La primera reacción fue de euforia y de celebración espontánea. Los venezolanos por fin veían al tirano que los había encarcelado, reprimido, empobrecido y expatriado en manos de la fuerza Delta de Estados Unidos, vendado, esposado, rumbo a un tribunal donde se vería obligado a rendir cuentas por su carrera delictiva. No sólo era una sorpresa, era la recompensa postergada a tanto sufrimiento y a tanto derroche de energía. Porque los venezolanos no se quedaron nunca cruzados de brazos. En los pasados veinticinco años lo intentaron todo, desde la movilización ciudadana y la protesta, hasta las elecciones y las mesas de negociación (incluso una torpísima intentona golpista), y el resultado siempre fue el mismo: el atropello, la trampa, el cinismo y la vulgar celebración pública de la viveza de sus opresores.

Por: Carlos Granés – ABC

Ver la debilidad del régimen, la impostura de sus bravuconadas, el pasmo con el que las autoridades observaban cómo salía volando su mandamás para no volver nunca a Venezuela, fue catártico. Quien no se alegrara con esa noticia no había entendido nada o veía con buenos ojos el infierno que tuvieron que soportar los venezolanos. La legalidad internacional que se violó con la intervención no había evitado que Maduro cometiera ejecuciones extrajudiciales, torturas y persecución política, crímenes de lesa humanidad y escupitajos que lanzaba el tirano sobre cualquier norma impresa en el Estatuto de Roma, la Carta de la ONU o la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ya habíamos entendido cómo los populistas desmoronaban las democracias, pero lo que seguíamos sin saber, porque lo que solía funcionar ya no servía de nada, era qué debían hacer los demócratas para acabar con una dictadura. La falta de respuestas acabó invocando los misiles de Trump.

Hubo euforia, pues, pero tras la celebración hemos tenido que apretar los dientes, rebajar el entusiasmo y enfrentar lo que se viene, que tampoco se ajusta a lo deseado. La mayor preocupación que se percibe es la ausencia de una palabra que todo el mundo quería escuchar, democracia, obliterada por completo y a conciencia del discurso público de Trump. No ha aparecido en su Estrategia de Seguridad Nacional ni en las justificaciones de la intervención en Caracas, y parece ya no figurar en el acervo lingüístico de los funcionarios de la Casa Blanca. Nadie habla de transición ni de normalización de la vida institucional, ni siquiera de los presos políticos, porque esa no es la prioridad del Gobierno estadounidense. Si algo cambió en estos años es que Estados Unidos dejó de defender sus valores democráticos dentro de sus fronteras y de exportarlos fuera de ellas. Con Trump llegó el ocaso del idealismo estadounidense y el comienzo de un siglo XXI marcado por el ejercicio rudo del poder y la búsqueda de beneficios comerciales. ‘America First’, esas dos palabras que sí hemos oído repetir hasta la náusea, significan eso: el hemisferio occidental va a tener que alinearse con los intereses de Estados Unidos. Quien lo haga saldrá beneficiado, o al menos no le irá tan mal, y quien se resista pagará las consecuencias.

En Venezuela, esto significa lo que ya se ha hecho explícito. El interés inmediato de Trump es beneficiar a Estados Unidos. Esto supone controlar los recursos petroleros, y no tanto para suplir su demanda interna como para impedir que China y Rusia se beneficien e intervengan en los asuntos regionales. Este objetivo, al menos de manera inmediata, no demanda una transición democrática. A Trump le basta con someter a la cúpula madurista que se queda en el poder, y forzarla a que sean ellos mismos quienes controlen al Ejército, desmantelen los colectivos armados, cesen toda colaboración con las bandas narcoterroristas colombianas (que ya regresan a su país de origen, según parece), gestionen la vida cotidiana del Gobierno y, en resumidas cuentas, eviten experiencias caóticas como las de Irak o Siria. Trump y Marco Rubio, sobre todo este último, se juegan mucho con esta operación, y lo que menos les interesa es que haya brotes de anarquía que obliguen a una ocupación de largo aliento.

Digámoslo de una vez: con el descabezamiento del régimen y la sumisión de Delcy Rodriguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino se abre una verdadera opción para que Venezuela recupere su democracia, pero no fue para eso que Trump secuestró a Maduro. Seamos aún más realistas, incluso malpensados: puede que finalmente haya democracia en Venezuela, pero sólo si a Trump le conviene que la haya. Y acabemos siendo del todo crudos: es más fácil negociar con delincuentes arrepentidos y asustados, sin ninguna legitimidad ni otra opción que obedecer para seguir los pasos de Maduro, que con una mujer que tiene el apoyo de los venezolanos y un premio Nobel. Eso puede explicar que ni Edmundo González ni María Corina Machado hayan aparecido aún en la ecuación que maneja Trump para Venezuela. Mientras no haya garantía de estabilidad que permita a las compañías estadounidenses controlar el petróleo y asegurar la millonaria inversión que tendrán que hacer para reactivar un sector en bancarrota, los vencedores en las pasadas elecciones permanecerán en un segundo plano.

Pero esto no significa que el escenario sea del todo apocalíptico o que se ajuste a la caricatura distópica que se dibuja en la mente de los más pesimistas. Hay que tener en cuenta una variable que ha pasado desapercibida. Por ahora todo el mundo está en sus casas, a la espera de cómo se desarrollan los acontecimientos, pero los venezolanos ya han sentido el cambio de aire, la imagen de la libertad ha quedado sembrada en sus cabezas y muchos fantasean con volver a su país. Es poco probable que se vayan a resignar a vivir bajo un ‘madurismo 2.0’ de baja intensidad. Puede que ahora Delcy Rodriguez garantice la calma y el equilibrio, pero a largo plazo su liderazgo es inviable. Si el pueblo se vuelve a levantar y protesta masivamente como en 2017, ¿un gobierno tutelado por Estados Unidos se va a atrever a usar la violencia para reprimirlo? No logro imaginarlo. Lejos de beneficiar a Estados Unidos, la perpetuación de una dictadura descafeinada puede ser la causa de desestabilización que intenta conjurar.

En definitiva, todo irá más lento, habrá mucho escollos, una cuenta muy cara que pagar y muchos condicionantes que van a socavar, y no solo en Venezuela, en toda la región, la soberanía nacional. Pero al final, no por ética democrática sino por simple pragmatismo, lo sensato para Trump, y sobre todo para Rubio, que se juega una posible nominación presidencial, es que quienes ganaron las elecciones del 28 de julio de 2024 entren en escena para encauzar una transición o participar en unas nuevas elecciones. Ya no hay finales felices en este nuevo orden mundial, pero dentro de lo que cabe, rebajado todo idealismo y sumidos en el realismo sucio del trumpismo, este no estaría del todo mal.

La expresión “run de country’ [gobernar el país] no significa una tutela de dominio e intervención. Es una condición de coparticipación en la toma de decisiones tradicionales, que aseguren estabilidad y recuperación

ORLANDO VIERA-BLANCO 06/01/2026

Venezuela ante el quiebre del Estado cooptado y la oportunidad de una transición democrática, entra en una etapa de sensibles desafíos. No es un falso dilema entre el uso o la continuidad de la fuerza y la restauración inmediata del estado de derecho. Es la implementación de un plan político complejo, ordenado y vigilado, para acometer una restitución que no sólo es institucional sino es profundamente ética, cultural y social.

Uno de los errores recurrentes en el debate sobre Venezuela ha sido reducir cualquier acción internacional contundente a una dicotomía simplista: intervención militar o inacción diplomática. La historia del derecho internacional y de la seguridad estratégica demuestra que existe una tercera vía, el enforcement internacional

Una modalidad excepcional, limitada y jurídicamente defendible de uso de la fuerza-distinta de la guerra-orientada a hacer cumplir normas fundamentales frente a amenazas criminales transnacionales.

Bajo esta lógica, el uso de la fuerza es persuasivo, selectivo y puntual. Logrado objetivos de captura o cese de actividades criminales, la transición de un estado devastado por un modelo de poder totalitario y violento, comporta progresividad, decantamiento, orden y pragmatismo.

Venezuela no plantea hoy un problema clásico de soberanía, sino uno más complejo y peligroso: la captura del Estado por criminales con proyección internacional, dedicados al narcotráfico, al financiamiento ilícito y a la cooperación con actores terroristas [fundamentos legales de la acusación formulada por la Fiscalía de EEUU]. En este contexto, la pregunta es hasta dónde llega el uso de la fuerza [cómo, contra quién y con qué límites] y donde comienza la racionalidad política, la estrategia restitutiva y la construcción de un pacto de gobernabilidad transicional, conductor del restablecimiento definitivo de la constitucionalidad, la democracia y las libertades públicas.

Legítima defensa y crimen transnacional: el marco jurídico olvidado

El artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas reconoce el derecho inherente a la legítima defensa, no sólo frente a ejércitos regulares, sino ante amenazas reales, continuas y atribuibles. Desde los atentados de Sep-11-2001, la doctrina internacional ha evolucionado hacia el estándar de los Estados “unwilling or unable”: cuando un Estado no quiere o no puede impedir que su territorio sea usado como plataforma de agresión criminal, la comunidad internacional—o el Estado directamente afectado—puede actuar de forma proporcional y limitada.

Autores como Michael Schmitt y Harold Koh han explicado cómo esta doctrina se aplica a amenazas asimétricas, especialmente cuando existe colusión entre el poder político y redes criminales. Venezuela encaja con precisión en esta categoría: no se trata de fallas institucionales aisladas, sino de una simbiosis muy peligrosa por inabordable e inasible, entre estado y delito. El narcotráfico, el terrorismo y la pérdida del control de la legalidad, generan un perverso sistema de inmunidad en funcionarios convertidos en facilitadores y perpetradores crímenes de lesa humanidad y delitos internacionales. En este terreno la autodefensa y el deber de proteger merecen una visión evolutiva de su concepto, dimensión y aplicación.

El narcotráfico, como señalan Phil Williams y Moisés Naím, no es sólo un delito económico, sino un sistema de poder capaz de erosionar Estados y desestabilizar regiones. Cuando altos funcionarios convierten al aparato estatal en instrumento del crimen, ganan inmunidad funcional en el derecho interno y la pierden en el derecho internacional […] El precedente más citado es Manuel Noriega en Panamá (1989). La operación estadounidense [Causa Justa] no fue declarada una guerra contra Panamá, sino una acción de enforcement contra un jefe de Estado que había devenido en un capo criminal, acusado por tribunales federales. El caso Noriega ilustra un principio clave: la soberanía no es un escudo para el crimen organizado.

Pero la historia no es idéntica. El caso Venezolano es más complejo y global. La extensión y presencia de la actividad criminal en el corazón del estado y el epicentro del poder, más sus capacidades para conseguir aliados y cooperantes internacionales, redimensiona las acciones de enforcement, sin desnaturalizarlas. Aquí subyace la diferencia entre considerar lo sucedido el 3 de enero 2026 como un acto de guerra [que no lo es] vs. un acto puntual, selectivo, de captura y quiebre.

Enforcement vs. guerra: una distinción esencial

Siguiendo a Thomas Schelling, la coerción moderna no busca destruir al adversario, sino modificar conductas específicas. Un acto de guerra persigue la derrota total del Estado enemigo; un acto de enforcement tiene objetivos individualizados: captura, neutralización, restitución del orden. Es un evento temporalmente acotado que evita la ocupación territorial y se rige por la proporcionalidad y la progresividad restauradora de la legalidad.

En este marco, la acción dirigida contra el vértice del poder en Venezuela no fue una invasión, sino una operación de cumplimiento del derecho penal internacional ampliado, similar—aunque más compleja—a capturas extraterritoriales de grandes jefes criminales.

El régimen de Caracas no es ideológico ni institucional. Es como diría Douglass North, un “orden de acceso limitado” basado en lealtades transaccionales. La cohesión del sistema depende de un pacto central: protección a cambio de obediencia. En consecuencia la captura del núcleo dirigente produce ruptura del pacto de impunidad, quiebre latente en las FFAA [cuya lealtad no es doctrinaria sino instrumental] y fragmentación de las élites económicas y políticas, que buscan sobrevivir negociando.

A diferencia de regímenes dictatoriales clásicos, no existe un mecanismo de sucesión estable. El colapso-aunque súbito- supone un manejo ‘de crisis’ prudencial y controlado, cuyos desenlaces definitivos deberán agotar fases de reforma, reordenamiento y relegitimación. Esta es la dificultad de una transición política desde un estado capturado. No es un salto inmediato de entrada de la coalición democrática. Puede sugerir un modelo híbrido de poder, sostenible.

Es la transición de la transición. En este terreno inédito- difuso, difícil y movedizo-el agente de enforcement ha sido cuidadoso y prudente en no generar revueltas ni enfrentamientos civiles, capaces de frustrar el objetivo final: la concreción de una transición ordenada y pacífica camino a una nueva democracia real.

Después del quiebre: transición, no vacío. Una finta necesaria

Aquí reside el punto crucial: el enforcement no crea democracia ipso facto, pero elimina el principal obstáculo estructural para que esta sea posible. La transición sostenible exige liderazgo civil legítimo, reglas claras y acompañamiento internacional. Por lo pronto aplica lo último. El liderazgo civil y las reglas claras sugieren una espera, una entrada estratégica.

María Corina Machado encarna los elementos esenciales para una transición: i.-Legitimidad popular verificable; ii.-Claridad moral; iii.-Coherencia estratégica. […] Su liderazgo no es el de una caudilla, sino el de una figura bisagra capaz de articular a la sociedad civil, la diáspora y la comunidad internacional.

El factor coercitivo comporta un desafío que es la reinstitucionalización de las FFAA. La sostenibilidad de una transición a la democracia no puede depender del agente externo, aun siendo necesario en fase inicial. Maria Corina debe entender el liderazgo y la estrategia de EEUU en esta fase. Pero EEUU deberá respetar el liderazgo de Maria Corina y de cualquier actor relevante en la fase de restauración democrática (que así lo ha expresado su Secretario del Departamento de Estado).

El apoyo vigilante de la administración Trump es un factor fundamental de sostenibilidad transicional. Sin duda no es incondicional. Tampoco es ideal porque los tiempos no son los que anhelamos, sino los necesarios. La experiencia demuestra que el apoyo estadounidense efectivo combina costo-beneficio, seguridad nacional y hemisférica, dividendo político y económico. La expresión “run de country’ [gobernar el país] no significa una tutela de dominio e intervención. Es una condición de coparticipación en la toma de decisiones tradicionales, que aseguren estabilidad y recuperación, a fin de cuentas, intereses y beneficios compartidos [Dixit Marco Rubio Sec. del Departamento de Estado, EEUU].

El proceso de quiebre no es absoluto. La grieta se convirtió en una zanja imposible de librar. Tampoco luce un período largo [Carlos Giménez. Representante [R] Congreso EEUU]. Nuevos actos de represión podrían catalizar el quiebre definitivo. Negociación? Si, pero igualmente condicionada y sujeta al menú que el agente de enforcement imponga. La finta de la administración Trump, es estratégica. La respuesta: un guión necesario. Pero la última palabra la tiene la Casa Blanca.

Una oportunidad excepcional. A modo conclusivo

Venezuela se encuentra ante una coyuntura histórica en la que enforcement, derecho internacional y transición democrática convergen. No se trata de imponer un régimen desde afuera, sino de desbloquear un sistema secuestrado.

Si el quiebre ocurre y se gestiona con liderazgo civil legítimo, reglas claras y apoyo internacional vigilante, Venezuela podría iniciar—por primera vez en décadas—una transición real, sostenible, ordenada, pacífica y democrática. Nuevas elecciones lucen inevitables. Un proceso constituyente, aconsejable.

La historia demuestra que los Estados no renacen por la fuerza. Sólo la fuerza del derecho logra finalmente imponerse […] Como hemos sostenido, el caso venezolano no encaja en las categorías clásicas del derecho internacional público, porque el poder político dejó de ser un fin en sí mismo y pasó a ser un instrumento operativo del crimen organizado, por lo cual no será una transición como otras. Será única, inédita, sin precedentes…como inédita fue la ocupación criminal del país. No se trata de un “Estado fallido” en sentido clásico [Dictadura convencional confiscatoria del Estado de derecho], sino de un Estado deliberadamente capturado, funcional al narcotráfico, al contrabando de oro, a la corrupción sistémica y a redes de protección transnacional.

Desde esta perspectiva, la soberanía deja de ser un escudo y se convierte en una fachada, una idea que conecta con la doctrina desarrollada tras los juicios de Núremberg y, más recientemente, con la erosión del principio de inmunidad en casos de crímenes internacionales complejos.

Hemos insistido en que la amenaza venezolana debe leerse en clave hemisférica, no doméstica, por lo que prohibido olvidar, la cadena de despojos, desplazamientos, dolor y sufrimiento infringido a los venezolanos e incluso a países vecinos. No cabe hablar de agresores externos ni de un estado-víctima de una soberanía ultrajada, sino de agresores internos contra una soberanía popular profanada, donde las verdaderas víctimas ha sido el pueblo venezolano.

Calificar cualquier acción contundente como “guerra” distorsiona la realidad. Victimiza al agresor, oculta su naturaleza e invita a una evaluación política y jurídicamente incorrecta.

Es la negación sistemática de la necesidad de redimensionamiento de la responsabilidad de prevenir y proteger consagrada en la Carta de las Naciones Unidas y en los Tratados Internacionales contra el crimen y las mafias transnacionales. Esta idea se alinea con la noción de “autoridad internacional de última ratio”, desarrollada por autores como Antonio Cassese, cuando el orden jurídico es incapaz de hacerse cumplir por vías ordinarias.

Transición: restitución institucional, no refundación caótica

La transición venezolana no debe confundirse con una tabula rasa. La sostenibilidad democrática exige restituir la Constitución, reordenar el Estado de derecho y separar justicia de revancha. Aquí converge con la idea de una justicia transicional inteligente, que combine rendición de cuentas, incentivos claros para la desmovilización del aparato represor, garantías mínimas para evitar el colapso administrativo y agotamiento de un proceso impostergable e histórico de redención socio-política. En el medio están los ciudadanos que deben mantener la calma sin dejar de organizarse y comprender una dinámica compleja pero resolutoria.

Lo anterior explica la posición asumida por la Casa Blanca. No se trata de respetar hilos constitucionales, acatar “sentencias de continuidad administrativa” o simular un abandono forzado de cargo. Tampoco interpretar ‘como deseos reales’ los expresados por la Casa Blanca, sino realpolitik. Son factores [si acaso concesiones] circunstanciales y condicionales a un salto definitivo hacia la transición democrática real .

No es una refundación caótica. Tiempos para ordenar, tiempos para organizarse, tiempos de reunificarnos y prepararnos al milagro venezolano. Es la racionalidad necesaria para pasar de un estado-capturado a un estado democrático moderno y liberal. La alegría viene de la mano de un proceso de restitución institucional, sostenible. La democracia plena llegará en el momento apropiado. La política decanta.

Cuando la ley fue capturada por la fuerza, caminar por el derecho es un acto de coraje, de paciencia, carácter y mucha prudencia. Es la defensa de nuestro derecho a recuperar la libertad y la felicidad.

Un derecho-a ser libres y felices-que es la forma más alta de dignidad.

@ovierablanco vierablanco@gmail.com