En las redes sociales se encuentran videos que muestran los instantes exactos en los que el Kilauea de Hawái erupciona y libera grandes volúmenes de lava y humo.
El volcán tiene a maltraer al estado desde fines de 2024, cuando inició una serie de explosiones que perdura hasta hoy.
A continuación, los pormenores de esta última erupción, la duración y los peligros que representa.
Tres chorros de lava y una nube de humo de 6000 metros
El volcán Kilauea, ubicado en la isla de Hawái, Estados Unidos, entró en erupción otra vez, a menos de un mes de sucedida su explosión número 37.
Varios videos de internet exhiben cómo fue este nuevo fenómeno geológico. En ellos, pueden verse tres incesantes e inmensos chorros de lava ardiente que salen de la boca del volcán.
Según informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés), las fuentes de lava alcanzaron alturas de hasta 1000-1200 pies (300-370 metros) durante la erupción.
Asimismo, al entrar en contacto con la superficie, la lava produjo una gigantesca nube de humo oscuro, que según el USGS trepó hasta más de 6000 metros de alto.
A pesar de que la lava quedó contenida dentro del volcán y no llegó a Volcano Village, un pueblo que se ubica a 5 kilómetros, la población de la región se encuentra en alerta y las autoridades han tomado medidas preventivas.
Here are some other views of Kīlauea summit eruption lava fountaining episode 38 in Halema‘uma‘u crater on the Island of Hawai‘i, and answers to some of your questions about this activity.
This eruptive episode began from the north vent at about 8:45 am HST this morning,… pic.twitter.com/MjhcX93MLg
El petróleo no es lo que Donald Trump busca en Venezuela. Esta hipótesis ha ganado fuerza después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusara a Estados Unidos en una carta a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de querer apoderarse de sus vastas reservas petroleras.
Hasta ahora, el presidente estadounidense ha apelado a la lucha contra el narcotráfico para justificar la presión militar de los últimos meses contra Caracas. Sin embargo, Venezuela tiene un papel secundario en las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos. Además, Trump ha ofrecido un indulto al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por la justicia estadounidense en 2024 por tráfico de drogas.
Ni el petróleo ni el narcotráfico explican la presión militar de Estados Unidos contra Venezuela. La estrategia de Trump forma parte de una agenda política más amplia: además de controlar recursos, busca acabar con los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, reafirmar el dominio estadounidense en América Latina, contrarrestar la influencia de China en la región y fortalecer su posición interna.
Estados Unidos no necesita el petróleo de Venezuela
Estados Unidos ha sido históricamente el principal comprador de petróleo de Venezuela. Washington llegó a importar más de treinta millones de barriles de crudo venezolano al mes de media entre 1993 y 2010. Pero Venezuela ya no está entre los principales proveedores de petróleo a Estados Unidos. De hecho, una petrolera estadounidense, Chevron, sigue operando en territorio venezolano gracias a que Trump revocara la decisión de cancelar su licencia en mayo. La mayoría del petróleo importado por Washington procede de Canadá, México, Arabia Saudí, Irak y Brasil.
El punto de inflexión se produjo con el embargo que impuso la primera Administración Trump al petróleo venezolano en 2019. Washington bloqueó su exportación a Estados Unidos y prohibió a las refinerías estadounidenses pagar a la petrolera estatal venezolana, PDVSA, por procesar el crudo venezolano en sus instalaciones. El embargo dificultó la capacidad de Venezuela para exportar petróleo, ya que al ser crudo pesado dependía de las refinerías estadounidenses en el golfo de México para tratarlo y venderlo a gran escala. Como resultado, la producción y las exportaciones de petróleo venezolano se desplomaron.
Por el contrario, Estados Unidos no depende del petróleo venezolano. De hecho, es el principal productor mundial de petróleo y acaba de alcanzar máximos históricos de producción con cerca de catorce millones de barriles de crudo al día en septiembre. Esta realidad contrasta con la de Venezuela. La producción de crudo venezolano apenas alcanza ahora el millón de barriles diarios, un tercio de lo que se llegó a producir con Hugo Chávez en el poder entre 1999 y 2013.
La caída de Maduro: un objetivo principalmente político
Lejos de una mera lógica extractivista, las motivaciones de Trump para tumbar a Maduro son políticas. El presidente estadounidense busca impulsar un nuevo intervencionismo en América Latina. Considera que asegurar el papel de Estados Unidos como potencia global pasa por reafirmar el dominio en su hemisferio: América y el Pacífico. Esta visión conecta con la política exterior estadounidense de finales del siglo XIX, basada en el imperialismo, el proteccionismo económico y la amenaza del uso de la fuerza.
Para ello, Trump pretende alinear a los Gobiernos latinoamericanos con los intereses de Estados Unidos y contrarrestar la influencia de China en la región. En este sentido, la presión militar contra Venezuela se enmarca en un plan más extenso. Esta línea dura incluye las amenazas de apoderarse del canal de Panamá, el cambio de nombre del golfo de México a “golfo de América”, la retirada de la ayuda a Colombia, los aranceles a Brasil por la condena al expresidente Jair Bolsonaro o el rescate a Argentina para apoyar al presidente Javier Milei.
La caída de los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua ocupa un lugar prioritario en esa agenda regional de Estados Unidos, en gran medida debido a la influencia del secretario de Estado, Marco Rubio. Para Trump, estos Gobiernos representan los últimos vestigios del socialismo en América Latina. Acabar con ellos escenificaría la hegemonía de Estados Unidos en la zona y fortalecería su imagen entre los conservadores republicanos y los latinos de origen cubano y venezolano en Florida, liderados por Rubio, un cubanoamericano de Miami. Además, al propiciar un cambio de régimen en Caracas, podría reforzar su candidatura al Premio Nobel de la Paz, que ganó este año la líder opositora venezolana María Corina Machado.
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Durante los últimos diez años, Nicolás Maduro ha intentado moldear al Estado venezolano como una máquina político-militar capaz de cerrar filas ante cualquier presión externa. En el relato que impulsa el propio Gobierno venezolano, ese entramado permitiría incluso resistir ante un eventual choque con Estados Unidos, en un momento de fuerte tensión entre los dos países con amenazas de Donald Trump de operaciones en suelo venezolano de por medio. Aunque heredó el andamiaje ideológico y diplomático de Hugo Chávez, Maduro ha ido dando forma a su propia versión del “mundo multipolar”, la doctrina que sigue guiando la estrategia internacional del chavismo.
Cuando Chávez murió en 2013, muchos —dentro y fuera de Venezuela— pensaron que el proyecto bolivariano se vendría abajo sin su figura central. Pero ocurrió lo contrario: su ausencia terminó de convertirlo en mito dentro de los cuarteles y del aparato estatal, y ese impulso simbólico ayudó a consolidar lo que desde entonces se concibe como un “Estado revolucionario”.
Maduro aprovechó ese momento para emprender una tarea silenciosa pero decisiva: incrustar los valores del chavismo dentro del universo militar y policial. Lo hizo en medio del derrumbe socioeconómico de Venezuela y del desgaste progresivo del capital político del movimiento, con un objetivo claro: asegurar que las Fuerzas Armadas, los cuerpos de inteligencia y la policía actuaran según la lógica revolucionaria, más allá de cualquier coyuntura.
Con el paso del tiempo, la llamada unión cívico-militar-policial —que Chávez promovía desde su fallido alzamiento de 1992— dejó de ser un concepto abstracto y se convirtió en el candado que mantiene al chavismo cohesionado y con absoluto control en una crisis como la actual. Ese engranaje ha sido una de las herramientas más efectivas de Maduro para manejar la conflictividad interna y sostener su hegemonía, incluso mientras el mapa político regional cambia de color en cada elección.
Toda esta construcción está siendo clave en los últimos meses en los que la relación con Estados Unidos está marcada por una hostilidad en máximos: un despliegue naval y aéreo en el Caribe sin precedentes, sanciones contra el chavismo, cierre del espacio aéreo y amenazas de ataques en territorio venezolano contra narcotraficantes ―el argumento usado por Washington para hundir lanchas supuestamente cargadas de droga en aguas del Caribe en acciones que han causado ya 87 muertes―. A pesar de todo, Trump mantiene abierta la posibilidad de una salida negociada a la crisis y cada vez menos la invasión de un país que desencadenaría un terremoto regional con réplicas al otro lado del océano.
La política exterior venezolana se apoya desde hace 25 años en la tesis del “mundo multipolar”, formulada por Chávez incluso antes de llegar al poder. Bajo Maduro, ese esquema continúa plenamente vigente. Desde 2004, Caracas asumió como eje de su diplomacia un antimperialismo frontal hacia Estados Unidos, lo que convirtió al país en un adversario declarado de Washington y asentó una visión internacional arraigada en los sectores más radicales de la izquierda venezolana.
Ese marco ideológico permitió tejer alianzas con centros de poder alejados de la órbita estadounidense, preferiblemente regímenes autoritarios como China, Rusia, Irán, Bielorrusia o Turquía. En América Latina, se fortalecieron vínculos con Cuba y Nicaragua, dos dictaduras consolidadas y los aliados más cercanos del chavismo. La estrategia incluyó también relaciones con Gobiernos de la izquierda democrática regional —Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Gustavo Petro en Colombia, los Kirchner en Argentina, el boliviano Evo Morales, o Rafael Correa en Ecuador— que durante años ayudaron a Chávez a camuflar sus ambiciones continuistas mientras avanzaba en su confrontación con Washington.
Ese puente comenzó a deteriorarse tras las elecciones presidenciales de 2024, en las que Maduro se proclamó vencedor sin mostrar las actas que lo acreditaban, mientras la oposición exhibía las que logró recoger por todo el país para demostrar su victoria. La reelección forzada generó incomodidad en Petro y Lula, que intentaron sin éxito mediar en la crisis. El chileno Gabriel Boric, en cambio, rompió por completo con Caracas al denunciar que el chavismo se “robó” la elección.
Chávez también abrió caminos más allá de las estructuras diplomáticas convencionales: estableció relaciones con la guerrilla colombiana, el grupo chií libanés Hezbolá, el libio Muamar el Gadafi, distintos liderazgos palestinos y organizaciones africanas. El Movimiento de los No Alineados se convirtió en un espacio cómodo para la diplomacia venezolana, un refugio entre países con instituciones democráticas débiles o inexistentes.
A eso se sumó la habilidad de Chávez para explotar el resentimiento hacia Estados Unidos en sectores del tejido social latinoamericano, una estrategia que incluso le abrió puertas en escenarios europeos. Maduro, que participó activamente en esa expansión durante sus cinco años como canciller, ha seguido trabajando sobre ese mismo capital político y simbólico.
Desde 2014, Maduro bajó ligeramente el tono de Chávez hacia Estados Unidos, pero profundizó la dependencia de los aliados estratégicos, sobre todo China y Rusia. Con Moscú, Venezuela ha modernizado parte de su parque militar, ha recibido formación especializada para varios de sus efectivos y ha afinado la maquinaria de inteligencia del Estado. En la narrativa oficialista, son estos aliados los que funcionarían como padrinos en caso de un escenario de fuerza mayor.
En esa combinación —un aparato interno sólido, alianzas con potencias enfrentadas a Estados Unidos y un ecosistema diplomático alternativo compuesto por regímenes autoritarios y organizaciones armadas— se sostiene el andamiaje que el chavismo presenta como su defensa frente al asedio de Washington y ante cualquier escenario extremo.
Más de tres millones de sirios han podido regresar a sus hogares en el año transcurrido desde la caída del régimen de Bachar al Asad, pero aún quedan numerosos desplazados internos y 4,5 millones de refugiados en países vecinos, destaca la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
«Se necesita con urgencia un mayor apoyo internacional para mantener esta tendencia y garantizar la estabilidad», destacó Acnur en una nota con motivo del aniversario del fin del régimen, que puso fin a 14 años de guerra civil, aunque el año 2025 no haya estado exento de incidentes violentos.
Según Acnur, más de 1,9 millones de sirios que regresaron voluntariamente desde diciembre de 2024 eran desplazados dentro del país, mientras que 1,2 millones estaban refugiados en naciones vecinas.
Al menos 170.000 refugiados retornaron desde Jordania, unos 379.000 desde Líbano, 28.000 desde Egipto y 560.000 desde Turquía, de acuerdo con cifras aproximadas de Acnur.
Los numerosos retornos marcan un paso fundamental en el proceso de recuperación de Siria, ya que el desplazamiento forzoso fue una de las heridas más profundas del conflicto y el retorno es clave para acabar con años de sufrimiento y lograr la estabilización, analizó Acnur.
«Es una oportunidad única para ayudar a poner fin a una de las peores crisis humanitarias del mundo», afirmó el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, quien advirtió que «sin un respaldo global urgente, esta ventana de esperanza se cerrará».
En este sentido, Acnur solicitó hace un año a sus donantes 1.500 millones de dólares para atender a los refugiados y desplazados sirios en 2025, pero sólo ha logrado reunir un tercio de esos fondos, lo que según la agencia «deja a millones sin alojamiento, servicios básicos y apoyo para el duro invierno».
Acnur matizó que ningún refugiado debe ser obligado a regresar, aunque muchos desean hacerlo cuando las condiciones lo permitan, y advirtió que el país sigue enfrentando enormes desafíos: barrios en ruinas, servicios irregulares, mercados desabastecidos y munición sin explotar que ha causado 577 muertes desde enero.
El Gobierno de transición sirio, agregó, tiene la responsabilidad de crear un entorno seguro y basado en los derechos humanos «que permita retornos voluntarios y sostenibles».
Es una máxima que he pronunciado en voz alta en más de una ocasión, y que la experiencia de una vida dedicada al servicio público no hace más que confirmar: «El Cementerio de los políticos está lleno de impacientes» (Wiston Churchill). Esta no es una frase pronunciada con cinismo, sino con la melancólica y dura verdad que la historia, si se le permite hablar sin interrupción, nos susurra constantemente al oído.
La política, en su esencia más elevada, no es la búsqueda de un aplauso fugaz ni la consumación de una victoria inmediata. Es, más bien, el arte monumental de la construcción de un estado duradero, una empresa que requiere no solo visión, sino también la resistencia y la calma del gran constructor. El cementerio del que hablo no es un lugar físico, sino el olvido abrupto, el cese prematuro de una carrera prometedora que se ha estrellado contra la roca de la precipitación.
El político impaciente es aquel que confunde el deseo con la realidad, que exige cosechas en primavera y se niega a honrar el lento pero ineludible ciclo de las estaciones. Busca el atajo, el compromiso fácil que satisface a las masas por un día o una semana, olvidando que la verdadera popularidad es el respeto ganado a través de una prudencia tenaz. La impaciencia es la mayor aliada de la tiranía y la debilidad, pues es en la prisa por actuar donde se ignoran las consecuencias a largo plazo y se cometen los errores fatales. ¿Cuántas figuras prominentes, tanto en Londres como en la arena continental, habrían evitado la ruina si tan solo hubieran esperado tres semanas, seis meses, o incluso un año más?
La paciencia, por el contrario, no debe confundirse con la inacción, la pereza o la cobardía. La paciencia del estadista es activa, una espera tensa y vigilante, como la del capitán que espera el momento exacto para virar en medio de la tempestad. Es la virtud de quien sabe que los grandes movimientos de la historia y las corrientes profundas de la opinión pública no se pueden forzar a voluntad. Se deben comprender, calcular y, finalmente, cabalgar en el momento propicio.
Por ello, la lección es sencilla: para el joven que aspira a la grandeza, la ambición debe ser templada por la disciplina del tiempo. La fama puede llegar a toda prisa, pero el legado, el verdadero y duradero legado, solo se forja en el yunque de los años y de la resistencia estoica. El tiempo es el juez más severo de todos los hombres públicos, y solo aquellos que le permiten actuar a su propio ritmo evitarán unirse a la multitud silente y olvidada que llena su inevitable cementerio.
En estos momentos aciagos de Venezuela, la paciencia es una virtud, aunque muchos no lo crean se están dando la condiciones para terminar con dicha impaciencia, que ha costado muchísimos años de lucha.
VENEZUELA SERA GRANDE EN LO QUE PODAMOS APORTAR HOY, MAÑANA Y SIEMPRE, PACIENCIA MI NOBLE PAIS Y DIRIGENCIA LA NAVE ESTA BIEN CONDUCIDA COMO NUNCA LA LIBERTAD ESTÁ CERCA
José Cheo Urbina Un Venezolano Gocho y político más!!!
La muerte de Alfredo Díaz en el centro de torturas más grande de América Latina, el Helicoide de Caracas, en manos del régimen de Nicolás Maduro, no es un hecho aislado ni un accidente administrativo.
Es la prueba más reciente de que en Venezuela existe un sistema de represión que opera con lógica de exterminio político.
Cada nuevo preso que entra a estas inmundas celdas entra con una sentencia implícita, sobrevivir es una excepción.
Alfredo Diaz, exgobernador del estado Nueva Esparta, y figura pública reconocida, murió en las mismas condiciones que denuncian miles de venezolanos: aislamiento, negación de atención médica, torturas psicológicas y un aparato de inteligencia que convierte la cárcel en un espacio diseñado para quebrar cuerpos y voluntades.
Su fallecimiento no sorprende; indigna, porque era previsible, porque era evitable, porque era denunciado y aun así permitido.
El régimen de Nicolás Maduro ya no oculta su patrón.
Lo exhibe. Lo normaliza. Lo institucionaliza.
La muerte de un opositor bajo custodia del Estado debería activar alarmas internacionales instantáneas, pero en Venezuela se ha convertido en una estadística repetida, en un ciclo macabro que avanza sin justicia ni reparación.
La prisión de Alfredo Díaz no respondió a la ley, sino a la retaliación política.
Su muerte no ocurrió por causas naturales, sino por un abandono deliberado.
Su custodia no garantizó protección, sino un corredor hacia el sufrimiento.
El régimen no solo priva de libertad; priva de dignidad, de salud, de vida.
Cada nueva víctima revela un rostro más del sistema criminal que el poder intenta maquillar.
Alfredo Díaz se convierte hoy en un símbolo de un país que resiste, de esa oposición que ha pagado con sangre su compromiso, de esa sociedad que se rehúsa a callar.
A su familia le queda un dolor imposible de medir.
A Venezuela le queda una advertencia que ya nadie puede ignorar.
A la comunidad internacional le toca asumir que este no es un régimen autoritario más, es un aparato represivo que elimina adversarios.
La muerte de Alfredo Díaz no es el cierre de un caso, es la apertura de un expediente histórico que exige responsabilidades.
Es una señal de que el tiempo del silencio terminó.
Es un recordatorio brutal del precio que el régimen está dispuesto a cobrar para mantenerse en el poder.
Alfredo Díaz no murió, lo dejaron morir.
Y esa diferencia lo cambia todo.
Omar González Moreno
Tan influyente era El Pollo Carvajal en tiempos de Hugo Chávez que en los círculos del poder revolucionario también se le conocía como el otro Hugo. Cuando la estrella del mayor general de la Inteligencia y Contrainteligencia comenzó a declinar, Nicolás Maduro no dudó en amenazar en 2014 a la isla holandesa de Aruba con emplear la fuerza de las armas para liberarle de la trampa que allí le puso Estados Unidos cuando oficiaba como cónsul venezolano.
De regreso a Caracas, El Pollo fue recibido como si se tratara de un héroe nacional. «Está vivo y libre gracias al milagro en el que vivimos permanentemente. Un venezolano de bien, un trabajador», se congratuló Maduro, tras enviar a su mujer, Cilia Flores, a recoger al espía al aeropuerto de Maiquetía.
Todas esas palabras se las tragó Maduro cinco años después, cuando Carvajal decidió escaparse a España con todos sus secretos encima. Ahora, a finales de 2025, el ojito derecho de Chávez ha reaparecido para convertirse en la prueba viviente de la existencia del Cártel de los Soles (CS) y de la complicidad del temido Tren de Aragua con Caracas, que tanto niegan los lobbies chavistas, petroleros y de tenedores de deuda en Estados Unidos.
«Escribo para expiar mis pecados contando toda la verdad, para que Estados Unidos pueda protegerse de los peligros que presencié durante tantos años», sorprendió en una impactante carta dirigida a Donald Trump. Carvajal confirmó hechos ya conocidos en torno al CS, pero añadió la novedad de que fueron los cubanos quienes sugirieron el plan de inundar con cocaína Estados Unidos. Una estrategia parecida a la que cimentó el siglo pasado el narcotraficante colombiano Carlos Lehder, cofundador del Cártel de Medellín, empeñado en enviar coca a Estados Unidos para destruir una «sociedad decadente».
Carvajal también desveló cuál fue la estrategia del poder bolivariano para usar bandas de delincuentes, como el Tren de Aragua, para defender sus intereses. Los armó y financió desde el principio, aseguró el «testigo personal» de cómo el CS convirtió a la cocaína en un arma mortífera contra Estados Unidos, con la ayuda de agentes cubanos y la colaboración de las guerrillas colombianas de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La importancia de lo narrado por El Pollo trascendió de inmediato cualquier otra declaración previa en medio de la ofensiva Lanza del Sur contra el narcotráfico del chavismo. Como si fuera la pieza que faltaba en el puzzle de Washington. «Esta carta es un movimiento estratégico que desplaza el tablero completo de la relación Washington-Caracas. Es la memoria operacional de un narcoestado, la caja negra del CS», disparó el analista Antonio de la Cruz.
El Gobierno de Sánchez reactivó hace unos meses el mecanismo que permite a ciudadanos de Marruecos canjear su permiso de conducir de forma telemática, sin necesidad de acudir a una oficina de la DGT. La medida afecta potencialmente a más de un millón de marroquíes y funciona siempre que la administración de su país confirme la validez del documento.
El Ejecutivo presenta este procedimiento como un simple trámite administrativo, pero la realidad es mucho más compleja. Durante años, España llegó a convertirse en un coladero de carnés marroquíes falsos, con casos documentados de residentes que viajaban a Marruecos, compraban el permiso y lo convalidaban aquí sin mayores obstáculos. Aquella situación obligó a imponer una restricción: cualquier ciudadano marroquí con residencia en territorio español debía obtener el carné en España para evitar abusos. Sin embargo, la reactivación del sistema telemático vuelve a suavizar el proceso en un punto especialmente sensible.
La comunidad marroquí es la más numerosa de España. Cualquier decisión que afecte a sus trámites documentales tiene un impacto inmediato en sectores como el transporte, la logística o la restauración, donde disponer del permiso de conducir resulta clave. El nuevo sistema acelera la obtención del carné español y reduce controles que en el pasado se demostraron insuficientes. La confianza en la verificación documental marroquí vuelve a colocarse en el centro de la política española, pese al historial de irregularidades que motivó los cambios de hace años.
Este movimiento político y administrativo abre un debate incómodo. La reapertura del canje directo favorece a un colectivo muy numeroso mientras la DGT mantiene exigencias estrictas para otros grupos que también han solicitado homologar sus carnés sin éxito. La aparente facilidad con la que España flexibiliza normas cuando se trata de Marruecos alimenta la percepción de un trato preferente hacia Rabat, acostumbrado a recibir concesiones en materia fronteriza, migratoria y ahora también documental.
El Gobierno insiste en que se trata de modernizar la gestión pública, pero el antecedente de los carnés falsificados y la dependencia de la verificación marroquí hacen que esta medida proyecte más dudas que certezas. Con un simple aval administrativo desde Rabat, miles de conductores obtendrán un permiso español sin examen, sin formación en normativa española y sin controles reforzados.
La decisión deja en el aire una cuestión que España no ha resuelto: cómo equilibrar la agilización burocrática con las garantías mínimas de seguridad vial y con un marco de homologaciones que resulte coherente. La reapertura del sistema para Marruecos no cierra una etapa, sino que vuelve a abrir un escenario en el que la política pesa más que el rigor administrativo.
El escudo protector que cubre el reactor nuclear de Chernóbil, en Ucrania, ya no puede cumplir su principal función de contención tras un ataque con drones a principios de este año, señaló la agencia de control nuclear de la ONU.
Los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) descubrieron que la enorme estructura, construida sobre el lugar del desastre nuclear de 1986, había perdido «sus funciones de seguridad primarias, incluida la capacidad de aislamiento».
En febrero, Ucrania acusó a Rusia de atacar la central nuclear, un señalamiento que el Kremlin negó.
La OIEA afirmó que las reparaciones eran «esenciales» para «prevenir una mayor degradación» del refugio nuclear. Sin embargo, el experto ambiental Jim Smith le dijo a la BBC que «no es algo por lo que debamos entrar en pánico».
El profesor Smith, de la Universidad de Portsmouth (Reino Unido), quien ha estudiado las secuelas del desastre de Chernóbil, afirmó que el mayor peligro asociado al lugar era el polvo radiactivo.
Sin embargo, añadió que «el riesgo es bajo» porque el polvo contaminado está contenido dentro de un grueso «sarcófago» de hormigón cubierto por el escudo protector.
La explosión de Chernóbil en 1986 expulsó material radiactivo al aire, provocando una emergencia de salud pública en toda Europa.
En respuesta, la antigua Unión Soviética construyó el sarcófago sobre el reactor nuclear.
El sarcófago solo tenía una vida útil de 30 años, lo que provocó la necesidad de una cubierta protectora para evitar fugas de material radiactivo durante los siguientes 100 años.
La OIEA informó que un equipo completó una evaluación de seguridad del sitio la semana pasada, después de que resultara gravemente dañado por el ataque con drones.
El ataque provocó un incendio en el revestimiento exterior de la estructura de acero.
Una semana después de las elecciones generales celebradas en Honduras, el país sigue sin conocer los resultados. Esto mientras el conteo oficial no se actualiza desde el viernes, aumentando la incertidumbre y atizando las denuncias de irregularidades.
El escrutinio se detuvo desde el pasado viernes sin que los hondureños supieran, sino hasta más de 24 horas después, que obedeció a «problemas técnicos». Esto según declararon las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López.
Hall, consejera presidenta del CNE, dijo que quería «dejar muy claro» que ese organismo «tiene la voluntad firme de que la divulgación sea continua». Pero que la falla ha obedecido a «problemas técnicos ajenos al pleno» y «ajenos a nuestro equipo técnico, y propios de la empresa adjudicada (ASD, de Colombia), para disminuir la incertidumbre» entre los hondureños.
El proceso electoral en Honduras también ha sido empañado por marcadas diferencias y agrias confrontaciones entre los tres consejeros del CNE. Los cuales son militantes de los tres partidos mayoritarios del país: el izquierdista Libertad y Refundación (Libre) y los conservadores Nacional y Liberal.
Esas diferencias se vieron nuevamente reiteradas el sábado. Principalmente cuando el consejero del partido Libre, Marlon Ochoa, no compareció ante la prensa con Hall y López. Cuando por norma siempre deben hacerlo los tres, salvo algún imprevisto.
«El diseño preconcebido con el Consejo Nacional Electoral lastimosamente no ha sido posible por problemas técnicos ajenos a la voluntad de quienes tienen enfrente. Nosotros seguimos trabajando con vehemencia, mientras otros buscan municiones para desarmar el proceso y su legitimidad. Todos los problemas técnicos evidencian la dependencia que se tiene en el diseño legislativo establecido para el Consejo Nacional Electoral, con empresas a las cuales deben adjudicarse», recalcó López.
Incertidumbre y mucha suspicacia en las elecciones generales de Honduras
El escrutinio se detuvo el viernes con unos resultados oficiales preliminares del CNE con 88,02% de las actas escrutadas. Las cuales hasta entonces dejaron en el primer lugar al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Asfura se imponía con 1.132.321 votos (40,1 %), mientras que Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, sumaba 1.112.570 votos (39,49%).
La candidata oficialista de Libre, Rixi Moncada, quien apuesta por ser la sucesora de la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro, es tercera con 543.675 papeletas (19,30%).
La parálisis del escrutinio ha generado mucha suspicacia entre los ciudadanos, los cinco partidos que participan en la contienda y observadores nacionales e internacionales.
Conteo muy ajustado del CNE
El último conteo de votos del CNE, muy ajustado entre Asfura y Nasralla, también ha elevado las exigencias de verificación, escrutinio especial y revisión de actas. Lo que prolonga la incertidumbre de un proceso que, incluyendo las elecciones primarias e internas que el 9 de marzo celebraron los partidos Libre, Nacional y Liberal, le cuesta a los hondureños alrededor de 4.000 millones de lempiras (alrededor de 150 millones de dólares).
Además, el lento escrutinio a una semana de las votaciones mantiene la tensión política en el país, con sectores pidiendo claridad, mayor celeridad, impugnaciones. Incluso la anulación del proceso en la fórmula presidencial, como lo hizo el sábado el partido Libre a través de uno de sus apoderados legales.
El sábado, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA), que encabeza el excanciller de Paraguay Eladio Loizaga, llamó «a agilizar el proceso de escrutinio. Garantizando así las medidas de trazabilidad que otorguen certeza en los resultados».
«Hasta el momento, en un contexto de evidentes demoras, la MOE/OEA se mantiene atenta a los diversos procedimientos que forman parte del proceso. Cabe señalar que los datos estadísticos recabados por las y los observadores de la OEA en las distintas juntas observadas confirman un resultado sumamente ajustado«, subrayó el organismo observador.
Otra muestra de los múltiples problemas en las elecciones generales de Honduras, es que, en el municipio de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso, sus habitantes solo pudieron hoy en unos comicios en los que podrán ejercer el sufragio unas 5.000 personas.
