secreto. Las llamadas de las agencias de prensa a la firma Epalisticia en Madrid eran desviadas a un correo de voz no identificado. La familia Mata, probablemente constreñida con lo que se conoce como un NDA (non-disclosure agreement) un acuerdo de no revelar, no ofrecieron detalle alguno de la transacción. El sitio web de la firma Epalisticia indicaba que la compañía tenía compromisos de capital por un mil millones de dólares en inversiones que se enfocaban en los sectores petrolero, inmobiliario y de medios. El periódico español El Mundo informó que no había podido identificar a los propietarios de Epalisticia.

La nueva dirección de El Universal, en manos del periodista Jesús Abreu, prometió en un comunicado publicado en la portada del diario, mantener la línea editorial del medio, que había sido crítico del gobierno de Nicolás Maduro y que durante años confrontó abiertamente a su antecesor, el fallecido Hugo Chávez. “El producto seguirá siendo el mismo”, prometió Abreu entonces.

Pero nada de lo que este gobierno ha tocado desde hace 23 años sigue siendo lo mismo.

¿Cuánto valía El Universal?

El periodista Nelson Bocaranda alcanzó a entrevistar en julio de 2014 al consejero delegado de Epalisticia, José Luis Basanta, representante de la firma española, pero pese a las incisivas preguntas de Bocaranda el enigma permanece.

¿Por qué desde España?  ¿Con qué propósito se compra El Universal? ¿Y quiénes son los inversores? ¿De dónde vinieron los compradores? ¿Hay al menos un venezolano en ese grupo? Todas las respuestas fueron negativas o evasivas. 

¿De cuánto dinero fue la operación?, preguntó Bocaranda. «Eso no lo puedo decir porque está sometido a cláusulas de confidencialidad suscritas entre las partes. Lo que sí te puedo decir es que no fueron 90 millones de euros ni 130 millones de dólares. Ni tan siquiera la mitad. Es que no sé de dónde salió esa cifra. No fue ni la mitad de 40 millones de euros», dijo Basanta.

¿Valía tan poco el diario?, cuestionó. «Pues sí, valía muy poco. El periódico perdía dinero, mucho dinero. Perdió dinero por varios años. Me han preguntado si es por causa del acoso. Ahí se puede teorizar todo lo que se quiera», respondió Basanta.

¿La realidad? El gobierno bolivariano no adquirió El Universal por interpuestas personas jurídicas como se ha dicho, el gobierno, en una compleja madeja transaccional compró por 140 millones de dólares la mordaza que silenciaría a El Universal para siempre.

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Las dos divisas lideraron el ranking de devaluación en Sudamérica, con la excepción del tipo de cambio paralelo en Argentina y la devaluación del bolívar venezolano. Se refleja el clima de desconfianza que generan los Gobierno de izquierda.

La Derecha Diario

La apreciación relativa del dólar a nivel global impactó más que proporcionalmente en las economías más afectadas por la falta de confianza, entre ellas Colombia y Brasil, ambos países gobernados por presidentes socialistas. El peso colombiano acumuló una devaluación del 2,2% frente a la cotización del dólar desde el día 14 de abril, mientras que el real brasileño se depreció un 2,8%.

Fueron los desempeños más ruinosos de la región en los últimos siete días, ya que incluso superaron la devaluación acumulada del tipo de cambio oficial argentino en el mismo período (estimada en el 1,6% de acuerdo al régimen de crawling-peg del Banco Central) y excluyendo al caótico caso venezonalo.

El análisis se realiza sobre la base del tipo de cambio oficial de cada país, y se debe tener en cuenta que ni Colombia ni Brasil establecen restricciones para la compra y venta de divisas. Distinto es el caso de Argentina, ya que durante la última semana el tipo de cambio paralelo escaló de los $400 hasta los $448, con un récord de $450 en el momento más caótico de la jornada del viernes pasado.

Se debe tener en cuenta, además, que una devaluación de estas características es holgadamente superior en términos reales de lo que significa para Argentina, que mantiene una tasa de inflación anual 10 veces superior a la de Colombia y 20 veces más grande que Brasil.

La devaluación de la moneda en Colombia y Brasil refleja el clima de desconfianza en los Gobiernos de la izquierda, ya que se descuentan dos cosas fundamentales: una menor entrada de capitales, ya sea por restricciones o por una menor oferta de proyectos de interés en sectores estratégicos (como la energía), y en segundo lugar las perspectivas por un mayor desequilibrio de las finanzas públicas.

El Gobierno de Lula da Silva dispuso la eliminación de las reglas fiscales para el período 2023, elevó el techo del gasto público en 198.000 millones de reales hasta fin de año, aplicó retenciones a las exportaciones de petróleo y anuló por completo todas y cada una de las privatizaciones programadas por Bolsonaro (siendo Petrobras el caso más importante). Todas estas medidas desalientan la llegada de capitales y arrojan presión sobre el déficit fiscal.

El caso colombiano no fue diferente. El presidente Gustavo Petro decidió congelar deliberadamente el precio nominal de las tarifas de los servicios públicos, dispuso una reforma previsional que minimiza el rol del sector privado (la principal fuente de capitalización del país), y lanzó una reforma tributaria que penaliza especialmente la exportación y producción del sector petrolero (mediante regalías y cargas sobre dividendos).

La reducción esperada en el volumen de exportaciones petroleras en ambos países, así como la menor inversión extranjera directa (IED) y el mayor déficit fiscal son factores que presionan hacia la devaluación de las monedas domésticas.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes que se presentará a la reelección en los comicios de 2024.

AFP

“Cuando me presenté a las elecciones para ser presidente hace cuatro años dije que estamos en una batalla por el alma de Estados Unidos. Y todavía lo estamos”, dijo el mandatario demócrata en un vídeo titulado “Libertad”.

“Cada generación tiene un momento en el que ha tenido que defender la democracia. Defender sus libertades fundamentales. Creo que éste es el nuestro. Por eso me presento a la reelección como presidente de Estados Unidos. Únanse a nosotros. Acabemos el trabajo”, escribió Biden en Twitter.

El líder demócrata, de 80 años, ya es el mandatario más longevo en la historia estadounidense, superando el récord que tenía Donald Trump, quien actualmente tiene 76 años y también ha dado señales de querer postularse. Si Biden fuera reelegido, terminaría su segundo mandato a los 86 años.

“Alrededor del país, los extremistas de MAGA (trumpistas) están alineándose para arrebatar esas libertades fundamentales. Recortar la seguridad social que has pagado toda tu vida mientras recortan impuestos a los más ricos. Dictando qué decisiones de salud pueden tomar las mujeres, prohibiendo libros, diciendo a la gente a quién pueden amar. Todo mientras hacen que sea más difícil que votes”, apuntó Biden contra la oposición republicana.

“La pregunta que enfrentamos es si en los próximos años tendremos más libertad o menos. Más derechos o menos. Sé la respuesta que quiero y creo que tú también. No es un tiempo para ser complaciente”, añadió en el video.

“Por eso estoy postulando a la reelección”, anunció.

Rápidamente, el Partido Republicano rechazó el mensaje. “Biden está tan fuera de onda que, después de crear crisis tras crisis, cree que se merece otros cuatro años”, dijo el Comité Nacional Republicano en un comunicado. “Si los votantes dejan que Biden ‘termine el trabajo’, la inflación seguirá disparándose, las tasas de criminalidad aumentarán, más fentanilo cruzará nuestras fronteras abiertas, los niños seguirán siendo abandonados y las familias estadounidenses estarán peor”.

No hay actos de campaña previstos en la agenda de Biden para este martes. El presidente pronunciará sin embargo un discurso ante un sindicato sobre un tema que puede convertirse en un eje electoral: devolver la “dignidad” al Estados Unidos popular “olvidado”, el mismo que Trump sedujo hace años.

Por la noche el presidente y la primera dama, Jill Biden, visitarán el Monumento a la Guerra de Corea en Washington junto con su homólogo surcoreano, Yoon Suk Yeol, y su esposa, Kim Keon Hee, en el comienzo de una visita de Estado que le dará la oportunidad de hablar de política exterior.

Aunque no se refirió específicamente a su compañera de fórmula, en el video aparece la vicepresidente Kamala Harris y el mensaje termina con una imagen de ambos apellidos. Biden ocupó ese cargo en los dos mandatos de Barack Obama.

En noviembre de 2021 y en febrero de 2023, Biden se sometió a chequeos que concluyeron que gozaba de “buena salud”.

Por el momento parece tener energía suficiente para afrontar las crisis internacionales y las reformas pero los años no perdonan. Lo cierto es que camina más lento y a menudo se le traba la lengua al hablar en público, dos condiciones que espantan incluso a algunos de sus simpatizantes. Según una encuesta de NBC News publicada el fin de semana, el 70% de los estadounidenses, incluido el 51% de los demócratas, cree que no debería presentarse a un segundo mandato.

Pero Biden sabe que según las encuestas, la candidatura de Trump, favorito entre los republicanos, tampoco entusiasma al votante independiente. El demócrata está convencido de que si logró derrotarlo una vez puede conseguirlo de nuevo gracias a su personalidad afable y su programa unificador. Queda una gran incógnita: ¿cuáles serían las posibilidades de Biden si se enfrentara a un rival más joven en noviembre de 2024, como por ejemplo el gobernador de Florida Ron DeSantis, de 44 años?

Este martes, elegido para el anuncio, no es una fecha al azar, es justo cuatro años después de la entrada de Joe Biden en la campaña que le dio la victoria frente a Trump en la campaña de 2020.