La reunión de ministros de Finanzas y banqueros centrales del G20 de potencias desarrolladas y emergentes concluyó este sábado (25.02.2023) en India sin emitir una declaración conjunta, lo que ya había ocurrido en el encuentro de noviembre en Bali (Indonesia), debido a divergencias con China y Rusia -cuyos ministros no acudieron de forma presencial a la cita- sobre la guerra en Ucrania.
El grupo había iniciado su cónclave el viernes en Bangalore, la capital tecnológica de India, para coordinar sus respuestas a los principales desafíos económicos mundiales, agudizados por la invasión rusa de Ucrania y el alza de la inflación a nivel mundial. India, que presidió las reuniones, divulgó un «resumen» de los debates y las razones por las cuales no hubo declaración conjunta.
«La mayoría de los miembros condenó con firmeza la guerra en Ucrania», con «diferentes evaluaciones de la situación y sobre las sanciones» impuestas a Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania, señala el documento indio, que precisa que dos párrafos del proyecto de declaración relacionados con la guerra de Ucrania fueron «aprobados por todos los países, con excepción de Rusia y China».
India, sin mencionar a Rusia
La tensión en el seno del grupo se hizo sentir durante las reuniones. «Las discusiones son más difíciles que en las reuniones precedentes, porque la guerra sigue”, comentó la ministra española de Economía, Nadia Calviño. A causa de ello, «algunas posiciones son menos constructivas en algunos asuntos», agregó, sin precisar el blanco de sus alusiones.
Varios responsables vinculados a las negociaciones, que pidieron el anonimato, indicaron a la agencia AFP que China -que el viernes presentó un plan de paz para poner término al conflicto desatado por Rusia- trató de atenuar los términos que se referían a la situación en Ucrania. Según una de esas fuentes, «China se niega a condenar la guerra en Ucrania».
También la posición de India ha sido vista por analistas como un impedimento para llegar a una declaración conjunta. Evitando la palabra «guerra» o mencionar a Rusia, el primer ministro indio, Narendra Modi, afirmó que «desde el principio de los desarrollos en Ucrania, India ha insistido en resolver esta disputa a través del diálogo y la diplomacia».
Pese a la negativa de Pekín y Moscú, el resto de los países del grupo culpó al conflicto de la inflación creciente, la perturbación de las cadenas de distribución y el crecimiento de la inseguridad alimentaria y energética.
La liberación de decenas de presos políticos en Venezuela, como lo hizo hace pocas semanas el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, dependería de una de las decisiones “políticas” del gobierno de Nicolás Maduro más esperadas, coinciden sus opositores y defensores de derechos humanos en ese país.
Ortega liberó el pasado 9 de febrero a 222 presos políticos con la facilitación de la Casa Blanca y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Viajaron todos en un vuelo chárter hasta el estado de Virginia, donde los recibieron familiares y amigos.
La decisión fue “unilateral” por parte del gobierno sandinista y fue calificada por Estados Unidos como “un paso constructivo” hacia el fin de los abusos a los derechos humanos en Nicaragua. Entre los expatriados, se encuentran los seis aspirantes a la presidencia detenidos en 2021, líderes campesinos, religiosos y exdiplomáticos.
El gobierno de Ortega confirmó poco después que había despojado de su nacionalidad a los liberados y se confirmó la expropiación de sus bienes y propiedades en Nicaragua.
En Venezuela, existen 269 presos políticos, entre los cuales se incluyen 150 militares y 13 mujeres, según el recuento de la organización no gubernamental Foro Penal, una asociación civil de abogados que defienden gratuitamente a personas detenidas arbitrariamente.
Precedentes
Gonzalo Himiob, su director y vicepresidente, destaca que se han visto medidas “muy parecidas, aunque a menor escala”, que las liberaciones sin precedentes en Nicaragua.
Cita las liberaciones y destierros de al menos seis ex presos políticos: Yon Goicoechea, ex líder juvenil que militó en varios partidos opositores; Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, activista del partido Voluntad Popular; Lorent Saleh, joven defensor de derechos humanos; Vilca Fernández, dirigente estudiantil, y el exministro Miguel Rodríguez Torres.
“En todas estas situaciones, como ha ocurrido en otros pocos casos, estas personas fueron excarceladas bajo la condición de abandonar inmediatamente el país”, confirma Himiob en conversación con la Voz de América. La diferencia con Nicaragua radica en que a ninguno se les privó de su nacionalidad, sino que solo se les desterró de Venezuela, explica.
El especialista en derecho penal subraya que la pena de extrañamiento del territorio nacional de venezolanos está prohibida según mandato constitucional.
El artículo 50 de la Carta Magna reza: “ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas”.
Himiob apunta que una decisión “política” de excarcelación de 269 venezolanos detenidos por razones políticas solo podría fundamentarse en herramientas contempladas en ley, como una amnistía general o indultos. Jamás, insiste, podría “supeditarse” esas excarcelaciones a la salida del país del beneficiario de esas medidas.
Lea la nota completa siguiendo este enlace a La Voz de América
Un verdadero arsenal de pruebas pone a la senadora Piedad Córdoba, del Pacto Histórico, contra las cuerdas. El expediente estaba arrumado, guardando polvo, envuelto en bolsas plásticas negras, en el antiguo edificio del DAS, en el centro de Bogotá. Allí reposan horas de interceptaciones telefónicas, correos electrónicos, informes de inteligencia, reportes de operaciones, estudios de transacciones bancarias, negocios en Venezuela con empresas plenamente identificadas, pruebas de tiquetes y viajes, documentos de carácter político y hasta delicadas comunicaciones a través de radioperadores con los máximos jefes de las Farc.
Se trata de un nuevo capítulo que fue reconstruido por la Corte Suprema de Justicia. Durante meses, los investigadores se dieron a la tarea de rastrear y recuperar información de alto valor que se encontraba “refundida” en diferentes despachos judiciales y que apunta directamente contra la senadora Córdoba y su estrecha relación con las Farc, que ella creía era un capítulo superado luego de la anulación del fallo disciplinario que la había sacado de la política y la nula idoneidad probatoria del contenido del computador de Raúl Reyes.
SEMANA revela en exclusiva todas las evidencias hasta ahora desconocidas que para la Corte Suprema dejan al descubierto que la relación de Córdoba con los entonces terroristas de las Farc no solo era un hecho sino un delito, pues no mediaba autorización del Gobierno. Además, hay pruebas de millonarios y silenciosos negocios de la senadora en Venezuela y en Ecuador e interceptaciones telefónicas en las que habla a viva voz de delicados asuntos.
Un explosivo documento, al parecer condenado a perderse, fue recuperado “en el sótano del antiguo DAS, bajo las cajas que contienen las decoraciones navideñas, envuelto y amarrado en bolsas negras para evitar el deterioro”.
Se trata del “informe final de policía judicial” con el código 68761XX, en el que investigadores reportan a la Corte los hallazgos. Dan cuenta de la gravedad de los hechos que se le atribuyen a la senadora y que habían sido recogidos hace más de diez años en una investigación realizada por la Fiscalía y que estaba durmiendo el sueño de los justos.
En una de las carpetas encontradas está el soporte de la orden para interceptar y revisar los correos de algunas de las personas más cercanas a la senadora Córdoba. “Con base en información aportada por fuente humana, quien indicó tener información relacionada con una organización criminal, que utiliza las cuentas de correos ricardomontenegro-velasquez@hotmail.com, alejandrameza26@hotmail.com, andresvasquez@piedadcordoba.net y chats de internet para circulación de información relacionada con movimientos de dinero para financiamiento de actividades terroristas de las Farc”.
Ese documento toma más vigencia que nunca porque precisamente están los nombres de dos de sus asesores más cercanos quienes prendieron el ventilador y ahora son testigos: Andrés Vásquez y Ricardo Montenegro. El primero fue quien soltó un bombazo al advertir que las acciones humanitarias que realizaba Córdoba para la liberación de secuestrados en realidad era una plataforma política para ella, para las Farc y para el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez.
Vásquez, además, ha contado sobre los millonarios negocios de Piedad Córdoba, estrechamente ligados al denominado testaferro del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el colombiano Álex Saab, quien fue extraditado a Estados Unidos.
Montenegro fue durante más de diez años su asesor jurídico. Sobre él, señala el informe de la Fiscalía, aparece en sus correos “información sobre la campaña de una persona relacionada como Piedad Córdoba (…) con acuerdos políticos del Partido Liberal, comunicados de Colombianos y Colombianas por la Paz, campaña contra las bases militares, documentos de las Farc, coordinaciones de viajes, entrevistas, movimientos de dinero, pagos de tiquetes aéreos, hospedajes, realización de eventos”.
También está un correo de 2010 en el que se menciona al hoy extraditado por narcotráfico y hermano de la senadora, Álvaro Córdoba, afcordoba@hotmail.com y piedadcordobaruiz@gmail.com, “donde hacen referencia a una alianza con la empresa Logistic para el desarrollo de proyectos en Venezuela”.
Esta información refundida por más de una década corrobora las recientes denuncias de los negocios tasados en millones de dólares en Venezuela y la relación de Álex Saab con estas transacciones, tal como fue publicado por SEMANA, y para los cuales usaban a Logistic.
En otro correo, Álvaro Córdoba le envía un mensaje a Piedad y a un hombre llamado Pedro Vene Briceño, al parecer de Sur Logística, “donde menciona elementos pendientes por pagar y la suma de 5 millones de dólares, anexando los documentos de la Distribuidora Proveal – anexo de cuentas por pagar divisas”.
En la carpeta de enviados, “se halló las comunicaciones de fecha 24 de junio al 4 de septiembre de 2010, relacionadas con amenazas, campamento juvenil “Che Guevara”, campañas políticas, cartas entre organizaciones ELN, Farc, Apoyo Colombianos y Colombianas por la paz y organismos internacionales como Unasur”.
En las interceptaciones también aparece su hijo Juan Luis Castro,quien fue senador por la Alianza Verde. Manda mensajes a Piedad Córdoba, Andrés Vásquez, a un hombre llamado Felipe Cárdenas, “donde envía informe de los negocios que tendrían en Venezuela a través de la empresa Acciones de la Frontera SA, e Importaciones y Exportaciones LBT CA”.
Cárdenas envía un mensaje a Juan Luis y a Piedad, donde “da a conocer pormenores de los negocios que estarían realizando en Venezuela a través de la empresa Sur Logística”. Esta seguidilla de correos deja claro que la senadora, familiares y personas de confianza tenían pleno conocimiento de los negocios que hacía en Venezuela.
Lea la nota completa siguiendo este enlace a Revista Semana
El Coordinador Electoral de Vente Venezuela, Humberto Villalobos condenó este viernes, que factores de la oposición sigan considerando la posibilidad de utilizar las máquinas del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el proceso de primarias convocado para el 22 de octubre.
Villalobos reveló que las máquinas del cuestionado ente comicial vienen con la militarización del proceso, con la custodia del Plan República, y con operadores y un software que aseguró, “no vamos a poder controlar”.
“¿De quién es ese software? ¿Quién lo controla? ¿Quién lo va a revisar? ¿Tenemos tiempo para hacer eso? ¿Qué mejora real nos brinda a todos los venezolanos esas máquinas? Este es un proceso sencillo; un papelito, 20 personas máximo que quieran ser candidatos, y escoger a una de ellas ¿Para qué necesito la máquina?”, preguntó.
El experto electoral precisó que, aunque quiten las captahuellas, el software de las máquinas sigue siendo controladas por los operadores del cuestionado ente comicial. “Eso les daría la oportunidad de cambiar y manipular el proceso”, dijo.
También aclaró que los técnicos de la Comisión Nacional de Primarias no podrían auditar los equipos: “No los van a dejar abrir ni revisar las máquinas. Simplemente nos van a prestar una máquina y ellos la van a manejar. Eso no es de nosotros, eso es del régimen”.
Villalobos concluyó que las máquinas del CNE son un instrumento “absolutamente” controlado por el régimen, y precisó que aceptarlas en las primarias sería poner ese proceso “en manos del régimen”.
60 días
Humberto Villalobos resaltó que “las decisiones que se van a tomar en los próximos 60 días, van a definir cómo va a ser esta primaria. Pero, los 60 días que estamos perdiendo, casi eliminan la posibilidad de que voten los venezolanos en el exterior”.
En este sentido, llamó a iniciar los trabajos lo antes posible, partiendo del Registro Electoral Preliminar (REP) de 26 millones, con el que cuentan.
“Tenemos gente que nos ha ofrecido hacer la app con la que se puede hacer la actualización del REP. Tenemos muchas cosas adelantadas, entonces por qué esperar dos meses, por qué no arrancar de una vez”, finalizó.
Ahora tenemos la estimación más autorizada del valor proporcionado por el uso de máscaras durante la pandemia: aproximadamente cero. La revisión más rigurosa y extensa de la literatura científica concluye que ni las máscaras quirúrgicas ni las máscaras N95 han demostrado marcar una diferencia en la reducción de la propagación de Covid-19 y otras enfermedades respiratorias.
Este veredicto debería ser la sentencia de muerte para los mandatos de máscaras, pero eso requeriría que los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y el resto del establecimiento de salud pública abandonen «la ciencia», y desafortunadamente, estos líderes y sus acólitos en el los medios parecen tan decididos como siempre a ignorar la ciencia real. Antes de la pandemia, los ensayos clínicos mostraron repetidamente poco o ningún beneficio del uso de mascarillas para prevenir la propagación de enfermedades respiratorias como la gripe y los resfriados. Por eso, en sus planes pre-2020 para hacer frente a una pandemia viral, la Organización Mundial de la Salud, los CDC y otras agencias nacionales de salud pública no recomendaron enmascarar al público. Pero una vez que llegó el Covid-19, prevaleció el pensamiento mágico. Los funcionarios ignoraron los hallazgos y planes anteriores y, en cambio, promocionaron estudios crudos y fácilmente desacreditados que pretendían demostrar que las máscaras funcionaban.
El estándar de oro para la evidencia médica es el ensayo clínico aleatorizado, y el estándar de oro para analizar esta evidencia es Cochrane (anteriormente, la Colaboración Cochrane), la organización más grande y respetada del mundo para evaluar intervenciones de salud. Financiado por los Institutos Nacionales de Salud y las agencias de salud de otras naciones, es una red internacional de revisores, con sede en Londres, que tiene asociaciones con la OMS y Wikipedia. Las revistas médicas lo han elogiado por ser «el mejor recurso individual para la investigación metodológica» y por ser «reconocido en todo el mundo como el estándar más alto en atención médica basada en evidencia».
Ha publicado una nueva revisión Cochrane de la literatura sobre máscaras, incluidos los ensayos durante la pandemia de Covid-19 en hospitales y en entornos comunitarios. Los 15 ensayos compararon los resultados del uso de mascarillas quirúrgicas versus no usar mascarillas, y también versus mascarillas N95. La revisión, realizada por una docena de investigadores de seis países, concluye que usar cualquier tipo de cubierta facial “probablemente hace poca o ninguna diferencia” en la reducción de la propagación de enfermedades respiratorias.
Puede parecer intuitivo que las máscaras deben hacer algo . Pero incluso si atrapan las gotas de la tos o los estornudos (la razón por la que los cirujanos usan máscaras), aún permiten que los virus diminutos se propaguen por aerosol incluso cuando se usan correctamente, y no es realista esperar que la mayoría de las personas lo haga. Si bien una máscara puede evitar la entrada de algunos patógenos, su superficie interna también puede atrapar concentraciones de patógenos que luego se respiran de regreso a los pulmones. Independientemente de los beneficios teóricos que pueda haber, en los ensayos clínicos los beneficios han resultado ser ilusorios o contrarrestados por factores negativos. Tom Jefferson de Oxford, el autor principal de la revisión Cochrane, resumió la ciencia real sobre las máscaras: “Simplemente no hay evidencia de que hagan alguna diferencia. Punto final.
Esta falta de evidencia sería suficiente para evitar que se aprobara cualquier fármaco o tratamiento médico nuevo, y mucho menos uno cuyos supuestos beneficios ni siquiera se hayan sopesado con los efectos secundarios dañinos. Como señalan con desaprobación los revisores de Cochrane, pocos de los ensayos clínicos de máscaras se molestaron siquiera en recopilar datos sobre los efectos nocivos en los sujetos. La mayoría de los funcionarios de salud pública y los periodistas también han ignorado las desventajas, y las plataformas de redes sociales han censurado la evidencia de esos daños. Pero no hay duda, a partir de docenas de estudios revisados por pares, de que las máscaras causan problemas sociales, psicológicos y médicos , incluida una constelación de enfermedades llamadas «síndrome de agotamiento inducido por máscaras».
Sin embargo, los funcionarios de salud pública, en violación del principio de primero-no-hacer-daño, continúan recomendando o exigiendo máscaras sin buena evidencia de su efectividad o sin ninguna pretensión de análisis de costo-beneficio. Todavía se requieren máscaras en muchos hospitales y otras instituciones. A pesar de todos los datos que muestran que el covid-19 prácticamente no representa ningún riesgo para los niños sanos, los CDC continúan recomendando el uso de mascarillas a todos los estudiantes en las comunidades donde las tasas de infección están aumentando. Si bien la OMS desaconseja el uso de máscaras para niños menores de seis años y la Unión Europea desaconseja el uso de máscaras para estudiantes menores de 12 años, los CDC recomiendan cruelmente enmascarar a todos a partir de los dos años.
La directora de los CDC, Rochelle Walensky, sigue decidida a ignorar las mejores investigaciones sobre mascarillas, como dejó en claro en una audiencia en el Congreso a principios de este mes. “Nuestra orientación sobre el uso de máscaras en realidad no cambia con el tiempo”, dijo cuando se le preguntó cómo afectaría la nueva revisión de Cochrane a las políticas de la agencia. «Este es un estudio importante», admitió, «pero la revisión Cochrane solo incluye ensayos clínicos aleatorios y, como puede imaginar, muchos de los ensayos clínicos aleatorios fueron para otros virus respiratorios».
Fue una declaración notable por su descaro, así como por su incoherencia científica. Uno de los peores errores de los CDC y otras agencias federales generosamente financiadas fue no realizar ensayos clínicos aleatorios para determinar si sus políticas eran efectivas. La revisión Cochrane tuvo que basarse en los ensayos de máscaras pandémicas realizados en otros países, y ahora Walensky tiene el descaro de quejarse de que otros países no hicieron lo suficiente en la investigación que las agencias estadounidenses eludieron. Tiene razón en que algunos de los ensayos involucraron otros virus, pero ¿por qué descartarlos como irrelevantes para el coronavirus? Y aunque uno siempre puede desear que se incluyan más estudios en un metanálisis, eso no es excusa para ignorar la mejor evidencia disponible a favor de la ciencia de mala calidad que su agencia vende para defender sus políticas.
Al principio de la pandemia, los CDC justificaron su nuevo entusiasmo por las máscaras en un comunicado de prensa que elogiaba «la ciencia más reciente» de un estudio de caso de una peluquería en Missouri. «Usar una máscara evitó la propagación de la infección de dos estilistas a sus clientes», proclamaron los CDC, una conclusión ridículamente amplia que se extrajo de un pequeño estudio observacional que carecía de un grupo de control y tenía otras limitaciones obvias (la mayoría de los clientes del salón eran ni siquiera probado para Covid). En la televisión nacional, Walensky promocionó otro estudio, de escuelas en Arizona, como prueba de que las máscaras redujeron drásticamente la propagación de covid, pero la metodología del estudio era tan claramente defectuosa, y los resultados estaban tan fuera de línea con estudios rigurosos, que otros investigadores de covid descartaroncomo «ridículo» y «tan poco confiable que probablemente no debería haber sido incluido en el discurso público».
En lugar de patrocinar, o al menos prestar atención, a los ensayos clínicos, los CDC siguieron buscando confirmación de investigaciones menos confiables. Seleccionó repetidamente datos de observación, atribuyendo a las máscaras una reducción a corto plazo en las tasas de covid en algunas localidades mientras ignoraba datos contrarios de análisis más sistemáticos, como un estudio que rastreó las tasas en todo el país durante todo el primer año de la pandemia y encontró que ni los mandatos de máscaras ni el uso de máscaras se correlacionaron con las tasas de infección.
¿Puede algo persuadir a los adictos a las máscaras en el establecimiento de salud pública y al público para que abandonen su obsesión? Algunos investigadores, haciéndose eco de Walensky, admiten que la revisión Cochrane es el estándar de oro, pero argumentan que los ensayos clínicos hasta ahora no han sido lo suficientemente extensos como para descartar la posibilidad de que las máscaras puedan ser útiles. Pero esa vaga posibilidad no es motivo para obligar a las personas a usar máscaras: se supone que una intervención de salud pública se basa en evidencia sólida, no en ilusiones.
En su libro Unmasked: The Global Failure of COVID Mask Mandates , el analista de datos Ian Miller dedica un capítulo completo a los gráficos que exponen la malversación estadística de los CDC. También preparó un gráfico para un artículo anterior del City Journal que vale la pena mostrar nuevamente, porque es una confirmación visual (a partir de datos nacionales, no de ensayos clínicos) de las conclusiones de la revisión Cochrane. El gráfico rastrea los resultados del experimento natural que ocurrió en los Estados Unidos en los primeros dos años de la pandemia, cuando se impusieron y levantaron los mandatos de máscara en varios momentos en 39 estados.
La línea negra en el gráfico muestra la tasa semanal de casos de covid en estados con mandatos de mascarillas esa semana, mientras que la línea naranja muestra la tasa en estados sin mandatos. Como puede ver, las trayectorias son prácticamente idénticas y, si suma todos esos números, las tasas acumuladas de casos de covid también son prácticamente idénticas. También lo son las tasas acumuladas de mortalidad por covid (la tasa de mortalidad es en realidad un poco más baja en los estados sin mandatos de máscara). Cientos de millones de estadounidenses se cubrieron la cara en los estados con mandatos, y el resultado fue el mismo que en los ensayos clínicos analizados por Cochrane: las máscaras no hicieron ninguna diferencia.
El sur de Venezuela está “gravemente expuesto” al mercurio como consecuencia de la minería ilegal que tiene lugar en la zona, en la que se encuentran estados como Bolívar y Amazonas, advirtió este jueves la iniciativa venezolana Proyecto Educación, Producción y Ambiente (EPA).
“El mercurio está ocasionando graves problemas al medio ambiente, provocando envenenamiento del aire y agua. El sur de Venezuela se ve gravemente expuesto por este elemento, debido a la minería ilegal por parte de organizaciones criminales”, aseguró el Proyecto EPA.
A propósito de conmemorarse este jueves el Día del Compromiso Internacional del Control del Mercurio, Proyecto EPA recordó que se trata de un elemento químico que genera “enfermedades en el sistema nervioso, reproductivo, digestivo, (…) además de dañar los ecosistemas, fauna y flora”.
“Una vez liberado el mercurio, ciertas bacterias pueden transformarlo en metilmercurio, acumulándose en peces y mariscos, lo que ha dejado terribles secuelas en el ambiente y la salud de las comunidades”, precisó.
Aseguró que, en el caso de las zonas afectadas en el sur venezolano, los efectos del mercurio han causado el fallecimiento de indígenas y mineros, aunque no detalló cuántos y en qué período.
“Los efectos tóxicos del mercurio han hecho que indígenas y mineros, perezcan en el proceso de explotación de yacimientos de minerales y metales preciosos”, subrayó.
Durante 2022, el Proyecto EPA denunció en varias ocasiones la minería de extracción en la zona que compone el Arco Minero del Orinoco, ubicada en Bolívar y Amazonas, además de Delta Amacuro, donde hay “un total de 36 áreas protegidas entre parques nacionales y monumentos naturales”.
Esta franja, con una extensión aproximada de 111.000 kilómetros cuadrados desde el territorio de la Guayana Esequiba (este) hasta la frontera con Colombia (oeste), dispone de grandes reservas de oro, coltán, diamantes, hierro, bauxita y otros minerales.
EPA ha reportado que se trata de una de “las zonas más ricas” que ha sido convertida en escenario de delitos de distinta índole, por causa de la extracción de las riquezas que contiene.
La situación venezolana es peligrosa para toda la región. La revolución bolivariana ha traído miseria y bancarrota, y es un fenómeno transnacional que pone en peligro la seguridad regional.
Tras la disolución del gobierno interino a fines del año pasado, la oposición anunció que las primarias para seleccionar un candidato único se realizarán el 22 de octubre. Esta buena noticia se da en un entorno de gran apatía política donde el nivel de credibilidad, tanto del régimen como de la oposición, está por los suelos.
Es que la situación del país es crítica. A pesar de que la economía venezolana creció 10% en 2022 según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), tras una contracción de más del 75% en los últimos ocho años, la mayoría de los venezolanos no han sentido ningún beneficio. Una encuesta de diciembre de 2022 estimó que una familia venezolana necesitaba 63 salarios mínimos para costear la canasta básica y, mientras tanto, la migración masiva continúa desangrando el país.
En este contexto, ¿qué opciones viables hay para Venezuela en el corto plazo?
Recientemente, la administración de Joe Biden concedió a cinco compañías petroleras norteamericanas una autorización condicionada para reanudar la extracción de petróleo en Venezuela. La decisión se tomó luego de que el gobierno venezolano y la oposición alcanzaran un acuerdo de ayuda humanitaria y para reanudar las negociaciones para solucionar la crisis política del país, centrándose en las elecciones venezolanas de 2024.
El resto de las sanciones impuestas a Venezuela siguen vigentes. Según el Departamento del Tesoro, Estados Unidos seguirá responsabilizando a cualquier persona que “participe en actos de corrupción, infrinja las leyes estadounidenses o abuse de los derechos humanos en Venezuela”.
Sin embargo, si el régimen venezolano avanza en las negociaciones y muestra buena voluntad, en el futuro se podrían aliviar otras sanciones.
Aunque la administración Biden niega que este acuerdo haya surgido de la crisis energética mundial y su repercusión en los precios del petróleo, algunos creen que podría ayudar a bajar el costo de la gasolina a medida que ingrese más petróleo al mercado mundial. Otros opinan que no será suficiente.
Los críticos más duros afirman que este paso crearía un terreno resbaladizo en el que más empresas exigirán los mismos derechos que se otorgaron a las petroleras norteamericanas, lo que eventualmente recompensará al régimen de Maduro.
Biden debe asegurarse de que este acuerdo siga siendo un programa piloto. Las sanciones deben volver a aplicarse de inmediato si Maduro no cumple o no respeta el proceso.
Pero veámoslo desde otra perspectiva. Esta medida puede ofrecer una ventaja adicional a Estados Unidos, además de servir como prueba de la disposición de Maduro a negociar de verdad.
Si los norteamericanos reanudan la producción de petróleo, contribuirán a impedir que Rusia, China e Irán sigan influyendo en la industria petrolera venezolana. La licencia prohíbe las transacciones de bienes y servicios procedentes de Irán, así como las relaciones comerciales con entidades venezolanas que son propiedad de rusos o están bajo su control. Asimismo, la reanudación de las ventas de petróleo a Estados Unidos —el mercado tradicional de Venezuela— podría obligar al gobierno venezolano a adoptar una postura más pragmática. Pero esto no ocurrirá sin que Estados Unidos insista en que Venezuela deje de encarcelar, asesinar y torturar a los disidentes políticos, y en que el país abra su sistema político a una eventual transición a la democracia.
Este punto es decisivo porque no se puede confiar en que Maduro acepte unas elecciones justas y menos una transición democrática. En primer lugar, la oposición democrática debe estar unida y actuar con responsabilidad. Las divisiones en el seno de la oposición debilitan su influencia en el proceso de negociación. En segundo lugar, como lo señala Elliot Abrams, es importante seguir ayudando a la oposición a sobrevivir mediante ayuda financiera estadounidense e internacional.
La Administración Biden también debe insistir en que se implemente un mejor entorno empresarial, por ejemplo, igualdad de oportunidades para promover la recuperación del sector privado. Si se reactiva al sector privado, hay esperanza de que los venezolanos puedan al menos aspirar a una vida mejor y que la emigración masiva disminuya. Venezuela ocupa el puesto 188 de 190 países en el Índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial. La oposición y Estados Unidos deberían impulsar la apertura del mercado y reactivar el sector privado. Sin embargo, esto no debe limitarse a privatizar empresas estatales, ya que lo más probable es que el régimen termine por venderlas a sus amigos.
De igual modo, Estados Unidos debe exigir con firmeza que el régimen deje de implicarse en actividades de narcotráfico y que rompa sus vínculos con Irán y otros elementos criminales.
No hay duda que la Biden está haciendo una apuesta cuyos resultados son imprevisibles. Sin embargo, el que Maduro haya aceptado sus condiciones significa que Estados Unidos todavía tiene influencia.
La situación venezolana es peligrosa para toda la región. La revolución bolivariana ha traído miseria y bancarrota, y es un fenómeno transnacional que pone en peligro la seguridad regional, incluida la de Estados Unidos. China, Rusia, Irán y los carteles de la droga ya están profundamente involucrados en la región.
Evidentemente, la política de “máxima presión” de Trump no logró los objetivos previstos. Por lo tanto, a falta de alternativas, vale la pena probar esta opción.
Espejito, espejito en la pared, ¿quién es el presidente que más gasta de todos? Joe Biden gana ese premio por goleada.
Ese es el deprimente resultado de nuestro nuevo estudio en el Comité para Desatar la Prosperidad, basado en los últimos pronósticos oficiales de dinero y presupuesto de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Esta puede ser una conclusión sorprendente dado que Biden sigue promocionando su línea de que “hemos reducido el déficit drásticamente”. Incluso afirma que el año pasado recortó el déficit en más de 1,4 billones de dólares mientras se jacta de que esta es “la mayor reducción de deuda en la historia de Estados Unidos”.
Cada presidente ha sido propenso a un poco de exageración en su historial en el cargo, pero este ni siquiera está dentro de la galaxia de la verdad.
Nuestro nuevo análisis del último pronóstico de la CBO que cubre los próximos 10 años revela el deterioro más rápido de la hoja de balance federal de la historia.
Comparamos la perspectiva fiscal de 10 años el mes en que Donald Trump dejó el cargo con el último pronóstico solo dos años después. Esta comparación indica unos 6,5 billones de dólares de tinta roja AÑADIDOS por Biden a la base de referencia de Trump que heredó. En otras palabras, en lugar de que Biden haya diseñado “la mayor reducción de deuda de la historia”, Biden ha logrado el resultado totalmente opuesto: el mayor AUMENTO de deuda en la historia de Estados Unidos”.
Aquí están los números:
En febrero de 2021, la deuda pública era de $35,3 billones, con una deuda bruta, que incluye dinero prestado que debe devolverse a los fondos fiduciarios del Seguro Social y Medicare, que alcanza los $40 billones.
Dos años después, en febrero de 2023, esas cifras eran de 40,9 billones de dólares y 46,7 billones de dólares, respectivamente.
Eso significa que el presidente Biden agregó $ 5,6 billones a la deuda pública y $ 6,7 billones a la deuda bruta.
La deuda nacional ahora está programada para alcanzar los $ 50 billones dentro de solo 10 años, aproximadamente cinco años antes de los pronósticos anteriores.
Este océano de tinta roja es particularmente imperdonable dado que la pandemia de COVID esencialmente estaba terminando cuando Biden asumió el cargo. La deuda no debería estar aumentando con la crisis hace mucho tiempo; debería estar encogiéndose rápidamente. Deberíamos tener excedentes.
Piénselo de esta manera: si Biden hubiera sido presidente en 1946 y hubiera aplicado las mismas tácticas económicas que está usando ahora, habría aumentado el déficit a niveles récord DESPUÉS de que terminara la Segunda Guerra Mundial.
¿Cómo es que Biden ha permitido que el gasto de la deuda se dispare a la estratosfera tan rápidamente en tan poco tiempo?
Hay cuatro explicaciones:
Primero, Biden y los progresistas aprovecharon la “crisis” (que estaba llegando a su fin) como una excusa para aprobar cuatro proyectos de ley de gastos importantes en dos años, que agregaron al menos $ 4 billones a la deuda desde el principio. Tomando prestada una frase del exjefe de gabinete de Barack Obama: no dejaron que la crisis se desperdiciara. Usaron COVID como camuflaje para disfrazarlo para apuntalar un presupuesto de gasto de bienestar social progresivo en programas como el Green New Deal y un rescate de los presupuestos estatales azules.
En segundo lugar, la Bidenflación hizo que aumentara el costo de las compras del gobierno para todo, desde proyectos de construcción federales hasta alimentos para las tropas, al igual que está aumentando el costo de todo lo demás en la economía.
En tercer lugar, los gastos de intereses de la deuda se han disparado porque el gobierno se estaba endeudando a niveles récord.
En cuarto lugar, cuando la inflación superó el 9% el verano pasado, el aumento de la «Bidenflación» obligó a la Reserva Federal a aumentar las tasas de interés ocho veces. Las tasas son casi tres puntos porcentuales más altas, lo que ha aumentado los costos de endeudamiento del Tío Sam en billones de dólares.
Ahora nos encontramos en medio de un círculo vicioso financiero. Cuanto más gasta y pide prestado Biden, más sube la inflación, lo que a su vez hace que aumenten las tasas de interés, lo que requiere más y más gastos que simplemente financian el costo de la deuda de $ 32 billones.
Si todo esto no es lo suficientemente malo, en cinco años los pagos de intereses de la deuda alcanzarán $1 billón al año y eso será más de lo que gastamos cada año en nuestra defensa nacional.
En resumen, la juerga de compras multimillonaria de Biden no es solo una crisis económica y financiera, también está poniendo en peligro nuestra seguridad nacional. Pretender que no está sucediendo con una charla alegre sobre reducir el déficit es solo insultante y sin sentido.
Los republicanos no están libres de culpa en este derroche de gastos de Washington. Pero no pueden retroceder en las negociaciones presupuestarias. No pueden capitular ante la demanda de Biden de que el Congreso aumente el límite de la tarjeta de crédito del gobierno federal sin ningún plan para frenar el gasto y el endeudamiento gigante.
El último informe de la CBO muestra claramente que para salvar a nuestro país, alguien tiene que detener a Biden antes de que vuelva a gastar.
Stephen Moore es miembro sénior de la Fundación Heritage y cofundador del Comité para Desatar la Prosperidad. Su último libro es «Govzilla: cómo el crecimiento implacable del gobierno está devorando nuestra economía».
El financiero de capital privado multimillonario Thomas H. Lee fue encontrado muerto en su oficina de la Quinta Avenida de Manhattan el jueves, un aparente suicidio por una herida de bala autoinfligida.
Se llamó a la policía alrededor de las 11:00 del jueves y los técnicos de emergencias médicas determinaron que el hombre de 78 años estaba muerto. El médico forense investigará para determinar oficialmente la causa de la muerte.
Lee fue uno de los primeros en emplear compras apalancadas: comprar empresas utilizando dinero prestado contra la empresa que se compra.
“La familia está extremadamente triste por la muerte de Tom. Si bien el mundo lo conocía como uno de los pioneros en el negocio de capital privado y un hombre de negocios exitoso, lo conocíamos como un devoto esposo, padre, abuelo, hermano, amigo y filántropo que siempre antepuso las necesidades de los demás a las suyas”, dice la familia Lee. dijo el amigo y portavoz Michael Sitrick en un comunicado.
Lee fundó Thomas H. Lee Partners en 1974 hasta que se fue para formar Lee Equity Partners en 2006. También fue un gran filántropo y contribuyó a muchas organizaciones relacionadas con el arte, incluido el Lincoln Center for the Performing Arts, el Museo de Arte Moderno y el Museo Whitney de Arte Americano. También dio $ 22 millones a la Universidad de Harvard.
En un movimiento increíble, Lee orquestó la venta de Snapple por 1.700 millones de dólares en 1994, dos años después de haberla comprado, y luego obtuvo un rendimiento de 32 veces el capital social. Tenía un valor de $ 2 mil millones a su muerte.
Lee se casó dos veces y tuvo cinco hijos y dos nietos.
Después de que Hillary se desmoronara en las primarias de 2008 contra Barack Obama, ella y Bill se fueron a vivir a la propiedad de Lee en East Hampton. Fue donante político y patrocinador de Hillary Clinton, incluso durante su candidatura de 2016.
Escribí a principios de semana sobre las noticias inusuales del informe policial sobre el exasesor especial de Bill Clinton, Mark Middleton, quien se suicidó el año pasado. El informe mostró que recibió un disparo en el pecho, pero al parecer no se encontró ningún arma.
EE. UU. anunció este viernes nuevas sanciones contra Rusia, en el primer aniversario de la invasión de Ucrania, para reducir el acceso de Moscú a tecnología, y presentó nuevo paquete de ayuda por 2.000 millones de USD.
Las nuevas sanciones, que afectan a sectores rusos como la banca y la industria de defensa, afectarán a «más de 200 personas y entidades, tanto rusas como de terceros países de Europa, Asia y Oriente Medio, que apoyan los esfuerzos bélicos de Rusia», según la Casa Blanca.
Las nuevas sanciones –que se suman a las múltiples medidas anteriores impuestas en los últimos 12 meses– irán dirigidas a «una docena de instituciones financieras rusas, en consonancia con aliados y socios, así como a funcionarios rusos y autoridades interpuestas que operan ilegalmente en Ucrania».
La Casa Blanca dijo que se dirigía contra los sectores de defensa y alta tecnología de Rusia, además de poner en marcha medidas para frustrar los intentos de eludir las sanciones ya en vigor.
Nuevo paquete de ayuda a Ucrania
Estados Unidos marcó este viernes un año de la invasión rusa de Ucrania con el anuncio de un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 2.000 millones de dólares, que incluye misiles HIMARS, munición de artillería y drones.
«Estados Unidos seguirá trabajando junto a sus aliados para proveer a Ucrania con capacidades para cubrir sus necesidades inmediatas en el campo de batalla y sus requisitos de seguridad a largo plazo el tiempo que sea necesario», aseguró hoy el Pentágono.
Además, con motivo del primer aniversario de la guerra, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, pidió mantener el compromiso con la defensa de Ucrania «para asegurar que un mundo de reglas y derechos no es reemplazado por uno de tiranía y tumulto».
«A pesar de la campaña de crueldad del Kremlin, los ciudadanos de Ucrania han mostrado una valentía, una habilidad y una fortaleza asombrosas», aseguró Austin en un comunicado.
A comienzos de esta semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo una visita sorpresa a Kiev en la que se reunió con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y anunció 500 millones de dólares en ayuda adicional para el país.
A pesar del compromiso del Gobierno estadounidense, cada vez son más los políticos conservadores del partido Republicano que piden moderar el desembolso destinado a la ayuda a Ucrania.
Hasta la fecha, el Congreso del país ha autorizado más de 75.000 millones de dólares en ayuda humanitaria, económica o de seguridad, más que ningún otro país del mundo.
