La amnistía no resuelve la historia: la ordena para que la historia pueda seguir sin que la violencia sea la única jugada disponible. En términos políticos, la medida puede interpretarse como una forma de desactivar tensiones internas

ORLANDO VIERA-BLANCO
24/02/2026

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática aprobada en Venezuela es, sin duda, una pieza relevante en la historia política reciente. No garantiza la paz y la reconciliación nacional, porque no contamos con la estructura política e institucional para hacer memoria y justicia, por ahora…El momento histórico llegará cuando restauremos el estado de derecho y la democracia.

La Amnistía es sólo un vehículo político de contención a los abusos del régimen y a la criminalización de la política.

Sabemos que el régimen tiene en sus manos la posibilidad de abrir las cárceles. Pero también es necesario crear un ambiente de cese de la persecución sistemática. La amnistía representa una oportunidad concreta para liberar a presos políticos, aliviar tensiones y abrir espacios de convivencia. No todos los presos obtendrán libertad plena e inmediata ni están todos los que deberían estar tan las rejas [criminales de lesa humanidad]. Pero ese momento llegará.

Aunque la amnistía está lejos de constituir una herramienta de justicia transicional integral, en tanto carece de mecanismos sólidos de verdad, reparación, garantías de no repetición e independencia judicial, sin embargo cumple un fin inmediato: desarma al verdugo y libera a miles de víctimas de persecución y cárcel […] Más que un puente hacia una reconciliación profunda, parece ser una alfombra cuando menos pragmática, y cuando más, un instrumento de cierre político condicionado en medio de una complejidad latente.

La amnistía como herramienta política: Una alfombra azul sobre la roja.

La amnistía-en términos jurídicos-es una medida que extingue legalmente la responsabilidad penal de ciertos actos cometidos antes de su promulgación. A diferencia del indulto individual, que simplemente perdona una pena, la amnistía borra el delito en abstracto para un grupo de personas, dejando sin efecto las sanciones que pudieran derivarse de hechos ya consumados. En tiempos de criminalización de la justicia, la despenalización de tipos delictivos—además difusos y elásticos—es un hecho relevante.

Tras las guerras mundiales, hubo pacificación a costa de equilibrios frágiles. En los dos grandes conflictos del siglo XX, las amnistías jugaron papeles muy distintos según los contextos nacionales.

Después de la I Guerra Mundial—en países como Alemania durante la República de Weimar—se aprobaron amnistías para liberar a miles de prisioneros políticos encarcelados en los tumultuosos años de 1918-1919.

Tras la II Guerra Mundial, las respuestas fueron mixtas. En Europa occidental y central las amnistías no constituyeron un gran pilar de los procesos de reconstrucción, y en muchos casos se optó por juicios por crímenes de guerra y la reversión de leyes injustas. Países como Francia o Dinamarca encararon a colaboracionistas con el régimen nazi en tribunales, y aunque hubo perdones limitados, no hubo amnistía generalizada como política estructural, reflejando que el castigo a violaciones graves se volvió una norma emergente.

En Italia sin embargo, se adoptó una amnistía de alcance amplio en 1946 (la llamada amnistía de Togliatti) para liberar tanto presos fascistas como partisanos de la posguerra, con la intención de reconciliar a una sociedad profundamente dividida. Su aplicación práctica mostró sesgos: muchos ex-fascistas fueron liberados con mayor facilidad que quienes habían combatido la ocupación, lo que sembró críticas de injusticia y desigualdad.

El postulado que quién claudica no legisla amnistías, no encaja en el caso venezolano.

En nuestro caso la claudicación del régimen no ha sido total y absoluta, aunque asemeje una rendición. El régimen tiene el control territorial del país. También cuenta con las FFAA, policías, más control de milicias y colectivos.

La visita del General Francis Donovan—Jefe del Comando Sur de los EEUU—no es una exageración decir, tiene tanto o más peso que una Amnistía. Recuerda la entrada de MacArthur tras la claudicación de Japón; Maxwell Thurman en Panamá; Clay en Alemania; Clark en Kosovo o Petraeus en Irak. Pero en todos aquellos casos post conflicto, EEUU o la OTAN obtuvieron una victoria total. En Venezuela la incursión fue impecable, pero aun subsiste un orden opresor que debe ser decantado. La Amnistía no se agota en sí misma.

Otros: El régimen deberá hacer lo que indique EEUU en términos de desarme, reestructuración de las FFAA, desmontaje de colectivos, milicias urbanas, entrega de perseguidos por la justicia norteamericana y libertad real de presos políticos, al tiempo de imponer una reintegración de los poderes públicos, garantías fiscales, apertura aduanera y seguridad ciudadana.

En este sentido la Amnistía—aun siendo condicionada—es [positivamente] un salvoconducto de habilitación política. No nos extrañe ver pronto a un Freddy Superlano candidato a la gobernación de Barinas, a Perkins Rocha como Presidente del TSJ, Enrique Márquez o Juan Pablo Guanipa formando parte de un gobierno colegiado; una nueva composición del CNE [en medio de un proyecto de Ley de modificación de los procesos electorales] o Maria Corina entrando a Caracas de la mano de la Sra. Laura Dogu o el citado General Francis Donovan. Sepamos esperar la decantación

La amnistía como partida de ajedrez: no es jaque mate, es contención estratégica

En los procesos de transición política, la amnistía suele ser juzgada con un criterio binario: o es justicia, o es impunidad; o es victoria moral, o es traición ética. Ese marco es pobre para comprender su verdadera función en escenarios de poder asimétrico, donde el régimen autoritario no ha sido derrotado militarmente ni colapsado institucionalmente.

En esos casos, la amnistía se parece menos a un veredicto final y más a una jugada intermedia en una partida de ajedrez: no busca jaque mate inmediato, sino neutralizar piezas del adversario, descomprimir el tablero y ganar tiempo político.

Como en el ajedrez hay partidas que no se ganan por fulminación del rey enemigo, sino por ahogo estratégico. Se limitan los movimientos del rival, se reducen sus piezas activas, se lo obliga a jugar en defensiva. La amnistía no derrota al régimen por sí sola, pero le quita capacidad de coerción, rompe la lógica de rehenes políticos, y vacía de eficacia el terror como herramienta de control social. Así la amnistía no es claudicación: es contención de la opresión.

Es estrategia, no moralismo. es una jugada y no una rendición […] La amnistía, cuando se diseña con exclusiones claras para crímenes de lesa humanidad y delitos graves, actúa como una jugada de “desarme parcial”: reduce el número de piezas activas del régimen (presos políticos como instrumento de chantaje), limita su narrativa de enemigo interno y debilita su monopolio del miedo.

Carl von Clausewitz definió la guerra como “la continuación de la política por otros medios”. En transiciones políticas incompletas, la política es la continuación del conflicto por medios no violentos. La amnistía se inserta ahí: no cancela el conflicto, lo traslada a otro plano. No resuelve el antagonismo estructural, pero cambia el terreno de juego: de la cárcel y la tortura, al espacio institucional y simbólico. Eso explica por qué la amnistía incomoda tanto a los maximalistas de ambos bandos: i.-Al autoritarismo, porque pierde un arma de dominación; ii.-Al moralismo punitivo, porque no ofrece una victoria total inmediata.

Neutralizar sin absolver: la amnistía como purga funcional del conflicto, no como borrón y cuenta nueva

Hannah Arendt distinguía entre perdón y comprensión política. El perdón, decía, pertenece al ámbito moral; la política opera con categorías de responsabilidad colectiva, estabilidad y futuro común. La amnistía no perdona en sentido moral: “reordena el campo de responsabilidad para hacer posible la convivencia política mínima” [Dixit Arendt].

Es clave de la teoría de juego: no se trata de perdonar a la reina enemiga; se trata de sacarla del centro del tablero, forzarla a jugar sin movilidad ofensiva, y abrir espacios para que el juego deje de ser una masacre unilateral.

Reinhold Niebuhr advertía contra la ingenuidad moral en política: “La capacidad del ser humano para la justicia hace posible la democracia; la inclinación del ser humano a la injusticia hace necesaria la coerción”. Habría que agregar: Sin coerción no hay orden, sin orden no hay justicia y sin justicia no hay paz. Luego a la paz y a la moral, la preceden el orden punitivo que suprime el poder tirano.

La amnistía opera en ese dilema: no presupone virtudes morales en los actores del régimen, sino que busca reducir su margen de daño, crear incentivos para la desmovilización de la represión y permitir que sectores intermedios abandonen la lógica de guerra interna, porque hay un poder coercitivo sobre ellos que impide abatirse o negarse. Es una purga funcional del conflicto, no su negación. Decanta: separa lo que es políticamente transitable de lo que es penalmente intolerable.

No resolverlo todo es parte del diseño.

Isaiah Berlin recordaba que los conflictos entre valores son trágicos e irresolubles en términos absolutos: libertad, justicia, paz y verdad no siempre se armonizan plenamente. Exigir que la amnistía lo “resuelva todo” es pedirle a una jugada de naturaleza intermedia—por ahora—que haga el trabajo de un partido final.

La amnistía no hace justicia completa. La amnistía no garantiza reconciliación emocional. La amnistía no sana la memoria colectiva. Lo que sí hace—cuando está bien diseñada—es cambiar la geometría del conflicto:

i.-Reduce el costo humano inmediato; ii.-Rompe la economía del terror; iii.-Abre ventanas para procesos posteriores de verdad, reparación y justicia transicional.

George Kennan, arquitecto de la política de “contención”, defendía que frente a regímenes autoritarios no siempre se trata de derrocar de inmediato, sino de limitar, cercar, desgastar su capacidad de expansión y daño hasta que el sistema colapse por sus propias contradicciones. La amnistía cumple una función análoga: contiene la opresión, no la redime; reduce la presión, no la borra; desarma mecanismos, no almas.

La amnistía como sacrificio táctico.

La amnistía implica un sacrificio simbólico: se posterga una parte de la justicia punitiva inmediata para ganar oxígeno político y social. No es olvido; es priorización estratégica del cese de la violencia estatal como condición posible para la justicia futura.

Henry Kissinger—con todo lo polémico de su legado—formuló una máxima cruda del realismo político: “La estabilidad suele preceder a la justicia; sin un mínimo de orden, la justicia es impracticable y moralmente ilusoria”.

Leído críticamente, esto no legitima la impunidad: describe una secuencia política. La amnistía busca descomprimir primero la violencia estructural para que luego puedan operar mecanismos más exigentes de verdad y responsabilidad. Es una jugada de “ganar el medio juego”, no el final moral de la partida.

Entender la amnistía como jaque mate es un error conceptual. Entenderla como rendición, también. No hay romanticismo en esto. Hay realismo político: sin neutralizar la represión, no hay transición; sin reducir el terror, no hay política; sin abrir el tablero, no hay final de partida posible.

La amnistía no resuelve la historia: la ordena para que la historia pueda seguir sin que la violencia sea la única jugada disponible. En términos políticos, la medida puede interpretarse como una forma de desactivar tensiones internas y permitir un reinicio institucional tras el período de Maduro, esto es, reducción de cargas judiciales y penitenciarias como incentivar la participación política de grupos excluidos y cerrar capítulos traumáticos sin reabrir conflictos latentes.

La Ley de Amnistía de Venezuela 2026 se convierte en un ejemplo esclarecedor de cómo la justicia, en contextos de transición incompleta, puede ser tanto una herramienta de esperanza como un espejo de las limitaciones del poder político en tiempos de cambio; una Amnistía condicionada que no tiene la misión de sustituir a la justicia hoy, sino hacerla posible mañana.

En consecuencia, desde una visión de poder, la amnistía no es sólo una medida jurídica, sino una herramienta de gobernabilidad. En palabras de Guillermo O’Donnell: “Las transiciones pactadas suelen producir democracias delegativas, donde los pactos de salida priorizan la estabilidad del poder antes que la consolidación del Estado de Derecho.” En otras palabras, es la búsqueda de autoridad, control y seguridad antes que la refundación de la república.

Este marco conceptual resulta útil para analizar la amnistía venezolana: no emerge de una transición institucional plena, sino de una reconfiguración interna del poder que busca estabilizar el sistema político sin desmontar los dispositivos que permitieron la persecución.

Por eso—más que una política de justicia transicional—la ley opera como un mecanismo de pacificación selectiva [sic], una herramienta suspensión condicional de la persecución política y un instrumento de control político blando sobre disidentes y ex perseguidos. Riesgos prácticos: intimidación, selectividad y chantaje político.

En este contexto el orden tutelado por los estados unidos tendrá otras tareas de estabilización en la cartilla: re-conformación del poder judicial; reestructuración de las policías judiciales; de inteligencia militar, vigilancia política y contrainteligencia. Como advierte Carlos Nino al analizar los límites del derecho penal en contextos autoritarios: “Cuando el Estado utiliza el proceso penal como herramienta política, todo acto de sometimiento procesal deja de ser una garantía y se convierte en un riesgo para el ciudadano.” Esto lo sabe Washington, la CIA, El Departamento de Justicia y el Pentágono. La decantación no basta con la Amnistía.

Para cerrar vale la pena recordar algunas frases de las reseñas de los juicios de Nuremberg: “Ahí estaban los hombres poderosos de Hitler. Ahora reducidos, moralmente abatidos, materialmente rotos, invadidos de terror y aislamiento. Pasaron de verdugos miserables o pequeños hombres, indefensos y míseros […] Frente a la justicia ahora lucían perplejos, acorralados, disminuidos, sin poder casi respirar y con la mirada al suelo. La historia rápidamente los bajó de la cumbre del poder, la soberbia y la barbarie, a seres humanos sin alma, sin fuerza, sin escapatoria.

La Amnistía no redime al criminal, tampoco lo habilita ni lo libera de su miseria. La historia los juzgará irremisiblemente. Y los reducirá a lo que hoy exhiben sus caras: terror, abatimiento, soledad, miseria y ruptura. No hay romanticismo en esto decíamos, es realismo político. Es una amnistía condicionada, para tirios y troyanos, que abre el tablero y facilita el quiebre gradual [y final] del poder.

Huelga ahora pedir discreción y prudencia a aquellos que cuestionan la amnistía ferozmente, desde una retina personal. Con esa misma ferocidad e incomprensión serán tratados por la historia […] La amnistía no es jaque mate, no es moral, no reconcilia la verdad, la justicia, la paz y la libertad [Dixit I.Berlin]. No lo resuelve todo…

Es contención, es abonar caminos, es bajar el costo político y ciudadano del terror al opresor, y es facilitar su quibre y caida definitiva.

Abogado. Activista de DDHH
Ex Embajador en Canadá
vierablanco@gmail.com
@ovierablanco

Durante siglos, la arquitectura de la psique humana se ha cimentado sobre una falacia tan antigua como peligrosa: la idea de que la justicia es una transacción simétrica de dolor y que el honor se recupera únicamente devolviendo el golpe. Sin embargo, hoy emerge una vanguardia existencial que entiende que la verdadera rebelión no es contra el agresor externo, sino contra el guion de victimismo que el pasado intenta imponernos, pues como bien advertía Miguel de Cervantes en su sabiduría imperecedera, «confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades». Esta confianza no es una espera pasiva, sino un ejercicio de soberanía íntima donde la victoria definitiva no consiste en mimetizarse con el daño recibido, sino en negarse rotundamente a ser el espejo de lo que nos hirió. En esta nueva economía del alma, el rencor se revela como una inversión ruinosa, una hipoteca emocional que nos obliga a pagar intereses perpetuos sobre una deuda que nosotros no contrajimos, convirtiéndonos en prisioneros de una celda cuya llave entregamos voluntariamente al verdugo.

Entender que no poseemos «presupuesto para el odio» es el acto de inteligencia financiera del espíritu más radical que un ser humano puede realizar en la era del ruido y el conflicto. Es comprender, desde una psicología profunda, que si usamos nuestra energía vital para alimentar el resentimiento, estamos permitiendo que quien nos dañó siga habitando nuestras noches, cobrando un alquiler gratuito en una mente que debería ser un santuario de posibilidades. La vieja máxima de que un ladrón que roba a otro merece perdón es, bajo esta lupa disruptiva, una trampa de mimetismo ontológico; la realidad es que el odio mutuo no equilibra la balanza, sino que duplica la oscuridad, y quien busca justicia a través de la herida ajena incurre en lo que los antiguos llamaban la «hybris» del alma, perdiendo su propia esencia en el proceso. La verdadera madurez no endurece el corazón para sobrevivir, pues la rigidez es el estado previo a la ruptura; por el contrario, la verdadera fortaleza reside en la permeabilidad, en la audacia de mantenerse sensible en un mundo que premia la coraza, reconociendo que «la senda de la virtud es muy estrecha y el camino del vicio, ancho y espacioso», y que transitar la primera requiere una elegancia que el rencor jamás podrá costear.

Por todo esto, la decisión de sembrar en tierras de convicción y no en el árbol seco del resentimiento es una maniobra de alta sofisticación ética que rompe el paradigma de la supervivencia básica para entrar en el reino de la trascendencia. Nadie ha logrado construir una vida con significado desde los escombros de la venganza, ya que el odio es un arquitecto que solo sabe diseñar ruinas. Ser feliz deja de ser entonces un anhelo ingenuo o un estado de ánimo volátil para convertirse en el acto de desobediencia civil y metafísica más potente de nuestra historia personal. Es el momento en que notificamos al ayer que su contrato de arrendamiento ha expirado y que nuestro presente ha sido declarado territorio libre de fantasmas. Al final, en honor a cada batalla que nos dejó cicatrices —esas que hoy no son marcas de vergüenza sino brújulas de experiencia—, la mayor subversión contra el dolor es la capacidad de florecer con una intensidad tal que el pasado se convierta, simplemente, en una nota al pie de página en un libro que ya no nos define, porque como sentenciaría el Quijote ante la libertad recobrada: «Cada uno es artífice de su propia ventura», y la nuestra se escribe hoy con la tinta de la paz y el pincel de la alegría.

Vamos por más…

@jgerbasi

En las últimas décadas los procesos de democratización han marcado un avance significativo en diversas regiones. No obstante, en America Latina estos logros siguen siendo frágiles debido a la persistente debilidad de la cultura cívica y la ausencia de liderazgos políticos comprometidos con la eficiencia, la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio del poder. Esa carencia ha favorecido la recurrencia del caudillismo, el populismo y la corrupción, prácticas que erosionan la legitimidad del sistema político, obstaculizan el desarrollo y ponen en riesgo la estabilidad de las instituciones democráticas.

En el contexto de esas tendencias Venezuela se juega la recuperación de su democracia en un escenario adverso que no admite improvisaciones: requiere liderazgo real e inteligencia política.

Las reflexiones que siguen surgen de la necesidad de reconocer que la consolidación democrática no depende únicamente de normas formales o procesos electorales, sino del fortalecimiento de un liderazgo político responsable, ético y con vocación institucional. En este sentido, resulta imprescindible enfrentar las tentaciones caudillistas, promover la formación política de los ciudadanos y fortalecer, a través de la educación cívica, el capital social como base indispensable para una democracia efectiva, participativa y sostenible.

La conducta de los dirigentes políticos suele verse afectada por distorsiones derivadas del ejercicio inadecuado del poder. Así, el líder político —cuya influencia se funda en la legitimidad, la confianza, la honestidad, la competencia y los valores— puede involucionar hacia el caudillo cuando sustituye el proyecto por su ego y transforma la autoridad en dominio personal.

El líder posee una visión clara, apertura al diálogo y capacidad de autocrítica. Acepta límites, rinde cuentas y entiende que el proyecto colectivo está por encima de su figura.

El caudillo, en cambio, concentra el poder, decide de manera unilateral, promueve el culto a su personalidad y desprecia tanto a los expertos como a las instituciones. Necesita enemigos para legitimarse y lealtades personales para sostenerse.

La fuente del poder marca la diferencia:

* En el líder, es la confianza y la legitimidad.
* En el caudillo, el carisma personal y la coerción.

En el sistema caudillista, el caudillo no gobierna: encarna. La crítica se convierte en traición, la lealtad reemplaza a la competencia, y el relato suplanta a la realidad. No es casual que el caudillismo sea una vía frecuente de acceso al poder para el populismo.

Diversos estudios han analizado el caudillismo como una verdadera patología de la política. El psiquiatra Manuel Ángel Franco, del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, y el neurólogo británico David Owen han descrito un patrón de comportamiento asociado al ejercicio prolongado del poder, caracterizado por la pérdida de moderación, el desprecio por los límites y una percepción grandiosa de la propia misión histórica. A este cuadro lo denominaron “síndrome de Hubris”, en referencia a la mitología griega, donde la diosa Hubris simbolizaba la insolencia y la desmesura, conductas consideradas deshonrosas y socialmente censuradas.

En la tradición griega, esta falta de moderación solía manifestarse en héroes que, tras alcanzar la gloria —especialmente en el ámbito bélico—, infringían las normas de convivencia y desafiaban los límites impuestos por la comunidad y los dioses. En política, el resultado suele ser menos épico y bastante más costoso, en términos económicos y de violacion de derechos humanos.

El caudillismo, acompañado por el síndrome de Hubris, constituye uno de los males recurrentes de la vida política en América Latina. Está profundamente vinculado a una cultura personalista que facilita que los jefes de Estado adopten posturas cuasi monárquicas y autoritarias, debilitando las instituciones y erosionando la democracia.

Frente a esta realidad, resulta imprescindible fortalecer la educación cívica como estrategia central para construir una democracia de ciudadanos capaces de elegir con criterio y de sancionar a quienes traicionan la confianza recibida. Esa es la barrera más eficaz contra el caudillismo y el populismo.

Juan Bautista Alberdi lo advirtió con crudeza y lucidez en el siglo XIX: “La ignorancia no discierne: busca un tribuno (líder) pero toma un tirano (caudillo). La miseria no delibera: se vende.”

América Latina sufre las miserias del subdesarrollo por el déficit de líderes y la abundancia de caudillos. Nada que agregar. Dos siglos después, el diagnóstico sigue vigente… y la factura sigue llegando.

José Ignacio Moreno León

Hay momentos en la vida de una nación en los que el derecho deja de ser un simple conjunto de normas para convertirse en una decisión política de gran calado. Las leyes de amnistía pertenecen a esa categoría. No son artificios retóricos ni concesiones coyunturales: son actos mediante los cuales el Estado renuncia al castigo para hacer posible la convivencia. 

Amnistía significa olvido —no negación de la memoria ni absolución moral— sino la determinación de clausurar penalmente un conflicto para permitir que la vida política continúe. La cuestión, por tanto, no es solo jurídica; es, sobre todo, política. Precisamente por ello, una amnistía auténtica exige coherencia interna. No puede ser selectiva sin vaciar las palabras de su significado. No es un gesto gracioso de quien detenta el poder, sino un instrumento jurídico orientado a extinguir responsabilidades por hechos pasados sin condicionar el ejercicio futuro de derechos. 

En el caso del presente venezolano, su fundamento radica en una situación excepcional que ha obligado al poder político a reconocer —aunque sea implícitamente— el agotamiento de una fase de represión desbordada. Cuando una amnistía se llena de exclusiones, pierde su naturaleza reconciliadora y se convierte en un mecanismo de administración del conflicto bajo otra forma.

La ley recientemente aprobada contiene elementos que apuntan hacia la distensión, pero también hay zonas oscuras. El último aparte del artículo 9 concentra una de ellas. Al excluir a quienes hayan “promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, facilitado, financiado o participado” en acciones armadas o de fuerza contra la soberanía nacional, el texto no se limita a sancionar conductas específicas. Su redacción alcanza expresiones políticas formuladas en un contexto de crisis extrema. La amplitud del lenguaje permite interpretaciones expansivas y, con ello, la posibilidad de generar nuevas amenazas de persecución judicial. 

Nunca estuve de acuerdo con quienes pedían una operación militar en Venezuela. Me pareció una postura equivocada y peligrosa. Sin embargo, ese debate existió; fue expresión de una crisis institucional profunda y de una radicalización que marcó una etapa. Precisamente por eso, no puede ahora excluirse a quienes sostuvieron esa posición del ámbito de la amnistía. Si el propósito es cerrar el ciclo, esa disposición no debe convertirse en un filtro penal.

Esta reflexión adquiere mayor fuerza si se considera que el propio gobierno ha sostenido reuniones con altas autoridades estadounidenses —como el director de la CIA, el secretario de Energía y el jefe del Comando Sur— en una evidente recomposición de relaciones. Si en el plano diplomático se impone el pragmatismo y el diálogo, resulta contradictorio dejar abiertas las puertas para la persecución contra quienes —acertada o equivocadamente— sostuvieron posiciones extremas en otro momento. No puede invocarse el olvido en la arena internacional y negarlo en el ámbito interno.

La experiencia europea ofrece una referencia útil. En la transición española, la Ley de Amnistía de 1977 fue concebida como una decisión simétrica que no distinguía entre vencedores y vencidos. Se la cuestionó por su amplitud, pero su coherencia consistió precisamente en su carácter incluyente. El olvido jurídico fue el precio pagado para asegurar la convivencia. Cuando una amnistía empieza a seleccionar, deja de cerrar y comienza a administrar el pasado.

En el caso venezolano, además, el problema no se limita al artículo 9. Todavía se mantienen vigentes textos legales que han servido para criminalizar la disidencia. Los delitos de traición a la patria previstos en el Título I del Libro Segundo del Código Penal no pueden interpretarse contra opiniones políticas, por radicales que sean. El principio in dubio pro libertate exige que, ante la duda, se favorezca la libertad. Asimismo, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo —utilizada para equiparar en algunos casos extremos oposición con terrorismo— y la llamada ley contra el odio deben ser derogadas si se aspira a una reconciliación efectiva. No puede proclamarse el cierre de una etapa mientras subsisten los instrumentos jurídicos que hicieron posible la etapa anterior.

A ello se suma la exclusión de un sector particularmente afectado: los militares encarcelados y civiles vinculados a sus casos. Un grupo importante de personas quedan fuera de un beneficio que se presenta como general. A esto se añade la cifra anunciada de 11.000 posibles beneficiarios que tienen medidas sustitutivas. Esto no solo revela la magnitud del problema sino que implica el reconocimiento implícito de que sí existió una política sistemática de encarcelamiento por razones políticas.

La reciente instalación de una Comisión Especial para supervisar la aplicación de la ley añade otra dimensión. En teoría, coordinará con el sistema judicial y revisará casos no previstos. En la práctica, su existencia confirma que la norma nació incompleta. Por otra parte, en un Estado de derecho, la extensión de una amnistía debería descansar en la jurisprudencia de jueces independientes, guiados por los principios de igualdad y libertad, no en órganos de supervisión política. Si la comisión aspira a cerrar realmente el capítulo, debería incorporar representantes independientes de la sociedad civil —universidades, academias, iglesias, colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil— capaces de aportar equilibrio y legitimidad. Esa pluralidad es necesaria para generar confianza. 

Cerrar el capítulo implica asumir que lo que está en juego no es la conveniencia política inmediata, sino la posibilidad de convivir sin miedo. Si la amnistía conserva márgenes amplios para nuevas exclusiones o interpretaciones restrictivas, el cierre será apenas formal. Y sin un cierre real —penal, institucional y político— el país no avanzará hacia la reconciliación, sino que trasladará el conflicto a otros espacios.

La historia demuestra que el olvido jurídico, cuando es coherente, no suprime la memoria histórica, sino que la ordena para que la estabilidad política pueda comenzar.

Ramón Escovar León