El pleno del Congreso de Perú aprobó este miércoles una moción que propuso declarar como organización terrorista a la banda criminal trasnacional Tren de Aragua, “en atención a su estructura jerárquica, métodos violentos y fines desestabilizadores contra el orden constitucional peruano”.

EFE

La iniciativa, que fue planteada por la bancada del partido fujimorista Fuerza Popular, recibió 77 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones.

El Congreso indicó, en ese sentido, que creará una comisión especial que trabajará durante 180 días con el Ministerio del Interior y otros organismos estatales para coordinar estrategias para combatir al Tren de Aragua en el país.

También exhortó al Ministerio de Relaciones Exteriores para que gestione ante las Naciones Unidas e instancias regionales, junto a países como Argentina, Colombia, Chile, Bolivia, Brasil, Panamá, Paraguay y Uruguay, la designación conjunta del Tren de Aragua como una organización terrorista trasnacional.

Durante el debate de la moción, el parlamentario conservador Alejandro Muñante consideró que es “un primer paso” en el combate a esta agrupación criminal, pero remarcó que aún se debe modificar la ley para tipificar a estos grupos como terroristas.

Legisladores de izquierda como Alex Flores y Guillermo Bermejo consideraron, por su parte, que la moción es solo “simbólica” y no tendrá un impacto real en la lucha contra la delincuencia.

“De nada va a solucionar declarar como una organización terrorista a una banda criminal. Lo que debemos hacer es enfrentar a la criminalidad a través de una estrategia política”, remarcó Flores.

El pasado 10 de febrero, la Policía Nacional del Perú (PNP) aseguró que el Tren de Aragua está “totalmente desarticulado” en el país y destacó que sus principales líderes están detenidos en la prisión de máxima seguridad de Challapalca, ubicada en las alturas andina del sur del país.

Días antes, el 27 de enero, la presidenta peruana, Dina Boluarte, también aseguró que la estructura del Tren de Aragua está “prácticamente desbaratada” en Perú gracias a las labores del Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

El Tren de Aragua, nacida en la prisión venezolana de Tocorón, se ha extendido por países de la región como Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde es acusado por las autoridades de cometer graves delitos, como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.

El Gobierno de Boluarte presentó en octubre pasado un proyecto de ley que busca calificar como “terrorismo urbano” los delitos de extorsión, secuestro y sicariato, en respuesta a la ola de criminalidad denunciada por transportistas y gremios empresariales, entre otros sectores productivos del país.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump, firmó a pocos días de asumir el cargo una orden ejecutiva para clasificar a los carteles mexicanos, a la pandilla salvadoreña MS-13 y al Tren de Aragua como organizaciones terroristas.

Con la excusa de «acompañar a los jubilados», un importante número de barrabravas, terroristas de izquierda y agrupaciones políticas opositoras realizaron violentos disturbios alrededor del Congreso de la Nación.

La Derecha Diario

En una nueva manifestación violenta por parte del kirchnerismo, una movilización, supuestamente organizada por un «grupo de jubilados» frente al Congreso de la Nación, terminó con destrucción, caos y detenidos, con la participación de terroristas de izquierda, barrabravas y agrupaciones opositoras.

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, desplegó un operativo de más de 850 efectivos para aplicar el protocolo antipiquetes y garantizar el orden.

Sin embargo, pasadas las 16 horas, se produjeron los primeros enfrentamientos. El foco de los disturbios comenzó en la intersección de la calle Rivadavia y Entre Ríos, frente al Congreso.

En ese lugar, los barrabravas kirchneristas, extremadamente violentos, comenzaron a atacar a las Fuerzas Federales con piedras, palos y golpes. La situación se volvió cada vez más violenta, por lo que la Policía lanzó gases lacrimógenos para intentar disuadir a los delincuentes.

Según informaron fuentes oficiales, varios de estos extremistas de izquierda fueron detenidos tras un fuerte enfrentamiento en las inmediaciones del Congreso. La presencia de barrabravas y militantes de grupos kirchneristas y de izquierda intensificó el clima de violencia, generando un escenario de caos en el centro porteño.

Aunque la marcha fue presentada como una manifestación en reclamo por mejoras en los haberes jubilatorios, la violencia desatada y la organización de los disturbios dejaron en evidencia su trasfondo político.

Con los incidentes, quedó demostrado que el verdadero objetivo de estas acciones es desestabilizar y buscar el derrocamiento del presidente Javier Milei, algo que ha caracterizado a varias protestas de sectores kirchneristas y de izquierda.

Dejaron tras de sí un saldo de destrucción, por lo menos, 124 detenidos, en una manifestación que, lejos de ser pacífica, reflejó la violencia e intolerancia de la oposición.

En un comunciado del Ministerio de Seguridad, se informó: «Durante el operativo, las Fuerzas Federales detuvieron a 21 hombres y 4 mujeres, mientras que la Policia de la Ciudad aprehendió a 73 hombres y 26 mujeres».

Según fuentes oficiales, los daños materiales son enormes. Además del patrullero incendiado, se registraron importantes destrozos en la vía pública, con baldosas rotas y contenedores de basura incendiados.

A pesar de que la Secretaría de Espacio Público había tomado medidas preventivas removiendo los tachos de basura cercanos al Congreso, los manifestantes utilizaron aquellos ubicados sobre la Avenida de Mayo para continuar con los disturbios.

Se estima que el costo total de los daños asciende a 275 millones de pesos, lo que incluye la reparación de 80 metros cuadrados de veredas rotas y la reposición de 30 contenedores de basura dañados, cuyo valor unitario ronda los 3.500 dólares.

En medio del caos, el vocero presidencial Manuel Adorni, no dudó en condenar la violencia: «Atentaron contra la Casa Rosada utilizando las piedras que recordaban a los fallecidos por la pandemia. Los violentos no tienen el más mínimo respeto por nada. Fin», manifestó a través de sus redes sociales.

La Policía, en un operativo que se extendió durante varias horas, logró la detención de más de 120 personas, incluyendo a el gremialista Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, quienes fueron arrestadas por su vandalismo en la participación de los disturbios.

Por otro lado, 20 civiles resultaron heridos por culpa de la violencia de la izquierda; como es el caso de un fotógrafo que resultó gravemente lesionado en la cabeza con la severa perdida de masa encefálica y que ahora está peleando por su vida en el hospital Ramos Mejía.

Delcy Rodríguez volvió a decir que el presidente de Guyana, Irfaan Ali, persiste en “violentar flagrantemente” la legalidad internacional al disponer “unilateralmente” de lo que considera un mar pendiente por delimitar.

EFE

“Su postura cuatrera amenazando a Venezuela con hegemones en desuso, solo busca perturbar la paz de nuestra región”, señaló Rodríguez en una publicación en Telegram.

El pasado martes 11 de marzo, Ali dijo en el foro de energía y petróleo Ceraweek de Houston, que su país hará todo lo necesario para que se mantenga la paz, así como que la controversia por el Esequibo, un territorio de unos 160 mil kilómetros cuadrados rico en petróleo y otros recursos naturales, está en manos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La funcionaria del régimen chavista, añadió que al presidente guyanés solo le queda “una opción legítima: la negociación política en el marco del mecanismo de Argyle”, un acuerdo que compromete a ambas naciones a abstenerse de intensificar cualquier conflicto.

“Venezuela nunca renunciará a sus derechos históricos sobre el Esequibo”, concluyó Delcy Rodríguez.

El lunes 10 de marzo, Diosdado Cabello aseguró que además de un gobernador, Venezuela elegirá en los comicios regionales y legislativos del próximo 25 de mayo a ocho diputados del Esequibo, a la vez que desestimó las acciones de Georgetown ante la CIJ contra estas elecciones.

El también primer vicepresidente del PSUV reiteró que “todo lo que esté del lado oeste del río Esequibo le pertenece a Venezuela”.

El Gobierno de Guyana advirtió que se acusará de traición a cualquier guyanés o residente del país que apoye las elecciones de Venezuela.

“Sabemos que hay algunos infiltrados”, dijo el ministro del Interior de Guyana, Robeson Benn, en una conferencia de la Fuerza de Policía del país.

“Si se nombra a un guyanés gobernador de Esequibo, lo acusaremos de traición y lo encarcelaremos; a todos y cada uno de ellos. Cualquiera que los apoye también lo será”, declaró Benn.

La semana pasada, Guyana recurrió a la CIJ solicitando una orden para impedir que el ´régimen de Maduro siga adelante con cualquier elección planeada en el Esequibo.

Ante la inminente salida de Chevron Corp. de Venezuela, el gobernante Nicolás Maduro ha comenzado a extender la alfombra roja a otras compañías petroleras extranjeras, asegurándoles que todas serían bienvenidas en el país sudamericano.

El Nuevo Herald

Sin embargo, es incierto si la oferta del líder socialista encontrará muchos interesados, en medio de indicios de que el gobierno de Trump pretende endurecer las sanciones contra la atribulada industria petrolera venezolana.

El gobierno de Trump revocó la semana pasada la licencia que permite a Chevron vender petróleo venezolano en Estados Unidos, dándole a la compañía estadounidense hasta el 3 de abril para liquidar sus operaciones en el país sudamericano.

La licencia, otorgada en noviembre de 2022 por el gobierno de Biden, permitió al gigante estadounidense producir y vender petróleo desde Venezuela a pesar de que las sanciones estadounidenses contra el régimen socialista continuaban vigentes.

Chevron —cuya producción en Venezuela promedió unos 220,000 barriles diarios, lo que representa aproximadamente el 24% de la producción actual del país, de 900.000 barriles diarios— desempeñaba un papel importante en los planes de Maduro para recuperar la debilitada industria petrolera del país, dada su disposición a compensar la producción de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y su rol como principal puerta de entrada al lucrativo mercado petrolero estadounidense.

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Nuevamente en el tradicional barrio San Bernardo, azotado por las bandas dedicas al expendio de estupefacientes, se vivió una noche de terror el miércoles 12 de marzo por cuenta de un nuevo atentado con un artefacto explosivo, tipo granada, que dejó tres personas muertas y nueve más heridas en la calle 3ª con carrera 10ª.

Por: José David Rodríguez – Infobae

A esa zona del centro histórico de la capital colombiana llegaron miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) que están ayudando con la evacuación de los afectados, que corresponderían a habitantes de calle.

“Esto obedece a una confrontación que existe entre dos grupos delincuenciales organizados, ‘Los Venecos’ y ‘Los Costeños’, dando el territorio por el tráfico de estupefacientes”, indicó el comandante de la Mebog, el general Giovanni Cristancho Zambrano.

El alto oficial señaló también que la retaliación se dio también por los golpes que les han propinado recientemente.

“En lo corrido del año llevamos más de 120 capturas en la zona. Así como la incautación de dos armas de fuego, dos granadas de fragmentación y munición, 20.000 dosis, 15 allanamientos. Creemos que este lanzamiento de este artefacto explosivo obedece a esta retaliación, pero también a diferentes operaciones que hemos venido a priorizando en lo corrido del año”, agregó.

Entre tanto, el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, condenó el nuevo atentado y señaló que la ciudad no se dejará amedrentar por los criminales, que responden de esta manera al accionar de las autoridades.

“No podemos ceder ante la violencia de las bandas criminales en el barrio San Bernardo. Este nuevo ataque, igual que los anteriores en esa misma zona, es la reacción de bandas criminales que buscan sobrevivir al asedio sostenido de la @PoliciaBogota sobre sus estructuras [sic]”, publicó en su cuenta oficial de la red social X.

Agregó que en ese sector también han logrado las capturas de mandos de las estructuras delincuenciales, como la recuperación de motocicletas hurtadas, y se comprometió a devolverle la tranquilidad a la comunidad.

“No vamos a retroceder. Por el contrario, vamos a redoblar esfuerzos. He ordenado a la @PoliciaBogota intensificar la presión sobre las bandas que allí operan y que están identificadas, para lograr la captura de sus cabecillas y la desarticulación de sus estructuras. @Bogota no dejará de actuar en San Bernardo hasta no lograr su recuperación [sic]”, afirmó.

De este nuevo atentado se conocieron algunas grabaciones de personas que viven en esa zona de Bogotá donde se dio cuenta del pánico que se produjo entre los habitantes de calle que son adictos a los estupefacientes que expenden las dos estructuras en confrontación y que estaban en el lugar donde ocurrió la detonación.

De acuerdo con los primeros testimonios que conocieron en el informativo de televisión Noticias Caracol, un hombre abandonó un paquete donde estaba el explosivo y emprendió la huida por la calzada de TransMilenio.

Este es el tercer ataque en los últimos 30 días en ese barrio de la localidad de Santa Fe, luego de la que se registró en la noche del 19 de febrero, donde perdió la vida otra persona sin hogar, y la del 23 de ese mismo mes, donde falleció un perro.

Por ese ultimo atentado fue capturado un hombre de nacionalidad venezolana que fue identificado como Enderson Jesús Torres Nova y que se encuentra privado de la libertad respondiendo por los delitos de terrorismo, tentativa de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos, y maltrato animal agravado.

Allí hay una sangrienta disputa entre las bandas de ‘Los Venecos’ y ´Los Costeños‘ que se disputan le venta ilegal de droga.

Este miércoles se cumplen cuatro años de la detención de la ex presidenta de Bolivia, Jeanine Añez (2019-2020). La senadora que llegó al poder tras las renuncias de Evo Morales y de quienes lo seguían en la línea constitucional, en medio de acusaciones de fraude electoral, cumple una condena de diez años en prisión y enfrenta varios juicios.

Por: María Silvia Trigo – Infobae

A la mujer que tuvo en sus manos la transición del gobierno con la misión única de convocar a elecciones en tres meses, las circunstancias la llevaron a extender su mandato a casi un año y administrar las dos primeras olas de la pandemia de Covid-19.

Su paso por la Presidencia devolvió el orden en el país tras varias semanas de convulsión, recompuso el Órgano Electoral y terminó con la elección democrática de un nuevo gobierno pero quedó marcado por escándalos de corrupción y al menos 20 de muertos en dos represiones militares que algunos justifican debido a la turbación de aquellos días.

A través de un cuestionario enviado a la cárcel, Áñez comentó su año de gestión, el abandono de los compañeros de su partido y fustigó abiertamente a Evo Morales. Sin embargo, a pesar de su disposición a responder las preguntas, la expresidenta evadió la autocrítica.

-Ex presidenta, ¿cómo se encuentra de salud y ánimo a cuatro años de su encarcelamiento?

-Mi salud se encuentra estable y nutro el buen ánimo manteniéndome ocupada leyendo y respondiendo los mensajes que me manda gente muy querida que no me abandona, alentando al pueblo libre y democrático a que no pierda la esperanza y más bien fortalezca la unidad opositora, en medio de semejante crisis en que se encuentra sumida Bolivia. Hago manualidades de costura y tejido que envío a mi familia o a quienes me encargan. Cuatro años como presa política es muchísimo tiempo para quien se sabe inocente y obligada a una condena política, ordenada por Evo Morales, Luis Arce Catacora y el ex ministro de Injusticia Iván Lima Magne.

-Hace pocos meses se cumplieron cinco años de su llegada al poder en Bolivia, mirando en retrospectiva: ¿Cuáles fueron los aciertos y los errores de su gestión?

-Pacifiqué el país después de un fraude electoral y la renuncia de su autor intelectual, Evo Morales, quien fugó a México y Argentina, dejando órdenes de atacar la democracia y gestar un autogolpe de Estado para volver al poder. Como segunda vicepresidenta del Senado y ante la renuncia en cadena de él y la línea de sucesión, asumí la Presidencia como manda la Constitución y a pedido de las fuerzas democráticas burladas por el fraude electoral de 2019. Convoqué a elecciones generales, a pesar de los intentos golpistas de Evo Morales desde el exterior y de la terrible pandemia de Covid-19 que debí afrontar desde marzo de 2020.

-En los días críticos de noviembre de 2019, usted estaba en Beni y no participó de las negociaciones entre la oposición y el entorno de Evo Morales. ¿Puede relatar cómo fue que llegó a asumir la Presidencia? ¿Quién tomó contacto con usted y cómo se desarrollaron los hechos?

-Recibí la llamada de Ricardo Paz, de (la alianza política) Comunidad Ciudadana, quien puso en altavoz la reunión que se estaba realizando en la Universidad Católica con la presencia de la Conferencia Episcopal, el cuerpo diplomático, los comités cívicos, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), dos legisladoras del Movimiento Al Socialismo, (representantes del partido) Unidad Nacional y Comunidad Ciudadana. Ricardo Paz señaló que buscaban una salida constitucional ante la intempestiva acefalía del Órgano Ejecutivo y para frenar la violencia generada por los partidarios de Morales. Obviamente, mi nombre salió no por ser Jeanine Añez, sino en mi calidad de segunda vicepresidenta del Senado.

Me preguntaron si, siguiendo la línea constitucional, yo estaría dispuesta a asumir la Presidencia de manera transitoria para llamar a elecciones y le respondí que sí. Estaba aturdida con tantas llamadas, llegó gente a mi casa, y comenzaron a buscar la forma de que viaje a La Paz en un vuelo comercial a las siete de la mañana vía Santa Cruz. No dormí, las llamadas no cesaban y gran parte de la noche la pasé tratando de coordinar mi viaje. La preocupación era llegar a La Paz lo más rápido posible. Estaba muy sensible y, de pronto, vi la magnitud de la responsabilidad en un país tan confrontado.

Obviamente, mi familia también estaba expectante y con mucha preocupación. Al llegar a Santa Cruz me esperaban mi hija y mi sobrino que me acompañaron a La Paz, además del senador Oscar Ortiz y el diputado Tomás Monasterio. Al llegar a La Paz nos esperaban oficiales de la Policía y de la Fuerza Aérea, los primeros para decir que nos iban a escoltar a la ciudad, y los segundos proponiendo llevarnos en helicóptero, porque no había condiciones en la autopista. No sé quiénes eran ni quién los envió, pero lo cierto es que no sabíamos con quién ir.

Finalmente nos fuimos con el oficial de la Fuerza Aérea, sin saber si hacíamos bien o mal. Al dirigirnos al helicóptero, el senador Ortiz me decía que nos podían secuestrar, porque los miembros de la Fuerza Aérea trabajaban para Morales. Había nervios, confusión, riesgos y salimos con miedo arriesgándonos y pensando en lo peor. No pasó nada, gracias a Dios, y nos dejaron en el Colegio Militar. Allí nos recibió un comandante, solo nos saludó y nos prestó una oficina mientras llegaban los demás. De ese modo llegué a La Paz.

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