Los demócratas y sus aliados progresistas están expandiendo enormemente sus esfuerzos sin precedentes, iniciados en 2020, para utilizar dinero privado para influir y realizar elecciones públicas.
Por: Steve Miller – Real Clear Wire
Respaldados por grupos con más de mil millones de dólares a su disposición, según registros públicos, estos grupos partidistas están trabajando con juntas estatales y locales para influir en funciones que durante mucho tiempo han sido dominio del gobierno o de los partidos políticos.
El registro y la participación de los votantes, una vez manejados principalmente por los partidos políticos, y el diseño de los sitios web de las oficinas electorales y las boletas por correo se están entregando a esas mismas organizaciones sin fines de lucro, que cuentan con activistas progresistas que incluyen ex defensores del Partido Demócrata, adherentes sindicales organizados y organizadores de la comunidad.
Los republicanos se han opuesto a tales esfuerzos, aprobando leyes en 24 estados desde 2020 que frenan el financiamiento privado de las elecciones. Pero el Partido Republicano no tiene un esfuerzo comparable y de base para influir en las juntas electorales y los trabajadores, y las prohibiciones de financiación privada no han resultado absolutas en algunos estados.
“Hay una industria casera de 501c3 en las políticas públicas y en la arena política, que intenta dar forma al futuro de la inmigración o la educación o cualquier otro tema”, dijo Kimberly Fiorello, exrepresentante estatal republicana en Connecticut. “Cada vez más se trata de elecciones, administración electoral, tecnología electoral, diseño de boletas, y todo con grandes fondos. Estos grupos parecen inocuos, pero no lo son porque están financiados por un lado político”.
Muchos de los grupos progresistas que buscan influir en las elecciones están conectados con Arabella Advisors, una empresa de consultoría con fines de lucro con sede en Washington fundada por Eric Kessler, designado por la Casa Blanca durante la administración Clinton.
Los proyectos de Arabella, que incluyen New Venture Fund, Hopewell Fund, Sixteen Thirty Fund y Secure Democracy USA, tuvieron ingresos combinados de $ 1.3 mil millones entre 2020 y 2021, según muestran las declaraciones de impuestos. Las organizaciones sin fines de lucro apoyadas por Arabella en 2020 donaron $529 millones para “defender la democracia”.
Eso coincidió con el auge de las asociaciones electorales público-privadas, ya que el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y su esposa, Priscilla Chan, donaron aproximadamente $ 350 millones al progresista Center for Tech and Civil Life (CTCL) para apoyar los esfuerzos locales en el 2020 desafiado por la pandemia. elección.
La votación estuvo marcada por cambios en las reglas de distanciamiento social que alentaron la votación anticipada y por correo, imponiendo políticas que los republicanos buscan revertir a las reglas anteriores a la pandemia. Se suponía que las subvenciones de «Zuckerbucks» o «Zuckbucks», como los llaman los críticos conservadores, no eran partidistas, pero las investigaciones indicaron que se asignaron de manera desproporcionada a áreas para impulsar la participación de votantes demócratas.
Aparte de las restricciones legislativas a la financiación privada de las elecciones, los republicanos hasta ahora no han mostrado ningún interés en contrarrestar las estrategias de sus oponentes. Scott Walter, presidente del conservador Capital Research Center, le dijo a una audiencia de Zoom de residentes de Greenwich, Connecticut, este mes que 2020 fue un caso atípico en la forma en que influencias externas moldearon la votación.
“Fue recién en 2020 con los llamados ZuckBucks, y no era ilegal porque nadie jamás soñó con tener algo así”, dijo Walter. “No ha habido ningún esfuerzo por parte de los republicanos que sepamos para hacer algo como esto en ningún lugar”.
En los últimos dos años, los intereses demócratas han trabajado desde varios ángulos, rechazando la identificación de votantes y buscando el registro de votantes el mismo día, la votación anticipada prolongada y una amplia expansión de la votación por correo.
Entre los esfuerzos:
- La capacitación de funcionarios electorales por parte de CTCL y organizaciones afines que prometen oportunidades de aprendizaje «no partidistas». Dicha capacitación solía ser el dominio principal del Centro Electoral , un grupo comercial de 1500 miembros que incluye funcionarios y administradores electorales.
- Esfuerzos de CTCL para generar una cobertura mediática favorable: establecer entrevistas entre las oficinas electorales y los medios de comunicación, y publicar artículos de opinión en los periódicos locales, bajo la firma de los funcionarios electorales, utilizando una plantilla escrita previamente que lamenta la falta de fondos públicos para las elecciones.  ( Stuart Baum , miembro del personal de CTCL, escribió a los registradores de votantes de Greenwich en octubre : “Un reportero del Washington Post está interesado en saber más sobre sus experiencias con sus viejas máquinas de votación… específicamente las desafortunadas crisis que ha experimentado con ellas”. )
- Funcionarios locales simpatizantes que alertan a CTCL sobre solicitudes de registros públicos para obtener información sobre su trabajo. El secretario del condado de Macoupin (Illinois), Pete Duncan, envió a CTCL una solicitud de información de diciembre de un abogado de la organización conservadora Americans for Public Trust, y señaló que «se adjunta una FOIA que quizás ya conozca, pero pensé que se la pasaría a tú.»
- Cabildeo a nivel estatal y federal. New Venture, Sixteen Thirty Fund y Hopewell Fund gastaron un total de $6.8 millones en presionar al Congreso el año pasado, según Open Secrets. Los registros de cabildeo estatal muestran que New Venture, Hopewell y Secure Democracy han cabildeado en al menos 41 estados durante los últimos cinco años, gastando cientos de miles de dólares en temas que incluyen la reforma electoral.
Las operaciones de cabildeo brindan un campo de batalla más parejo ya que los dos partidos y sus aliados han trabajado vigorosamente para proponer y apoyar nuevas leyes electorales en todo el país y oponerse a tales medidas desde el otro lado. Pero los esfuerzos de los demócratas generan una preocupación especial entre los enemigos porque están conectados con los mismos grupos que afirman que están brindando capacitación no partidista a los funcionarios electorales y buscan permitir que el dinero privado fluya más libremente.
En Georgia, el Hopewell Fund y Secure Democracy USA enviaron cabilderos al edificio del capitolio de Atlanta para diluir un proyecto de ley que prohibía la financiación privada de las elecciones dos semanas antes de su aprobación en marzo de 2021.  Ganaron una laguna que permitió que el condado de DeKalb en febrero aceptar una subvención de $2 millones de CTCL, a pesar de que la ley fue redactada en parte por Heritage Action for America, el brazo de cabildeo de la conservadora Heritage Foundation.
“Ahora parece que algunos de estos estados tendrán que regresar y enmendar su legislación para garantizar que cosas como DeKalb no sucedan”, dijo a RCI Jessica Anderson, directora ejecutiva de Heritage Action for America. Los legisladores de Georgia se han movido para fortalecer la ley luego de la subvención del condado de DeKalb.
En Utah, los secretarios del condado en los condados de Cache y Weber, aunque hasta ahora se adhirieron a la prohibición legislativa del estado de recibir subvenciones de grupos privados externos, cada uno pagó $ 1,600 para ser parte del llamado plan de integridad del votante de CTCL.
CTCL dice que pronto se anunciarán más membresías y subvenciones, «una vez que se finalice la documentación de membresía», según los correos electrónicos obtenidos por RCI a través de una solicitud de registros públicos.
Si bien los legisladores de Utah aprobaron el año pasado una medida que prohibía a las oficinas electorales aceptar subvenciones privadas , «por la forma en que está escrito, técnicamente podría tomar dinero de la subvención si quisiera para ciertas actividades, pero elijo no hacerlo porque no quiero forzar los límites». ”, dijo Ricky Hatch, secretario del condado de Weber y miembro de la junta asesora de CTCL, en un evento de Zoom a principios de este año.
Hatch no respondió a una solicitud de entrevista.
Los aliados de CTCL incluyen el Instituto Nacional de Voto en Casa , el Centro para la Democracia, el Laboratorio de Derechos Electorales, Rock the Vote y el Centro para Elecciones Seguras y Modernas. Durante los últimos años, los grupos han trabajado con CTCL en simposios y presentaciones para funcionarios electorales en todo EE. UU.
El centro de información y talleres electorales ha sido durante décadas el Centro Electoral, la asociación nacional de funcionarios electorales, que organiza numerosos eventos cada año. Ahora CTCL se encuentra entre los presentadores tentativamente programados para un evento en abril .
La vocera y directora ejecutiva de programas del Centro Electoral es la directora de la junta de CTCL, Tammy Patrick, quien también es asesora principal de la división de elecciones del Democracy Fund .
Patrick dijo en un correo electrónico que la capacitación electoral “sigue evolucionando” y que, a medida que cambia la tecnología, se necesita más capacitación.
“Aunque [el] Centro Electoral se esfuerza por satisfacer todas las necesidades que tienen nuestros miembros, aquí es donde nuestras relaciones con instituciones académicas, organizaciones asociadas y otras agencias gubernamentales juegan un papel vital para mantener actualizados a los profesionales electorales”, escribió Patrick.
En actividades relacionadas, la administración Biden ha tratado de detener las investigaciones estatales sobre posibles irregularidades en las votaciones, enviando advertencias amplias y específicas a los estados que realizan estudios postelectorales que podrían detectar irregularidades electorales.
Una auditoría estatal en Texas descubrió que un ex concejal de la ciudad de Dallas y delincuente convicto solicitó boletas por correo para 393 personas cuando se acercaba la elección presidencial de 2020, y una revisión de RCI de las solicitudes de boletas encontró que más del 90 % de esos votantes eran demócratas.
Teri Hodge, condenada en 2010 por cargos de fraude fiscal relacionados con su presunto papel en un esquema de soborno y extorsión del ayuntamiento, recolectó las solicitudes de boletas por correo en toda la ciudad mientras ella y varios asistentes, incluida la secretaria de distrito del condado de Dallas, Felicia Pitre, ayudaban reforzar la base de votantes del partido para la elección mediante el registro de votantes, inscribiendo a más de 400 residentes del condado para recibir automáticamente las boletas por correo.
“Esto no era ilegal”, dijo Sam Taylor, portavoz de la oficina del Secretario de Estado de Texas.
Pero el hallazgo normalmente conduciría a una revisión más detallada de la precisión de las solicitudes y la verificación llamando a los votantes.
Mientras la oficina de Taylor buscaba investigar más, se vio frustrada por una directiva del Departamento de Justicia de EE. UU. emitida en julio de 2021 que decía que contactar a los votantes los ponía en peligro de violar las leyes federales sobre intimidación de votantes.
“Hay una guía del DOJ que dice que hablar con los votantes sobre cosas como esta [cómo solicitaron votar por correo] se considera potencialmente acoso electoral o intimidación de votantes”, dijo Jacqueline Hagan Doyer, directora legal de la División de Auditoría Forense de la Secretaría de Texas. de la oficina del Estado. 
Hodge, quien también se desempeñó en el comité electoral como representante estatal, no pudo ser contactado para hacer comentarios.
“Desde 2018, hemos visto a los demócratas ponerse al día con la estrategia republicana de hacer que los votantes voten”, dijo Paul Bentz, consultor político en Arizona. El registro de votantes, la votación anticipada y las boletas por correo son los pilares de la estrategia, dijo.
El Comité Nacional Republicano en 2021 anunció su Comité de Integridad Electoral, que produjo un informe de 24 páginas varios meses después. El informe insistió en que se prohibiera la ayuda externa para las elecciones, entre otras cosas, pero el comité no ha hecho nada desde entonces.
“La RNC estableció un comité de integridad electoral para examinar cómo los demócratas atacan la integridad electoral y, lo que es más importante, para diseñar un plan para proteger nuestras elecciones de la extrema izquierda”, dijo la presidenta de la RNC, Ronna McDaniel, al Washington Examiner después de que se publicó el informe .
El presidente del comité, Joe Gruters, no respondió a una solicitud de entrevista.
Mac Warner, el secretario de Estado republicano de West Virginia, dijo a RCI que su partido necesita volverse más agresivo en las elecciones, usando algunas de las mismas tácticas que sus oponentes.
“Cuando ha perdido tantas elecciones, finalmente tiene que decidir combatir el fuego con fuego”, dijo Warner, quien es candidato a gobernador para 2024. “No se ganan las elecciones si no se envían boletas. Puedes comenzar a jugar según sus reglas y ganar una elección. Es hora de ir en otra dirección”.
