En la avalancha de nuevos trámites burocráticos con los que el chavismo pretende ahogar a las organizaciones de la sociedad civil destaca uno: la exigencia de presentar ante la Contraloría General de la República (CGR) la declaración jurada de patrimonio.

Acceso a la Justicia

La obligación prevista en el numeral 3 del artículo 14 del polémico proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, que la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión el pasado 24 de enero (en lo sucesivo Ley Antisociedad), obliga «a la persona jurídica, así como los miembros, administradores, representantes, trabajadores y demás miembros de la Organización No Gubernamental» a informar sobre sus bienes y activos.

A primera vista, la pretensión se antoja disparatada, por decir lo menos, pues solamente los funcionarios públicos o quienes manejen recursos del Estado venezolano están obligados a informar sobre su situación patrimonial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 78 de la vigente Ley Orgánica de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

El instrumento antes mencionado contempla que la CGR puede solicitar declaraciones juradas de patrimonio a los funcionarios, empleados y obreros del sector público, así como a las personas que hayan desempeñado o ejercido esas funciones o empleos públicos.

Asimismo, la norma establece que el organismo puede exigir este trámite a los contribuyentes o responsables, siempre y cuando «en cualquier forma contraten, negocien o celebren operaciones relacionadas con el patrimonio público, o reciban aportes, subsidios, otras transferencias o incentivos fiscales».

Además, el actual Parlamento dejó en claro con la reforma a la Ley contra la Corrupción de 2022, en su artículo 28, que las declaraciones juradas de patrimonio deben presentarlas las personas en el artículo 3 del texto legal, a saber:

«1. Las personas que estén investidas de funciones públicas, permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas, originadas por elección, por nombramiento o contrato otorgado por la autoridad competente (…)

2. Las directoras, directores, administradoras y administradores de las sociedades civiles y mercantiles, fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones constituidas con recursos públicos (…) 

3. Cualquier otra persona en los casos previstos en esta Ley». (énfasis propio)

Sin embargo, pretender imponerles esta obligación a las organizaciones privadas sin fines de lucro (OSF) como lo hace el proyecto de Ley Antisociedad no se ajusta al marco constitucional y legal por varios motivos: el primero es que las agrupaciones civiles privadas no están, directa ni indirectamente, relacionadas con el Estado venezolano, ni tampoco manejan o reciben fondos o recursos públicos de este.

Esta imposición configuraría una subordinación de la sociedad civil organizada a la CGR, lo que indudablemente es una restricción a su autonomía y a la libertad de asociación, prevista en el artículo 52 de la Constitución, sobre todo a la luz de la absoluta falta de autonomía de ese órgano del Estado, cuyo máximo representante tampoco ha sido nombrado conforme a la Constitución y, además, es un reconocido miembro del partido de Gobierno.

¿Gimnasia o magnesia?

La aprobación del texto, tal y como fue presentado a la AN, alteraría la naturaleza de las funciones de la CGR y le otorgaría carta blanca para someter a cualquier individuo u OSF privada a su supervisión.

No se puede ignorar que la Constitución deja en claro que el ámbito de actuación de este ente se restringe al sector público, pues en su artículo 287 lo define como «el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos».

En el mismo sentido, el artículo 289 constitucional señala que la instancia es la responsable de «ejercer el control, la vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos», de «controlar la deuda pública» y de

«inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público sometidos a su control; practicar fiscalizaciones, disponer el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público, así como dictar las medidas, imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar de conformidad con la ley».

Así, según la Constitución, la misión de la CGR es combatir las irregularidades contra el patrimonio público en las que incurran los funcionarios, empleados y obreros que presten servicios a la administración del Estado.

Poniendo los puntos sobre las íes

Ahora bien, Acceso a la Justicia considera necesario aclarar algunas interrogantes sobre la declaración jurada de patrimonio.

En primer lugar, debe destacarse que se trata de la obligación legal que tienen los servidores públicos de informar sus bienes, por ejemplo, casas, apartamentos, vehículos, terrenos, acciones, joyas, etc., así como las deudas, cuentas por pagar, hipotecas u obligaciones bancarias, entre otros, una vez que son nombrados en su nuevo cargo y al salir del mismo.

¿Todos los funcionarios públicos deben cumplir este trámite? Sí. El personal administrativo, obrero y contratado debe efectuar su declaración jurada al ingresar al ente del sector público y al egresar del mismo. Para el caso de las máximas autoridades, personal de alto nivel y de confianza, además de hacerlo al ingresar y finalizar su relación, deben actualizarla anualmente de acuerdo con los parámetros fijados por la CGR, según el artículo 30 de la Ley Contra la Corrupción.

Sin embargo, también están obligados los directivos de organizaciones sindicales, gremiales (artículo 95 de la Constitución) y consejos comunales (artículo 27 de la Ley de Consejos Comunales). En cuanto a estos últimos, tiene sentido ya que no son en realidad organizaciones privadas ya que, por lo general, se financian con recursos del Estado y actúan como brazos del Ejecutivo nacional en las comunidades, pero en el caso de los sindicatos y gremios no se justifica de modo alguno. Aunque en algunos casos los sindicatos reciban aportes del Estado, pero solo respecto de estos deberían rendir cuenta de ello.

¿Qué pasa si no se cumple con esta obligación? El artículo 38 de la Ley Contra la Corrupción prevé multas que van desde 100 hasta 1.000 unidades del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela, vigente para el momento del pago.

A la par de la sanción pecuniaria, la CGR también podrá ordenar la suspensión, sin goce de sueldo por hasta 18 meses, del funcionario que no presente la declaración jurada o la de inhabilitación política por hasta 15 años.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Es paradójico que el Estado venezolano llegue al extremo de querer «garantizar» la transparencia en el manejo de los fondos públicos y de algún modo «contrarrestar» la cultura de corrupción administrativa consolidada en el país, por intermedio de la fiscalización de los recursos que manejan organizaciones privadas sin fines de lucro para su funcionamiento y el cumplimiento de su misión, cuando en la actualidad Venezuela se ubica entre los países más corruptos del mundo, de acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción 2022, lo cual se suma al escenario de crisis humanitaria que los venezolanos padecemos desde hace años.

La pretensión de controlar a la sociedad civil organizada, e incluso de eliminarla por medio de un sistema represivo es otro grave atropello del partido de Gobierno para mantenerse más tiempo en el poder y no rendir cuentas, que es en buena medida lo que le exige la sociedad civil organizada a la que quiere controlar o anular.

En esta nueva edición de entrevistas con los precandidatos que han anunciado su aspiración a la presidencia, conversamos con María Corina Machado, Coordinadora Nacional de Vente Venezuela.

Por: Felipe Toro – Politiks

Según varios sondeos de opinión nacional que se han hecho públicos a principios de año, Machado lidera la intención de voto de cara a las primarias de la oposición.

Machado recibió al equipo de Politiks en su oficina en Caracas y nos habló de sus propuestas y visión para el país.

La entrevista fue editada por motivos de claridad y extensión.

P. La AN eliminó el gobierno encargado. ¿Por qué esta iniciativa política no logró producir una transición a la democracia en Venezuela? ¿Qué faltó? ¿Qué errores se cometieron?

R. El gobierno interino fue una gran oportunidad perdida, en la que todos pusimos mucho empeño, mucha fuerza. Yo creo que se confundieron medios con fines. El fin era sacar al régimen y se distrajeron en otros temas.

P. Hay muchas dudas sobre las primarias. ¿Cómo se financiarán? ¿Habrá Plan República? ¿En qué consiste la asistencia del CNE?

R. Aquí lo que realmente hay que preguntarse es cuál es el objetivo de la primaria. Si el objetivo es sacar al régimen y reconstruir el país ¿Sirven las primarias para ayudar a eso? Yo creo que sí. Entonces la primaria puede ser la gran oportunidad para construir fuerza, para estar mucho mejor preparados para poder enfrentar al régimen y sus trampas en el 2024.

Si ese es el objetivo, entonces va más allá de escoger un candidato, donde lo esencial es construir fuerza para lograr ese propósito, lo que debemos proponernos es que participe la mayor cantidad de gente.

Todo esto debe ser diseñado para favorecer y maximizar la participación. Esto no es lo que le guste a un candidato o lo que le provoque a un partido,; nada de eso. El punto es cómo hacer que participe el mayor número de gente, porque eso es fuerza.

¿Tú crees que la gente quiere participar más o menos si hay Plan República? ¿Tú crees que la gente está dispuesta a participar más o menos si están metidas las máquinas del CNE? ¿Tú crees que la gente va a participar más o menos si siente que el régimen está controlando o si siente que este es un reto al sistema de la sociedad civil?

¿Es concebible decirle a la cuarta parte del país, que está fuera, que no pueden votar? ¿Te imaginas lo que significa meterle medio millón o un millón afuera? Eso sacude al mundo. Al día siguiente estoy hablando con Petro, diciéndole “aquí votó medio millón de venezolanos en Colombia, ¿tú dices que tú vas a ir a acompañar y a observar el proceso del 2024? ¿cómo hacemos para que ellos voten allí?”

Así se juega, duro. Porque aquí lo que está en juego es la vida.

Y otra cosa, si el régimen ha degradado tanto los procesos de elección, ¿cómo deberían ser las primarias entonces? Donde sintamos que nuestro voto elige o de esa forma restrictiva que nos han impuesto.

Tenemos que poner un estándar alto y que esto hale las condiciones de cara al 2024.

P. En el caso de que las condiciones que acaba de explicar no se den para las primarias, ¿usted de todas maneras participaría en el proceso?

R. Estamos a tiempo, esto no es un tema de plata. Quiero dejar esto claro: no es un tema de dinero, es un tema de ganas. Porque el problema no es si participo yo o no, el problema es si participas tú, ese es mi problema. Y yo creo que tenemos que escuchar lo que la gente está pidiendo.

La comisión de primarias tiene una responsabilidad histórica frente al país, porque esta es una sociedad que no da más cheques en blanco, que exige ser escuchada, y eso es lo que yo estoy planteando.

P. ¿Si la comisión organiza un debate, irá o no a debatir?

R. Ojalá sean muchos y pronto.

P. En caso de que usted no sea seleccionada como la candidata unitaria, ¿se compromete usted a aceptar el resultado y apoyar a quien sea el nominado?

R. Yo soy una persona de palabra, tú me conoces.

P. La oposición vive su peor momento político de los últimos años. La gente siente que “con esta dirigencia no vamos a ningún lado”. ¿Cuál es su estrategia para reconectar con la ciudadanía y lograr iniciar una transición a la democracia en Venezuela?

R. Creo que la gente está muy consciente de lo que está pasando. Está muy decepcionada. La gente se siente defraudada – con razón. Pero eso no significa que se hayan olvidado de la política. Eso significa hundirse en la propia dinámica de la tiranía.

Mucha gente está clara de lo que el 2024 significa y representa. Yo creo que es una genuina encrucijada con dos desenlaces totalmente distintos: si el régimen logra lo que se propone, que es lavarse la cara y consolidarse, se vendrían largos años de oscuridad para este país.

Mi objetivo es ganar en el 2024. Va a ser duro y difícil. Por encima de todo, esta es una lucha espiritual, entre el bien y el mal.

P. ¿Por qué debería ser usted la próxima presidente de Venezuela?

Yo creo que los venezolanos estamos claros que la única manera de transformar al país es derrotando a un sistema que se ha enquistado y que ha hecho mucho daño. Entonces, hay que elegir a alguien que pueda derrotar al sistema, desplazarlo, y convocar a todo el país a un proceso de transformación con unos pilares republicanos, éticos y liberales muy fuertes, para que podamos en un periodo relativamente corto, dejar atrás la oscuridad, la pobreza, la división de la familia y la sociedad; y poner a este país a valer con todo el potencial extraordinario que tiene.

Lea la entrevista completa siguiendo este enlace a Politiks