Las evidencias contra Nicolás Maduro para probar que era un jefe narcoterrorista cuando actuaba como dictador de Venezuela se acumulan hasta el infinito en la justicia federal de los Estados Unidos.

Por: Román Lejtman – Infobae

Infobae accedió a un informe de la DEA -Administración de Control de Drogas de EE.UU- que desnuda los vínculos que consolidó Maduro con Irán cuando manejaba el régimen caribeño.

El dossier de la DEA es meticuloso y será una pieza probatoria al momento de juzgar a Maduro como narcoterrorista.

La DEA aplicó su inteligencia e información reservada sobre 3.000 documentos oficiales de ambos países, y las conclusiones impresionaron en la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la Secretaría de Guerra.

En el documento oficial se lee lo siguiente:

-» La alianza Irán-Venezuela permite a Teherán evadir las sanciones internacionales a través de una arquitectura financiera opaca que involucra al Fondo Conjunto China-Venezuela, el FONDEN, fondos bilaterales, cuentas de fideicomiso y bancos corresponsales en Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong».

-“Esta red canaliza recursos significativos a empresas estatales iraníes clave en los sectores de energía, construcción naval y de doble uso, manteniendo así la resiliencia económica del régimen y financiando actividades hostiles en todo el Medio Oriente y las Américas”.

–“Simultáneamente, la asociación se extiende a los dominios militar y nuclear: Irán transfiere tecnología de drones, misiles antibuque y capacidades industriales a Venezuela, mientras explota y contrabandea encubiertamente uranio de la Cuenca de Roraima y adquiere tecnología relacionada con lo nuclear (equipos CNC, aleaciones especiales, experiencia en agua pesada) a través de la triangulación con Argentina (2006-2014), apoyando directamente el programa nuclear sancionado de Irán y alterando el equilibrio estratégico global”.

-“Venezuela también funciona como un centro crítico para organizaciones terroristas designadas por los EE. UU., como Hezbollah y Hamas, facilitando el lavado de dinero, el tráfico de drogas y armas, la emisión fraudulenta de pasaportes y la movilidad operativa en toda la región”.

-“Estas redes se conectan con la Triple Frontera, estructuras criminales colombianas y ecuatorianas, remanentes de las FARC y carteles mexicanos, formando un ecosistema híbrido de crimen transnacional y terrorismo alineado con los intereses iraníes”.

-“La alianza, por lo tanto, no es mera cooperación diplomática o económica, sino una plataforma multifacética para la proyección del poder iraní que socava las sanciones, fortalece a un estado hostil y amplifica a los actores violentos no estatales”.

Tras describir en términos generales la relación opaca y compleja entre Caracas y Teherán, la DEA enumera las diez áreas clave de cooperación entre la dictadura caribeña y el régimen chiíta.

Estas área son:

1. “Transferencia de Tecnología Militar: Irán suministra a Venezuela tecnología de drones (por ejemplo, ANSU-100 y ANSU-200 basados en los diseños iraníes Mohajer y Shahed), misiles antibuque (CM90/Nasir) y capacidades industriales-militares como plantas de pólvora, mejorando la defensa de Venezuela mientras permite a Irán proyectar poder en el hemisferio occidental.
2. Suministro de Uranio y Apoyo al Programa Nuclear: Irán ha realizado un levantamiento geológico en Venezuela, estableciendo que la Cuenca de Roraima tiene el potencial de suministrar uranio a Irán, con reservas estimadas de 75,000 toneladas.
3. Evasión de Sanciones a través de Mecanismos Financieros: Una arquitectura financiera compleja, que incluye el Fondo Binacional Irán-Venezuela ($2 mil millones), el FONDEN y la triangulación a través de bancos corresponsales en Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong, permite a Irán eludir las sanciones internacionales y lavar dinero.
4. Apoyo a Organizaciones Terroristas: Venezuela actúa como un centro logístico, financiero y documental para Hezbollah y Hamas, facilitando el lavado de dinero, el tráfico de armas y drogas, y emitiendo pasaportes a operativos (por ejemplo, 15,000 pasaportes irregulares, 173 a miembros de Hezbollah).
5. Cooperación Energética y Petroquímica: Proyectos conjuntos por valor de $2.689 mil millones, incluyendo la exploración de la Faja Petrolífera del Orinoco, la planta petroquímica VENIRAN, la rehabilitación de refinerías (€110 millones en 2022) y envíos de gasolina (60 millones de galones en 2020), financiados en parte a través de préstamos chinos vía FCCV.
6. Proyectos Industriales de Fachada: Las “fábricas socialistas” (por ejemplo, complejos de plástico, plantas de leche y maíz) sirven como coberturas para canalizar fondos y tecnología de doble uso a Irán, con financiamiento del FONDEN y el FCCV, resultando a menudo en baja producción pero alta desviación de recursos.
7. Triangulación de Tecnología Nuclear con Argentina: El eje Caracas-Teherán-Buenos Aires (2010) puede haber transferido equipos de doble uso (máquinas CNC, aleaciones especiales, experiencia en agua pesada) a Irán, financiados con recursos venezolanos, mejorando la infraestructura nuclear de Irán.
8. Infraestructura de Transporte y Logística: Construcción de tanqueros Aframax en astilleros iraníes, vuelos directos Caracas-Teherán y uso de embarcaciones de PDVSA para el posible contrabando de uranio y otros materiales sensibles, permitiendo transferencias ilícitas y evasión de sanciones.
9. Alineación Diplomática y Política: Alianza sostenida desde la década de 2000, con más de 265 acuerdos para 2014, un plan estratégico de 20 años en 2022 y 19 más en 2023, proporcionando cobertura política para actividades militares, nucleares y terroristas bajo la “cooperación Sur-Sur”.
10. Involucramiento del IRGC y Apoyo Interno: Presencia de oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Venezuela para asesorar sobre represión y entrenamiento, crítica durante las protestas de 2019″.

Las pruebas aportadas por la DEA contra Maduro son sólidas, y su defensa busca una salida imposible para evitar que el exdictador de Venezuela sea condenado de por vida.

Barry J. Pollack, letrado de Maduro, presentó hace dos días un recurso de 17 fojas para asegurar que la acusación contra su cliente pone en jaque la Quinta y la Sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

En este contexto, Pollack alega que la violación de esas dos enmiendas constitucionales son razón jurídica suficiente para anular todos los cargos que presentó Estados Unidos para condenar por narcotráfico a Maduro.

Los argumentos constitucionales de Pollack son pura falacia: asegura que Maduro no tiene dinero para pagar a sus abogados, y que esa presunta situación de insolvencia económica afecta el principio de defensa en juicio.

El exdictador tiene una fortuna oculta incalculable, y si su abogado Pollack decide renunciar porque no hay honorarios,el tribunal de New York puede designar a un letrado de oficio.

El 26 de marzo está convocada una audiencia para escuchar al abogado defensor de Maduro. Allí es muy probable que el juez Hellerstein rechace la presentación de Barry J. Pollack, que deberá decidir si continúa representando-o no-al exdictador caribeño.

La destitución del general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela por más de una década y uno de los principales referentes del llamado Cartel de los Soles, es hasta ahora el cambio más grande dentro del régimen desde el arresto de Nicolás Maduro a comienzos de enero. Pero, ¿cuál es su impacto sobre las redes criminales incrustadas dentro del Estado venezolano? 

InSight Crime

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el 18 de marzo la salida de Padrino López, una figura central de la administración del expresidente Nicolás Maduro, en medio de una oleada de cambios en su gabinete ministerial. 

Vladimir Padrino López ha sido uno de los actores militares más relevantes del Estado venezolano desde la muerte del presidente Hugo Chávez en 2013. Asumió la cartera de Defensa en octubre de 2014, puesto que mantuvo a pesar de que en 2019 Estados Unidos lo acusara de tráfico de drogas y, posteriormente, de ser un líder clave del Cartel de los Soles. 

Desde la captura de Maduro en enero y bajo el interinato de Rodríguez, Padrino y Diosdado Cabello, otra figura clave del chavismo y actual ministro de Interior y Justicia, mantuvieron sus puestos de poder y han sido las principales figuras del gobierno, especialmente en reuniones con funcionarios de alto nivel de Washington.

“Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”, dijo Rodríguez en un comunicado público.

Su reemplazo, el general Gustavo González López, ha ocupado distintos roles dentro del aparato de inteligencia y represión política del régimen. Es señalado por múltiples violaciones de derechos humanos, y ha sido sancionado por la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá.

El legado militar y criminal de Padrino

Padrino López compartió intereses ideológicos con Chávez desde sus inicios en la Academia Militar, donde fue su alumno. En 2002, como comandante de un batallón de infantería, se negó a apoyar el golpe de Estado contra Chávez, lo que catapultó su posición dentro de la llamada “Revolución Bolivariana”.

Con el paso de los años fue ascendiendo y ocupando cargos militares importantes hasta llegar a la cúpula castrense en 2014.

Desde entonces, Padrino López se consolidó como una figura clave para mantener la cohesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y garantizar la estabilidad del gobierno de Nicolás Maduro, especialmente durante sus primeros años, marcados por una profunda crisis económica y social.

Bajo su liderazgo, se profundizó la politización del estamento militar —un proceso iniciado durante el gobierno de Hugo Chávez—, al tiempo que se ampliaron los espacios de poder y autonomía de los militares. Esto se tradujo en mayores niveles de tolerancia e impunidad dentro de la institución, así como en una creciente participación de sectores de la fuerza en economías ilícitas, lo que contribuyó al fortalecimiento de redes criminales asociadas al llamado Cartel de los Soles.

Según la fiscalía estadounidense, desde su nombramiento, Padrino López utilizó su cargo para proteger a traficantes de drogas, permitiéndoles transitar por el espacio aéreo venezolano a cambio de sobornos, e incluso habría ordenado el derribo de aeronaves de quienes se negaban a pagar. Su participación en el narcotráfico llevó a Estados Unidos a ofrecer una recompensa de US$15 millones por su captura.

En privado, Padrino aprovechó su posición y los beneficios del clientelismo estatal para adquirir varias empresas y propiedades en Estados Unidos, de acuerdo con investigaciones periodísticas. Sus familiares han sido identificados por otras investigaciones como algunos de los principales nombres detrás de cuantiosas inversiones en España, Panamá y Venezuela.

La lealtad de las Fuerzas Armadas que Padrino López garantizó para Maduro le valió su ratificación en el puesto de ministro por más de 11 años, convirtiéndolo en uno de los funcionarios más longevos de la administración venezolana y en uno de los principales beneficiarios de las redes clientelistas incrustadas en los sectores militares.

¿Quién es Gustavo González López?

El nombre de González López es bien conocido en Venezuela. Como jefe del temido Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en dos periodos (2014-2019 y 2019-2024), ha tenido un papel estratégico en la represión política en el país, especialmente durante los periodos de protestas antigubernamentales. Múltiples presos políticos han denunciado torturas y violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios del SEBIN.

También fungió como comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana y fue ministro de Interior y Justicia entre 2015 y 2016, bajo el cual ordenó una serie de despliegues en zonas populares del país con el objetivo de desmantelar supuestos grupos paramilitares, llamadas Operación de Liberación del Pueblo (OLP), plagadas de ejecuciones extrajudiciales y abusos. 

El perfil de González López surgió nuevamente el 6 de enero, cuando fue nombrado por la recién investida presidenta como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en una de las primeras decisiones presidenciales. Desde entonces, ha sido una figura recurrente en las reuniones con Washington, siendo fotografiado junto a John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (Central Intelligence Agency, CIA) en una visita a Caracas en enero. 

Analistas y periodistas han afiliado a González López como uno de los funcionarios históricamente bajo la facción de Diosdado Cabello, desde 2024 se desempeñaba como intendente de Asuntos Estratégicos y Control de Producción de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), un puesto que lo acercó a Rodríguez.

González López podría ayudar a consolidar el poder en una nueva fase para el chavismo, que mientras cumpla con los requerimientos económicos del presidente estadounidense Donald Trump, podría ganar tiempo y mantener la estructura autoritaria construida por Maduro en su lugar.

¿Qué sigue para el Cartel de los Soles?

El llamado Cartel de los Soles no opera como una estructura jerárquica, sino como una red fragmentanda de células incrustadas en el aparato estatal venezolano, especialmente dentro de la FANB. A lo largo de los años, ha demostrado una alta capacidad de adaptación, reconfigurando alianzas, funciones y operaciones sin depender de un mando central.

Este entramado se sostiene en un sistema de incentivos. Tanto el gobierno de Chávez como el de Maduro han permitido, y en algunos casos facilitado, el acceso de sectores militares a economías ilícitas a cambio de lealtad política. En este contexto, el extenso generalato, integrado por unos 2.000 oficiales, mantiene incentivos claros para participar en actividades como el tráfico de drogas y la explotación ilegal de oro y otros minerales.

Desmantelar estas estructuras requeriría reformas profundas y sostenidas, que incluyan la profesionalización de la fuerza, mejoras salariales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Sin cambios en el sistema de impunidad, las redes criminales dentro de la institución difícilmente serán desarticuladas.

Además, la permanencia de figuras clave señaladas por corrupción, como Diosdado Cabello y otros altos mandos, refuerza la continuidad de estas dinámicas. Incluso ante una eventual reconfiguración del liderazgo militar, el riesgo no es su desaparición, sino su reacomodo bajo nuevos actores, con las mismas reglas de funcionamiento.