Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

La artrosis afecta a una de cada cinco personas adultas en todo el mundo y los tratamientos médicos actuales solo alivian el dolor o, en casos avanzados, requieren la implantación de prótesis articulares.

Infobae

La ausencia de un medicamento capaz de detener o revertir el deterioro del cartílago articular convierte a esta enfermedad en una de las más frecuentes y costosas dentro de las patologías osteoarticulares.

Un equipo internacional, dirigido por la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, identificó la causa molecular de la destrucción del cartílago y, mediante una intervención experimental, logró regenerar este tejido en modelos animales y en muestras humanas. El avance podría facilitar el desarrollo de terapias farmacológicas capaces de evitar reemplazos articulares. Los hallazgos se publicaron en la revista Science.

El deterioro progresivo del cartílago articular provoca inflamación, pérdida de movilidad y, en muchos casos, la necesidad de intervenciones quirúrgicas. El tratamiento habitual consiste en analgésicos, fisioterapia y, cuando resulta necesario, cirugía para el reemplazo de la articulación. Actualmente no existen tratamientos farmacológicos capaces de frenar, detener o revertir la progresión de la artrosis ni estimular la reparación del cartílago afectado, señalaron los investigadores en un comunicado de Stanford Medicine.

Descubrimiento clave: el rol de la proteína 15-PGDH en la destrucción del cartílago

El avance comenzó con la identificación de la proteína 15-PGDH como factor clave en el proceso degenerativo articular. El estudio liderado por Helen Blauprofesora de microbiología e inmunología en Stanford, señala que la proteína, llamada “gerozima” por su relación con el envejecimiento, se acumula con la edad en los cartílagos, duplicando su concentración en los tejidos de ratones viejos respecto a los jóvenes, según publicó Science.

Esta acumulación causa la destrucción progresiva del cartílago y fomenta el desarrollo de la artrosis. Además, investigaciones previas del grupo de Stanford ya habían vinculado la 15-PGDH con procesos degenerativos en músculos, neuronas y otros órganos, siempre asociados al envejecimiento.

Según el estudio, la 15-PGDH contribuye a la degradación de las prostaglandinas D2 y E2, dos moléculas esenciales para la regeneración de distintos tejidos.

La inhibición de esta proteína en los experimentos de Stanford permitió frenar la destrucción del cartílago y que las células propias del tejido —condrocitos diferenciados, no células madre— revertieran su expresión génica hacia un patrón más juvenil.

Este cambio representa una nueva comprensión sobre la regeneración tisular: demuestra la posibilidad de reparar el cartílago articular sin recurrir a células progenitoras, un método no demostrado antes en este tejido. Helen Blau afirmó: “Es una manera nueva de regenerar tejido adulto y tiene un potencial clínico significativo para tratar la artrosis debida a la edad o a lesiones”.

Experimentos preclínicos y progresos en la regeneración del cartílago

De forma experimental, el equipo de Stanford administró un pequeño fármaco inhibidor de la 15-PGDH, tanto por vía sistémica como directamente en la articulación, a ratones de edad avanzada y en modelos con lesiones articulares similares a roturas de ligamento cruzado.

Nidhi Bhutani, codirectora del estudio, detalló que se observó una regeneración visible y funcional de cartílago hialino en las articulaciones tratadas, restaurando su grosor y la movilidad de los animales.

El nivel de regeneración del cartílago en ratones mayores nos sorprendió. El efecto fue extraordinario”, resaltó Bhutani.

En muestras humanas procedentes de rodillas extraídas en cirugías de reemplazo articular por artrosis, la exposición al inhibidor durante una semana evidenció signos claros de regeneración del tejido y una disminución en la expresión de genes vinculados tanto a la degradación como a la formación de fibrocartílago, que resulta menos funcional.

El estudio destaca que este es el primer enfoque farmacológico que consigue revertir directamente la destrucción del cartílago en la artrosis.

Blau explicó que los ensayos clínicos de Fase I demostraron que el inhibidor de 15-PGDH es seguro y muestra actividad en voluntarios sanos administrado por vía oral, aunque por ahora la aplicación clínica sigue siendo experimental y se centra en tratar la debilidad muscular.

Los próximos pasos buscan validar su eficacia en la regeneración del cartílago humano e iniciar ensayos específicos para la artrosis. Bhutani señaló el alcance del avance y su potencial impacto: “Actuando sobre estas células, podemos tener una oportunidad de lograr un impacto clínico”.

El logro de Stanford abre la posibilidad de que el cartílago dañado pueda regenerarse en la propia articulación, eliminando la dependencia de prótesis y ofreciendo una perspectiva transformadora para el tratamiento futuro de la artrosis.

El primer salto en paracaídas documentado de la historia no solo marcó un hito científico y tecnológico en la Europa ilustrada, sino que tuvo un propósito pensado para la seguridad de las personas ante desastres. El 26 de diciembre de 1783, el inventor francés Louis-Sébastien Lenormand protagonizó el debut público de un dispositivo diseñado para que quienes quedasen atrapados en incendios pudieran escapar saltando de un edificio en llamas y descender ilesos, según información de las tres fuentes consultadas.

Infobae

La vida de Lenormand sumó un giro inesperado en sus últimos años. De acuerdo a las fuentes, regresó a Castres en 1830 y decidió ingresar en un monasterio cartujo como monje laico, donde murió en 1837. Durante sus días como inventor, el joven nacido en Montpellier el 25 de mayo de 1757, trabajó desde muy pequeño en el negocio de relojería familiar y pronto orientó su curiosidad hacia la física y la química, abrazando la influencia de la comunidad intelectual de Montpellier y de destacados maestros en París, como Lavoisier y Berthollet.

Hacia 1775, sus estudios en matemáticas y química ya lo habían acercado a la mejora en la fabricación de pólvora. Este conocimiento científico pronto se volcó en experimentos prácticos: Lenormand, inspirado por un equilibrista tailandés que utilizaba un paraguas en sus acrobacias, diseñó los primeros bocetos de un paracaídas. Antes de atreverse él mismo, empleó animales para verificar la seguridad del invento; según destacan las fuentes, ninguna de sus pruebas falló.

El debut ante la multitud ocurrió desde la torre del observatorio de Montpellier, donde Lenormand saltó con una estructura formada por dos sombrillas de 4,3 m de diámetro (aproximadamente 170 pulgadas), montadas sobre un esqueleto de madera. La presencia de Joseph Montgolfier, futuro creador del globo aerostático, entre los asistentes subraya el ambiente de ebullición creativa de la época. Previamente, el 26 de noviembre de 1783, Lenormand había ensayado saltando desde un olmo, portando dos sombrillas de sesenta centímetros de radio (30 pulgadas), y en diciembre repitió la demostración lanzando pesas con forma de corazón y varios animales desde gran altura.

El propio Lenormand acuñó el término “parachute” —combinación del griego para (contra) y el francés chute (caída)— para definir esta innovación.

La popularización de su invento impulsó a numerosos aventureros: antes de terminar el siglo XVIII, proliferaron en Europa los intentos de reproducir y perfeccionar el paracaídas. Uno de los avances más significativos lo protagonizó André-Jacques Garnerin. Este piloto y aeronauta parisino, que había experimentado el cautiverio durante las guerras napoleónicas, logró el primer salto de gran altura con un paracaídas no rígido el 22 de octubre de 1797, saltando desde un globo de hidrógeno a trescientos cincuenta metros de altitud sobre París y ante miles de espectadores en el parque de Monceau. El paracaídas de seda y forma de paraguas reforzado que empleó no tenía orificios de ventilación, lo que provocaba oscilaciones violentas en el descenso ya que el aire debía escapar alternadamente por ambos lados.

Garnerin obtuvo reconocimiento como el primer paracaidista moderno gracias a sus numerosas exhibiciones, donde llegó a saltar desde dos mil cuatrocientos treinta metros (8.000 pies) sobre Londres. Su entorno familiar también llevó el paracaidismo a nuevas alturas: su esposa, Jeanne Geneviève Labrosse, fue la primera mujer en lanzarse en paracaídas en 1798, y su sobrina, Élisa Garnerin, completó cuarenta saltos entre 1815 y 1836.

Louis-Sébastien Lenormand, tras diversas ocupaciones en la oficina de impuestos especiales y en la redacción y publicación de revistas tecnológicas, falleció el 4 de abril de 1837 en Castres, a los setenta y nueve años. La herencia de aquel salto pionero y del término “paracaídas” resuena en la historia tecnológica como uno de los grandes ejemplos del ingenio y del afán por salvar vidas humanas a partir de la ciencia y la experimentación.

El presidente Trump afirmó en una entrevista radial el viernes por la mañana que el ejército estadounidense había destruido una instalación donde se construyen barcos que transportan drogas letales a Estados Unidos.

The New York Post

«Cada vez que inutilizamos un barco, salvamos 25.000 vidas estadounidenses. Es muy sencillo», dijo Trump al presentador de radio de WABC, John Catsimatidis, mientras analizaba una campaña estadounidense de meses de duración dirigida a supuestos barcos que trafican drogas procedentes de Venezuela.

«Acabamos de desmantelar una gran planta, una gran instalación de donde envían, ya saben, de donde vienen los barcos», añadió el presidente. «Hace dos noches, la desmantelamos, así que les dimos un golpe muy duro».

Trump no dijo exactamente dónde tuvo lugar el ataque, ni siquiera si fue en territorio continental de Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado el lanzamiento de un «ataque poderoso y mortal» contra posiciones del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria, tras semanas denunciando públicamente la persecución y asesinato de cristianos a manos del grupo terrorista.

EFE

El Gobierno de Nigeria y sus Fuerzas Armadas han confirmado este viernes que la operación se llevó a cabo de manera conjunta con Estados Unidos. Según ha informado el Pentágono, la ofensiva ha incluido el lanzamiento de una decena de misiles Tomahawk desde un buque de la Armada estadounidense desplegado en el Golfo de Guinea. Los ataques han provocado «múltiples» víctimas entre los terroristas en el estado de Sokoto, una zona cercana a la frontera con Níger.

La publicación del presidente estadounidense no detalla el método ni los efectos concretos de la operación militar. Trump se ha limitado a subrayar la contundencia de la acción y su motivación. «Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de IS en el noroeste de Nigeria, quienes han estado atacando y matando de manera despiadada, principalmente, a cristianos inocentes, a niveles no vistos en muchos años, e incluso siglos», ha escrito el presidente en su red social.

Las autoridades nigerianas han respaldado públicamente la operación. El portavoz de las Fuerzas Armadas de Nigeria, el teniente general Samaila Uba, aseguró que «las Fuerzas Armadas de Nigeria, en colaboración con Estados Unidos de América, han llevado a cabo con éxito operaciones de ataque de precisión contra elementos extranjeros identificados, vinculados al IS, que operan en zonas del noroeste de Nigeria».

Uba ha explicado que los ataques se basan en «información fidedigna y una cuidadosa planificación operativa», con el objetivo de debilitar la capacidad operativa de los terroristas y reducir al mínimo los daños colaterales.

En un comunicado separado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria ha destacado que el país mantiene «una cooperación estructurada en materia de seguridad con socios internacionales, incluido Estados Unidos, para abordar la persistente amenaza del terrorismo y el extremismo violento». Exteriores ha precisado que esta colaboración ha dado lugar a «ataques aéreos de precisión contra objetivos terroristas en el noroeste del país«, mediante intercambio de inteligencia y coordinación estratégica, siempre conforme al derecho internacional y al respeto de la soberanía nacional.

El pasado mes, Trump ya había advertido de una posible acción militar tras conocerse nuevas denuncias sobre persecución religiosa en Nigeria. En las últimas semanas, el Departamento de Estado anunció restricciones de visado para ciudadanos nigerianos y familiares implicados en asesinatos masivos y violencia contra cristianos, según informó AP. Además, Estados Unidos designó recientemente a Nigeria como «país de especial preocupación» en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional.

«Advertí a estos terroristas que, si no dejaban de masacrar a cristianos, habría un precio que pagar. Esta noche, lo hubo«, escribió Trump el día de Navidad. El presidente añadió que los responsables de Defensa «ejecutaron numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer».

«Nuestro país no permitirá que el terrorismo islámico radical prospere», concluyó el presidente de Estados Unidos, reforzando un mensaje de firmeza que ha marcado su política exterior frente al yihadismo.

Estados Unidos está preocupado con Europa. La inmigración masiva está produciendo una sustitución poblacional en el continente, inmerso en una crisis extrema de natalidad, con un alto contingente de población musulmana, lo que podría traducirse en que, en un plazo no muy largo, sus armas nucleares (las de Reino Unido y Francia) caigan bajo el control de islamistas. ¿Cómo podría, en tal caso, confiar Washington en sus socios europeos?

La Gaceta de la Iberosfera

Es la advertencia que lanza el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en una entrevista concedida al portal británico Unherd, en la que insinúa que las políticas de fronteras abiertas están erosionando los cimientos culturales de Europa, lo que podría conducir a consecuencias catastróficas para la seguridad nacional de Estados Unidos y sus aliados.

«Tenemos vínculos culturales, religiosos y económicos mucho más fuertes con Europa que con cualquier otro lugar del mundo», reconoce Vance, pero teme que la decadencia moral y cultural se traduzca en riesgos para la seguridad global.

Sobre todo porque aquí estamos hablando del factor nuclear. «Francia y el Reino Unido poseen armas nucleares», recuerda el vicepresidente. «Si acaban dominados por ideas morales destructivas, acabarán permitiendo que las armas nucleares caigan en manos de personas que, de hecho, pueden causar daños muy graves a Estados Unidos».

El avance y normalización del islamismo es evidente en muchas partes de Europa, añade. «Hay personas afines o cercanas al islamismo que ocupan cargos públicos en países europeos actualmente. Ahora mismo, quizás a un nivel extremadamente bajo, ¿verdad? Están ganando elecciones a alcaldías«.

Si el ritmo de penetración continúa a este ritmo, advierte, «no es inconcebible» imaginar un escenario en el que alguien con ideas islamistas pueda tener una influencia muy significativa en una potencia nuclear europea. ¿ En los próximos cinco años? No. ¿Pero dentro de quince años? Sin duda. Y eso representa una amenaza muy directa para Estados Unidos de América».

El vicepresidente incidió en la opinión expresada en la filtrada Estrategia de Seguridad Nacional, que advierte de un alejamiento de Estados Unidos con respecto a sus socios europeos, diciendo que «sus políticas de inmigración han provocado una reacción negativa significativa de la población nativa. Creo que Europa no tiene una muy buena imagen de sí misma en este momento, y esto se refleja en diversos indicadores de estancamiento económico y cultural».

La afiliación de trabajadores originarios de países latinoamericanos ha crecido 9% en el último año en España, lo que supone unos 92.300 ocupados más procedentes de la región, prácticamente la mitad de todo el empleo foráneo creado en el periodo, con colombianos y venezolanos a la cabeza.

El Nacional

Según los datos estadísticos de la Seguridad Social, el empleo entre las personas procedentes de América Latina ha superado este año el millón de afiliados, de los que más de 250.000 trabajadores proceden de Colombia, seguidos por otros 210.000 de Venezuela.

De acuerdo a EFE, frente al cierre de 2024, y con datos medios hasta octubre, solo entre estos dos países han sumado 65.000 afiliados más: 35.000 de Venezuela y 30.000 en el caso de Colombia, seguidos de Perú con 11.000 más (99.000 en total).

Ecuador ocupa el cuarto lugar con 75.240 afiliados tras sumar 2.300 en el último año y Argentina el quinto lugar, con unos 5.140 afiliados más comparando el dato medio de octubre con el final de 2024.

Este avance ha hecho que ya supongan un tercio del total de afiliados extranjeros que ya superan el máximo de 3 millones, tras sumar más de 200.000 en el último año, a un ritmo de crecimiento del 7,3%.

La afiliación de trabajadores procedentes de América Latina supone así casi la mitad de todo el empleo creado y avanza a mayor ritmo que la afiliación foránea, que a su vez está muy por encima del crecimiento de la afiliación en general (2,5%).

En conjunto, los afiliados extranjeros representan el 14,1% de los cotizantes.

Con el último dato disponible, y mirando a los países con mayor peso, el grueso de los afiliados de Colombia, el 84%, está en el régimen general, el 8% en el régimen de autónomos y el 6% en el de empleados de hogar.

En el caso de Venezuela, el 87% está en el general, el 9% en autónomos y el 2,8% en empleados de hogar, según reseña EFE.

«La aportación de los trabajadores extranjeros al crecimiento de la afiliación en el último año es muy positiva. Su presencia es fundamental en algunos sectores como la hostelería y en otros crece de manera muy interesante, como en las actividades de alto valor añadido», destacaba con los últimos datos la ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz.

Peso relevante en hostelería, construcción y cuidados

Según recogía otro estudio del Real Instituto Elcano, importantes sectores económicos de España dependen de modo mayoritario o muy relevante de la inmigración: el servicio doméstico, la hostelería, la construcción y la agricultura tienen entre sus empleados al menos a un 30% de inmigrantes y entre ellos tienen especial peso las personas originarias de América Latina.

No obstante, añade el informe, la llegada en los últimos años de miles de inmigrantes latinoamericanos de renta media y alta, con educación universitaria, empieza a cambiar el perfil aunque aún es un fenómeno minoritario.

«El 75 % de los empleos generados durante en el último año por la hostelería y otras actividades asociadas al turismo están ocupados por inmigrantes. En otras palabras, la inmigración ha servido de palanca para batir un nuevo récord de ingresos por turismo internacional«, recogía en un reciente artículo el director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, Raymond Torres, que también destacaba su papel en la construcción.

Ser mujer activista, política o periodista en Venezuela implica enfrentar una vulnerabilidad extrema, según revela el más reciente informe de Transparencia Venezuela en el exilio. La persecución política se suma a un panorama marcado por la violencia de género, agravando los riesgos para quienes defienden derechos humanos, ejercen liderazgo social o son periodistas.

Por: Sebastiana Barráez – Infobae

El documento, respaldado por cifras del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), registra más de 180 mujeres, entre quienes están incluidas niñas, sometidas a detenciones arbitrarias por motivos políticos.

Estas víctimas no solo son defensoras de derechos humanos, líderes sociales, abuelas, niñas y periodistas, sino que sufren una doble condena: abuso y negligencia, tanto por su activismo cívico como por sus vínculos familiares con perseguidos políticos o detenidos.

Transparencia Venezuela en el Exilo documenta que finalizado el ciclo electoral de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y con la atención pública menguando tras los comicios municipales de julio 2025, la represión política en Venezuela no solo persistió, sino que experimentó una marcada intensificación entre agosto y noviembre de 2025.

Durante este periodo, se evidenció un aumento sostenido en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración y procesos judiciales expeditos que concluyeron en sentencias condenatorias, configurando así una nueva etapa en las estrategias represivas implementadas por el régimen venezolano.

La investigación de Transparencia Venezuela en el Exilio revela en su informe el caso de varias de esas mujeres detenidas.

Profesora y dirigente sindical

La profesora Lourdes Coromoto Villareal García, reconocida dirigente sindical de 59 años, permanece desaparecida desde mayo de 2025, fecha en la que fue detenida por sujetos no identificados al salir de su vivienda en el municipio Libertador de Caracas. El hecho ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando la docente se disponía a trotar en las inmediaciones del Panteón Nacional. Según testigos, fue subida a una camioneta en presencia de su hija.

La ONG Voces de la Memoria y el Comité de Familiares de Presos Políticos denunciaron que su detención y posterior desaparición forzada se producen en el marco de la denominada “Operación Tun Tun”.

Hasta el cierre de este informe, en diciembre de 2025, se desconoce el paradero de Villareal, lo que configura una presunta desaparición forzada. La profesora forma parte del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema), filial de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), pertenece a Fetramagisterio y también integra la ONG Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi).

Directora de ONG

Rocío del Carmen San Miguel Sosa, de 59 años y directora de la ONG Control Ciudadano, fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto Internacional de Maiquetía, La Guaira, cuando intentaba salir del país.

Durante más de 120 horas, no se tuvo información sobre su paradero, hasta que finalmente se supo de ella el 14 de febrero de ese año, cuando el Ministerio Público la involucra en el caso conocido como “Brazalete blanco”.

A casi dos años de su detención, sus abogados denunciaron que no han tenido acceso al expediente y que no han podido asistirla legalmente. Además, exigen atención médica para la activista, quien contaba con medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

Perdió al bebé

El 9 de agosto de 2018, el ministro del Interior, GJ (GNB) Néstor Luis Reverol Torres, mencionó en cadena nacional a Emirlendris Carolina Benítez Rosales y su novio, Yolmer Escalona, como parte del grupo de “terroristas sicarios” que orquestaron el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018, durante el acto de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana. No dio mayor explicación sobre la vinculación de Benítez y Escalona en el llamado caso de los drones.

Emirlendris Benítez fue detenida y recluida en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Caracas. De acuerdo con denuncias de sus familiares, durante su permanencia en la instalación militar fue víctima de golpizas y torturas, hechos que le provocaron la pérdida de un embarazo.

Tras permanecer un año en la Dgcim, Benítez fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Tiene medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Actualmente, Benítez se encuentra en silla de ruedas, sin diagnóstico médico y a la espera de exámenes especializados desde hace más de un año. Pese a las solicitudes formales presentadas por sus abogados y familiares, hasta el momento no ha recibido la atención médica que requiere.

Detenida al llegar al país

La profesora jubilada Yosida María Vanegas de Monasterios, madre del sargento Juan Carlos Monasterios Vanegas, condenado a 30 años de prisión por su presunta implicación en el intento de magnicidio con drones, fue detenida el 15 de agosto de 2023 por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en una alcabala fronteriza ubicada en La Pedrera, estado Táchira.

Vanegas de Monasterios, de 67 años, había permanecido fuera del país durante cuatro años, cuando decide viajar a Caracas para visitar a su hijo, quien recientemente había sido sometido a una cirugía de vesícula.

Tras su detención, Yosida fue trasladada a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Caracas. Permaneció más de una semana en desaparición forzada.

Cinco delitos

Nélida del Rosario Sánchez Oropeza, coordinadora nacional de Formación Ciudadana Electoral de la Asociación Civil Súmate, fue detenida el 26 de agosto de 2024. Dos días después, el 28 de agosto, fue trasladada al centro de reclusión de El Helicoide, en Caracas, donde permanece privada de libertad desde entonces.

La Fiscalía 74 con competencia nacional del Ministerio Público le imputó cinco delitos: Instigación al Odio, Asociación para Delinquir, Conspiración, Traición a la Patria y Terrorismo. El juez Ángel Betancourt, del Tribunal 3° de Control en materia de Terrorismo, dictó la apertura de juicio en su contra durante la audiencia preliminar realizada el 6 de noviembre.

Actualmente, el expediente se encuentra en manos del Tribunal 27 de Juicio.

Sánchez enfrenta diversas afecciones de salud, entre ellas hipertensión arterial, insuficiencia venosa, taquicardia y fibromialgia. Además, de acuerdo con un comunicado emitido por la organización Súmate, la activista presenta síntomas de síndrome de estrés postraumático como consecuencia de su reclusión.

Torturada brutalmente

Angela Lisbeth Expósito Carrillo, docente e investigadora, directora de la ONG Fundanimal, fue arrestada el 25 de septiembre de 2018 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) durante un allanamiento realizado en su residencia en Los Teques, estado Miranda, sin la presentación de una orden judicial.

Posteriormente, Expósito Carrillo recibió una condena de 24 años de prisión tras ser acusada de encubrir a uno de los presuntos implicados en el intento de magnicidio con drones.

Actualmente, Angela Lisbeth Expósito Carrillo permanece recluida en el Helicoide, una instalación del Sebin, donde ha sido víctima de torturas que incluyen asfixia con bolsas plásticas, agresiones físicas y aislamiento prolongado de 45 días, conforme al Informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre el caso Venezuela.

Su estado de salud se ha visto gravemente afectado, presentando asma, dificultades respiratorias, nódulos tiroideos en crecimiento y afecciones bacteriológicas en la piel, todo ello agravado por la falta de atención médica adecuada.

Las hermanas Alemán

La enfermera Andreína José Alemán Castellano fue detenida el 21 de abril de 2020 tras ser vinculada como hermana de un militar acusado de conspiración. El operativo fue ejecutado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), quienes allanaron la vivienda familiar en busca del teniente Richard Rafael Alemán Castellano.

Al no encontrar al oficial, las autoridades procedieron a la aprehensión de cinco personas, entre ellas Andreína y su hermana Yolimar. El caso fue a manos del juez José Mascimino Márquez García, uno de los que llevaba más casos emblemáticos y que luego fue acusado de corrupción, destituido y preso.

De acuerdo con testimonios de familiares, ambas mujeres habrían sido arrestadas sin justificación legal, convirtiéndose en una estrategia de presión para forzar la confesión de su hermano en el caso denominado “Operación Gedeón II”.

El 22 de mayo de 2024, la jueza Hennit Carolina López, titular del Tribunal 1° de Juicio con competencia en Terrorismo, emitió condenas de entre 21 y 30 años de prisión para 29 acusados de colaborar en la mencionada operación.

Andreína y Yolimar permanecen recluidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Inicialmente, ambas recibieron medidas sustitutivas de libertad debido a las secuelas de torturas sufridas durante su detención; sin embargo, dichas medidas fueron revocadas tras la sentencia.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana de Caracas, Fernando Di Geronimo informó este jueves que durante el 2025 el arrendamiento de inmuebles registró mayor movilidad que las ventas y resaltó la necesidad de crear nuevas edificaciones.

Unión Radio

En su actualización más reciente sobre Venezuela, presentada el martes 16 de diciembre de 2025 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, el Alto Comisionado Volker Türk presentó un panorama crítico sobre la situación de los derechos humanos en el país. Dentro de sus denuncias, lanzó una importante alerta respecto a la militarización creciente de la vida pública en Venezuela.

Por: Ramón Cardozo – DW

Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Venezuela inició una militarización progresiva que Nicolás Maduro ha venido profundizando. La Constitución de 1999 otorgó a la Fuerza Armada un papel preponderante en el desarrollo del país y sentó las bases de la llamada «unión cívico-militar». Desde entonces, bajo una lógica de seguridad nacional, el régimen chavista ha creado estructuras como la milicia bolivariana y ha expandido el control castrense sobre ministerios, empresas estatales y programas sociales.

En medio de una escalada de tensiones con Estados Unidos, y bajo la premisa de que el país enfrenta «amenazas externas e internas», Nicolás Maduro ha promulgado en los últimos meses un conjunto de instrumentos jurídicos que concentran mayor poder en su persona y profundizan hasta niveles inéditos este proceso militarizador.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos han advertido que esta profunda transformación está alterando radicalmente el tejido social venezolano y ha traído graves consecuencias para el ejercicio de las libertades fundamentales de los venezolanos, amplificando los riesgos de graves violaciones de derechos humanos.

Cada municipio tiene ahora dos estructuras de autoridad: una civil y otra militar

Entre estos nuevos instrumentos jurídicos destaca el Decreto Presidencial 5.164, del 22 de septiembre de 2025, que crea y activa las Áreas de Defensa Integral (ADI). Las ADI son el eslabón territorial más local de la cadena de mando militar. Su misión es conducir, en su jurisdicción, operaciones para la defensa integral.

El mando en las ADI es estrictamente militar y todas sus operaciones dependen del Ministerio de la Defensa: Cada ADI está bajo la responsabilidad de un oficial de alta graduación —general de brigada o coronel— y cuenta con su propio Estado Mayor. Las ADI no solo cuentan como recursos operativos a soldados profesionales, sino que también integran a las milicias bolivarianas y a los «Órganos de Dirección para la Defensa Integral” (ODDI), donde participan autoridades civiles de la respectiva jurisdicción.

El 22 de septiembre de este año, Nicolás Maduro ordenó, mediante el Decreto Presidencial 5.164, la creación y activación de las ADI «en todos los municipios del país». Con esta decisión se expandió de forma significativa y formal el despliegue local de la FANB en todo el país. En la práctica, cada municipio queda ahora con una doble capa de conducción: el gobierno civil electo y la estructura militar encabezada por el comandante de la ADI.

Para la ONG PROVEA, la orden del Ejecutivo de expandir las ADI a todos los municipios del país constituye «un paso crucial hacia la militarización total del país». En su pronunciamiento, la organización advirtió que la militarización —prolongada y en aumento— ha propiciado numerosas violaciones de DDHH en el país, y que esta expansión de las ADI supone una seria y adicional amenaza para el ejercicio de la libre asociación, la reunión y la protesta pacífica.

Una ley que subordina la vida cotidiana a la lógica de la defensa del régimen

Otro punto de inflexión en el proceso de militarización del país se produjo con la reciente aprobación de la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, firmada por Nicolás Maduro el 12 de noviembre de 2025. Esta norma crea el Comando para la Defensa Integral (CDI) como dependencia del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, con la misión de supervisar y ejercer control sobre los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI).

Los ODDI son instancias cívico-militares que reúnen representantes del Poder Público y del Poder Popular en todos los niveles territoriales (nacional, estadal, municipal, parroquial y comunal) con el objetivo de planificar y ejecutar acciones para la «defensa integral de la Nación”. En esta dirección, la ley les asigna responsabilidades directas en ámbitos económico, social, cultural y tecnológico, ampliando la presencia y gobernanza militar hacia áreas tradicionalmente civiles.

Entre sus tareas, los ODDI deben recopilar inteligencia de forma continua, apoyar operaciones militares y garantizar la continuidad de servicios públicos esenciales e infraestructura crítica durante posibles movilizaciones. En la práctica la ley concibe estas instancias como un aparato permanente de vigilancia y control cívico-militar sobre la vida cotidiana, bajo el argumento del enemigo externo e interno.

En resumen, esta norma reduce la autonomía civil y profundiza la presencia militar en la vida cotidiana, institucionalizando un modelo de gobernanza que subordina sociedad y economía a las prioridades de la defensa y estabilidad del régimen.

Alistamiento bajo coerción: vulnerando la autonomía individual

Una de las manifestaciones más graves de la militarización venezolana es el reclutamiento forzoso para las milicias bolivarianas. Según advirtió el Alto Comisionado Türk, su oficina ha recibido reportes de «alistamiento bajo coerción» dirigidos contra menores de edad y personas mayores.

Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanos, como Laboratorios de Paz, documentaron presiones sistemáticas a empleados públicos, adolescentes y estudiantes para que se inscribieran o realizaran videos de apoyo a la campaña oficial «Yo me alisto”, impulsada por el régimen de Nicolás Maduro. Estas prácticas constituyen una violación directa de la Constitución venezolana, la cual establece en su artículo 134 que «nadie puede ser sometido a reclutamiento forzoso», mientras que su artículo 61 consagra la libertad de conciencia.

Militarización y deterioro crítico de derechos humanos

La profundización de la militarización de la vida pública en Venezuela se desarrolla en un contexto de severo deterioro del espacio cívico, marcado por la persecución política, la criminalización de la protesta y el incumplimiento sistemático de obligaciones estatales en materia de derechos sociales.

Venezuela avanza hacia un modelo de control social militarizado que amenaza con suprimir los últimos espacios de autonomía civil y disidencia pacífica que aún subsisten en el país. La alerta del Alto Comisionado de la ONU no puede -ni debe – ser ignorada.

El 26 de diciembre de 2004, hace veintiún años, sucedió lo que nadie esperaba: olas de hasta treinta metros inundaron las costas de catorce países destrozando todo a su paso. Un terremoto de 9,1 grados con epicentro en el océano Índico desató un inesperado maremoto que sacudió, primero, la costa de la isla indonesia de Sumatra. Las escenas posteriores de una tragedia sin precedentes

Por: Cinthia Ruth – Infobae / Fotos: AP

El tsunami de 2004 en el océano Índico fue uno de los desastres naturales más destructivos de la era moderna, al causar más de 228.000 muertos. Este 26 de diciembre se cumplen 21 años de una tragedia que nadie esperaba.

El tsunami de 2004 fue causado por un terremoto de magnitud 9,1 cerca de la isla indonesia de Sumatra y provocó una oleada de tsunamis que causaron la mayoría de los fallecidos en Indonesia.

El tsunami causó olas de hasta 30 metros de altura, las que se irrumpieron en las costas de más de una decena de países, borrando algunas comunidades del mapa en segundos.

El poderoso temblor, solo superado por los sismos en Chile de 1960 (9,5) y Alaska en 1963 (9,2), provocó enormes olas que golpearon primero la costa indonesia y que viajaron a una velocidad de entre 500 y 1.000 kilómetros por hora, según el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico (Crédito: AP)

En Tailandia, donde murieron más de 5.000 personas, la unidad de Identificación de Víctimas de Catástrofes (DVI por su sigla en inglés), compuesta por expertos policiales y forenses de 30 países, pudo identificar a más de 3.600 cuerpos en menos de dos años, el proyecto más grande de su tipo.

El movimiento telúrico liberó una energía equivalente a 23.000 bombas nucleares como la arrojada sobre la ciudad japonesa de Nagasaki en 1945, según un informe del USGS, que precisa que en los tres meses posteriores al sismo se registraron más de 500 réplicas con magnitudes de entre 5 y más de 8.

Indonesia fue el lugar con más muertos, 167.000, entre ellas unas 61.000 en la ciudad de Banda Aceh (norte de Sumatra), el 25% de sus habitantes, según las cifras oficiales. En Sri Lanka, las autoridades estimaron que unas 35.000 murieron o desaparecieron; mientras que en India fallecieron más de 16.000 personas.

Las olas mortales además afectaron la costa oriental de África, donde se cobraron vidas en Somalia (289), Tanzania (13), Seychelles (3), Kenia (1), Yemen (2) y Sudáfrica (2), el punto del planeta en el que se registró la muerte más lejana al epicentro del sismo, a unos 8.000 kilómetros. Incluso en la Antártida se detectaron subidas de las olas.

Según datos de la oenegé Oxfam, la comunidad internacional movilizó 13.500 millones de dólares (12.800 millones de euros) para apoyar en la atención de los daños causados por el tsunami. Una cifra 100 veces mayor al dinero recolectado en el ‘Live Aid’ de 1985, cuando artistas como Madonna, David Bowie y Freddy Mercury se unieron en un megafestival para luchar contra el hambre en África.

Según los expertos, la ausencia de un sistema de alerta correctamente coordinado en 2004 agravó el impacto de la catástrofe. Ahora, unas 1.400 estaciones en el mundo permiten que la alerta de tsunami se envíe tan solo unos minutos después de que este se forme

Tras lo ocurrdo, hoy el mundo está mejor preparado que nunca, gracias a los millones de dólares invertidos en sistemas de alerta por tsunami. Sin embargo, nunca se podrán evitar totalmente las consecuencias de un tsumani de envergadura, advierten los especialistas.

Se calculó que los daños materiales fueron de 14.000 millones de dólares (13.230 millones de euros, al cambio actual), según un informe del Banco Mundial (BM).

El tsunami provocó el desplazamiento de más de 1,5 millones de personas y dio lugar a una ayuda de emergencia de unos 14.000 millones de dólares por parte de la comunidad internacional, según Naciones Unidas.

En las aguas abiertas del océano las olas viajaron a una velocidad de entre 500 y 1000 kilómetros por hora, alcanzando una altura máxima, según datos satelitales, de 60 centímetros. En aguas poco profundas, cercanas a la costa, los científicos calculan que las olas alcanzaron los 24 metros de altura, llegando a los 30 en algunas zonas en las que se adentraron en tierra.

A 21 años de tsunami todavía hay familiares de las víctimas, tanto cercanos como lejanos, que esperan encontrar a sus seres queridos perdidos.

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