El régimen de Nicolás Maduro, a través de su Fiscal General Tarek William Saab, dio a conocer el pasado 17 de marzo el inicio de una serie de detenciones policiales a raíz de un nuevo desfalco milmillonario en la industria petrolera venezolana (PDVSA).
Por: Ramón Cardozo – DW
Este anuncio se produjo en medio de numerosas protestas ciudadanas lideradas por trabajadores públicos cuyos menguados ingresos, en promedio por debajo de los 30$ mensuales, no les alcanzan para sobrevivir en Venezuela. De acuerdo con la escasa información suministrada por el Fiscal, una amplia red de encumbrados políticos chavistas, altos funcionarios públicos, miembros del poder judicial, militares de alto rango y empresarios ligados al régimen se asociaron de diversas formas para delinquir en contra del patrimonio público venezolano. Pocos días después, Tareck El Aissami, a quien se identifica como uno de los 4 o 5 dirigentes con más poder dentro del chavismo, renunció a su cargo como ministro del Poder Popular de Petróleo.
Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, que es una organización no-gubernamental reconocida por su extensa labor investigativa sobre la «gran corrupción” que desde hace décadas impera en Venezuela, advirtió sobre el escepticismo general en torno a este operativo anticorrupción. A su juicio, la escasa información suministrada por las autoridades ha dejado muchos detalles y preguntas importantes sin aclarar. Por ejemplo: «¿Se está investigando al exministro Tareck El Aissami? ¿Se están revisando los contratos públicos suscritos por los funcionarios involucrados? ¿Cuál es el tamaño del patrimonio comprometido?” Para De Freitas, en este operativo gubernamental «no hay información, credibilidad ni coherencia, solo opacidad”.
La falta de transparencia del régimen, sumada a otros importantes elementos de juicio, ha llevado a múltiples analistas, periodistas independientes, así como a políticos de la oposición e incluso a chavistas enfrentados a Maduro, a señalar que este llamado «operativo anticorrupción” responde en el fondo a una lucha entre las distintas facciones que dentro del chavismo detentan el poder pues, en todo caso, Nicolás Maduro es el responsable principal de la corrupción generalizada que existe en el país.
Reflejo de este estado de opinión es la consigna «No es bloqueo, es saqueo”, que con frecuencia se escucha en las marchas de los trabajadores como respuesta al argumento de que el régimen no tiene la culpa de que no haya dinero para aumentar los salarios. En el mismo sentido, el Partido Comunista de Venezuela denunció en su comunicado del pasado 22 de marzo que «más que una lucha institucional real contra la corrupción, podemos estar frente a una estrategia de orden preelectoral”. En ese comunicado, además, se condena «todo intento del gobierno de Nicolás Maduro de eludir su responsabilidad en los escándalos de corrupción descubiertos”. Para este partido político, «la raíz del grave problema de descomposición en la administración pública se encuentra en el régimen de opacidad y desmontaje de todo tipo de controles, como forma de gestión gubernamental”.
Estas opiniones, así como otras de similar tenor, han sido expuestas y circulado en los medios digitales. Sin embargo, la conversación ciudadana sobre este tema en las redes sociales ha sido dominada, de forma artificial, por la narrativa oficialista impulsada por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la información (MIPPCI). Esta narrativa oficialista está orientada a imponer la idea de que «Nicolás Maduro está luchando contra la corrupción y no tiene responsabilidad alguna ante el escándalo sobre un nuevo desfalco multimillonario a PDVSA”, según señala el Observatorio Digital ProBox, que es una ONG dedicada a monitorear y analizar la conversación sociopolítica de Twitter en Venezuela, Cuba y Nicaragua.
De acuerdo con el seguimiento de ProBox, al día siguiente de haberse anunciado las primeras detenciones, el MIPPCI comenzó a promover en Twitter la narrativa del régimen asociándola con un grupo de etiquetas (#GuerraContraLaCorrupción, #ManoDuraContraLosCorruptos y #MaduroGolpeaALosCorruptos). Estas etiquetas fueron inmediatamente replicadas de forma masiva por la Tropa Tuitera chavista, un conjunto de cuentas a sueldo o automatizadas que se coordinan de forma inauténtica entre sí para amplificar y posicionar las etiquetas impulsadas por el MIPPCI.
Durante los siguientes cuatro días, cada una de las etiquetas impulsadas por el MIPPCI acumuló más de 1,7 millones de mensajes, convirtiéndose todas ellas en tendencias, no solo en Venezuela sino también en Cuba y Nicaragua. Durante esos mismos días, las etiquetas generadas por cuentas auténticas de la sociedad civil venezolana, como por ejemplo #MaduroEsCorrupción, apenas alcanzaron los 3.000 mensajes.
Estas prácticas del MIPPCI, dirigidas a «publicar una cantidad abrumadora de contenidos a través de cuentas inauténticas, con el objetivo de manipular la conversación y crear la ilusión de que existen grupos populares que apoyan o rechazan ampliamente un mensaje, mientras que se oculta el verdadero origen de la campaña”, no son coyunturales. Por el contrario, tal como lo afirma ProBox, «el régimen venezolano lleva años contaminando y manipulando la conversación pública en las redes con propaganda, desinformación y spam; y cada día está empeorando”.
Migración hacia los medios digitales
En la medida en que los venezolanos, en especial los no-chavistas, han cambiado sus patrones de búsqueda y consumo de información política, migrando desde los medios tradicionales hacia medios digitales, el control sobre el uso del internet en el país ha adquirido mayor relevancia dentro de la estrategia chavista para garantizar su continuidad en el poder en Venezuela.
Hoy en día en Venezuela, el 74.4% de los opositores, el 49,1% de los oficialistas (chavistas) y el 60.6% de los no alineados, se decantan por el uso de medios digitales a la hora de informarse sobre el acontecer político del país y del mundo, de acuerdo con los resultados del «Estudio de Opinión Nacional” realizado por la encuestadora More Consulting en enero de 2023. Englobando estos resultados, la encuesta encuentra que el 62% de los venezolanos prefiere utilizar a los medios digitales por encima de los medios tradicionales (prensa escrita, radio y tv). Este sondeo indica que los medios digitales más utilizados para estos fines son: Instagram (23,2%), portales de noticias en Internet (10,5%), Facebook (8,4%), Twitter (6,7%), WhatsApp (5,9%), TikTok (4,5%) y Telegram (2,8%).
Control político del uso de internet en Venezuela
Iria Puyosa, investigadora en comunicación política, especializada en social media y movimientos en redes, ha documentado en diversas investigaciones cómo, a partir del año 2007 y hasta el día de hoy, los gobiernos de Hugo Chávez, y luego el de Nicolás Maduro, han instaurado en Venezuela, de forma gradual e ininterrumpida, un modelo de control político con pretensiones hegemónicas sobre el uso de internet. El desarrollo de este modelo se enmarca en una política estatal más amplia que busca establecer en el país una «hegemonía comunicacional” por parte del régimen chavista.
El modelo de control de internet en Venezuela, de acuerdo con Puyosa, se inició en el año 2007, cuando el régimen de Hugo Chávez, luego de re-estatizar a la principal empresa proveedora de servicios de Internet en el país (CANTV), inició un proceso de desinversión en el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones de la empresa, dirigido a frenar el acceso y el uso de internet en el país. Posteriormente, en 2009, el gobierno calificó de «suntuario” el servicio de internet, para así establecer una importante barrera para el uso de este servicio en las instituciones públicas. A partir de 2010, el régimen chavista comenzó a impulsar estrategias de desinformación en las redes a través de cuentas automatizadas en Twitter. Ese mismo año, mediante una reforma de ley, el régimen extendió a los «medios electrónicos» las fuertes restricciones que sobre la publicación de contenidos ya pesaban sobre los medios tradicionales. Igualmente, se instauró la obligación de los administradores de sitios web a monitorear a los usuarios y reportar esta información al Estado. En el año 2011, comenzó a hacerse frecuente la intercepción de correos electrónicos y el hackeo de cuentas de periodistas y activistas de la oposición.
Para 2011, el notorio avance en el control de la red por parte del régimen chavista quedó reflejado en los resultados del informe de Freedom on the Net, elaborado a partir de la encuesta de Freedom House sobre la libertad de internet en el mundo. Venezuela fue calificada ese año con una puntuación de 46/100, lo cual la ubicaba como un país donde el uso del internet era solo «parcialmente libre”. En Latinoamérica, solo Cuba obtuvo peores resultados.
Censura, ataques y bloqueos en la red
En 2013, Nicolás Maduro continuó profundizando el modelo de control hegemónico de internet iniciado por Chávez. Ese año fue creado el CESPPA, una oficina nacional de seguridad que tiene facultades para interceptar comunicaciones personales en la web sin orden judicial. En 2014, coincidiendo con las multitudinarias protestas ciudadanas en contra del régimen, Maduro comenzó a adoptar, cada vez con mayor frecuencia, medidas de filtrado, bloqueo de sitios web, aunados a la ralentización de la velocidad de navegación, y el uso de cortes temporales en el acceso a internet. A partir de ese año, comenzaron también a registrarse en el país casos de persecución y encarcelamiento de usuarios de la web, específicamente usuarios de la red social Twitter. En 2015 se inició la creación de órganos militares con funciones de control político de internet. En 2017 se dictó la «Ley Constitucional Contra el Odio”, ampliando aún más las penas y las posibilidades de persecución a los creadores de contenido crítico al régimen de Maduro en los medios digitales y convencionales.
Desde 2019, el régimen de Maduro viene aumentando de forma masiva el bloqueo de medios digitales independientes tanto nacionales como internacionales. El pasado 12 de marzo, la ONG «VE Sin Filtro” denunció en su cuenta de Twitter que las empresas prestadoras del servicio de internet en el país mantienen bloqueados de forma arbitraria 97 dominios, de los cuales 62 pertenecen a medios de comunicación o páginas que publican contenidos informativos.
El pasado 20 de febrero, el diario El País publicó un reportaje sobre la existencia en la red YouTube de noticieros y periodistas falsos, creados con la ayuda de inteligencia artificial, con el objetivo de diseminar contenidos engañosos sobre la supuesta mejoría económica de Venezuela, encubiertos bajo la apariencia de noticias.
En marzo de este año, la plataforma C-informa y el portal digital Efecto Cocuyo publicaron la investigación «Portales de la mentira”, donde queda evidenciada la existencia en internet de un amplio enjambre de portales pseudo-informativos, que algunas veces se presentan como noticiosos, de análisis u opinión, los cuales actúan coordinados entre sí para desinformar sobre la realidad venezolana y dar a las narrativas chavistas un mayor alcance dentro de la opinión pública internacional. «Esta red viaja desde Sudáfrica, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos hasta Latinoamérica pasando por Venezuela como hub de conexión e implica un sistemático compartir de contenidos de interés a otros gobiernos aliados como Rusia, Cuba o Nicaragua”.
El informe de Freedom on the Net de 2022 calificó a Venezuela con una puntación de apenas 30/100. En esta última década, el país empeoró en 16 puntos su evaluación y pasó de ser un país con un internet «parcialmente libre” a ser un país con un internet «no libre”. Con ello, Venezuela entró a formar parte, junto con Cuba, del grupo de los 20 países del mundo que poseen los índices más bajos de libertad en el uso de internet.
