Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

El movimiento izquierdista Indivisible, fundado en 2016 como oposición a Donald Trump y financiado por el polémico «filántropo» George Soros, está ofreciendo hasta 200 dólares a quienes organicen protestas contra el presidente norteamericano y el CEO de Tesla, Elon MuskA través de un programa de reembolsos publicado en su propia web, la organización ofrece financiación para cubrir los gastos de cada evento, incluyendo el alquiler de los espacios, carteles, transporte y material promocional con el objetivo de intensificar la presión en su contra.

Por Unai Cano – La Gaceta de la Iberosfera

Esta información surge en plena crisis de Tesla y su red de carga, lo que ha llevado a Musk a sugerir que está siendo sometido a una campaña coordinada para boicotear a la compañía y dañar su imagen por haber expresado posturas críticas contra el progresismo radical y haber manifestado su desacuerdo con las políticas de censura en redes sociales. Según una investigación publicada por The New York Post, Indivisible Project ha recibido al menos 7,6 millones de dólares de la Open Society de George Soros, consolidándose como una de las plataformas más activas en la movilización de activistas de izquierdas.

En una publicación en X (antes Twitter), Musk ha apuntado directamente a cinco grupos financiados por la plataforma demócrata ActBlue, los cuales, según sus declaraciones, estarían organizando acciones de sabotaje contra vehículos de Tesla y sus estaciones de carga. Los colectivos identificados serían Troublemakers, Disruption Project, Rise & Resist, Indivisible Project y Democratic Socialists of America, todos con un historial de activismo activo que han confrontado ideas conservadoras.

A pesar de que un portavoz de la Fundación Open Society de Soros ha negado que estén detrás de los actos vandálicos, la documentación del The New York Post ha demostrado lo contrario. De hecho, en el sitio web de Indivisible, se detalla explícitamente que los fondos pueden ser utilizados para organizar manifestaciones contra Trump y Musk —incluyendo el pago de equipos audiovisuales, comidas y bebidas y materiales promocionales—. Eso sí, excluyen la subvención de protestas que señalen a otros políticos o donde abunden el alcohol y las drogas.

El programa, denominado «Musk Or Us», argumenta que ambos empresarios están «desmantelando la democracia en tiempo real» y justifica la financiación de organizar protestas en su contra como un esfuerzo por detener lo que denominan «el golpe de Trump y Musk». En sus términos, establecen que durante cada receso del Congreso, los grupos afiliados pueden recibir hasta 200 dólares en reembolsos para coordinar manifestaciones, cubriendo también costos de impresión de carteles y gasolina para el transporte de manifestantes.

Esa nueva humillación quedó plasmada en una foto de la vergüenza en la que Pedro Sánchez aparece estrechando la mano de Mercedes Aizpurúa, portavoz de EH Bildu en La Moncloa. Es la imagen que encabeza este artículo.

Por: Outono

Era la primera vez que Bildu era invitado al palacio de La Moncloa, la residencia del presidente del gobierno de España. Ese partido separatista de extrema izquierda, que muestra un odio manifiesto por España y sus Fuerzas Armadas, fue invitado a hablar con Sánchez sobre la defensa nacional. Es una situación tan absurda como invitar a un partido nazi a hablar sobre la lucha contra el antisemitismo.

Esa invitación ha sido parte de una ronda de consultas de Sánchez con todos los grupos parlamentarios menos uno. Exhibiendo una actitud claramente antidemocrática, Sánchez excluyó a Vox de esta ronda de reuniones. El presidente del gobierno no explicó el motivo, pero es fácil de adivinar: Vox es el único partido del Congreso que discrepa del llamado consenso progresista, un consenso que abarca cuestiones como el apoyo al aborto, la ideología de género, la inmigración masiva y el catastrofismo climático. Con independencia de lo que cada persona piense sobre él, Vox es el tercer partido más votado de España y es un partido democrático, que condena el terrorismo y no apoya a dictaduras.

Esto último es algo que no se puede decir de algunos de los socios de ultraizquierda del gobierno de Pedro Sánchez. Recordemos, sin ir más lejos, que el Partido Comunista de España (al que pertenecen la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra Sira Rego) apoya a dictaduras como CubaVenezuelala China comunista e incluso Corea del Norte.

Por otra parte, EH Bildu nunca ha condenado los atentados terroristas de ETA. No ha condenado ninguno de los 853 asesinatos perpetrados por esa banda criminal, ni siquiera los asesinatos de 22 niños y bebés. En 2023 EH Bildu también se negó a condenar el ataque terrorista de Hamás contra Israel, que dio lugar a la mayor masacre sufrida por el pueblo judío desde el Holocausto. Por otra parte, Bildu viene rechazando las condenas de agresiones separatistas contra rivales políticos, demostrando con todo ello que no es un partido democrático.

Sin embargo, Sánchez invita a Bildu a Moncloa pero no a Vox. De esta forma, el dirigente socialista vuelve a demostrar su profundo sectarismo y su vacío moral, y deja claro que para él negarse a condenar el terrorismo es aceptable si eres de izquierdas, pero ser de derechas le parece inaceptable, salvo que digas que lo eres y al mismo tiempo muestres sumisión a los dogmas de la izquierda, como hace el Partido Popular. Con ello, Sánchez demuestra tener tan poco respeto por los principios democráticos como sus aliados de Bildu.

Puede que sea lo último que un periodista quiera informar, pero es hora de empezar a preguntarse si nuestra profesión todavía significa algo. ¿Qué queda del cuarto poder? Spoiler: quizás solo nostalgia. 

Por: Itxu Díaz – The European Conservative

La edad de oro del periodismo ya pasó. Más de 7.400 influencers solicitaron credenciales de prensa de la Casa Blanca tras el anuncio de que la administración abriría sus ruedas de prensa a los creadores de contenido. En Estados Unidos, el 37% de las personas menores de 30 años se informan a través de influencers, según el último estudio de Pew Research . Demócratas y republicanos han dado una prominencia sin precedentes a los influencers en su última campaña electoral. El equipo de Donald Trump, además, reconoció que los creadores de contenido jugaron un papel clave en su victoria, e incluso organizó una fiesta para influencers después de ganar las elecciones; una fiesta masiva que se hizo famosa por el artículo manipulador «The Cruel Kids’ Table» en New York Magazine, que intentó pintarlos como supremacistas blancos, ignorando el hecho de que incluso el propio organizador, CJ Pearson, es negro. La historia es paradigmática del deprimente declive del periodismo tradicional frente al floreciente periodismo nuevo-nuevo.

El creador de contenido es lo que, en las antiguas redacciones, se habría considerado un mal periodista. La mayoría son demasiado jóvenes y poco cualificados, no siguen el código deontológico periodístico, no suelen seguir las normas internas de gestión de la información ni la verificación de fuentes, la inmediatez y la precariedad les impiden dedicar tiempo a informarse adecuadamente y casi nunca separan la información de la opinión, centrándose principalmente en esta última. Y, sin embargo, un solo influencer impacta a una audiencia mayor de la que los periodistas de investigación tradicionales podrían aspirar a alcanzar en toda su vida. 

Los números no hablan, gritan. En X, The New York Times tiene 55 millones de seguidores, The Washington Post , 20 millones, y CNN, 22 millones. Sin embargo, solo el youtuber MrBeast tiene 357 millones de suscriptores, el podcaster Joe Rogan tiene 19 millones de seguidores en Instagram y un podcast con millones de seguidores, y el influencer Logan Paul presume de tener 27 millones de seguidores solo en Instagram. 

¿Es mejor o peor que el periodismo convencional? Desde un punto de vista técnico, basándonos en un manual famoso como el de David Randall, diríamos que es peor, incluso dramáticamente. Pero la realidad es más compleja. Con los grandes grupos mediáticos en manos de unos pocos, y a menudo sirviendo a intereses espurios, el periodismo libre ha dejado de ser una actividad arriesgada para convertirse en una actividad en peligro de extinción. Tanto en Europa como en Estados Unidos, los grandes medios de comunicación, incluyendo los de izquierda y centroderecha, se habían rendido por completo a la mentalidad progresista única, ejemplificada tanto en la Agenda 2030 como en la cultura progresista. Salirse de ese carril condujo a presiones, despidos y cancelaciones. Tanta cerrazón y arrogancia, cuando por otro lado hay millones de youtubers con total libertad de elección.

Por otro lado, como ocurre en muchos periódicos europeos, las grandes corporaciones mediáticas se habían vuelto excesivamente dependientes de la publicidad institucional tras una sucesión de crisis en el sector. En otras palabras, el cuarto poder que se suponía debía supervisar a los políticos había acabado en manos de estos últimos. 

En este contexto, la libertad tiene más que ganar que perder con la aparición de influencers (personas que no dependen de nadie) y el auge de las redes sociales como fuente predilecta de información. Sin embargo, los grandes medios de comunicación se han aferrado desesperadamente a su pensamiento unidireccional, como lo demuestra la absurda campaña para abandonar X/Twitter por parte de gigantes mediáticos como The Guardian , después de que Elon Musk restaurara la libertad que les habían arrebatado a los usuarios de la plataforma. Estaban demasiado acostumbrados a ser los únicos dueños del juego. Y entonces llegó el tío Elon y lo destrozó.

Otro aspecto interesante es que hay muchos más youtubers conservadores, con más seguidores, que progresistas, justo lo contrario de cómo se veía el panorama general de la sociedad occidental durante la primera mitad del siglo XXI. Sin las redes sociales, es probable que ningún medio importante les hubiera dado voz.

Los creadores de contenido dependen de sí mismos, así como de sus anunciantes y suscriptores. Esto les permite usar su libertad para bien o para mal, pero el lector o seguidor tiene el poder de elegir en quién confiar, sin estar sujeto a un bombardeo constante de opiniones e información dirigidas y contradictorias, como solía ocurrir en gran parte de los medios tradicionales. 

La tendencia es imparable. Datos globales muestran que dedicamos un promedio de dos horas y 30 minutos al día a consultar redes sociales, un porcentaje que disminuye ligeramente en el Reino Unido (1 hora y 46 minutos) y aumenta en los países latinoamericanos, donde supera con creces las tres horas. Según el Pew Research Center, el tiempo promedio de lectura por visitante en línea en el centenar de los principales periódicos estadounidenses es inferior a dos minutos. El cuarto poder tiene, en general, menos influencia que un meme del Pato Lucas.

Si aún tienes dudas sobre el rumbo que han tomado las cosas, sigue el rastro del dinero. En 2025, el salario anual promedio de un periodista en EE. UU. oscila entre $55,000 y $75,000, mientras que cualquier influencer con tan solo 100,000 seguidores puede ganar entre $1,000 y $5,000 por una sola publicación patrocinada, y con un millón de seguidores, un influencer puede ganar entre $100,000 y $500,000 al año, dependiendo del nicho temático y las plataformas en las que trabaje.

Quizás debido a la desesperación que generan estas cifras, los grandes medios de comunicación han terminado copiando lo peor de los creadores de contenido: la obsesión por el clickbait y el tráfico barato. Así, periódicos que antes considerábamos serios lanzan sin cesar titulares pseudoinformativos en sus redes sociales como «Llevas toda la vida abriendo kiwis mal», «Cómo hacer que tu chica tenga un orgasmo en un minuto» o «El mundo arderá en llamas este verano por el cambio climático (Episodio LXXIV)», mezclados con excelentes reportajes de investigación política o reflexivas columnas de opinión sobre economía. En otras palabras, muchos medios apuestan por competir contra la corriente de los creadores de contenido devaluando aún más su propio producto.

Hemos superado el punto de no retorno. Los grandes medios eventualmente quebrarán o desaparecerán, o se convertirán en pequeños medios, y las revistas digitales de nicho albergarán al poco talento periodístico que sobreviva a la hoguera. Las escuelas de periodismo se vaciarán, y los jóvenes periodistas ya no querrán ser presentadores de noticias ni periodistas de investigación, sino creadores de contenido de famosos y youtubers.

Entonces, el cuarto poder, tal como lo conocíamos, desaparecerá para siempre. El poder político y las élites concentrarán sus esfuerzos en subyugar, regular y comprar a los creadores de contenido. Pero eso será otro capítulo. Por el momento, muchos de los más importantes se han mudado a paraísos fiscales como Puerto Rico, Andorra, Mónaco, Panamá o Luxemburgo para evitar las primeras cacerías de brujas, o al menos para evitar ser enjuiciados por políticos que buscan silenciarlos. Al fin y al cabo, a diferencia de las redacciones tradicionales, solo necesitan un lugar donde sentarse, un teléfono móvil y conexión a internet. Ni siquiera necesitan beber whisky mientras trabajan.

Los socialdemócratas alemanes (SPD) quieren atraer 500.000 inmigrantes al año, dar a los inmigrantes no alemanes el derecho a votar y asegurarse de que las deportaciones sean sólo un “último recurso”.

Por: Zoltán Kottász – The European Conservative

Según detalles filtrados por los medios alemanes, el partido no sólo se opone a medidas más duras en materia migratoria, sino que pretende acelerar el flujo de inmigrantes.

El SPD se prepara para mantener negociaciones para formar gobierno con la alianza de centroderecha CDU/CSU que ganó las elecciones del 23 de febrero.

El líder de la CDU, Friedrich Merz, ya ha cedido ante muchas de las demandas del SPD, rompiendo así su promesa de campaña de introducir medidas más duras contra la inmigración, incluido el cierre de las fronteras de Alemania a los inmigrantes ilegales e indocumentados.

También se ha retractado de su promesa de revocar una ley introducida por el gabinete liberal de izquierda saliente que facilita a los inmigrantes obtener la ciudadanía alemana.

También es indicativo del enfoque del nuevo gobierno hacia la migración que el SPD dijo que quiere ver “más historias de éxito en materia de inmigración”.

Pero los socialdemócratas aún no se conforman y quieren ir más allá, abogando específicamente por políticas que favorezcan la inmigración. Esto ocurre a pesar de la oleada de apuñalamientos, asesinatos y atentados terroristas cometidos por migrantes en los últimos meses, que han indignado a los votantes alemanes.

Las propuestas que el SPD llevará a la mesa de negociaciones para formar una coalición con la CDU/CSU incluyen:

  • acoger a 500.000 inmigrantes al año para abordar los problemas demográficos y de escasez de mano de obra;
  • conceder a los inmigrantes sin ciudadanía alemana el derecho a votar si han vivido en Alemania durante un cierto tiempo;
  • permitir que los solicitantes de asilo rechazados que deberían ser deportados permanezcan en Alemania, dándoles una “perspectiva”: una oportunidad de encontrar trabajo e integrarse en la sociedad (en total, actualmente hay unas 220.000 personas que están obligadas a abandonar el país);
  • estableciendo como política gubernamental que las deportaciones sólo se consideren como “último recurso” y recurriendo a las expulsiones sólo en caso de reincidencia o de abuso reiterado de las leyes de asilo.

Los planes del SPD son una prueba clara de que siguen siendo un partido fuertemente pro-inmigración y están dispuestos a atraer a más inmigrantes a Alemania, a quienes consideran como potenciales votantes de izquierda.

Como informamos recientemente , los partidos de izquierda habrían recibido casi el 70% de los votos en las elecciones nacionales si sólo hubieran participado musulmanes.

Aunque las propuestas del SPD probablemente serán refutadas por Friedrich Merz y su equipo negociador, la CDU/CSU tendrá que alcanzar algún tipo de compromiso si desea obtener el poder. Suavizar drásticamente su postura antiinmigratoria parece una certeza.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, garantizó el pasado jueves que el presidente Donald Trump no permitirá que Nicolás Maduro convierta a Venezuela en la “base operativa de Irán” en Latinoamérica.

La Patilla

Rubio reiteró en una entrevista para Fox News que el régimen chavista es “amigo de Irán, ha invitado a Irán”, e incluso alertó que la cúpula del palacio de Miraflores “le ha dicho a Irán que ellos quieren ser la base operativa de Irán en nuestro hemisferio”.

Rubio enfatizó que “eso jamás Donald Trump, el presidente Trump va a aceptarlo, que Irán tenga una base operativa en nuestro hemisferio”.

Respecto a la lucha de la líder opositora, María Corina Machado, dentro de Venezuela, Rubio solo tuvo palabras de elogio.

“Yo no puedo hablar por ella. Pero diré que tiene una valentía increíble Es una de las pocas, de todas las grandes figuras de la resistencia venezolana, de la oposición, es la única que queda”, expresó.

“Yo no culpo a nadie, yo sé que es difícil vivir ahí. Yo sé la amenaza que están enfrentando a diario. No lo digo para criticar a esos que han salido del país, lo digo para darle homenaje al coraje que María Corina Machado está a cada día enseñándole al mundo, como un ejemplo. Y hay que comparar eso a la cobardía del régimen Maduro, un régimen narcotraficante”, comentó Rubio.

En el Reino Unido, el desastroso comité de suicidio asistido de la diputada laborista Kim Leadbeater acapara titulares a diario, mientras la mayoría proeutanasia rechaza una salvaguardia tras otra . Se han rechazado salvaguardias para personas con discapacidad; para quienes tienen ideación suicida; para personas sin hogar; incluso para quienes no puedan dar su consentimiento plenamente (una salvaguardia que exige que la víctima tenga capacidad «más allá de toda duda razonable» fue rechazada por 15 a 8). 

Por: Jonathon Van Maren – The European Conservative

Los activistas pro eutanasia prometieron que el camino hacia la inyección letal sería estrecho, con barreras de seguridad altas y controles intermitentes. El comité de Leadbeater está construyendo una autopista de cuatro carriles prácticamente sin policía y sin límite de velocidad.

Los activistas de la eutanasia afirman defender la «misericordia» en forma de alivio del sufrimiento mediante el suicidio asistido. Esta perspectiva, por supuesto, se basa en un rechazo rotundo a las afirmaciones de la religión, pero también en la insistencia en ver a las personas como individuos fragmentados, sin seres queridos a quienes, con frecuencia, se les transferirá ese sufrimiento cuando los médicos sacrifiquen al paciente. ¿Qué sucede cuando alguien desea morir, pero sus seres queridos creen que existen otras opciones? ¿Cómo puede alguien que padece una enfermedad mental aguda o desesperación tener la capacidad de dar su consentimiento?

Kim Leadbeater no quiere que consideremos estas preguntas, pero hay muchos ejemplos de cómo se desarrollan estas horribles luchas. A principios de este mes, una mujer española de 23 años, que quedó parapléjica debido a las lesiones sufridas durante un intento de suicidio en 2022, acudió a los tribunales para hacer valer su derecho al suicidio asistido en contra de la voluntad de su desesperado padre. Según la BBC , es el primer caso de este tipo, pero sin duda no será el último. Estaba previsto que fuera ejecutada en agosto, pero su padre logró retrasar el acto final con objeciones legales, respaldadas por el grupo de Abogados Cristianos.

La eutanasia y el suicidio asistido se legalizaron en España en 2021 para personas con afecciones graves, crónicas o debilitantes, siempre que sean competentes para tomar la decisión. El padre de la joven afirma que su hija padece un trastorno de personalidad que afecta a su juicio y destaca la obligación del Estado de proteger la vida de las personas, especialmente de las más vulnerables, como es el caso de una joven con problemas de salud mental. También afirmó que su hija ha respondido bien al tratamiento de rehabilitación y que ha cambiado de opinión sobre la eutanasia en varias ocasiones. 

El gobierno regional de Cataluña, por otro lado, respalda la solicitud de muerte de la joven de 23 años, y un comité local de eutanasia votó unánimemente a favor en julio de 2024. El abogado del gobierno catalán ha rebatido el caso del padre insistiendo en que «no se ha presentado ninguna prueba de carácter científico o pericial que contradiga los numerosos informes médicos que respaldan la decisión de [morir]». El padre no es un «experto» y, por lo tanto, su testimonio sobre su propia hija es irrelevante. Su intento de suicidio previo, que en su día habría sido reconocido universalmente como un signo de enfermedad mental, aparentemente tampoco tiene relevancia.

El fiscal se ha negado a pronunciarse sobre el caso y solicita al juez que tome la decisión tras escuchar a la joven y a varios «expertos», incluido un miembro del panel de eutanasia. La BBC señaló que el año pasado, «un magistrado de Barcelona rechazó el intento de un hombre de apelar la eutanasia de su hijo de 54 años, tras haber sido aprobada por la junta de garantía y evaluación». La joven ha declarado que se siente «incomprendida por mi familia», pero parece que la comprenden perfectamente. Quiere morir. Quieren que viva. La decisión la tomarán «expertos» y un juez que no la conocen ni la quieren.

Una situación similar se presentó el año pasado en Canadá. Un padre logró bloquear el intento de suicidio asistido de su hija de 27 años, alegando que padecía autismo y TDAH, era extremadamente vulnerable y, por lo tanto, no era lo suficientemente competente para tomar la decisión de morir. Dos médicos deben aprobar el suicidio asistido en Canadá, y uno se negó. Un tercero aprobó la decisión, y el padre alegó que el criterio de desempate no era independiente ni objetivo, y señaló que su hija gozaba de buena salud física. 

A pesar de eso, en marzo, un juez falló a favor de la joven, escribiendo que aunque el padre experimentaría un «profundo dolor», su autonomía era en última instancia más importante, escribiendo: «La dignidad y el derecho a la autodeterminación de MV [la joven de 27 años] superan los importantes asuntos planteados por WV [el padre] y el daño que sufrirá al perder a MV. Aunque considero que WV ha planteado cuestiones graves, concluyo que los intereses de autonomía y dignidad de MV superan las consideraciones en competencia». El padre tenía treinta días para apelar, pero parece haber desistido del caso en junio pasado. Al igual que con el padre español, encontró toda la fuerza del estado, que sanciona el «derecho» al suicidio, en su contra.

Se podrían citar decenas de otros ejemplos de trauma familiar . Un hombre canadiense fue informado de que su hermana había muerto por inyección letal cuando el administrador de su edificio lo llamó para avisarle que el forense acababa de salir de su apartamento. Otro declaró a un periódico nacional que aún tiene pesadillas sobre la muerte de su padre por inyección letal, a la que la familia se había opuesto. Dos hijas en Columbia Británica descubrieron por mensaje de texto que su madre había sido asesinada por un practicante de eutanasia. A estos familiares se les ha dicho que el suicidio asistido es una herramienta que acaba con el sufrimiento. Su experiencia de desesperación, impotencia y dolor cuenta una historia muy diferente .

Millones de personas han vivido la experiencia de sufrir junto a un ser querido que lucha contra una enfermedad mental y la ideación suicida. Dondequiera que se legaliza el suicidio asistido, ese sufrimiento se agudiza aún más, pues los familiares se enfrentan al espectro de un estado empeñado en afirmar la ideación suicida y facilitar la inyección letal para consumar el acto, mientras ellos se ven obligados a permanecer impotentes y desesperados. Leadbeater y sus aliados ya han insinuado que intentar disuadir a sus familiares constituye una forma de «coerción». Afirman que buscan acabar con el sufrimiento. 

Pero, como revelan tan brutalmente los casos de padres desesperados que intentan salvar las vidas de sus hijas pequeñas, el mundo que pretenden crear logrará precisamente lo contrario.

El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, afirmó este jueves que solo Panamá está facultado para “convocar a otras naciones para defender la operatividad del Canal en caso de amenaza”, al ser consultado sobre los supuestos planes de EE.UU. de enviar tropas al país centroamericano como parte de la idea del presidente Donald Trump de recuperar la vía acuática.

EFE

“El canal es operado por los panameños y en caso de amenaza los únicos que pueden convocar a otras naciones para defender la operatividad del canal es nuestro país, es el presidente de la República”, declaró Martínez-Acha a los periodistas a la salida de una misa en la capital panameña.

El pueblo panameño “puede estar tranquilo, que el canal sigue siendo nuestro y así seguirá siendo, que no ha ninguna amenaza y que, repito, el único país que puede convocar a otros países para proteger nuestro canal es nuestro país”.

Martínez-Acha añadió que el Gobierno de Panamá mantiene “siempre buena comunicación y cooperación con distintos estamentos del Gobierno de Estados Unidos” y que en ese contexto “no, en lo absoluto” se ha conversado sobre el envío de tropas estadounidenses para custodiar el paso navegable.

“Esto acaba de ocurrir, vamos a analizar”, afirmó Martínez-Acha, y agregó que “con respecto a esas afirmaciones no tengo más que decir que Panamá se mantiene firme en la defensa de su territorio, del canal y de su soberanía”.

La cadena NBC informó este jueves que el presidente Trump pidió al Pentágono que prepare varios planes para su idea de retomar el control del Canal de Panamá.

Entre los planes que baraja el Comando Sur estarían el envío de tropas estadounidenses en coordinación con las autoridades panameñas, o la opción más drástica del uso de la fuerza.

Según NBC, que cita a dos funcionarios estadounidenses conocedores de los planes, todo depende de la cooperación que los militares panameños acuerden tener con Washington.

Trump ha repetido en múltiples ocasiones en las últimas semanas su interés de retomar el control del Canal de Panamá, que asegura ha caído en manos chinas, algo que la nación centroamericana niega.

La última vez fue durante su discurso ante el Congreso la semana pasada, cuando aseguró que Estados Unidos “recuperará” esa infraestructura.

“Nuevamente miente el presidente Trump. El Canal de Panamá no está en proceso de recuperación (…) Rechazo a nombre de Panamá y de todos los panameños esta nueva afrenta a la verdad y a nuestra dignidad como Nación”, respondió ese mismo día el presidente panameño, José Raúl Mulino.

Las autoridades ucranianas han recibido con escepticismo la aprobación del presidente ruso, Vladimir Putin, al alto el fuego de 30 días propuesto por el Gobierno de Estados Unidos y ha criticado que haya planteado “matices”.

AP

“Es el comportamiento típico de Rusia en política internacional: ‘Estamos dispuestos al alto el fuego, pero hay matices’”, ha dicho Andri Kovalenko, responsable del gabinete de Información del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, haciendo referencia de manera irónica a las palabras de Putin.

Kovalenko ha advertido de que la estrategia informativa de Rusia en caso de que se acuerde esta tregua temporal “irá orientada a acusar a Ucrania de sus propias infracciones y plantear exigencias extrañas” como ya hiciera durante los acuerdos de Minsk, con los que se pretendía poner fin a la guerra de Donbás.

“Esta es y será su táctica: mentir y culpar”, ha dicho Kovalenko en redes sociales, en la que es la primera reacción oficial de Ucrania a las recientes palabras del presidente Putin este jueves dando su visto bueno al alto el fuego.

No obstante, el mandatario ruso ha señalado que “hay cuestiones que discutir” al respecto, como la presencia de tropas ucranianas en la provincia rusa de Kursk. “¿Deberíamos dejarlos ir después de que hayan cometido crímenes contra la población civil, o los líderes ucranianos les ordenarán que se rindan?”, se ha preguntado.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, condenó el jueves la respuesta ambivalente del presidente ruso, calificándola de “muy manipuladora”.

“Todos hemos escuchado desde Rusia las predecibles y manipuladoras palabras de Putin en respuesta a la idea de un alto el fuego”, dijo Zelensky en su discurso nocturno.

Putin ha planteado dudas acerca de la posibilidad de que las tropas ucranianas aprovechen esta tregua temporal para reforzarse y contraatacar las posiciones del este del país, ahora bajo control ruso.

“La idea en sí es correcta, y ciertamente la apoyamos”, afirmó Putin en una conferencia de prensa en Moscú. “Pero hay cuestiones que necesitamos discutir, y creo que debemos hablar de esto con nuestros colegas y socios estadounidenses”.

Putin señaló que uno de los puntos esenciales para su gobierno es la creación de un mecanismo de control que garantice que no se produzcan violaciones del alto el fuego. Expresó su preocupación de que Ucrania pueda aprovechar la tregua para movilizar más tropas y recibir armamento de sus aliados occidentales.

“Estamos de acuerdo con las propuestas para detener los combates, pero partimos de la suposición de que el alto al fuego debe conducir a una paz duradera y eliminar las causas raíz de la crisis”, sostuvo el mandatario ruso.

El Kremlin ha reiterado en múltiples ocasiones que Rusia no permitirá la presencia de observadores de la OTAN en un posible mecanismo de supervisión del alto el fuego, alegando que esto podría derivar en actos de espionaje y favorecer a Kiev.

En su intervención, Putin agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, por su implicación en la resolución del conflicto en Ucrania. También reconoció el papel de los líderes de China, India, Brasil y Sudáfrica en los esfuerzos diplomáticos para detener los combates y evitar más bajas.

El interés de Moscú en una tregua no ha evitado que altos funcionarios rusos expresen escepticismo sobre sus beneficios para Rusia. Un alto funcionario del Kremlin advirtió que un cese de hostilidades daría tiempo a Kiev para reabastecer sus fuerzas, recibir más armamento de Occidente y fortalecer su posición en el frente.

El ex presidente filipino Rodrigo Duterte comparecerá por primera vez ante los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) en una audiencia inicial programada este viernes, y en la que se le informará de sus derechos y del crimen de lesa humanidad de asesinato con el que se le vincula debido a su campaña contra las drogas en Filipinas entre 2011 y 2019.

EFE

Según anunció este jueves la Corte, Duterte hará su primera aparición oficial y pública ante los magistrados del tribunal en La Haya este viernes a las 14:00 hora neerlandesa (13:00 GMT). Se trata de una comparecencia en la que no se entrará en la defensa del acusado, ni en los detalles del caso, aunque el ex presidente filipino sí podrá pronunciarse sobre la acusación en su contra.

La CPI también informó de que Duterte otorgó un “poder notarial” designando a Salvador Medialdea, su ex secretario ejecutivo, como uno de sus abogados en los procedimientos de la CPI, aunque también contará con la asistencia de la oficina del defensor público para la defensa durante la comparecencia inicial.

La Corte confirmará formalmente la identidad del sospechoso y el idioma en el que podrá seguir el proceso, y se le informará del crimen que se le imputa y de sus derechos, en virtud del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI del que Duterte, como presidente, retiró a Manila en marzo de 2019, por temor a la rendición de cuentas, pero esa decisión no afectó la jurisdicción sobre los crímenes cometidos antes de esa fecha.

En la orden de arresto emitida de forma secreta el 7 de marzo, pero hecha pública después de la detención de Duterte en Manila el pasado martes, los jueces indicaron que “existen motivos razonables” para considerarlo responsable del crimen de lesa humanidad de asesinato, presuntamente cometido en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019.

“La Sala determinó que hubo un ataque dirigido contra una población civil en cumplimiento de una política organizacional mientras Duterte era el líder del Escuadrón de la Muerte de Davao (DDS), y en cumplimiento de una política estatal durante su mandato como presidente de Filipinas”, añadió.

Además, considera que “existen motivos razonables” para creer que “este ataque fue tanto generalizado como sistemático”, puesto que “se llevó a cabo durante varios años y resultó en miles de muertes”.

Los jueces creen que Duterte, “junto con otras personas y a través de ellas, acordó matar a individuos identificados como presuntos criminales o personas con tendencias delictivas, incluyendo, pero no limitándose, a traficantes de drogas”.

Por su parte, el fiscal de la CPI, Karim Khan, subrayó que las investigaciones de su oficina son “independientes e imparciales” y consideró el arresto de Duterte como “un avance significativo en la búsqueda de justicia” en Filipinas por los crímenes presuntamente cometidos en el contexto de la llamada “guerra contra las drogas”.

El ex mandatario filipino es el segundo jefe de Estado en pasar a manos de la CPI desde su fundación en 2002. El ex presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, fue absuelto en 2019 de los crímenes de lesa humanidad que se le imputaban, aunque había pasado casi una década en el Centro de Detención de La Haya.

El dirigente nacional de Vente Venezuela, Omar González Moreno, aseguró que la “Corte Penal Internacional crea un precedente que alarma a Maduro”.

Nota de prensa

Afirmó que el anuncio de la CPI sobre la detención del presidente filipino, Rodrigo Duterte, es un hecho que “estremeció a los usurpadores de Miraflores”.

Precisó que la acción del ente internacional es un aviso para Maduro a quien también le siguen un proceso por violaciones de los Derechos Humanos, que se comenzó a investigar inmediamente despues que el de Duterte. Es decir, que ahora le toca el turno a Nicolás Maduro.

“Nicolás Maduro sabe que sus delitos son aún peores que los cometidos por Duterte; él sabe que su caso es más complicado aún. Por eso, en Miraflores se encendieron las alarmas”.

Agregó que la Corte Penal Internacional tiene pruebas suficientes para condenar no solo a Maduro sino a gran parte de sus colaboradores quien han sido cómplices de atrocidades en contra de la ciudadanía venezolana.

Acoso político

El liberal se hizo eco de la cifra publicada por el Foro Penal, órgano que contabiliza unos 1.014 presos políticos en el país.

“Esto increíble; cada día se suman más y más presos por razones políticas. Venezuela toda se convierte en una especie de campo de concentración dirigido por los chavistas”.

Fue enfático en añadir que, además, el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela registra a unos 14 periodistas encarcelados y 22 en el exilio.
“A esto se le suma que otras ONG han documentado en Venezuela alrededor de unos 383 casos de violaciones a las garantías informativas”.

Sin salud

El dirigente opositor, asilado en la Embajada de Argentina en Caracas, aprovechó para señalar que “Venezuela ha retrocedido más de 100 años en atención a la salud, según cifras de la Federación Médica de Venezuela, como consecuencia de 26 años de socialismo destructivo”.

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