Mantengamos nuestros ojos en la pelota, niños. Hunter Biden es un espectáculo secundario.

Por: Andrew C. McCarthy – The New York Post

Solo hay una pregunta que importa, una pregunta que debería estar acaparando nuestra atención y la atención del Congreso, con respecto a lo que engañosamente se denomina la investigación «Hunter» Biden: cuando el presidente Barack Obama nombró a su vicepresidente, Joe Biden, el hombre clave para la política de EE. UU. con respecto a regímenes autoritarios y antiestadounidenses como China y Rusia, y regímenes tan notoriamente corruptos como Ucrania , ¿por qué los agentes de esos regímenes creyeron que les interesaba pagar millones de dólares a la familia Biden?

El hijo problemático e inestable del presidente no viene al caso, excepto en la medida en que su supuesta visión para los negocios fue el pretexto para estos flujos de dinero.

Lo que necesitamos saber es: ¿Qué creían los chinos que estaban comprando?

Hunter está en las noticias, interpretando a la víctima, tratando de hacer todo sobre él. En esto, tiene mucho en común con la administración de Biden, lo que le haría creer que la aparentemente interminable investigación criminal del Departamento de Justicia tiene que ver con Hunter, no con el conocimiento y la participación del presidente Biden en el lucrativo negocio de la familia Biden de sacar provecho de su influencia política.

Estas son distracciones bastante intencionales.

El asunto crítico en la investigación de Biden no es la posible responsabilidad penal de Hunter, o, para el caso, de cualquier otro Biden. El enjuiciamiento potencial es una cuestión de segundo o tercer orden, en el mejor de los casos. Lo que más importa es la seguridad nacional de los Estados Unidos. La pregunta material es si la política estadounidense hacia los regímenes hostiles está siendo influenciada por los millones de dólares que los agentes de esos regímenes pagaron a los Biden.

Hunter finalmente ha admitido que la computadora portátil del infierno es suya . ¿A quien le importa? Nunca hubo ninguna duda real de que era suyo. Era evidente por el informe de The Post hace más de dos años que los correos electrónicos y los documentos eran auténticos. Esa conclusión solo fue reforzada por agentes engañosos del FBI y exfuncionarios de seguridad, que claramente estaban en el tanque por Biden y que insistieron, en ausencia de evidencia, que la computadora portátil podría ser desinformación rusa. Era peor que una tontería. Fue lo que los fiscales denominan declaraciones falsas-exculpatorias que tienden, en su desesperación e incoherencia, a probar la culpabilidad.

Ahora, una nueva mayoría republicana controla la Cámara y ejerce su poder de citación. Dado que los demócratas ya no pueden enterrar el asunto, Hunter Biden no tiene dónde esconderse. Entonces, finalmente, está admitiendo lo innegable: el tesoro de correos electrónicos y archivos que detallan la corrupción y la depravación es suyo.

Pero, en la bravuconería característica de Biden, afirma audazmente que él es la parte perjudicada porque el tesoro se publicó sin su consentimiento, como si lo que importara fuera cómo nos enteramos de la computadora portátil en lugar de la información condenatoria en la computadora portátil.

De nuevo, ¿a quién le importa? A primera vista, la historia errática y poco confiable de Hunter parece inverosímil. Abandonó la computadora portátil en un taller de reparaciones e ignoró las llamadas del reparador para recuperarla. Legalmente, su consentimiento ya no era relevante. Más concretamente, en lo que respecta a la investigación, la nostalgia de Hunter solo importaría si el gobierno le robara la computadora portátil. Eso no es lo que pasó.

Aún más significativo: el gobierno y los senadores republicanos Chuck Grassley y Ron Johnson ya estaban investigando las actividades turbias de Hunter Biden antes de que la computadora portátil saliera a la luz. Sin duda, no habría nada de malo en que los fiscales usaran pruebas de computadoras portátiles para reforzar su caso; pero apenas necesitan esa evidencia para probar infracciones fiscales (sobre las cuales hubo gravámenes de larga data sobre las propiedades de Hunter) y para probar que hizo una declaración falsa en una solicitud que los compradores de armas deben completar, al afirmar que no era un consumidor de drogas ilegales.

Sin embargo, debido a que Hunter es solo un espectáculo secundario, vayamos al grano: el presidente Biden.

Bajo nuestra ley, las violaciones constitucionales son personales. Es decir, solo la persona cuya privacidad ha sido violada por, digamos, un registro ilegal tiene derecho a solicitar la supresión de esa evidencia. Como hemos visto, Hunter no tiene ningún reclamo creíble en ese sentido porque no hubo una búsqueda ilegal por parte del gobierno. Incluso él no afirma que fueron los federales quienes le quitaron su computadora portátil y luego publicaron el contenido.

Pero aquí está el punto principal: incluso si Hunter tuviera un reclamo legal válido en ese sentido, la única persona que podría plantearlo sería Hunter, en los límites de un proceso en su contra. Nadie más tiene derecho a buscar la supresión de la evidencia condenatoria de la computadora portátil.

En cuanto a Joe Biden, su hermano Jim y otros Biden a quienes la evidencia de la computadora portátil expone que están ganando mucho dinero extranjero, la única pregunta es si el contenido de la computadora portátil es auténtico y, como hemos señalado, eso no es una pregunta en absoluto, ya que incluso Hunter concede autenticidad. Los otros Biden no tienen base para suprimir la computadora portátil. Los fiscales son libres de utilizar las pruebas en su contra.

Más en consecuencia, el Congreso es libre de considerar la evidencia de la computadora portátil al investigar el negocio de la familia Biden. A la administración de Biden y sus amigos en el complejo de los medios y los demócratas les gustaría que creamos que lo que importa aquí es una investigación que involucra solo a Hunter y solo delitos insignificantes de impuestos y declaraciones falsas. Quieren que nos concentremos en eso y que nos debatamos sobre si el problemático hijo del presidente es una víctima, de un reparador de computadoras o de sus propios demonios.

No se deje engañar.

Lo que importa aquí es por qué los regímenes corruptos y antiestadounidenses pensaron que a esos regímenes les interesaba pagar millones de dólares a los Biden. Dicho de otra manera, cuando CEFC, una elaborada operación de inteligencia china que se hace pasar por un conglomerado empresarial internacional, pagó a los Biden $ 6 millones en un año, y cuando se planeó que el 10% de un acuerdo CEFC aún más lucrativo sería retenido por Hunter para “el tipo grande”, ¿ qué esperaba Beijing de su inversión?

Andrew C. McCarthy es un exfiscal federal.

La Alianza por la Libertad de Expresión de Venezuela, que agrupa a 10 organizaciones, aseguró este jueves que el proyecto de ley impulsado por la dictadura de Nicolás Maduro que busca fiscalizar la actuación y financiamiento de las ONG, cuya creación fue aprobada por el Parlamento chavista, pondrá “en mayor riesgo la posibilidad de ayuda y asistencia” a los venezolanos.

EFE

“Exhortamos a todos a rechazar este proyecto por poner en mayor riesgo la posibilidad de ayuda y asistencia a personas en condición de vulnerabilidad. Su aprobación afectará a los distintos sectores de la población venezolana que son los beneficiarios directos e indirectos del trabajo de organizaciones, programas, proyectos sociales, humanitarios y de derechos humanos”, indicó el grupo en un comunicado.

A su juicio, esta norma aprobada el 24 de enero en primera discusión por el Parlamento venezolano busca “criminalizar y restringir toda iniciativa que reciba recursos de la cooperación internacional para ejercer la libertad de asociación, protegida por el derecho internacional”.

Además, apuntó que las ONG venezolanas ya están sometidas a una serie de registros, necesarios para el cumplimiento de compromisos fiscales, que se encuentran paralizados desde 2019 cuando el Servicio Autónomo de Registros y Notarías prohibió registrar actos de organizaciones de este tipo, decisión que mantiene hasta la fecha.

El escrito está firmado por el Colegio Nacional de Periodistas, el Comité por una Radiotelevisión Pública, el Centro de Derechos Humanos y la Dirección de Publicaciones de la Universidad Católica Andrés Bello, Expresión Libre, SER Comunicación e Investigación, el Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Prensa y Sociedad, y Un Mundo Sin Mordaza.

El proyecto inicial de ley que fiscaliza las ONG, compartido por algunos legisladores, contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.

La propuesta prohíbe expresamente a las ONG “realizar actividades políticas” y “promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones” del Estado.

El pasado 28 de enero, en su declaración final tras una visita oficial a Venezuela, el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Acnudh), Volker Türk, pidió al Gobierno que establezca un “amplio proceso consultivo” sobre este Proyecto de Ley del Financiamiento y Funcionamiento de las Organizaciones no Gubernamentales.

Dos días después, 12 ONG de Venezuela aseguraron el pasado lunes que enfrentan la “mayor amenaza” a su existencia. El Foro por la Vida, la coalición que agrupa a esta docena de ONG, “rechaza de manera contundente” esta maqueta legislativa, al considerar que representa “la mayor amenaza registrada en el país” contra su existencia y contra “el accionar libre e independiente” de defensores de derechos humanos y actores humanitarios.

“El proyecto de ley criminaliza la solidaridad al desproteger aún más a los sectores populares venezolanos, que son los principales beneficiarios de la cooperación internacional y de la labor de las ONG”, señaló un comunicado firmado por los integrantes del foro.

La agrupación cree que la iniciativa parlamentaria “no es un hecho aislado sino que constituye una política de Estado que, de manera sistemática, está dirigida a restringir, inhibir, criminalizar y perseguir el accionar libre e independiente” de la sociedad civil y actores humanitarios.

“Antes que restricciones, el espacio cívico está urgido de respeto, promoción y protección por parte de las autoridades públicas”, remarcó el escrito.

De aprobarse esta ley, adelantó la coalición, las ONG ya constituidas serán sometidas a “un nuevo y adicional control autorizatorio previo por parte del Ejecutivo”, en el que deberán presentar requisitos “exageradamente intrusivos”.

Este miércoles, la coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, sostuvo un encuentro con el eurodiputado español y miembro de Renew Europe, José Ramón Bauza, para discutir sobre la actualidad de la situación latinoamericana pero especialmente abordar la situación política en Venezuela. «Nuestro país cuenta con el Parlamento Europeo en su lucha», dijo la dirigente.

Nota de prensa Vente Venezuela

La líder venezolana aseguró que Bauza es un “gran aliado de la causa de la libertad y democracia de Cuba, Venezuela y Nicaragua”. Por su parte, el también miembro del partido político español Ciudadanos, dejó en claro que “la libertad de Venezuela sigue siendo mi absoluta prioridad”.

Machado destacó la importancia que tienen España y Europa en este nuevo contexto internacional en la situación venezolana. “Es muy importante que España, Europa y sus instituciones asuman el rol correcto en esta lucha ante la agenda de normalización y blanqueamiento que impone el chavismo hoy”.

Bauzá, que es una de las voces demócratas más importantes de Renew Europe, expresó estar al tanto de los desafíos que los liberales y demócratas europeos deben asumir, ya que, la tiranía de Nicolás Maduro representa un representa un riesgo para la región y para España.

Por parte del partido de la libertad estuvo acompañando a María Corina el coordinador de Asuntos Internacionales, Pedro Urruchurtu, quien aseguró que la reunión “tuvo como objetivo principal reforzar el acompañamiento del Parlamento Europeo en la solución de la crisis venezolana así como sumarlos como un actor importante en las próximas elecciones primarias”.

Asimismo, Urruchurtu señaló que desde la Coordinación de Asuntos Internacionales de Vente Venezuela “se están haciendo todas las gestiones posibles y conversando con la mayor cantidad de actores, de múltiples tendencias y organizaciones, para que nos apoyen”.

Por último, los dirigentes de ambas organizaciones liberales, Vente Venezuela y Ciudadanos, concluyeron que para evitar el avance y expansión de los regímenes iliberales se requiere la cooperación no solo regional sino internacional de todos los actores que luchan por la libertad, estén donde estén.