La madrugada del sábado marcó un punto de quiebre no solo para el poder político en Venezuela, sino también para el entramado criminal que durante años encontró refugio, movilidad y protección al otro lado de la frontera. La captura de Nicolás Maduro, tras la incursión armada de Estados Unidos en Caracas, activó de inmediato alertas de inteligencia en Colombia ante lo que hoy se perfila como un éxodo de cabecillas criminales que, hasta hace pocas semanas, delinquían con relativa tranquilidad desde territorio venezolano.
Información de inteligencia militar advierte que peligrosos jefes de estructuras armadas ilegales comenzaron a evaluar rutas, contactos y condiciones para regresar a Colombia, en un movimiento defensivo provocado por el despliegue inusitado de tropas, aeronaves y portaviones estadounidenses en el Caribe. Ese despliegue, que antecedió a la operación en Caracas, fue interpretado por los grupos armados como una amenaza directa a su histórica retaguardia en Venezuela.
Durante años, cabecillas del Frente de Guerra Oriental, el Frente Nororiental y miembros del Comando Central (Coce) del ELN gozaron de privilegios, libertad de movimiento y comodidades en el vecino país. Hoy, ese escenario cambió abruptamente. La llegada de fuerzas especiales de Estados Unidos, con capacidades tecnológicas y de inteligencia de alto nivel, los obligó a replantear su permanencia en un territorio que dejó de ser seguro.
En ese contexto, las autoridades lograron identificar movimientos de figuras clave como alias ‘Silvana Guerrero’ y alias ‘Ricardo’, quienes estarían “flotando” entre Venezuela y la región del Catatumbo, intentando mantener el control de sus redes criminales mientras evitan quedar expuestos. A ellos se suman alias ‘Parmenio’ y alias ‘Caballo de Guerra’, integrantes de la misma estructura, que habrían iniciado desplazamientos similares hacia zonas fronterizas colombianas.
El Frente de Guerra Oriental, uno de los más poderosos y violentos del ELN, también estaría replegando a sus principales jefes. Entre ellos figuran alias ‘Pablito’, por quien se ofrece una recompensa de hasta cinco mil millones de pesos, y alias ‘Cendales’. Ambos habrían cruzado nuevamente a Colombia con el objetivo de reorganizar sus estructuras logísticas y armadas, en medio de una disputa feroz con disidencias de las Farc por el control ilegal del territorio en departamentos estratégicos como Arauca, Vichada, Casanare y Boyacá.
Desde el Coce del ELN, los informes de inteligencia señalan movimientos asociados a Eliécer Herlinto Chamorro, alias ‘Antonio García’, otro objetivo de alto valor por quien las autoridades ofrecen hasta 4.378 millones de pesos. Su eventual salida de Venezuela representaría un golpe simbólico y operativo para una organización que encontró durante años en ese país su principal santuario político y militar.
Con menores márgenes de maniobra aparecen los cabecillas de la autodenominada Segunda Marquetalia. Aunque su arraigo en Venezuela sería más limitado, con menos territorio, menores comodidades y seguridad reducida, allí permanecerían alias ‘Iván Márquez’, también con una recompensa de 4.378 millones de pesos, y Géner García Molina, conocido como Francisco Javier Builes o John 40. Para ellos, el escenario es aún más complejo: regresar a Colombia implica quedar expuestos, pero quedarse supone enfrentar un entorno cada vez más hostil e impredecible.
Este retorno forzado tiene un costo claro para los jefes criminales: perder los lujos, la protección y la relativa invisibilidad que les ofrecía Venezuela. En Colombia, en cambio, los espera un aparato militar y de inteligencia en máxima alerta, con operaciones ya en preparación contra estos objetivos de alto valor estratégico. Las autoridades saben que se trata de un momento crítico para golpear estructuras debilitadas y en reacomodo.
Conscientes de ese riesgo, los cabecillas no descartarían una jugada política. Fuentes de inteligencia advierten que algunos podrían intentar acercamientos con el Gobierno Nacional para abrir diálogos exploratorios de paz, aprovechando los poco más de siete meses que le restan a la actual administración. En ese eventual escenario, buscarían exigir ceses al fuego bilaterales que les permitan oxigenarse, reorganizarse y establecer campamentos en sus zonas de influencia criminal.
La caída del régimen venezolano no solo sacudió el tablero geopolítico regional: también desmanteló, de golpe, el principal refugio de las economías criminales transnacionales. Hoy, la frontera colombo-venezolana vuelve a convertirse en un corredor de riesgo, no por la salida de civiles, sino por el retorno de algunos de los hombres más buscados del país, acorralados, expuestos y cada vez con menos dónde esconderse.
El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, se pronunció la tarde del domingo 4 de enero a través de un video publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), un día después de que Nicolás Maduro fuera capturado por autoridades de Estados Unidos durante un operativo realizado en Caracas en la madrugada del sábado 3 de enero.
En su mensaje, Edmundo González aseguró que los hechos recientes marcan “un punto de inflexión en la historia reciente del país”, aunque advirtió que no son suficientes para concretar la normalización democrática de Venezuela.
González reconoció que existen sentimientos encontrados entre los venezolanos tras los acontecimientos, y afirmó que estos son comprensibles y respetables.
Sin embargo, subrayó que la transición democrática real solo será posible cuando se produzca la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, civiles y militares, detenidos por razones de conciencia, y se respete “sin ambigüedades” la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio de 2024.
“El hecho de que quien usurpó el poder ya no se encuentre en el país y enfrente a la justicia configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante”, afirmó el mandatario electo, quien insistió en que ninguna transición democrática es posible mientras exista un solo venezolano encarcelado de manera injusta.
En su declaración, Edmundo González recalcó que su legitimidad proviene del mandato popular, tal como lo establece el artículo 5 de la Constitución, y del respaldo mayoritario y sostenido de millones de venezolanos que aspiran a un país en paz, con instituciones sólidas y futuro. “Ese respaldo jamás será traicionado”, sostuvo.
Asimismo, hizo un llamado a la unidad nacional como eje central para la reconstrucción del país, la sanación social y la reconciliación, dejando claro que este proceso debe darse con verdad y justicia, sin impunidad.
“Venezuela necesita unidad para garantizar que nunca más el poder sea usado contra su propio pueblo”, enfatizó.
Como presidente de los venezolanos y comandante en jefe, González dirigió un mensaje “sereno y claro” a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los cuerpos de seguridad del Estado, recordándoles que su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Reiteró que su lealtad debe estar con la Constitución, el pueblo y la República.
“Este es un momento histórico. Lo asumimos con serenidad, claridad y compromiso democrático”, concluyó González, asegurando que el país que viene debe ser uno de derechos, instituciones y esperanza, construido con la participación de todos los venezolanos.
Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho.
Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación.
Ninguna de estas autocracias movió una pieza de su tablero para defender la última torre de Nicolás Maduro. Ni siquiera la dictadura cubana, cuya misión última era cuidar la espalda del venezolano cuando tocaran a su puerta. Ahora, el hombre por cuya cabeza había una recompensa de 50 millones de dólares enfrentará un tribunal en el distrito de Nueva York donde se lo acusará de diferentes y aberrantes delitos encuadrados todos bajo un neologismo: narcoterrorista.
No sólo falló la barrera de protección física que La Habana dispuso desde hace años para rodear -y controlar- a Maduro. También fue inútil uno de los trofeos más preciados de Cuba: su sistema de inteligencia para prevenir el cadalso. Nadie aún en el Palacio de Miraflores explicó por qué no pudieron impedir que una unidad del Delta Force -unidad de elite del Ejército- llevara esposados a Maduro y su esposa Cilia Flores. ¿Los custodios quedaron paralizados? ¿Lo entregaron? ¿No estaban disponibles en ese momento?
Para peor, Cuba no identificó a tiempo al informante que la CIA infiltró en el círculo íntimo de Maduro y que instruyó a la agencia de inteligencia norteamericana sobre el paradero exacto del dictador al momento de su captura. Desde hacía meses -de acuerdo a The Wall Street Journal- la CIA seguía con lupa al líder chavista acusado de narcoterrorismo. ¿A cuántos jerarcas más infiltró? ¿Cuántas personas de confianza le quedan a Diosdado Cabello o a Vladimir Padrino López? El generalísimo volvió a buscar en su agenda los contactos que supo cultivar.
Un ultimátum también sobrevuela la capital cubana. Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, fue contundente: “Si yo viviera en La Habana y formara parte del gobierno, estaría al menos un poco preocupado”. ¿Next?
El caso de Rusia no es nuevo. Sólo pudo reaccionar con una impostada indignación -como Irán– a la incursión de los Estados Unidos que este 3 de enero de 2026 puso fin a una era oscura en Venezuela. Algo similar ocurrió hace poco más de un año -el 8 de diciembre de 2024- cuando un grupo encabezados por Ahmed Al-Sharaa tomó el poder en pocas horas en Damasco y depuso a otro dictador sanguinario, Bashar Al-Assad. Vladimir Putin no hizo nada por su socio.
En aquel momento, sin embargo, Al-Assad pudo escapar junto a su familia a un exilio en las afueras de Moscú. Maduro ni siquiera tuvo esa oportunidad. Eso fue lo único que le pudo garantizar Putin a su compañero geográfico más cercano: un techo y comida. En principio no es poco. A diferencia del caribeño, el hombre que comandó Siria con látigo durante décadas no tendrá que enfrentar un tribunal por violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, tortura y demás aberraciones que se sucedieron durante su estadía en el poder sirio.
Debido a que se trata del país vecino más cercano de Venezuela, diferentes personalidades políticas en Colombia han reaccionado tras el ataque de Estados Unidos contra la dictadura de Nicolás Maduro, que terminó con la detención del caraqueño de 63 años.
El pronunciamiento más destacado ha sido el del presidente Gustavo Petro, que rechazó lo registrado y afirmó que la violencia no resolverá los problemas de Venezuela.
“Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas. Invito al pueblo venezolano a encontrar los caminos del diálogo civil y su unidad. Sin soberanía no hay nación. Es la paz el camino y el diálogo entre los pueblos es fundamental para la unión nacional. Diálogo y más diálogo es nuestra propuesta“, escribió el presidente de Colombia en su cuenta de X.
La reacción del mandatario provocó los pronunciamientos de varias figuras de la oposición, que lo señalaron de estar a favor de la dictadura venezolana y afirmaron que postura de Gustavo Petro no representa el sentir de los colombianos.
Entre los opositores que celebraron la captura de Maduro se encuentra la senadora María Fernanda Cabal, que afirmó que América del Sur será libre cuando caiga hasta el último “tirano”.
“La libertad se cuida y se preserva con valentía. Quienes le han causado dolor al pueblo venezolano deben pagar por sus crímenes y nosotros debemos seguir de pie, en defensa de nuestro continente hasta que salga el último tirano“, escribió la opositora del Gobierno Petro.
Francisco Santos afirmó que Maduro fue entregado
Dejando a un lado los debates polémicos, durante una entrevista con NTN, el exvicepresidente Francisco Santos decidió analizar los detalles del operativo registrado en la madrugada del 3 de enero para entregar su hipótesis al respecto.
Santos llamó la atención al indicar que, en su concepto, considera que el dictador venezolano fue traicionado por la vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez.
“No lo sacaron, lo entregaron, estoy absolutamente seguro de que lo entregó Delcy. Toda la información que tenemos, empieza uno a sumar y dice: «uy, esta fue una operación en la que lo entregan», obviamente tienen que montar el escenario”
Para Santos, la participación de Rodríguez fue confirmada en el discurso de Donald Trump, que reveló que ella será la encargada de estar al frente de la presidencia de Venezuela mientras avanza el proceso para que el país sudamericano vuelva a tener una democracia sólida.
“El presidente Trump dice que Delcy va a ser la de la transición, entonces Delcy va a ser la de la transición. Ella tiene absolutamente claro el papel que va a jugar. Creo que a quien le va a tocar más duro es a María Corina (Machado), que se va a tener que ganar un lugar”, mencionó Francisco Santos.
Por último, el exvicepresidente de Colombia le restó importancia al discurso realizado por Delcy Rodríguez, en el que rechazó la captura de Nicolás Maduro y pidió su liberación, y aseguró que el chavismo entregó al dictador para poder prolongar su presencia en el poder por un tiempo más.
“Vamos a ver hasta donde Marco (Rubio) maneja esto. No me suena a casualidad que le hayan hecho ese revestimiento de gran líder (a Delcy Rodríguez). Estamos viendo un momento difícil para la democracia en Venezuela. Así como el chavismo sobrevivió a la muerte de Maduro, si las cosas siguen como van… Vamos a ver un chavismo que sobrevive a la captura de Maduro“, puntualizó Francisco Santos en su intervención.
El chavismo ha recibido un duro golpe, pero se niega a capitular a sus ambiciones. Delcy Rodríguez quiere ser la sucesora del tirano, garantizando un Madurismo sin Maduro. Es decir, una salida negociada, pragmática y peligrosa.
Maduro fue arrestado con colaboración interna. De acuerdo con declaraciones preliminares, desde agosto se conocían todos sus pasos. Por lo tanto, la operación de captura (o entrega) fue precisa y perfecta, sin errores y sin bajas.
La caída de Maduro es una victoria extraordinaria que debe ser bien administrada. Si bien es cierto es importante garantizar estabilidad política y económica, esos intereses jamás pueden estar por encima del tema central: El reconocimiento de las autoridades legítimamente electas.
María Corina debe ser incluida y no ignorada. Lejos de toda sombra de duda, la Nobel de la Paz, tiene la fortaleza, inteligencia e integridad necesaria para contribuir de manera protagónica en la transición post Maduro. No es una opción es un imperativo.
El chavismo es un monstruo de 3 cabezas. Delcy y Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. Los tres bloques son poderosos y problemáticos, pero solo uno será el interlocutor con Estados Unidos: Delcy Rodríguez. Los otros recibirán una oferta que no podrán rechazar.
La lucha cuesta arriba de María Corina. La ganadora del premio Nobel tendrá que seguir luchando hasta el final. Contra el pragmatismo político, la dictadura y los detractores de siempre. La lucha no ha terminado únicamente ha cambiado el contexto.
Un liderazgo fuerte en Estados Unidos. El presidente Trump hizo lo que varias administraciones prometieron, pero ninguna pudo cumplir: Sacar al tirano de Miraflores y dar una oportunidad a la democracia, la seguridad y la institucionalidad.
La izquierda perdió la brújula. Mientras el mundo cierra filas celebrando la caída del dictador, los presidentes de Brasil, México, Chile y Colombia se atrincheran para defender al tirano, olvidando el tema central: El retorno de la democracia a Venezuela.
El mensaje para Cuba, Nicaragua, Colombia y México. La captura de Maduro deja un mensaje claro: Estados Unidos combatirá al narcotráfico y a los tiranos con todos los recursos disponibles, incluyendo el militar. Particularmente el militar.
No es el final es el principio. Los jugadores políticos en Venezuela han cambiado, pero el desafío sigue siendo el mismo. El fin de la tiranía, la transición democrática y el reconocimiento del presidente Edmundo González Urrutia.
Cuidar el momento. La salida de Maduro no puede ser un cambio de forma sino de fondo. La meta no puede ser dividida, diluida o derivada en otras acciones o intereses. La democracia y la libertad no pueden ser negociadas.
El 3 de enero de 2026 quedará en la historia. Puede ser el día de la caída de un dictador o la reinvención de un nuevo modelo autoritario hibrido. En el primero, el objetivo es la democracia, en el segundo el objetivo es incierto.
La lucha por la libertad es hasta el final. Tras la caída de Maduro queda claro que la democracia no es fácil, es complicada y lejos de ser una carrera de velocidad es una carrera de obstáculos y resistencia. La libertad de Venezuela todavía hay que seguirla construyendo y la salida de Maduro es sin lugar a dudas un gran comienzo. Lo mejor esta por venir.
*El autor es periodista exiliado, exembajador ante la OEA y exmiembro del Cuerpo de Paz de Noruega (FK). Es exalumno del Seminario de Seguridad y Defensa del National Defense University y el curso de Liderazgo de Harvard.
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el sábado en una operación militar sin precedentes cierra abruptamente 12 años de gobierno que transformaron a Venezuela de una de las democracias más estables de América Latina en un Estado fallido. Los números, fríos e implacables, documentan una de las mayores catástrofes humanitarias, económicas y políticas que ha vivido la región en tiempos de paz. Organismos internacionales como la ONU, el Fondo Monetario Internacional y decenas de organizaciones de derechos humanos han construido durante más de una década un registro exhaustivo de lo que significó la era Maduro para los 28 millones de venezolanos.
Cuando Maduro heredó el poder tras la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013, Venezuela ya mostraba señales de deterioro. Pero lo que vino después superó las peores proyecciones. Este es el balance, contado en cifras verificadas por organismos internacionales y organizaciones independientes, de cómo un país colapsó. El esfuerzo de documentación independiente ha sido imprescindible: el Instituto Nacional de Estadística (INE), organismo oficial, dejó de publicar indicadores clave durante años —entre 2014 y 2018 no difundió cifras de pobreza— y cuando finalmente lo hizo en 2018, afirmó que la pobreza había disminuido en medio de una hiperinflación del 130.060%. La opacidad estadística obligó a la ONU, el FMI, ACNUR y a ONG como Foro Penal y Provea a documentar con sus propios métodos la realidad venezolana.
La violencia como herramienta: más de 300 muertos en protestas
Las calles venezolanas se tiñeron de sangre de forma recurrente durante el gobierno de Maduro. Entre 2013 y 2018, al menos 215 personas murieron en el contexto de manifestaciones antigubernamentales, según documentó Provea, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos. En 2019, otras 67 personas fueron asesinadas durante y después de las manifestaciones, según documentaron conjuntamente Provea y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). Y en 2024, 25 personas más perdieron la vida en apenas cuatro días de protestas postelectorales.
El total supera las 300 víctimas mortales en manifestaciones durante los 12 años de Maduro, según los diversos registros de organizaciones de derechos humanos.
El año más sangriento fue 2017. Entre abril y julio, mientras Venezuela ardía en protestas diarias, murieron entre 127 y 157 personas según distintos registros. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue contundente en su evaluación: responsabilizó directamente a las fuerzas de seguridad del Estado de al menos 73 de esas muertes por uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva. Las imágenes de jóvenes enfrentando a tanquetas con piedras, de manifestantes heridos siendo arrastrados por compañeros, de madres llorando sobre cuerpos sin vida, definieron ese período.
Un panel de expertos independientes designado por la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó en 2018 que existían fundamentos razonables para determinar que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El informe responsabilizó tanto a las fuerzas de seguridad como a grupos civiles armados —los llamados colectivos— de 131 muertes durante las protestas de 2014 y 2017.
Porque 2017 no fue el único episodio. En 2014, las protestas estudiantiles dejaron 43 personas fallecidas entre febrero y mayo. En 2019, cuando Juan Guaidó emergió como líder opositor y una parte de la comunidad internacional lo reconoció como presidente interino, otras 61 personas perdieron la vida en circunstancias vinculadas a las manifestaciones, según registró Provea.
El ciclo se repitió en 2024. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, consideradas fraudulentas por la oposición y la comunidad internacional, Provea documentó25 personas asesinadas en apenas cuatro días de protestas. La letalidad fue inédita: casi la mitad de las muertes registradas durante más de 150 días de protestas en 2019, concentradas en solo 96 horas. La represión había alcanzado una nueva dimensión de violencia.
Para poner estas cifras en perspectiva: durante los 21 años que comprenden los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera y Hugo Chávez, murieron en protestas 77 personas, según el mismo registro de Provea. En solo los primeros seis años de Maduro, la cifra se triplicó.
Las cárceles del régimen: 18.612 detenciones políticas
Si las calles fueron el escenario de la represión visible, las cárceles se convirtieron en el instrumento de control invisible. Los números que maneja el Foro Penal, la organización no gubernamental venezolana especializada en documentar presos políticos, son abrumadores. Al 29 de diciembre de 2024, había 863 presos políticos en Venezuela. De ellos, 755 son hombres, 106 Mujeres y 1 adolescente; 687 son civiles y 176 Militares.
Pero esta cifra de un momento específico no captura la magnitud total de la represión. Desde 2014, el Foro Penal ha documentado 18.612 detenciones por motivos políticos. Miles de venezolanos han pasado por las cárceles del régimen acusados de delitos como “traición a la patria”, “instigación al odio”, “terrorismo” o simplemente por expresar críticas en redes sociales.
La mayoría de los presos políticos actuales fueron detenidos tras las elecciones de julio de 2024. Según cifras del propio gobierno venezolano, más de 2.400 personas fueron arrestadas entre el 29 de julio y el 13 de agosto de ese año. Esta cifra representa el 94% del total de detenidos registrados durante los cuatro meses completos del ciclo de protestas de 2017. La represión postelectoral de 2024 superó en intensidad y rapidez cualquier oleada anterior.
Además de los presos, más de 9.000 personas viven con medidas restrictivas de libertad impuestas de manera arbitraria: prohibición de salida del país, presentaciones periódicas en tribunales, arraigo domiciliario. Sus vidas están suspendidas en un limbo legal, sin poder trabajar normalmente, viajar o ejercer sus derechos básicos.
El Foro Penal también documenta algo aún más grave: 17 presos políticos han muerto bajo custodia estatal desde 2014. Algunos por falta de atención médica, otros en circunstancias nunca esclarecidas. El régimen siempre negó la existencia de presos políticos, insistiendo en que todos son “terroristas”, “golpistas” o “mercenarios al servicio del imperio”.
El gran éxodo: 7.9 millones de venezolanos huyeron
Si hay una cifra que resume la magnitud de la crisis venezolana es esta: 7.9 millones de personas han abandonado el país, según datos oficiales de ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Es casi el 30% de la población que tenía Venezuela cuando Maduro llegó al poder. Para ponerlo en perspectiva: es como si Argentina viera emigrar a 12 millones de ciudadanos oEspaña perdiera 14 millones de habitantes en una década.
Este éxodo es la segunda mayor crisis migratoria del mundo contemporáneo, solo superada por Siria. Pero hay una diferencia crucial: Siria está en guerra civil desde 2011. Venezuela no tuvo guerra —al menos no oficialmente— y sin embargo expulsó a casi un tercio de su población.
La mayoría de los venezolanos desplazados, aproximadamente 6.7 millones, permanece en América Latina y el Caribe. Colombia absorbió más de 2.8 millones. Perú acogió a más de 1.5 millones. Chile, Ecuador, Brasil, Argentina, cada uno recibió cientos de miles. Según reportó ACNUR en junio de 2024, Venezuela lidera el ranking mundial de refugiados reconocidos y personas que necesitan protección internacional: 370.200 tienen estatus formal de refugiados y otros 5.9 millones requieren protección internacional.
La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), coordinada por ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, proyectó en diciembre de 2024 que el número de migrantes y refugiados venezolanos en América Latina y el Caribe alcanzará 7.03 millones en 2025 y 7.32 millones en 2026. Otros 730,000 venezolanos más abandonarán el país en estos dos años, según estas estimaciones. La hemorragia migratoria no se detiene.
Este éxodo tiene rostros concretos: familias enteras que caminaron miles de kilómetros desde Caracas hasta Lima o Santiago de Chile, cargando niños pequeños y lo poco que pudieron llevar. Médicos venezolanos manejando Uber en Buenos Aires. Ingenieros petroleros trabajando en restaurantes de Miami. Abogadas limpiando casas en Madrid. Una generación completa de profesionales dispersa por el mundo, con títulos universitarios que muchas veces no son reconocidos en los países de acogida. Es la mayor diáspora en la historia de América Latina.
Censura, cierre de medios y periodistas detenidos
La represión de Maduro no se limitó a las calles y las cárceles. La libertad de prensa, ese termómetro esencial de cualquier democracia, fue sistemáticamente desmantelada. En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025 elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), Venezuela ocupó el puesto 160 de 180 países. Solo 20 países en el mundo tienen peor libertad de prensa que Venezuela. En América Latina, únicamente Cuba (165) y Nicaragua (172) están por debajo.
RSF documenta que tras el acceso de Maduro al poder, las medidas gubernamentales contra la pluralidad de los medios se acentuaron dramáticamente. La organización registró la desaparición de las ediciones impresas de más de 100 periódicos, víctimas de una política estatal de control de papel prensa y de un marco legal restrictivo que la organización califica como un “estrangulamiento” sistemático de la prensa independiente.
Las emisoras de radio corrieron peor suerte. Según los registros históricos de la organización Espacio Público, al cierre de 2024 se contabilizan al menos 300 emisoras de radio clausuradas desde el año 2003. El grueso de esta ofensiva ocurrió durante la gestión de Nicolás Maduro: solo entre 2003 y 2022 se documentaron 285 cierres, lo que representó el 71% del total de medios de comunicación extintos en ese periodo.
El control sobre los medios radiofónicos se complementó con la reconfiguración del mapa televisivo nacional. Casos emblemáticos como el cese de concesión de RCTV en 2007 —objeto de una sentencia condenatoria contra el Estado por parte de la Corte IDH— sentaron el precedente para la posterior “asfixia económica” y cambio forzado de línea editorial de plantas como Globovisión en 2013, eliminando los últimos espacios de crítica con alcance nacional en señal abierta.
En la era digital, la censura adoptó nuevas formas. Según el informe «Redes de Control» de la organización VE sin Filtro, entre julio de 2024 y enero de 2025 se ejecutaron 79 bloqueos contra sitios web de medios de comunicación, servicios de VPN y plataformas de derechos humanos. Esta estrategia, validada por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, limitó el acceso a información independiente en momentos críticos, afectando incluso el uso de aplicaciones de mensajería y redes sociales mediante restricciones aplicadas por proveedores de internet estatales y privados.
Para los periodistas, ejercer su profesión se volvió un acto de valentía que podía costar la libertad. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa(SNTP) documentó en mayo de 2025 que 15 periodistas permanecían detenidos arbitrariamente. La organización, respaldada por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), destaca que 12 de estos comunicadores fueron arrestados en el contexto de las protestas tras las elecciones de julio de 2024, enfrentando cargos graves como ‘terrorismo’, ‘incitación al odio’ y ‘conspiración’, delitos que las organizaciones internacionales califican como un uso instrumental del sistema judicial para silenciar la cobertura independiente.
Muchos periodistas optaron por el exilio. Según estimaciones de organizaciones gremiales, más de 300 periodistas venezolanos están trabajando desde el extranjero, informando sobre su país desde Colombia, Estados Unidos, España o Argentina. Informar desde dentro de Venezuela se convirtió en sinónimo de autocensura o riesgo permanente.
El colapso económico: una economía reducida al 28%
Pero si hay un área donde el desastre alcanzó proporciones históricas fue la economía. Según la base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial del FMI, la economía venezolana de 2024 representa apenas el 28% de lo que era en 2013. Dicho de otra forma: casi tres cuartas partes de la economía se evaporaron en poco más de una década. Es uno de los colapsos económicos más severos jamás registrados en un país en tiempos de paz.
El propio Banco Central de Venezuela reconoció en 2019 que la economía había perdido más de la mitad de su tamaño en solo cinco años. Entre el tercer trimestre de 2013 y el tercero de 2018, el PIB cayó un 52.3%. Otros análisis económicos independientes calculan caídas de entre 80% y 83% en el período completo 2013-2021.
Para entender la magnitud: durante la Gran Depresión de los años treinta, considerada la peor crisis económica del siglo XX, la economía estadounidense cayó aproximadamente un 30%. Venezuela perdió casi tres veces más que eso. Solo países devastados por guerras —como Irak, Líbano o la antigua Yugoslavia— han experimentado colapsos económicos de esta magnitud.
La hiperinflación que pulverizó el dinero
La palabra que define este período es hiperinflación. Entre 2017 y 2021, Venezuela vivió cuatro años consecutivos de hiperinflación, un fenómeno económico extremadamente raro en la historia moderna. En 2018, la inflación anual alcanzó el 130,060%, según cifras del propio Banco Central de Venezuela. Para poner esto en perspectiva: un producto que costaba 100 bolívares en enero, costaba 130.000 bolívares en diciembre del mismo año.
Los billetes se convirtieron en papel sin valor. Los venezolanos comenzaron a pesar el dinero en vez de contarlo porque era más rápido. Se hicieron virales las imágenes de personas fabricando carteras y bolsos con billetes de bolívares porque el material valía más que el dinero en sí. La inflación acumulada entre 2013 y 2019 superó los 5,395 millones por ciento, según datos oficiales. Los ahorros de toda una vida se evaporaron en semanas. Las pensiones quedaron reducidas a centavos de dólar.
Para 2026, aunque técnicamente Venezuela salió de la hiperinflación, el FMI proyectó una inflación del 682 %.
Mientras tanto, la economía venezolana se dolarizó de facto: las transacciones se realizan mayoritariamente en dólares estadounidenses, con el bolívar relegado a un papel marginal.
El petróleo que dejó de fluir
Venezuela posee las reservas probadas de petróleo más grandes del planeta. Durante décadas, el petróleo financió los programas sociales del chavismo y mantuvo a flote al país. Pero bajo Maduro, incluso esta ventaja natural se convirtió en una maldición. Los ingresos por exportaciones petroleras cayeron de 85,603 millones de dólares en 2013 a 29,810 millones en 2018, según datos de la OPEP. Una caída del 65% en solo cinco años.
Según los datos más recientes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)y registros de Trading Economics, la producción de crudo cerró el año 2025 con un promedio de 1,14 millones de barriles diarios (mb/d) según cifras oficiales, aunque fuentes secundarias sitúan la cifra real cerca de los 934.000 bpd.
Si bien estos números representan una mejora frente al mínimo histórico de 392.000 bpd registrado en julio de 2020, la cifra sigue estando a una fracción de los 3,5 millones de barriles diarios que el país producía a finales de la década de los noventa. Aunque Venezuela logró recuperar el puesto como tercer productor de la región —rebasando nuevamente a Colombia—, la brecha frente a potencias como Brasil (3,2 mb/d) o Guyana (600.000+ bpd y en ascenso) es ahora estructural.
PDVSA, la empresa petrolera estatal que fue orgullo nacional, quedó desmantelada por una combinación letal de corrupción rampante, incompetencia técnica y falta de inversión. Las sanciones estadounidenses, impuestas desde 2017 y endurecidas progresivamente, complicaron aún más el panorama.
Las plataformas petroleras en el lago de Maracaibo se oxidaron. Los campos petroleros del oriente del país operan con equipos obsoletos. Los oleoductos tienen fugas. Venezuela, el país con más petróleo del mundo, importa gasolina porque sus refinerías no funcionan. Las colas de automóviles esperando combustible durante horas o días se convirtieron en una imagen habitual durante años.
El panorama se ha visto agravado por el endurecimiento de las tensiones diplomáticas a finales de 2025; tras un breve alivio mediante licencias especiales (como la de Chevron), el inicio de 2026 está marcado por una nueva fase de restricciones y vigilancia naval sobre los buques sancionados, lo que dificulta el objetivo gubernamental de alcanzar la meta de los 2 millones de barriles.
El impacto social: 87% en la pobreza
Las consecuencias humanas de este colapso son devastadoras. Según la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), el 86.9% de la población venezolana vive en situación de pobreza. Casi nueve de cada diez venezolanos no tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. El desabastecimiento de alimentos y medicinas se convirtió en una crisis humanitaria que aún persiste.
En el sector salud, la Encuesta Nacional de Hospitalesreportó que el desabastecimiento de insumos básicos en salas de emergencia alcanzó un promedio del 70%, según los últimos datos disponibles para 2024. No hay guantes, jeringas, anestesia. Los quirófanos están cerrados por falta de equipos. Los pacientes deben llevar sus propios medicamentos, vendas, suero. La mortalidad infantil y materna aumentó dramáticamente. Enfermedades que se creían erradicadas —como el sarampión, la difteria, la malaria— reaparecieron.
La crisis social en Venezuela ha golpeado con especial dureza a los extremos de la población y al sector académico. Según el último reporte de Cáritas Venezuela, la desnutrición aguda infantil en zonas vulnerables se mantiene en niveles de crisis, mientras que las personas mayores enfrentan una situación de “indigencia institucionalizada”.
La organización Convite AC reporta que las pensiones estatales apenas cubren el 2% de las necesidades nutricionales básicas de un adulto mayor. En el ámbito educativo, el Observatorio de Universidades advierte que el sistema público de educación superior,otrora gratuito y de calidad, está en riesgo de parálisis técnica: con salarios que para finales de 2025 no superaban los 15 dólares mensuales en el escalafón inicial, miles de catedráticos han abandonado las aulas, dejando a las universidades históricas del país con menos de la mitad de su planta docente original.
El legado de Maduro: un país destrozado
Estos números —resultado de años de trabajo meticuloso de investigadores, economistas, activistas de derechos humanos y periodistas— cuentan la historia de una nación destrozada.
La captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el sábado cierra este capítulo de forma abrupta y genera infinitas preguntas sobre el futuro. Pero independientemente de lo que venga, el legado de sus 12 años en el poder es indiscutible: un país en ruinas que tardará décadas en recuperarse, si es que lo hace algún día.
En una rueda de prensa celebrada este sábado en Doral (Florida), el congresista republicano Mario Díaz-Balart defendió apasionadamente el respaldo inquebrantable de los legisladores republicanos a la líder opositora venezolana María Corina Machado, un día después de la histórica operación militar estadounidense que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Durante el encuentro con la prensa, acompañado por sus colegas María Elvira Salazar y Carlos Giménez, Díaz-Balart interrumpió enfáticamente a un reportero que cuestionaba si los republicanos estaban dispuestos a apoyar a Machado y a Edmundo González Urrutia. «¡No toleraré que me pongan palabras en la boca ni en la de mis colegas!», exclamó el congresista, visiblemente molesto.
«Hemos sido consistentes desde el primer día», afirmó Díaz-Balart, agregando con convicción: «Estoy convencido de que habrá una transición y, cuando se celebren elecciones –ya sean nuevas o se valide las últimas–, la próxima presidenta democráticamente elegida de Venezuela será María Corina Machado».
Estas declaraciones contrastan con comentarios previos del presidente Donald Trump, quien ha expresado ciertas reservas sobre el nivel de apoyo interno que tiene Machado en Venezuela, aunque ha elogiado la operación que llevó a la captura de Maduro por cargos de narcoterrorismo en Nueva York.
La rueda de prensa se produjo en medio de la euforia en comunidades venezolanas en Florida y Caracas por la caída del régimen, pero también ante preocupaciones internacionales por la intervención estadounidense. Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 por su lucha pacífica por la democracia, ha declarado que la oposición está preparada para asumir el poder y reconocer a Edmundo González Urrutia –candidato en las elecciones de 2024– como presidente legítimo.
Los legisladores republicanos de origen cubano y venezolano elogiaron la acción decisiva de Trump y advirtieron que regímenes similares en Cuba y Nicaragua no sobrevivirán a esta administración. Sin embargo, el tenso intercambio con los medios puso de manifiesto posibles divisiones en el bando republicano sobre el rol exacto de Machado y González en la transición.
La situación en Venezuela sigue siendo volátil, con celebraciones en las calles, pero también condenas de líderes internacionales por la operación militar. Washington ha anunciado que supervisará temporalmente el país hasta una «transición segura», mientras la oposición impulsa un proceso democrático rápido liderado por sus figuras electas.
REPORTER: "Why are you not willing to support Maria Corina… "
REP DIAZ-BALART: "You're talking to us? When have we ever not supported her?"
"Do not. Put. Words. In my mouth…I will not tolerate putting words in my mouth or my colleagues mouth."
Nicolás Maduro, llegó a la ciudad de Nueva York el domingo tras ser capturado por fuerzas estadounidenses en una redada nocturna sorpresiva en su base militar en Caracas . El líder venezolano capturado fue esposado y trasladado a la sede de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en Manhattan.
Mientras Maduro era llevado a la oficina de la DEA, ofreció un sereno saludo de Año Nuevo a los oficiales de la DEA que lo escoltaban. Se ha difundido un video que muestra a Maduro siendo llevado a la sede por dos oficiales de la DEA. Se vio al presidente venezolano sonriendo mientras decía «Buenas noches, Feliz Año Nuevo» a quienes lo acompañaban.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, aterrizaron primero en la Base de la Guardia Nacional Aérea Stewart, en el estado de Nueva York, después de lo cual fueron transportados en helicóptero a la oficina de la DEA en Manhattan y posteriormente al Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn.
"Good night happy new year" tiraba Maduro mientras la DEA lo llevaba al calabozo. El tipo no puede salirse del personaje que hacia por television 🐐 pic.twitter.com/yjQTo01I8L
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan cargos criminales en Estados Unidos luego de que el presidente Trump anunciara el sábado temprano que Estados Unidos atacó Caracas y los tomó bajo custodia.
Una nueva acusación formal, revelada en un tribunal federal de Nueva York, acusa a Maduro de conspiración narcoterrorista, conspiración para la importación de cocaína y cargos relacionados con armas. Flores y otros altos funcionarios venezolanos, incluido el hijo de Maduro, también enfrentan cargos.
La fiscal general Pam Bondi, en una publicación en X, escribió que Maduro y su esposa «pronto enfrentarán toda la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses».
Según la acusación, durante más de 25 años los líderes de Venezuela «han abusado de sus posiciones de confianza pública y corrompido instituciones otrora legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos».
Alega que desde 1999, Maduro y sus coacusados se han asociado con organizaciones internacionales de narcotráfico, incluidos el Cártel de Sinaloa de México y Los Zetas, grupos narcoterroristas colombianos y la pandilla venezolana Tren de Aragua, para enviar drogas ilícitas a Estados Unidos.
La élite política y militar de Venezuela se enriqueció mientras brindaba protección y apoyo logístico a los narcotraficantes, según la acusación.
También detalla acciones específicas que Maduro presuntamente llevó a cabo como parte de la conspiración. Indica, por ejemplo, que entre 2006 y 2008, cuando se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores, Maduro vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a conocidos narcotraficantes «para ayudar a los narcotraficantes que buscaban trasladar ganancias del narcotráfico desde México a Venezuela bajo cobertura diplomática».
También habría facilitado vuelos de aviones privados bajo cobertura diplomática para traer dinero del narcotráfico desde México a Venezuela.
La fiscalía alega que Maduro y Flores colaboraron durante años para traficar cocaína que previamente había sido incautada por las fuerzas del orden venezolanas. Afirman que Maduro contaba con sus propias bandas patrocinadas por el Estado para proteger sus operaciones y que ordenaban secuestros, golpizas y asesinatos contra quienes les debían dinero del narcotráfico o que de alguna otra forma debilitaban su operación de narcotráfico.
La nueva acusación se suma a los cargos contra Maduro y otros funcionarios venezolanos que se anunciaron en marzo de 2020 durante la primera administración de Trump.
Maduro negó esas acusaciones iniciales y llamó al diálogo con EEUU, antes de ser capturado.
La actual administración Trump ha aumentado la presión sobre Maduro durante el último año. Estados Unidos aumentó la recompensa por su arresto a 50 millones de dólares y designó al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera .
Por otra parte, la Corte Penal Internacional ha estado investigando al gobierno venezolano por presunta tortura, violencia sexual y detenciones arbitrarias.
Tras ser capturado en una operación militar nocturna que sacudió a la región, el depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos criminales ante la Justicia federal. El operativo se concretó en la madrugada del sábado en Caracas, desde donde Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron extraídos de una base militar y llevados en un vuelo reservado hasta Nueva York.
El presidente Donald Trump sostuvo que la acción forma parte de una estrategia para “reordenar” el escenario político en Venezuela y avanzar sobre sus vastas reservas de petróleo, mientras que el chavismo denunció el hecho como un acto “imperialista”.
La pareja está acusada de integrar una conspiración de narcoterrorismo con alcance internacional.
Ya en suelo norteamericano, el ex dictador venezolano fue trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn. Se trata de una de las prisiones federales más conocidas de Estados Unidos, administrada por la Oficina Federal de Prisiones (BOP) y utilizada históricamente para la detención de presos de alto perfil. Allí permanecerá alojado, al menos de manera momentánea, hasta su primera audiencia judicial.
Por sus pasillos pasaron narcotraficantes, mafiosos y acusados de terrorismo, un antecedente que vuelve a poner al penal en el centro de la escena internacional.
Ubicada en el barrio de Sunset Park, al sur de Brooklyn, la cárcel se encuentra estratégicamente emplazada entre oficinas de la fiscalía federal y dos tribunales federales. El complejo está rodeado por estrictas medidas de seguridad: barricadas de acero capaces de frenar un camión de más de siete toneladas, sistemas de vigilancia electrónica de última generación y cámaras con capacidad para captar imágenes a gran distancia. Además, cuenta con pasillos internos que conectan el penal con edificios judiciales, lo que permite traslados sin exposición pública cuando se trata de detenidos sensibles.
Actualmente, el MDC alberga a más de 1.300 reclusos y entre ellos figuran algunos de los nombres más notorios del narcotráfico mexicano, como Rafael Caro Quintero, Ismael “El Mayo” Zambada y Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, todos extraditados a Estados Unidos y a la espera de juicio por cargos vinculados al tráfico de drogas y crímenes violentos.
Antes que ellos, también estuvo detenido allí Joaquín “El Chapo” Guzmán, además de figuras históricas del crimen organizado como John Gotti y miembros de Al Qaeda arrestados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
La rutina diaria es estricta: los internos pasan gran parte del tiempo encerrados en sus celdas, con acceso limitado a recreación, visitas y comunicaciones telefónicas.
Uno de los sectores más severos del penal es la División de Internamiento Especial, conocida como SHU.
Ubicada en la planta 10, allí los detenidos permanecen hasta 23 horas al día en celdas de poco más de seis metros de largo, sin contacto entre ellos. Las comidas se sirven dentro de las celdas y el ejercicio se realiza en un espacio recreativo separado.
La seguridad del MDC se reforzó con el paso del tiempo tras una serie de episodios críticos.
En 1982, un intento de fuga incluyó el secuestro de un helicóptero turístico para rescatar a un preso desde el techo del edificio. A fines de los años setenta, tres internos lograron escapar tras cortar los barrotes de sus ventanas. Pero uno de los hechos más graves ocurrió en 2000, cuando Mamdouh Mahmud Salim, considerado la mano derecha de Osama bin Laden, apuñaló a un guardia con un peine afilado mientras esperaba juicio por terrorismo. Desde entonces, los protocolos de control se endurecieron de manera significativa.
Maduro es acusado de liderar el “Cartel de los Soles”, una organización que fue incluida por el gobierno de Donald Trump en la lista de grupos narcoterroristas. Entre las acusaciones figuran conspiración para narcotráfico internacional, narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense y vínculos con organizaciones armadas, como las FARC, para emplear el narcotráfico con fines políticos.
