Cinco personas han sido detenidas por el incendio en un centro de detención migratorio de la mexicana Ciudad Juárez (fronteriza con Estados Unidos), que dejó 39 muertos y 27 heridos el pasado lunes, informó este jueves la Fiscalía General.
“Ya se ejecutaron cinco” órdenes de aprehensión, dijo la fiscal especializada en Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, en una conferencia de prensa en la que se detalló que los fallecidos fueron 18 guatemaltecos, 7 salvadoreños, 7 venezolanos, 6 hondureños y un colombiano.
“En el transcurso del día se da la audiencia de imputación y vinculación, eso quiere decir que ya fueron puestos a disposición del juez”, añadió la fiscal.
La funcionaria precisó que un juez giró en total seis órdenes de arresto contra tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos vigilantes privados y un migrante que habría iniciado el incendio, señalados de homicidio doloso y lesiones.
Sin embargo, no especificó quiénes fueron los detenidos.
En la misma conferencia, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, reveló la nacionalidad de las víctimas mortales y dijo que los heridos son 5 salvadoreños, 10 guatemaltecos, 8 hondureños y 5 venezolanos. De ellos, solo uno fue dado de alta.
Rodríguez anunció que el gobierno evalúa la ayuda que prestará a las familias de las víctimas, al tiempo que inició un proceso administrativo para revocar el contrato e imponerle una multa a la empresa a cargo de la seguridad del recinto.
El incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) se desató la noche del lunes, luego de que al menos un migrante prendiera fuego a colchones en medio de una protesta por una posible deportación, según las autoridades.
La hasta ahora única capturada por la guerra de pandillas del chavismo, Johana Torres, conocida como la ‘reina de las frutas’ por haber aparecido así en una enorme valla en Caracas para promocionar un restaurante aparece en un escandaloso video grabado en Dubái.
En sus redes sociales, Torres no ocultaba los lujos y las excentricidades con las que vivía. La justicia la acusa de haber “conformando una estructura delictiva compuesta por una red de testaferros, lobistas, damas de compañía e intermediarios que le permitieron a la pareja obtener contratos otorgados a dedo por PDVSA”.
Torres nunca tapó que vivía en medio de lujos. En su cuenta de Instagram publicaba sus viajes por Dubái y su vida llena de yates, joyas y ropa de marca. El portal oficialista La Tabla asegura que tenía “mansiones en Venezuela y EE. UU., un avión Beech Aircraft, con matrícula YV2735 (que colocó a nombre de una tía) yates y una flota de camionetas y motos de alta cilindrada”.
En sus publicaciones, sin embargo, llama la atención una celebración en Dubái en la que comparte con la diseñadora colombiana Blanca Arroyo. Esas reuniones fueron publicadas por la misma exitosa diseñadora en Instagram.
En este video, ambas mujeres aparecen bailando la canción dinero de Jennifer López. Las dos hacen gestos para imitar el conteo de billetes, mientras la cámara enfoca fajos de dólares y euros, y lo que parecen ser lingotes de oro. Todas se ríen y siguen danzando en la terraza, mientras el aire de Dubái les mueve el cabello. “Yo quiero, yo quiero dinero”, suena en la canción de fondo.
Contexto. En un video de Johanna Torres (de naranja)imputada por delitos de legitimación de capitales en su cuenta Instagram,la cual ya está privada,se ve una maleta de lingotes de oro y cómo recibe en su casa a varias amigas entre ellas,Blanca Arroyo colombiana lo tiene en su IG pic.twitter.com/dCqJuTxAoe
Los astrónomos detectaron y midieron uno de los agujeros negros más grandes jamás descubiertos gracias a una nueva técnica que debería permitir saber más sobre esas regiones del universo que no permiten la emisión de luz debido a su enorme campo gravitatorio.
Los hallazgos, publicados por la Royal Astronomical Society, muestran que el agujero negro tiene más de 30.000 millones de veces la masa del sol, una escala que es raramente vista por los astrónomos. Es el primero cuyas características se determinan gracias a la técnica de detección por lente gravitacional.
Este fenómeno es causado por la presencia de un objeto tan masivo -una galaxia o un agujero negro supermasivo- que curva el espacio-tiempo. La luz proveniente de una fuente distante parece así deformada cuando pasa cerca.
Pero, si bien se puede observar una galaxia, no es el caso de un agujero negro ya que, al ser tan denso ni siquiera la luz puede escapar de él, lo que lo hace invisible.
Descubrimiento abre otras posibilidades
Esta vez, los astrónomos tuvieron «mucha suerte», explica a AFP James Nightingale, astrónomo de la Uniersidad de Durham y primer autor del estudio.
Pudieron observar la luz de una galaxia cuya trayectoria se desviaba a unos 2.000 millones de años luz, confirmando la presencia de un cuerpo con una gravedad gigantesca e invisible entre la galaxia y la Tierra: un agujero negro.
Se supone que la mayoría de las galaxias albergan un agujero negro en su centro. Pero, hasta ahora, para detectar su presencia, era necesario observar las emisiones de energía que producen absorbiendo material que se aventuró demasiado cerca. O bien observar su influencia en la trayectoria de las estrellas que lo orbitan.
Sin embargo, estas técnicas solo funcionan para agujeros negros suficientemente cercanos a la Tierra. La técnica de lentes gravitatorias permite a los astrónomos «descubrir agujeros negros en 99% de las galaxias que actualmente son inaccesibles» a la observación tradicional, porque están demasiado distantes, indica el astrónomo Nightingale.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, recordó este viernes (31.03.2023) el primer aniversario de la liberación de la ciudad de Bucha, una localidad cerca de Kiev donde las fuerzas rusas están acusadas de haber masacrado a civiles, un crimen contra la humanidad que ahora es investigado por organismos internacionales, y aseguró que su país «nunca” perdonará a Rusia por ello.
«Bucha y el distrito de Bucha. 33 días de ocupación. Más de 1.400 muertes, incluidos 37 niños», denunció el mandatario en un breve mensaje publicado en su canal de Telegram, que acompañó con un video con imágenes de la ciudad antes de ser invadida y tras el paso de los rusos por ella. Han pasado «365 días desde que es una ciudad ucraniana libre otra vez”, apuntó.
Lo ocurrido en la localidad «es un símbolo de las atrocidades del ejército del país ocupante. Nunca perdonaremos. Castigaremos a cada culpable», dijo Zelenski en su mensaje. «Más de 175 personas fueron encontradas en fosas comunes y cámaras de tortura. 9.000 crímenes de guerra rusos», precisó el mandatario sobre lo ocurrido en la urbe, símbolo de las atrocidades que ha cometido el ejército invasor en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022.
Veinte hombres
El 31 de marzo de 2022, el ejército ruso huyó del norte de Kiev. Dos días después, un equipo de periodistas de la agencia de noticias AFP descubrió en Bucha los restos carbonizados de vehículos, casas destruidas y los cadáveres de 20 hombres vestidos de civil, uno de ellos con las manos atadas a la espalda. Estas imágenes conmocionaron al mundo, y Ucrania y los países occidentales denunciaron que en Bucha se produjeron ejecuciones sumarias.
Las autoridades ucranianas e instituciones y organismos de países aliados enviaron a la zona a forenses y técnicos especializados para determinar si el Ejército de Moscú cometió allí y en otras poblaciones cercanas, como Irpin, crímenes contra la humanidad. La Corte Penal Internacional (CPI) emitió el mes pasado una orden de arresto contra el líder del régimen ruso, Vladimir Putin, por la deportación de niños de Ucrania a Rusia.
El régimen ruso rechaza las acusaciones, que califica de «falsificaciones”, y Putin incluso condecoró a los soldados que ocuparon Bucha.
El Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CEIUC) publicó el Índice Riesgo Político América Latina 2023 -el tercero que realiza- y concluyó que la región “se encamina a otro año complejo y retador”.
“El presente reporte revela la creciente percepción de inseguridad frente a un crimen organizado cada vez más extendido; un retroceso de democracias asediadas por el populismo, la polarización y propuestas autoritarias; riesgos de nuevos estallidos de malestar social ante una economía anémica y gobiernos incapaces de procesar de manera oportuna y eficaz las demandas ciudadanas; una crisis migratoria que no cede; y la aparición de temas como la inseguridad alimentaria, el aumento de ataques cibernéticos o la pérdida de competitividad para desarrollar la ‘economía verde’. Todo ello en una región que sufre de un ‘eclipse diplomático’ que le resta visibilidad y protagonismo en el escenario global”, indicó el informe en su presentación.
Y siguió: “La sumatoria de estos riesgos configura un cuadro regional donde la gobernabilidad será crecientemente compleja, convirtiéndose junto con la inflación, la inseguridad y la incertidumbre en los mayores retos que deberán enfrentar un número importante de países latinoamericanos”.
Al mismo tiempo, el reporte anticipa que los “tiempos nublados” continuarán en la región, pero acompañados de nuevas oportunidades de crecimiento, en especial en agricultura, minería, energía y nearshoring, que deben ser aprovechadas.
“En este escenario de alta inestabilidad, volatilidad y riesgo político, los gobiernos y empresas deberán seguir mejorando su capacidad de navegar en aguas agitadas, manejar incertidumbre y expectativas, implementar reformas que respondan a las demandas ciudadanas con responsabilidad fiscal y sin afectar el clima de inversión y, sobre todo, ofrecer resultados”, señalaron sus autores del escrito.
El informe de 42 páginas está dividido en 10 apartados: crimen organizado, retroceso democrático, gobernabilidad compleja, nuevos estallidos de malestar social, crisis migratoria, inseguridad alimentaria, polarización y noticias falsas, pérdida de competitividad, aumento de ataques cibernéticos y debilitamiento de la integración regional.
Crimen organizado
El informe subraya que la realidad “es triste y preocupante” porque, a pesar de que la población de América Latina y el Caribe representa cerca del 9% del planeta, la región registra más del 30% de los homicidios mundiales.
“Superado sólo por Jamaica, Venezuela ocupó el segundo lugar en la tasa de homicidios en América Latina el 2021, con 40.9 homicidios por cada 100.000 habitantes según el Emergency Watchlist 2022 del Comité Internacional de Rescate (IRC, por su sigla en inglés)”, destaca el reporte.
Y enfatiza: “El crimen organizado crece donde el Estado es relativamente débil, las instituciones corruptas y predominan economías informales con altas tasas de desigualdad y pobreza. En América Latina existe una multiplicidad de actores relacionados al crimen organizado, incluyendo grandes, medianos y pequeños empresarios ilegales, que entre otras cosas pueden ejercer control territorial o proveer servicios públicos en aquellos lugares donde el Estado o las instituciones son débiles”.
El incremento del crimen organizado, de las violencias y debilitamiento del Estado de derecho, generan mayor percepción de inseguridad, corrupción e impunidad.
Respecto a la corrupción, se destaca que Uruguay, Chile y Costa Rica están cerca de la “corrupción inexistente”, mientras que Venezuela, Nicaragua y Haití aparecen con “corrupción elevada”.
Retroceso democrático En este apartado, los autores recalcan que la democracia a nivel global está bajo asedio y América Latina no es la excepción. “La situación se ha venido deteriorando progresivamente desde 2007 a la fecha (…). Actualmente existen 4 regímenes autoritarios: Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití (este último convertido en un Estado fallido)”.
En contraposición, destacan que en el otro extremo se ubica Uruguay, la democracia de mejor calidad de la región.
Sin embargo, aseguran que todo parece indicar que las perspectivas para 2023 seguirán siendo mayoritariamente negativas y dan ejemplos al respecto.
“En Cuba y Nicaragua no se observa voluntad para iniciar una transición a la democracia. Vemos, por el contrario, un recrudecimiento de la represión. En Haití (Estado fallido) el desafío pasa por reducir los altos niveles de violencia y estabilizar la situación para crear las condiciones que permitan llevar a cabo unas elecciones que debieron tener lugar hace tiempo; objetivos no fáciles de lograr y que requieren de mucha ayuda de la comunidad internacional. Venezuela es el único régimen autoritario que, con el acompañamiento internacional, ha retomado las negociaciones con la oposición (en México, a fines de 2022) para buscar una salida electoral y democrática”, describieron.
Gobernabilidad compleja
“La luna de miel de los gobiernos en América Latina es cuestión del pasado. Si el primer año solía ser el de mayor apoyo ciudadano para los mandatarios, hoy la sociedad cambió”, comenzó el escrito sobre este ítem.
Y continuó: “La gobernabilidad en América Latina es cada vez más compleja y las tensiones entre gobiernos y legisladores van en aumento. La ‘política de los acuerdos’ sufre de escasa valoración por una parte importante de la clase política y de la ciudadanía, esta última cada vez menos confiada de sus instituciones públicas”.
Luego se hizo hincapié en que la rápida caída del apoyo a los gobiernos se ha traducido en un “voto de castigo” para los oficialismos. Entre 2019 y 2021, en 13 de las 14 elecciones presidenciales, los votantes cambiaron de signo político, con la excepción de Nicaragua, país sin democracia ni elecciones libres.
Nuevos estallidos de malestar social
En este ítem, el informe asegura que América Latina se acerca a una nueva tormenta perfecta. “Como señala el Fondo Monetario Internacional (FMI), la región se encamina a un tercer shock. A la pandemia el 2020-2021 y los efectos de la guerra de Rusia en Ucrania el 2022, se agrega un entorno económico y financiero más complejo”, detallan.
Y afirman que las proyecciones económicas para el año 2023 se han corregido a la baja y, según el FMI, la economía latinoamericana crecerá un tímido 1,7% del PIB. Más pesimistas son las estimaciones de la CEPAL y de S&P Global, con un crecimiento regional de 1,4% y 0,7%, respectivamente.
Ante todo esto, el reporte asegura que se eleva el riesgo de nuevos estallidos de malestar social.
“Una región que se encamina hacia una nueva década perdida, con un crecimiento promedio cercano al 0,8% anual, incluso más baja que la década perdida de los 80″.
Crisis migratoria
El drama migratorio también está presente en el índice, que resalta que el aumento de flujos migratorios exacerba la xenofobia e incrementa enfrentamientos sociales. “El principal patrón migratorio actual es intrarregional más que extrarregional: grandes flujos migratorios se producen en subregiones más que de una región a otra. Estos flujos —en su mayoría en búsqueda de mejores oportunidades laborales y económicas—, tienen por principalmente destino Argentina, Chile y Brasil”, describen los autores.
Y ponen el foco en los venezolanos que debieron dejar su país por la profunda crisis: “El mayor desplazamiento en la región ha sido de ciudadanos venezolanos que huyen de la violencia, la persecución política y la pobreza. En la actualidad existe un total 7,1 millones de venezolanos migrantes y refugiados en el mundo. De esta cifra, 5,96 millones (84,9 %) se encuentran distribuidos en 17 países de América Latina, especialmente en Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil”.
Luego expresan que una de las mayores preocupaciones migratorias son los pasos irregulares con gran flujo de migrantes, siendo los puntos más complejos en la región los de Necoclí en Colombia y Tarapacá en Chile. “Sólo en este último caso, en 2019 se registraron 8.489 casos, en el 2020 la cifra se duplicó, llegando a 16.848 casos. En el año 2021, por su parte, se alcanzó un máximo histórico con 56.586 casos y los datos hasta agosto del 2022 registran 38.410 casos, una cantidad superior a los contabilizados en el año 2021 a la misma fecha (27.469)”.
Por último, el reporte narra que el impacto político, social y económico del éxodo venezolano y de otras olas migratorias ha forzado a los gobiernos a adoptar políticas y estructurar mecanismos de financiación de servicios para una creciente e inesperada llegada de poblaciones migrantes. Entre los principales servicios demandados se cuentan el acceso a salud, alimentación, vivienda y, por supuesto, acceso al mercado laboral.
“Sin embargo, las cada vez más frágiles economías latinoamericanas han sido incapaces de absorber las necesidades de los cada vez más grandes flujos migratorios”, lamenta el escrito.
Inseguridad alimentaria
El 2022, en América Latina, cuatro de cada diez habitantes han vivido con inseguridad alimentaria. Sólo entre 2020 a 2021 la población desnutrida en la región aumentó en cuatro millones llegando al 8,6 % regional. En sólo dos años, más de 13 millones de personas han caído en el hambre.
“La región no sólo ha tenido que enfrentar el encarecimiento interno de los alimentos producto de la inflación, sino que también ha tenido que conjugar la crisis interna con una prolongación de variables geopolíticas y climáticas que amenazan la producción, el comercio y costo de la vida en general”, señaló el índice.
Otro aspecto importante que marca es que, si bien los precios en el comercio internacional han ido bajando gradualmente, América Latina aún debe afrontar el problema de la dependencia de productos asociados a la producción agrícola, como lo es el precio de los fertilizantes.
Polarización y noticias falsas
En este apartado, el informe recuerda que Internet y las redes sociales han transformado profundamente la forma de hacer política y la manera de interactuar entre políticos y ciudadanía. “El aspecto positivo es que han ayudado a acercar los asuntos públicos a la población y a que las y los ciudadanos se repoliticen e incrementen su participación en lo público, algo que no facilitan organizaciones burocratizadas como los partidos”, comenzó.
“En paralelo, sin embargo, la presencia de la política en las redes sociales está teniendo consecuencias perniciosas para la convivencia en democracia. A la crisis de liderazgo de la élite y de representatividad de los partidos se une ahora la acción de las redes sociales convertidas en un vehículo para difundir desinformación y mensajes de odio, fomentando la polarización”, agregó.
Luego puso el foco en que en los recientes procesos electorales latinoamericanos las noticias falsas, a través del mal uso de las redes sociales, se han acentuado, reproduciendo contenidos individualmente microsegmentados que exacerban las diferencias entre grupos de votantes y radicalizan agendas extremistas.
Pérdida de competitividad
En este punto, los autores del informe analizan que la atracción de inversión extranjera “está poco presente en el discurso público” de los gobernantes latinoamericanos.
“La falta de acciones concretas, claridad en los marcos regulatorios y discrecionalidad de ciertas agencias administrativas, amenazan la inversión necesaria para desarrollar el enorme potencial de la región a través en recursos naturales y energías críticas para la economía verde”, afirmaron.
Y agregaron: “De acuerdo a la Cepal, en 2021 las entradas de inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe se recuperaron después de la fuerte caída registrada el año 2020, con un monto total de US$ 142.794 millones, cifra un 40,7% superior al año anterior, pero inferior a los US$ 159.000 millones prepandemia”.
Aumento de ataques cibernéticos
Al hacer referencia a este tema, el informe habla del importante concepto de confianza. “El principal efecto que tienen los ataques cibernéticos a entidades gubernamentales es la pérdida de confianza. Al perder datos confidenciales se afecta la credibilidad de estas entidades ante la ciudadanía, puesto que una ciberamenaza puede poner en riesgo la seguridad y la vida de los ciudadanos”, reflexiona.
Y trae un dato concreto: “Según la consultora PwC, desde el año 2019 se han podido identificar 180 delitos contra el sector gubernamental y por lo menos 26 grupos criminales en América Latina. El principal medio utilizado por estos grupos es el ransomware, método de ataque que a nivel global tiene un costo de más de USD 20.000 millones solo para 2021, siendo las instituciones más afectadas las entidades académicas, administración pública, servicios de salud e infraestructura”.
El incremento de los ciberdelitos no sólo provoca año a año un golpe a organizaciones y estados, sino que también genera de forma exponencial un importante circulante de dinero en mercados clandestinos.
Debilitamiento de la integración regional
Por último, el reporte pone el foco en que el debilitamiento de los mecanismos de coordinación regional dificulta la gestión de crisis y aumenta la irrelevancia a nivel global.
“La falta no ya de organismos de integración sino de un atisbo de coordinación (México, Brasil y Argentina nunca han puesto en común una agenda para llevarla de manera mancomunada al G-20) ha conducido a que la región sea contemplada por el resto del mundo como un conjunto de estados inconexos”, señala el informe.
Y concluye: “Si América Latina continúa descoordinada y sin forjar alianzas estratégicas con terceros, los diferentes países de la región acabarán cayendo de un lado o del otro del choque de trenes económico, comercial, tecnológico y militar que se avecina entre Beijing y Washington. Además, tendrá escaso margen para aportar en el diseño de la nueva estructura geopolítica mundial y para situar los problemas estructurales de la región como prioridades dentro de la nueva agenda internacional. Entre ellos, apoyo ante el desafío del crimen organizado así como ante la crisis migratoria, la de la democracias regionales o crisis locales como la de Haití”.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó este jueves un decreto para el reclutamiento militar de 147.000 rusos desde el 1 de abril hasta el 15 de julio próximo.
El decreto, publicado en el portal de información jurídica del Gobierno ruso, establece que serán convocados rusos entre los 18 y los 27 años de edad.
Además, también prevé la rescisión de los contratos del servicio militar de los militares que cuyo tiempo de servicio haya concluido.
Este llamamiento convoca a 12.500 personas más que en 2022, cuando se anunció el reclutamiento de 134.500 personas.
Se trataría del último llamado al servicio con estas edades, ya que el Legislativo tramita actualmente un proyecto de ley que eleva la edad mínima y máxima para el servicio militar obligatorio en Rusia de los 18 y 27 años actuales a los 21 y 30 años.
La iniciativa fue propuesta a finales de 2022 por el ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, y apoyada por el presidente, Vladímir Putin, y se produjo después de que cientos de miles de hombres rusos en edad militar abandonaran Rusia a raíz de la movilización decretada en septiembre de 2022 por el jefe del Kremlin.
Tres meses después, un grupo de diputados encabezado por el presidente del Comité de Defensa y Seguridad, el oficialista Andréi Kartapólov, propuso elevar el umbral superior de la edad militar de 27 a 30 años de forma inmediata y aumentar el inferior de forma escalonada entre 2024 y 2026.
De ser adoptado el proyecto de ley en las dos cámaras del Parlamento ruso y posteriormente firmado por Putin, los reclutas rusos tendrán a partir del 1 de enero de 2024 de 19 a 30 años, en 2025 de 20 a 30 años y en 2026 de 21 años a 30 años.
No obstante, quienes lo deseen podrán hacer el servicio militar a partir de los 18 años.
Además, podrán prestar el servicio los hombres de 27 a 30 años, si no lo han hecho bajo la ley actual, en caso de que presentan la correspondiente solicitud.
Según un reporte de The Washington Post, preparándose para una larga lucha, el Kremlin está tratando de inscribir hasta 400.000 soldados contratados este año para reponer sus filas, según personas familiarizadas con la planificación que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos que no son públicos.
La ambiciosa campaña de reclutamiento permitiría al Kremlin evitar otra movilización forzada de reservistas a medida que intensifica la campaña para reelegir al presidente Vladimir Putin a finales de este año, dijeron las personas. La convocatoria del otoño pasado sacudió la confianza pública y provocó un éxodo de hasta un millón de rusos del país.
Es probable que el expresidente Donald Trump esquive una caminata criminal, pero aun así se le tomarán las huellas dactilares, se le tomará una foto policial, y posiblemente lo llevarán esposado a la corte de Manhattan, luego de su acusación penal por parte de un gran jurado de Manhattan.
El giro sorprendente, que marca el primer caso penal contra un expresidente de los EE. UU., impulsará el sistema legal del país a un «territorio sin precedentes», dicen los expertos, y los funcionarios judiciales agregaron que la publicidad que rodeó el evento reflejará la del magnate de Hollywood condenado Harvey Weinstein. .
Los cargos contenidos en la acusación no se hicieron públicos de inmediato. Pero el gran jurado que votó para acusar al expresidente ha estado investigando los pagos de «dinero secreto» realizados por el exabogado de Trump, Michael Cohen, antes de las elecciones de 2016. Trump ha negado con vehemencia cualquier acusación de irregularidades.
Esto es lo que sucede ahora que Trump ha sido acusado:
¿Qué es una acusación?
Una acusación solidifica los cargos contra un acusado, lo que significa que un gran jurado ha determinado que hay pruebas suficientes para justificar un juicio después de revisar el testimonio presentado únicamente por los fiscales.
Los procedimientos del gran jurado se llevan a cabo en secreto y, por lo general, un juez da a conocer primero sus conclusiones en la lectura de cargos del sospechoso.
Aún así, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, podría hacer público el hallazgo de antemano, dada la importancia del caso. Y siempre hay fugas.
“Este es un territorio sin precedentes”, dijo el abogado defensor y exfiscal de Manhattan Mark Bederow a The Post este mes.
¿Qué cargos enfrentaría Trump?
No está claro qué críticas exactas podría enfrentar Trump, dado el secreto que rodea al gran jurado.
Pero fuentes familiarizadas con el procedimiento han dicho que el caso involucra la supuesta falsificación de registros comerciales, o fraude contable, sobre el dinero del silencio para ayudar a la elección de Trump, lo que también podría constituir una violación de financiamiento de campaña.
El presunto acto criminal equivaldría a un “delito grave” denunciado por el cual Trump podría enfrentar hasta cuatro años de prisión si es declarado culpable.
¿Qué sucede después de la acusación?
La oficina de Bragg llamará a los abogados de Trump para informarles la decisión del gran jurado y comenzarán las negociaciones para la entrega del expresidente.
Si bien por lo general se procesa a un sospechoso, se lo lleva ante un juez para que se declare culpable, en un día, el caso de Trump es único debido a las ramificaciones de seguridad que conlleva, dicen los expertos.
Tratar de implementar medidas de seguridad en caso de protestas generalizadas y potencialmente violentas ha estado en la parte superior de la lista para todos, desde la policía de Nueva York hasta el Servicio Secreto, durante días.
Por lo tanto, no está claro exactamente cuánto tiempo después de la acusación Trump sería llevado a la corte.
«¿Cuándo hemos visto al Servicio Secreto participar en discusiones sobre cómo fichar y acusar a un acusado en un tribunal del estado de Nueva York?», señaló Bederow.
“Por un lado, Trump debe ser tratado como cualquier otra persona arrestada. Por otro lado, es expresidente y actual candidato.
“No hay una hoja de ruta ni un precedente”.
¿Habrá una caminata humillante para perpetradores?
Dada la sensibilidad del caso y el hecho de que los partidarios de Trump dijeron que volaría a la ciudad desde Florida si lo acusaban y se entregaría voluntariamente, los expertos dicen que parece haber pocas posibilidades de que el expresidente sea exhibido esposado frente a las cámaras en su camino desde un comisaría de policía a la Central de Reservas.
En cambio, como es típico con los sospechosos de cuello blanco que se rinden, Trump y sus abogados entrarían libremente a la oficina del fiscal de distrito de Manhattan a la hora acordada para ser procesados.
“El fiscal del distrito sería una tontería si engañara a Trump”, dijo Bederow. “Estarían jugando directamente con la narrativa del Equipo Trump de que se trata de un enjuiciamiento político y, sin duda, también estarían provocando e irritando a los partidarios de Trump.
“Espero que intenten reducir la intensidad de todo este proceso al no obligarlo a caminar y posiblemente incluso evitar esposarlo, aunque eso molestará a las personas que quieren ver a Trump humillado”.
¿Se le tomará a Trump su foto policial?
Trump será «fichado» en la oficina del fiscal del distrito, lo que significa que le leerán sus derechos Miranda, le tomarán las huellas dactilares y le tomarán una foto policial, dicen los expertos.
La ley estatal prohíbe que las autoridades publiquen fotografías policiales, pero las de Trump aún podrían filtrarse a la prensa.
No está claro si se tomará una muestra de ADN del expresidente, y algunos expertos dicen que no sería innecesario, dado que el ADN es irrelevante para su presunto delito, pero eso dependería de la agencia que lo arrestó, en este caso, la Oficina del Fiscal del Distrito.
¿Trump estará esposado?
Es probable que Trump esquive las esposas al menos hasta que lo lleven a la corte para su lectura de cargos.
Pero podría ser esposado cuando entrara a la sala del tribunal, momento en el que su abogado solicitaría que se los quitaran.
La decisión sobre si Trump sería esposado mientras lo llevan a la corte depende de la agencia que lo arrestó, la Oficina del Fiscal del Distrito, dijeron los funcionarios de la corte.
¿Qué pasará durante la primera aparición de Trump en la corte?
Es probable que los abogados de Trump pidan que lo liberen bajo su propia responsabilidad, y el juez presumiblemente estaría de acuerdo, ya que no lo considera un riesgo de fuga dado el perfil súper alto del expresidente y su candidatura en curso en las próximas elecciones presidenciales.
El excomandante en jefe también tiene a su favor las leyes de reforma de fianzas de Nueva York.
Las leyes exigen que los acusados de delitos graves no violentos sean puestos en libertad sin fianza a menos que se los considere en riesgo de fuga.
¿Cuándo irá Trump a juicio?
La selección del jurado por sí sola podría ser exhaustiva en un caso que involucra al expresidente, por lo que los expertos dicen que no esperarían que comenzara ningún juicio hasta dentro de meses, posiblemente incluso después de las elecciones de 2024.
¿Trump puede aún postularse para el cargo o ser elegido una vez que sea acusado? Parece que Trump podría continuar postulándose para el cargo, ser elegido y servir incluso si es acusado y condenado, según la ley actual.
Un jurado investigador acusó a Donald Trump en la investigación que se le sigue en Nueva York por supuestos pagos a cambio del silencio de la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, con quien habría mantenido una aventura extramatrimonial, algo que él siempre ha negado. Esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente en funciones o expresidente enfrentará cargos penales.
Se espera que Trump comparezca este martes para su lectura de cargos, le dijeron a CNN varias fuentes.
La acusación se presentó sellada y se compartirá en los próximos días. Los cargos no se conocen públicamente en este momento, le dijo una fuente a CNN.
Sin embargo, dos personas relacionadas con el caso revelaron que Trump enfrenta más de 30 cargos relacionados a fraude comercial en la acusación del jurado investigador.
Es probable que Trump comparezca ante un tribunal a principios de la próxima semana, según su abogado defensor Joe Tacopina.
La oficina del fiscal del distrito de Manhattan ha investigado al expresidente en relación con su presunto papel en un esquema para silenciar a Daniels, antes de las elecciones presidenciales de 2016. Esta entidad se comunicará con los abogados de Trump para discutir su entrega de cara a enfrentar una lectura de cargos.
La respuesta de Trump
La decisión del jurado investigador seguramente tendrá repercusiones en todo el país, empujando al sistema político de Estados Unidos a aguas desconocidas, pues nunca ha visto a uno de sus expresidentes enfrentarse a cargos penales, y mucho menos mientras se postula nuevamente para aspirar a la Casa Blanca.
Trump respondió a la acusación con un comunicado en el que empezó diciendo: «Esta es una persecución política y una interferencia electoral al más alto nivel en la historia».
«Creo que esta cacería de brujas será contraproducente para Joe Biden”, aseveró. “El pueblo estadounidense se da cuenta exactamente de lo que los demócratas de izquierda radical están haciendo aquí. Todo el mundo puede verlo. Entonces, nuestro Movimiento y nuestro partido, unidos y fuertes, primero derrotaremos a Alvin Bragg, y luego derrotaremos a Joe Biden, y vamos a sacar a todos estos demócratas torcidos de sus cargos para que podamos ¡HACER A ESTADOS GRANDE OTRA VEZ!».
La abogada de Trump, Alina Habba, dijo en un comunicado que Trump “es víctima de una versión corrupta y distorsionada del sistema de justicia y la historia de Estados Unidos. Él será reivindicado”.
En su respuesta, Trump también hizo un recuento sobre sus investigaciones: «Lo recuerdan como yo: Rusia, Rusia, Rusia; el engaño de Mueller; Ucrania, Ucrania, Ucrania; Engaño de juicio político 1; Engaño de juicio político 2; el allanamiento ilegal e inconstitucional de Mar-a-Lago; y ahora esto».
Con frecuencia, Trump ha calificado las diversas investigaciones que lo rodean como una «cacería de brujas», con la intención de influir en la opinión pública al presentarse como víctima de lo que, según él, son investigaciones políticas dirigidas por fiscales demócratas.
La decisión de la Asamblea Nacional (AN) de aprobar, en primera discusión, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, y de desempolvar el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, ha disparado las alarmas en instancias internacionales, las cuales consideran las mismas como parte de las amenazas contra las libertades fundamentales de cualquier democracia. Así lo advirtieron el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela en las actualizaciones orales que los pasados 21 y 22 de marzo presentaron ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU).
Tras afirmar que «un espacio libre y vibrante para que las personas expresen sus opiniones es vital», el alto comisionado Volker Türk, expresó que comparte «las serias preocupaciones» que desde la sociedad civil se han formulado ante las iniciativas legales que el oficialismo ha puesto en marcha en lo que va de 2023 contra las ONG y otras organizaciones sin fines de lucro.
Asimismo, reiteró el llamado que hiciera a las autoridades en enero pasado, cuando visitó al país, para que cualquier legislación que aprueben «se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos».
La MDH, por su parte, se hizo eco de la postura del alto comisionado, aunque empleó un tono mucho más duro, tal y como viene siendo lo habitual.
«La nueva regulación, de ser aprobada, consolidaría un control abusivo por parte del Estado sobre la existencia, el financiamiento, y las actividades de las ONG», advirtió la presidenta de la instancia, la jurista portuguesa Marta Valiñas.
No solo las leyes alarman
Volker Türk y Marta Valiñas denunciaron al Consejo los ataques, actos de intimidación y hostigamiento y las detenciones contra todo aquel que se salga del discurso oficial o que ose reclamar un derecho o denunciar una irregularidad.
«Los defensores de los Derechos Humanos y los periodistas siguen sufriendo ataques, intimidación y criminalización. Por ejemplo, seis sindicalistas y dirigentes sindicales llevan más de nueve meses detenidos por cargos de conspiración y asociación para delinquir», expuso Türk.
Estos datos fueron corroborados por la MDH, que denunció que
«tras la disminución de las protestas masivas, la represión se ha enfocado en los actores de la sociedad civil percibidos como opositores al Gobierno. Persisten y, en algunos casos, han aumentado los ataques y amenazas contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, personal humanitario y otros actores de la sociedad civil organizada en Venezuela, así como a líderes políticos».
Ambas instancias de la ONU coincidieron también en denunciar un recrudecimiento de los ataques contra la libertad de expresión, en especial contra los medios de comunicación.
Al respecto. la MDH expuso lo siguiente:
«Solo en el mes de septiembre, los medios de comunicación reportaron la clausura administrativa de 19 estaciones de radio en Táchira y otras 31 en Zulia. Según la ONG Espacio Público, en 2022 el Gobierno ordenó el cierre de al menos 80 radios, el mayor número de clausuras de este medio de difusión en las últimas dos décadas».
Por su parte, el alto comisionado manifestó al Consejo su alarma por el «bloqueo de páginas web y cierre de emisoras y programas de radio».
Cambios ineficaces
En sus exposiciones, el alto comisionado y la MDH denunciaron que en el país se siguen produciendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y otras graves violaciones a las garantías fundamentales, algo que pone en duda la efectividad de las reformas aprobadas sobre todo en el ámbito policial y judicial desde de 2021.
«Desde nuestro último informe de julio de 2022, mi equipo ha documentado cinco muertes en el contexto de operaciones de seguridad, y se han recibido más alegaciones», denunció Türk, quien no se conformó con las promesas de las autoridades de que se investigarán los hechos, sino que dijo que «espera con interés» los resultados de dichas averiguaciones.
Valiñas, por su parte, no solo aseguró haber recibido información que indica que las policías continúan ajusticiando a presuntos delincuentes, sino que puso en duda el real acatamiento de una de las pocas recomendaciones hechas por la anterior alta comisionada, Michelle Bachelet, y que las autoridades aceptaron cumplir: la disolución de las temidas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), una de los principales responsables de los ajusticiamientos ocurridos en el país en los últimos años.
«La información en poder de la Misión indica que sus principales funciones, mandos e integrantes han sido absorbidas por la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), como parte de la Policía Nacional Bolivariana», afirmó al Consejo.
Acto seguido, denunció que la aparición de la DAET coincidió con el relanzamiento de los operativos de seguridad contra el crimen organizado, ahora conocidos como «operaciones Trueno». Valiñas apuntó:
«Entre abril y septiembre de 2022, se llevaron a cabo siete de estas operaciones en los estados de Aragua, Anzoátegui, Guárico, Miranda y Yaracuy. Los medios de comunicación han reportado un alto número de víctimas mortales en el contexto de estos operativos, que podrían ascender a 70, según algunas fuentes».
Türk y Valiñas también expusieron que las reformas al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y otras leyes relacionadas con la justicia no se han traducido en una mayor eficacia. El alto comisionado denunció sobre este tema:
«Mi equipo sigue documentando casos, incluidas personas que permanecen detenidas después de que se hayan emitido órdenes de liberación; personas mantenidas en prisión preventiva más allá de los límites legalmente establecidos; y situaciones determinadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria como correspondientes a la definición de detención arbitraria con arreglo al derecho internacional de los Derechos Humanos».
Distintos remedios
Algo llamativo de los discursos de ACNUDH y la MDH es que ambos coinciden en la importancia del diálogo para superar los actuales problemas que afronta el país, pero difieren en que este sea suficiente para enderezar su rumbo.
«Todas las partes deben pensar en el futuro que quieren para Venezuela. El diálogo y la colaboración entre las autoridades y la oposición serán fundamentales, incluida la reanudación de las conversaciones políticas en México», señaló el alto comisionado.
Por su parte, Marta Valiñas reconoció que el diálogo es fundamental y reiteró el interés de la MDH por visitar el país y mantener contactos con las autoridades. Sin embargo, también dejó en claro que el proceso en la Corte Penal Internacional (CPI) es una oportunidad para castigar los crímenes ocurridos en el país.
«La Misión concluyó con motivos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad (…) La prueba recibida sustentó, con motivos razonables para creer, que individuos que trabajaron y continúan trabajando en los servicios de inteligencia, así como autoridades de alto nivel, podrían detentar responsabilidad penal por estos crímenes. La Misión ha recomendado que estas personas sean investigadas y enjuiciadas de forma genuina (…) En este sentido, los procesos ante la Corte Penal Internacional representan un avance sustancial para asegurar una rendición de cuentas en Venezuela».
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Las actualizaciones orales presentadas por el ACNUDH y la MDH corroboran que los derechos humanos en Venezuela no están garantizados y que las reformas y reestructuraciones institucionales emprendidas por las autoridades no solo no han servido, sino que son simples maquillajes para simular una voluntad de cambio que en realidad no existe.
Los pronunciamientos también explican el porqué de la obsesión de las autoridades de silenciar a las organizaciones de la sociedad civil, pues ellas se han convertido en el último espacio fuera de su control y en voces disonantes.
Es lamentable que las autoridades se limiten a atacar estas actualizaciones, las cuales contienen una hoja de ruta para garantizar plenamente las garantías fundamentales a todos los ciudadanos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró la sanción que pesaba sobre Adrián Perdomo Mata, expresidente de la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) y cercano al empresario colombiano Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro investigado por lavado de dinero.
En marzo de 2019, Perdomo Mata y Minerven fueron incluidos en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por presuntas operaciones de oro ilícitas.
Tras hacer públicas las sanciones, el entonces secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, afirmó: “El régimen ilegítimo de (Nicolás) Maduro está saqueando la riqueza de Venezuela al tiempo que pone en peligro a las poblaciones indígenas al invadir las áreas protegidas y causar la deforestación y la pérdida de hábitat. El plan de Maduro para usurpar la autoridad de la Asamblea Nacional y despojar a Venezuela de los recursos naturales ha expuesto a las comunidades locales a toxinas peligrosas”.
Según un reportaje de Armando.info, Perdomo es un viejo conocido de Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas, los principales beneficiarios de las importaciones de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
“El nexo entre Adrián Perdomo y el binomio Saab-Pulido es tal que el 21 de febrero, justo un mes antes de ser sancionado por Estados Unidos, el presidente de Minerven estuvo en Bogotá. Su viaje nada tuvo que ver con las operaciones de la minera. En realidad, Perdomo buscaba desligarse de dos empresas colombianas emparentadas con la interminable trama empresarial que la dupla de empresarios, también colombianos, levantó gracias a sus negocios con el chavismo”, dice el artículo firmado por el periodista Roberto Deniz.
