El «caso Venezuela» y los crímenes de lesa humanidad. La posición del gobierno de Maduro en Venezuela se enfrenta a numerosos retos internos y externos en un futuro cercano. ¿Será capaz de mantenerse en el poder el presidente venezolano?

Por: Roberto Mansilla Blanco – EsGlobal

Entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre, Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), visitó Venezuela en la primera toma de contacto con las autoridades venezolanas para dirimir el curso de las investigaciones que desde 2018 se llevan a cabo contra el régimen de Nicolás Maduro por presuntas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Estas denuncias se enfocan en la represión oficial a las protestas llevadas a cabo entre abril y junio de 2017 y en la que murieron unas 124 personas a manos de Fuerzas de Seguridad del Estado y fueron detenidas más de 5.000.

El fiscal británico Khan fue elegido como máximo representante del CPI el pasado 12 de febrero, con el voto a favor de un total de 72 países de los 123 miembros del Tribunal Penal Internacional de La Haya, todos ellos firmantes del Estatuto de Roma, entre los que se encuentra Venezuela (firmó este estatuto en 1998 y lo ratificó en 2000). Khan sustituyó en el cargo a la fiscal Fatou Bensouda, asumiendo esa responsabilidad el pasado 16 de junio.

Este 17 de diciembre, desde su sede en La Haya (Países Bajos), la CPI ratificó su decisión de avanzar en las investigaciones que se llevan a cabo contra Maduro y altos cargos de su régimen por violaciones de derechos humanos.

¿Por qué es tan importante el fiscal Karim Khan?

En lo que respecta al caso venezolano, la elección de Khan era mirada con lupa tanto por el régimen de Maduro como por las ONG de derechos humanos que elevaron sus denuncias ante la CPI y también por los principales líderes de la oposición venezolana, siendo estos Juan Guaidó, Leopoldo López, Henrique Capriles Radonski, Julio Borges y María Corina Machado, abiertamente favorables a las investigaciones de la CPI contra Maduro.

Si bien consideró las evidencias de las denuncias contra el régimen de Maduro, la antecesora de Khan, la fiscal Bensouda, manifestó una posición mucho más prudente y distante a la hora de acelerar las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo cual obviamente beneficiaba a Maduro. Un enfoque diferente al que expone Khan, más condescendiente a la hora de atender estas demandas y de llevar el «caso Venezuela» a una fase más elevada de investigación dentro de la CPI.

¿Terminará Maduro ante la CPI?

Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, da una conferencia de prensa. (Mahmoud Hjaj/Anadolu Agency via Getty Images)

Por ello, la elección de Khan como nuevo fiscal de la CPI provocó, casi de inmediato, una inédita reacción dentro del régimen «madurista», en este caso en la persona del Fiscal General de la Nación, Tarek William Saab, uno de los altos cargos del régimen que también están siendo investigados por la CPI. En mayo pasado, Saab llegó incluso a reconocer que «se pudieron haber cometido atrocidades» por parte de los organismos de seguridad del Estado contra manifestantes y disidentes, en particular en casos específicos del capitán Acosta Arévalo, del político Fernando Albán y del estudiante Juan Pablo Pernalete.

Previo a la visita de Khan a Venezuela, el propio Maduro envió señales conciliadoras como fueron la excarcelación de algunos presos políticos así como la aplicación de determinadas reformas en el sistema judicial, en clave de mejorar su imagen ante la CPI y la comunidad internacional.

No obstante, tras publicarse el nuevo informe de la CPI sobre Venezuela, el propio Saab rechazó categóricamente esas acusaciones de presuntos crímenes de lesa humanidad. Esta declaración de Saab denotaba la enorme importancia que tiene para el régimen de Maduro la designación de Khan como fiscal de la CPI porque entiende que ahora se abre una fase decisiva en la investigación que no le beneficia en absoluto.

El «caso Venezuela» y el Memorándum de Entendimiento

El pasado 12 de agosto, la CPI publicó su informe sobre Venezuela en el que «abrió la puerta de manera formal», en palabras del abogado Alí Daniels, director de la ONG venezolana «Acceso a la Justicia», para llevar a cabo «una investigación en contra de Nicolás Maduro y varios altos cargos de su régimen, con la finalidad de que el fiscal de la CPI decida sobre su presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad».

En este sentido, el «caso Venezuela» refleja un hecho histórico para la CPI, ya que será la primera vez que este organismo global investigue denuncias de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito hemisférico americano, en este caso también contra un presidente en funciones como es el caso de Maduro.

La visita de Khan levantó expectativas en las ONG de derechos humanos y familiares de las víctimas de la represión del régimen «chavista-madurista» sobre la posibilidad de que la CPI aumentara la presión sobre Maduro. Esta presión está contenida en la inclusión del «caso Venezuela» en la Fase 3 de este proceso de investigación, en la que la Corte atenderá con mayor celeridad las demandas de estas organizaciones no gubernamentales y exigirá al Estado venezolano una colaboración total en las investigaciones. Ello permitirá certificar con mayor exactitud si realmente el régimen incurrió en crímenes de lesa humanidad y emitir, por tanto, una sentencia definitiva.

El encuentro de Khan con Maduro en el Palacio de Miraflores definió esa perspectiva de toma de contacto inicial, pero también de inicio de esa fase decisiva en el proceso de investigación. En este sentido, la CPI firmó un Memorándum de Entendimiento con el Estado venezolano que le obliga a facilitar la colaboración e información requerida para las investigaciones. Toda vez, Khan anunció en presencia de Maduro que el «caso Venezuela» entraba en la anteriormente mencionada Fase 3, un anuncio que denota el nivel de presión de la Corte sobre el mandatario.

En esencia, este Memorándum obliga al régimen de Maduro a comprometerse en la adopción de medidas necesarias para garantizar la justicia para las víctimas con el apoyo, seguimiento y supervisión de la fiscalía de CPI.

Tras su reunión con Khan y la firma del Memorándum de Entendimiento, Maduro declaró que respetaba la decisión de la CPI de investigar las denuncias pero «que no las compartía».

Esta declaración implicaría observar que el modus operandi del régimen de Maduro seguirá manteniéndose inalterable: buscar dilatar la investigación, tal y como hizo durante la etapa de Bensouda al frente de la CPI, con la intención de ocultar preventivamente el acceso a la información y los testimonios, denunciando incluso la posibilidad de «injerencia exterior» tras la nueva fase de investigación. Pero con Khan al frente de la CPI, el escenario ahora se torna más complejo para Maduro.

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